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Manifestantes frente al Tribunal Supremo de Estados Unidos en Washington DC a primera hora del martes 3 de mayo de 2022. (Ting Shen / Bloomberg vía Getty Images)

La anulación del fallo Roe vs. Wade es un viejo sueño de la derecha

Traducción: Valentín Huarte

Hace muchos años que la derecha estadounidense viene atacando el derecho al aborto a nivel nacional, y los demócratas fracasaron en defenderlo. Es hora de que usen su poder para financiar el acceso a este derecho básico y para proteger las libertades reproductivas.

La derecha está a punto de conseguir algo que prometió hace décadas: la eliminación del derecho federal y constitucional al aborto.

Los demócratas vienen recaudando fondos hace años con la excusa de la amenaza permanente que pesa sobre los derechos reproductivos de los estadounidenses, pero la verdad es que, incluso cuando tuvieron control de la Casa Blanca y la mayoría en el parlamento, dejaron pasar todas las oportunidades de proteger realmente esos derechos.

La moraleja está clara: no perder elecciones presidenciales contra conductores de televisión, no proteger el ego de viejos jueces faranduleros cuando están en juego posiciones liberales en la Corte Suprema, no permitir que los multimillonarios compren desde el anonimato nombramientos de por vida en la justicia y no movilizar el aparato electoral del partido en defensa de políticos que están en contra del derecho a decidir.

La situación también nos recuerda el carácter minoritario del gobierno de Estados Unidos. Aunque la amplia mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho al aborto bajo circunstancias determinadas, la potestad de anular ese derecho está en manos de cinco jueces de la Corte Suprema nombrados por dos presidentes que perdieron el voto popular. Como si fuera poco, esos jueces se burlan de la idea de que tendrían que representar la voluntad popular.

En efecto, hace poco declararon que «no podemos permitir que nuestras decisiones estén afectadas por ninguna influencia extraña, como la reacción del pueblo» ante la anulación de libertades reproductivas básicas.

El partido demócrata, que supuestamente defiende el derecho a decidir, además de estar a cargo de muchos gobiernos estatales de todo el país, todavía controla el ejecutivo y una parte del legislativo. Si los demócratas tienen una conclusión que sacar de todo esto, es que deben utilizar el poder del gobierno para financiar el acceso al aborto y proteger las libertades básicas. De paso, esa política podría terminar siendo más alentadora para las bases del partido que simplemente decirles que tienen que seguir votando azul (aunque con un poquito más de ganas).

Los oscuros canales de recaudación de la derecha

El proyecto de opinión del juez Samuel Alito, que se filtró ayer, es extremista y está fundado en un razonamiento que pone en cuestión los derechos básicos de matrimonio igualitario y de matrimonio interracial, de contracepción, de no ser esterilizado por la fuerza, entre muchos otros. Según el medio Jezebel, la opinión del juez «se apoya sobre todo en un jurista inglés del siglo diecisiete que ejecutó a dos de sus mujeres por “brujería”, que escribió en defensa de la violación conyugal y que creía que la pena de muerte debía ser aplicable a niños de catorce años».

Aunque todavía no es más que un borrador, estos argumentos radicales son el resultado de décadas de movilización de la derecha con la mirada puesta en la conquista de la Corte Suprema.

Lograron hacerlo utilizado dinero de oscura procedencia y las redes de influencia comandadas por el asesor judicial de Donald Trump, Leonard Leo, fanático antiaborto y dirigente de larga data de la Sociedad Federalista, un grupo de abogados conservadores con sede en Washington. Leo asistió a Donald Trump en el nombramiento de los miembros de la Corte, mientras dirigía una operación financiera sombría con el fin de publicitar sus nombres en la televisión y gestionaba el dinero de grupos conservadores que promovían la candidatura de esos magistrados.

Leo y sus compañeros venían construyendo esas redes de financiamiento desde 2005, cuando iniciaron la campaña para confirmar a los jueces John Roberts y Alito.

En 2016, la Red de Crisis Judicial de Leo dirigió una campaña exitosa contra el nombramiento de Merrick Garland en la Corte Suprema, quien había sido nominado por Barack Obama. Más tarde colaboró en los nombramientos de los jueces de Trump: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret. En todo ese proceso, estos especuladores fueron tan disimulados como efectivos. De hecho, sabemos muy poco sobre el origen de los fondos gestionados por la red de Leo.

Es probable que estemos ante uno de los golpes políticos más importantes de la historia de Estados Unidos. Leo y sus donantes anónimos ayudaron a dar vuelta la corte y a construir una supermayoría ultraconservadora que podría durar décadas (y se las arreglaron para hacerlo sirviéndose de dos presidentes que perdieron el voto popular: Trump y George W. Bush).

El éxito de Leo obedece a su capacidad para hacer que los senadores republicanos cerraran filas con su red. Aunque hace poco los liberales también formaron un grupo de presión bien financiado, la organización no tiene ninguna influencia efectiva porque los dirigentes del partido se niegan a adoptar acciones más agresivas contra la estrategia maximalista del Partido Republicano.

Durante una buena parte de las últimas dos décadas, la toma de la corte por parte de la derecha fue en el mejor de los casos ignorada y en el peor incitada y respaldada por políticos demócratas y comentaristas que limpiaron la reputación de los jueces de extrema derecha.

Tuvimos a Neal Katyal, fiscal general de Obama, que argumentó «por qué los liberales debían apoyar a Neil Gorsuch». Tuvimos a Noah Feldman, gurú liberal, que declaró que «Amy Coney Barret merece estar en la Corte Suprema». Tuvimos a Steve Schmidt, el liberal favorito de la MSNBC, que gustaba perorar sobre su trabajo en la campaña iniciada por el gobierno de Bush para instalar a Alito y Roberts en la Corte Suprema.

Los gurúes liberales también defendieron a Ruth Bader Ginsberg cuando se negó a jubilarse bajo el mandato de un presidente demócrata, aunque eso implicara el riesgo de ceder en el futuro una posición a la derecha en la Corte Suprema. Es exactamente lo que sucedió y ahora el legado de Ginsberg quedó mucho más sucio de lo que hubiese quedado si hubiera aceptado una jubilación anticipada.

La buena noticia es que, aunque tal vez haya tardado un poco arreglándose y peinándose, el juez Stephen Breyer aprendió la lección y decidió jubilarse bajo el mandato de un presidente demócrata. La mala noticia es que todavía había liberales que insistían en que no había que presionar a los jueces para que se jubilaran en los casos en que pudieran servir a los principios que supuestamente defiende el partido.

Los demócratas fracasaron

Pero la probable anulación del fallo Roe vs. Wade no es fruto exclusivo de un complot conservador contra la ley. También es cortesía de la negación de los demócratas a la hora de defender los derechos reproductivos, aun cuando la mayoría de los miembros del partido están a favor del derecho a decidir.

Aunque Roe vs. Wade es una ley nacional desde 1973, siempre estuvo amenazada. Durante los períodos en los que controlaron la presidencia y el parlamento, los demócratas no priorizaron la reglamentación de los derechos reproductivos a nivel nacional ni la expansión del acceso al aborto. Y tampoco están haciéndolo ahora.

En 2009, cuando los demócratas asumieron la presidencia y tenían una amplia mayoría en el parlamento, Obama estaba ansioso por «cerrar la grieta del aborto», según un informe del New York Times:

Pero, aunque el señor Obama sedujo a los defensores del derecho al aborto, parece haber dado marcha atrás en sus promesas. En 2007 había dicho a Planificación Familiar que «mi primera medida como presidente» será firmar la ley de libertad para decidir, que reglamenta efectivamente el fallo Roe vs. Wade. Ahora argumenta que la ley «no es mi prioridad legislativa», como dijo hace poco en una conferencia de prensa.

La legislación para reglamentar el fallo Roe durmió en la comisión hasta que los republicanos ganaron las elecciones de medio término de 2010.

Hoy, por primera vez desde 2010, los demócratas controlan de nuevo el congreso y la presidencia. Eso significa que todavía tienen el poder de aprobar la legislación que reglamente el fallo Roe y lo convierta en una ley federal.

Pero aquí está la trampa: Deberían terminar con el filibusterismo del Senado, que exige sesenta votos para aprobar casi todas las leyes, y hacerlo implicaría ejercer una presión real sobre los legisladores de su propio partido en medio de una campaña antiaborto que busca preservar el juego dilatorio. Los demócratas deberían contar con el respaldo de todo su espacio política para aprobar la ley porque el órgano legislativo está dividido 50/50 y es probable que ningún republicano apoye la medida, aun cuando las senadoras Lisa Murkowski (Alaska) y Susan Collins (Maine) dicen estar a favor del derecho a decidir.

El otoño pasado, cuando ingresó el proyecto de ley para reglamentar el fallo Roe, el senador Joe Manchin (D-WV) no tardó en cerrar filas entre los republicanos para que votaran en contra. Kyrsten Sinema (D-AZ), senadora corporativista, dice que está a favor de reglamentar el fallo Roe, pero habla de la boca para afuera porque en los hechos se opone a poner fin a las dilaciones. (Lo mismo vale en el caso de Manchin).

El martes, el presidente Joe Biden —que antes estaba a favor de ceder la potestad de anular el fallo Roe a cada estado— dijo que ni siquiera respaldaría la táctica de terminar con el filibusterismo para proteger el derecho al aborto. La única vez que hizo algo parecido fue cuando estuvieron en juego los derechos de voto. (Cabe recordar que cuando era senador, Biden discrepó muchas veces con su partido y votó a favor de la denominada enmienda Hyde, que evita que los fondos federales sean utilizados para financiar abortos).

Y además de intervenir en las primarias contra candidatos progresistas, Biden no parece tener ninguna ambición de utilizar el cargo más poderoso del mundo para presionar a los miembros díscolos de su partido con el fin de proteger el derecho al aborto. Entre ellos está Manchin, senador antiabortista que hace poco filmó una publicidad de campaña donde alardea con bloquear la agenda nacional de Biden.

Hasta ahora los demócratas sabotearon su capacidad de hacer realidad los derechos reproductivos con el fin de seguir recibiendo y manteniendo políticos antiabortistas en su espacio.

Por ejemplo, los dirigentes de la cámara baja Nancy Pelosi (CA) —presidenta—, Steny Hoyer (MD) —líder de la mayoría— y Jim Clyburn (SC) —jefe del grupo parlamentario— están militando, en contra de un oponente proaborto progresista, la reelección de Henry Cuellar, representante de Texas, el último demócrata antiabortista del congreso. Clyburn incluso participará de la campaña de Cuellar.

En 2017, Pelosi sugirió que la cuestión del aborto estaba perdiendo interés y hasta insinuó que los demócratas estaban demasiado preocupados por el tema.

Después está el hecho de que Biden nombró en su gabinete a una demócrata que socavó el acceso al aborto. En enero de 2021 convocó como secretaria de comercio a Gina Raimondo, exgobernadora de Rhode Island (D). Durante su mandato, Raimondo negoció un presupuesto que implicaba que las obras sociales negaran la cobertura del aborto.

«No creo que los votantes de Rhode Island estén al tanto de que la gobernadora Raimondo atentó contra los derechos reproductivos de las mujeres y puso en riesgo su salud», declaró entonces ante UpriseRI Kate Michelman, dirigente de NARAL Pro-Choice America. De hecho, en 2018, por este motivo, Michelman y Gloria Steinem, entre otros reconocidos activistas proaborto, respaldaron a Matt Brown, oponente de Raimondo.

¿Qué hacer?

Aunque los demócratas están desperdiciando todas las oportunidades de proteger los derechos reproductivos, no hay ningún motivo para no cambiar de táctica ya mismo. Biden puede usar su autoridad en el ejecutivo para mejorar el acceso al aborto, los estados azules pueden atrincherarse para proteger los derechos y los demócratas pueden combatir las instituciones minoritarias que hoy pretenden despojar al pueblo de sus derechos fundamentales.

Sí, esas medidas podrían ser anuladas en las cortes, pero eso representaría un giro tan radical como vergonzoso para la Suprema Corte de Roberts.

En enero, en el caso Biden vs. Misouri, la corte dictaminó con una opinión sin firma que la vacunación obligatoria de los trabajadores de la salud era legal, argumentando que:

La regla se adecúa con precisión a la letra de la [ley]. Después de todo, garantizar que los prestadores de salud eviten transmitir un virus peligroso a sus pacientes es consistente con el principio fundamental de la profesión médica: lo primero es no hacer daño. Sería «exactamente lo contrario de un gobierno eficiente y efectivo que una institución que supuestamente debe curar a la gente la contagie de COVID-19».

Es posible aplicar razonamiento a un decreto de Biden que exija que todos los hospitales equipados garanticen los abortos médicamente necesarios. Todos los Centros de Medicare y los proveedores de Servicios Medicaid —es decir, todos los hospitales— estarían obligados a acatar una orden de ese tipo. Aunque la enmienda Hyde podría representar un obstáculo, su redacción no limita la capacidad del gobierno de garantizar el derecho al aborto, pues prohíbe específicamente la autorización de fondos federales.

Menos polémico, Biden podría usar los poderes de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para garantizar el acceso a la denominada «pastilla abortiva» (mifepristona). Podría hacerlo evitando las regulaciones estatales que limitan el acceso a la pastilla porque la aprobación de un medicamento es potestad exclusiva de la FDA.

A su vez, a nivel estatal, durante los últimos años, dieciséis legislaturas controladas por los demócratas declararon estar a favor de reglamentar el fallo Roe en una ley estatal. Pero podrían hacer todavía más. Rhode Island, Delaware y Nevada son los únicos tres estados con mayorías a prueba de veto que no usan los fondos de Medicaid para garantizar el derecho al aborto. Esos estados podrían aprobar leyes para hacerlo y expandir así la cobertura para las familias de bajos ingresos.

Los estados azules que sí garantizan la cobertura del aborto con Medicaid también podrían trabajar para expandir el derecho al aborto a las personas que probablemente empezarán a llegar a sus fronteras con el fin de acceder a sus clínicas.

Por ejemplo, Illinois, que está rodeado de seis estados rojos dispuestos a restringir el derecho al aborto, podría abrir clínicas de aborto públicas dirigidas por los trabajadores de salud sindicalizados de las ciudades y pueblos del estado. Podría hacerlo utilizando su superávit presupuestario de 444 millones de dólares.

El martes, el gobernador de Illinois, el multimillonario J. B. Pritzker (D), dijo que:

sin importar la barbaridad de opinión que apruebe oficialmente la Corte Suprema en relación con el fallo Roe vs. Wade, aquí en Illinois el aborto siempre será seguro y legal. Illinois es y seguirá siendo una luz de esperanza en un mundo cada vez más sombrío.

Maryland podría hacer lo mismo y convertirse en una puerta de entrada para el sur, donde cabe esperar una importante limitación del derecho al aborto. Aunque el estado tiene un gobernador republicano, los demócratas tienen una supermayoría en la legislatura y el gobierno tiene un «enorme» superávit presupuestario de 7500 millones de dólares.

Los estados también podrían brindar una asistencia más modesta, como transporte, comida y alojamiento para aquellas personas que salen de su estado con el fin de ejercer su derecho al aborto.

California podría adoptar medidas similares en la frontera con Arizona, igual que Washington y Oregón en su frontera compartida con Idaho.

Acudimos a los dirigentes demócratas más importantes de California, Illinois y Maryland para consultarles qué pasos piensan seguir para garantizar el derecho al aborto. Ninguno respondió. Y hace poco, en Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul (D) frustró una propuesta para aumentar los fondos destinados a los centros de salud de mujeres.

En fin, si los demócratas quisieran terminar con el mandato minoritario de la derecha, existe una última medida importante que podrían adoptar. Después de todo, si alguna vez hubo un momento para expandir la Corte Suprema y hacerla más sensible a los deseos del pueblo, es ahora. Los casi cien miembros del Congressional Progressive Caucus respaldaron una ley para añadir cuatro cargos al tribunal superior.

Tal vez el desastre del fallo Roe vs. Wade termine estimulando al partido. El Washington Post dijo que «por fin los demócratas tienen algo que les estaba faltando en este peligroso año de elecciones de medio término: un mensaje convincente».

Pero los demócratas no solo necesitan un nuevo mensaje. Hay que recordar que con Biden fracasaron en el cumplimiento de muchas de sus promesas electorales de 2020. Entre ellas están implementar una obra social estatal que compita con las aseguradoras privadas, invertir en la economía verde, aprobar una ley de salario mínimo y garantizar más derechos sindicales.

Incluso con este supuesto regalo de medio término —que tiene consecuencias trágicas— los demócratas tendrán que pelear cuesta arriba en las elecciones de 2022. El probable triunfo de los republicanos podría resultar en más restricciones del derecho al aborto, incluso en estados clave como Pensilvania, donde el gobernador Tom Wolf (D) es la única barrera contra las propuestas antiabortistas de la legislatura republicana.

Dicho eso, rendirse no es una opción. El reciente triunfo de la organización sindical en el enorme almacén que Amazon tiene en Staten Island —y la campaña centenaria a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos— prueban que la gente común tiene la capacidad de concretar importantes transformaciones sociales.

Tal vez esta decisión desmedida termine despertando a un gigante dormido (o al menos convenciendo a los demócratas de que es hora de volver a trabajar).

Cierre

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