Entre el 10 y el 17 de abril, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) vivió una de las semanas más intensas de su mandato. Las fechas conectan dos acontecimientos cardinales de la segunda parte del gobierno obradorista: la realización de la consulta sobre la revocación de mandato y la votación en la Cámara de Diputados de una fallida reforma constitucional para establecer nuevas coordenadas en la industria eléctrica. En este arco se empieza a vislumbrar el escenario donde se disputará la presidencia en 2024, instancia en la que se juega la continuidad del programa de reformas impulsada por AMLO y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).
Para repasar el saldo que deja esta coyuntura, tomaremos dos ejes analíticos que ayuden a proyectar el mediano plazo de la política mexicana. Primero, los posicionamientos partidarios y la relación de fuerzas que delinean los resultados alcanzados en estos dos acontecimientos. Segundo, las diferentes constelaciones conceptuales que orientan a los actores a ocupar dichas posiciones.
La hipótesis del cambio de régimen
Recordemos que el gobierno de López Obrador llegó al poder en 2018 con el 53% de los votos, un claro mandato de cambio y su programa político legitimado en las urnas. La amplia victoria electoral le garantizó una bancada oficialista en el Congreso que puede aprobar por sí misma las reformas constitucionales promovidas por el Ejecutivo. Esta relación de fuerzas en el Congreso se mantuvo hasta mediados de 2021 cuando el partido gobernante pero perdió esa mayoría calificada en el Parlamento, aún consolidándose como la fuerza política dominante del país.
Desde su inicio, el gobierno de López Obrador asumió un carácter refundacional, por el que la «cuarta transformación de la vida pública» no se percibía a sí misma solo como responsable de una alternancia de fuerzas en el poder para gestionar el orden recibido sino como un gobierno de ruptura que debía encabezar un proceso de cambio de régimen político. Esto implicó que en los hechos se iniciara una reforma del Estado, con relaciones con la sociedad y la economía que se empezaron a diagramar bajo nuevos criterios y principios éticos.
Para ubicar los criterios conceptuales y programáticos que orientaron los cambios impulsados por el gobierno de AMLO es necesario precisar el diagnóstico y la caracterización del régimen que se propuso desmantelar. La hipótesis de López Obrador es que durante los últimos 40 años los principales partidos del «antiguo régimen» vienen compitieron entre sí pero siempre bajo el acuerdo básico en torno a un «consenso neoliberal» que sería el responsable último de los males y problemas que aquejan al país.
Según este diagnóstico, durante ese período el Estado habría abandonado sus responsabilidades frente a la sociedad, con modalidades que iban desde el impulso a procesos de desregulación y la privatización hasta la corrupción lisa y llana. Por eso la lucha contra la corrupción fue una de las principales banderas del gobierno de AMLO. Así, la corrupción no es entendida como un desliz coyuntural sino como la esencia misma del régimen y como el desenlace lógico de una forma de concebir la política y la función pública. El consenso neoliberal implicó un Estado enajenado de las problemáticas sociales de la mayoría que actuaba como comité de negocios al servicio de la élite, en un proceso que al mismo tiempo condenaba a la pobreza a millones de ciudadanos.
En contra de esta forma de Estado, el programa obradorista se proponía la recuperación de capacidades estatales que conviertan al gobierno en una instancia efectiva de coordinación social. Los nuevos derechos sociales, elevados a rango constitucional durante la primera mitad del sexenio, sintetizaron la nueva comprensión de la función pública que estaba en la base del programa de cambio de régimen. Según esta concepción, al contraer nuevas obligaciones el Estado debe aspirar a convertirse en una palanca de progreso social, responsabilizándose por las desigualdades económicas y desarrollando instituciones para este objetivo.
En tanto principio de acción política, la hipótesis del cambio de régimen no pudo sino generar grandes resistencias en los grupos de poder político y económico beneficiados por aquel «consenso neoliberal». Con el objetivo inconfesable de defender el orden neoliberal, el discurso de la oposición partidista caracterizó al gobierno de López Obrador como un «retroceso autoritario» al que era necesario combatir en términos absolutos, una estrategia en torno a la cual se estructuró el discurso de la oposición desde 2018, marcado sus alcances y sus límites.
Primera parada: la revocación de mandato
En 2019 se aprobó una reforma que establecía a la revocación de mandato como derecho constitucional a propuesta del propio López Obrador, un instrumento que forma parte de su repertorio tradicional que incluso fue ensayado de manera informal cuando AMLO fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Arraigado en una concepción popular de la democracia, este instrumento fue entendido por el gobierno como una institución de control democrático y, como tal, fue parte de la plataforma electoral de MORENA, con el presidente anticipando en 2018 su intención de someterse a este ejercicio a la mitad de su sexenio, para que el pueblo decidiera si el programa propuesto se estaba poniendo en marcha de manera efectiva.
Por su reglamentación, ni el presidente ni el Congreso tienen facultades para solicitar la revocación de mandato. Sin embargo, militantes, simpatizantes y ciudadanía en general se movilizaron para juntar las más de 2,7 millones de firmas requeridas para activar el mecanismo. Y una vez puesta en marcha la consulta, el gobierno encontró dos frentes de oposición de diferente naturaleza. En primer lugar, debió vencer las reticencias del Instituto Nacional Electoral (INE), un organismo autónomo constitucional encargado de organizar las elecciones, que acudió al Tribunal Electoral para suspender la consulta, argumentando falta de presupuesto. Esta disputa con el organismo electoral se suma a un nutrido historial de desencuentros. La participación de consejeros de dicho organismo en foros opositores daba cuenta de la no neutralidad del organismo, aunque por fin, y a regañadientes, el INE se vio obligado a cumplir con su función, aunque sólo instaló un tercio de las casillas en relación a la elección previa.
Finalmente, el domingo 10 de abril se realizó la consulta con una participación del 17,7% del padrón electoral, según el conteo oficial del INE. De ese universo, el 91,8% se inclinó por la continuidad del presidente mientras que apenas 6,4% votó por la revocación. Si bien el nivel de participación estuvo lejos del 40% requerido para un efecto vinculante, representa la mayor participación nacional en un ejercicio de democracia participativa.
El segundo frente que debió enfrentar el gobierno fue el rechazo a la consulta de los partidos de oposición. Interpretada en el mejor de los casos como un «capricho» del presidente y en el peor como una estrategia para perpetuarse en el poder más allá de su periodo, la oposición se enfrentó a una paradoja. Aunque durante tres años no se cansaron de señalar que el de López Obrador es el peor gobierno de la historia y que su liderazgo representa un peligro para la democracia, se negaron a participar de un instrumento que les hubiera permitido exhibir el estado de ánimo social que daban por supuesto. Hasta un día antes de la consulta, la oposición partidista se enfocó en cuestionar el instrumento como tal (su validez y legitimidad) y no en hacer campaña para revocar el mandato de un presidente tan dañino.
En ese contexto, pueden destacarse algunos elementos como saldo del proceso:
a) Con poco más de 15 millones de votos a favor, López Obrador volvió a mostrar una capacidad de movilización inigualable para el resto de actores de la política mexicana. En una consulta con pocos incentivos para participar, pues nunca estuvo en duda la continuidad de un presidente con más del 60% de aprobación, se puede inferir que la cantidad de votos recibidos expresa el piso y no el techo del voto que MORENA podría esperar en las elecciones presidenciales de 2024.
b) La historia mexicana muestra que es durante la segunda mitad del sexenio de mandato cuando los gobiernos empiezan a presentar signos de agotamiento. Pero el caudal de votos logrado en la consulta expresa una revalidación del programa de gobierno propuesto en 2018, a pesar de que a lo largo de sus primeros tres años generó un sin número de tensiones. El apoyo recabado le permite al presidente exhibir un considerable respaldo popular a su proyecto reformista, mostrando que todavía tiene combustible para sostenerlo en el segundo tramo de su mandato.
c) El resultado es un mensaje a la oposición pero también al interior del MORENA. Líder indiscutible del proyecto de transformación, AMLO se reserva una posición fundamental para dirimir las disputas derivadas del inminente proceso de sucesión y selección del candidato oficialista.
d) La oposición nunca pudo destrabar el nudo discursivo que implicaba su negativa a participar de la consulta. El abstencionismo promovido como una virtud democrática ayudó a limitar la participación en la consulta pero no le permitió a la oposición validar su narrativa sobre el gobierno, perdiéndose con ello de un insumo útil para adecuar su discurso a los ánimos prevalecientes en la sociedad. Como consecuencia, la oposición terminó mostrándose como opositora a un nuevo derecho constitucional y a una concepción participativa de la democracia sin poder explicar de manera certera los motivos para no aprovechar la consulta como expresión de descontento.
Segunda parada: la reforma eléctrica
La composición del Congreso cambió luego de las elecciones intermedias de 2021, cuando la coalición opositora logró el 41% de los votos totales contra el 43% del oficialismo. Con esos resultados MORENA y sus aliados pasaron de tener una mayoría absoluta a una mayoría simple, con lo cual la negociación con los partidos de la oposición se volvió indispensable para aprobar cambios constitucionales como los proyectados por la Reforma Eléctrica que promovió el Presidente.
Esta iniciativa del gobierno apuntaba a reemplazar la reforma energética aprobada y promovida en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto (PRI), que daba cauce libre a la privatización y desregulación del mercado energético. Este proceso, además, fue denunciado por diversos actos de corrupción y conflictos de intereses. Así, la iniciativa actual le permitió al gobierno consolidar su diagnóstico respecto del «consenso neoliberal» como base del régimen político previo.
En ese contexto, la discusión en la Cámara de Diputados del pasado 17 de abril delineó dos grupos políticos de perfiles muy marcados. Por un lado, la bancada oficialista con su agenda de transformación del Estado, y por el otro, un bloque opositor atrincherado en la coalición electoral «Va por México». Finalmente, luego de más de 12 horas de discusión fueron 275 votos a favor de la reforma y 223 en contra, por lo que no se alcanzó el mínimo requerido para modificar la Constitución.
Este duro revés para el gobierno de López Obrador puede matizarse si se considera como una muestra previa bastante clara del escenario para 2024, que reeditaría la misma dicotomía que caracterizó la votación de 2018, presentado a una oposición con capacidad de veto pero sin un proyecto articulado más allá del bloqueo a las iniciativas oficialistas y con la obligación de rendir cuentas ante un electorado que apoyaba mayoritariamente el proyecto oficialista de reforma eléctrica.
