La asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México inauguró un nuevo ciclo político en el país. Pero para sostener las transformaciones impulsadas y profundizar otras no basta con la mera contemplación: hay que involucrarse y dar la batalla.

En México, así como en otros países de la región, la lucha social más importante del momento gira en torno a la posibilidad o no de sacarse de encima la condicionalidad neoliberal (esa argamasa de acuerdos legales e ilegales que intentan perpetuar una institucionalidad favorable a los actores que controlan los mercados y sus intereses de lo que llaman «sociedad de mercado»). Y, de ser esto posible, en medio de los conflictos abiertos por la intención de zafarse de ese sometimiento, dar cauce a escenarios de recuperación de la soberanía y autodeterminación de nuestras naciones. Esa es la cuestión fundamental que define hoy las propuestas de cualquier movimiento que se reclame de izquierda, más aún si ha tenido ocasión de alcanzar posiciones de gobierno.

Las consecuencias del neoliberalismo para la sociedad mexicana fueron hondas y terribles: crecieron la pobreza y la desigualdad y la polarización social alcanzó niveles insultantes, con mares de miseria e islas hiperconcentradas de riqueza. También se destruyeron las infraestructuras nacionales (tal es el caso del desmantelamiento del sistema ferroviario y la casi completa destrucción de la industria petrolera) o, en otros casos, se entregaron a modo de concesiones y privatizaciones para beneficio del capital corporativo multinacional (como la producción, comercialización y distribución de la energía eléctrica, de los puertos y aeropuertos, concesiones mineras que abarcan más de cien años, etc.). Como si aquello no fuera suficiente, el neoliberalismo también condujo a la sociedad mexicana a una crisis de inseguridad creciente: las extorsiones, los secuestros, los desplazamientos y la expulsión de poblaciones en varios territorios se tornaron algo cotidiano, por no hablar de los feminicidios (¡10 diarios en promedio!) y los asesinatos colectivos, que marcan picos de violencia y definen áreas de conflictividad a lo largo y ancho de todo el país.

Este aspecto de la crisis política, en la coyuntura electoral de 2018, mostraba regiones donde existía suplantación del ejercicio policial o de gobierno (a todos niveles: federal, estatal o municipal), localidades del país controladas por los cárteles del narcotráfico y los zares de la droga. Las cifras de los gobiernos de «la alternancia» neoliberal, en el renglón de la seguridad interior son escalofriantes: más de 70 mil desaparecidos, más de 250 mil muertos y la proliferación de casi 4 mil fosas clandestinas, de las que se han exhumado más de 6 mil restos humanos (datos proporcionados recientemente por la subsecretaría de DDHH de Gobernación). Esos fueron los resultados de la aventura bélica a la que nos sometió el gobierno de Felipe Calderón con su denominada «guerra contra el narco» (que, en realidad, ocultaba una guerra contra ciertos cárteles, privilegiando a otros), política que fue continuada en el corrupto y saqueador gobierno de Enrique Peña Nieto.

Durante esas dos administraciones, la sistemática corrupción de la esfera política –cuyo acto icónico fue la firma del «Pacto por México», suscrito en el momento preciso del relevo presidencial de 2012 y que, hoy sabemos, se «logró» con la correspondiente entrega de carretadas de dinero– fue lo que permitió la infiltración del crimen organizado sobre el aparato de seguridad y los altos mandos federales. Tres eventos muestran el grado intolerable a que se había llevado esta situación de impunidad: el incendio y muerte de 49 infantes en la guardería ABC en Sonora, el crimen de 72 migrantes en el poblado de San Fernando, Tamaulipas, durante el gobierno de Calderón, y la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante el sexenio de Peña Nieto, por mencionar los más emblemáticos.

Es innegable que el pueblo de México ha demostrado una gran entereza para afrontar esta situación y generar, a cada momento, lazos de solidaridad y cooperación para rechazar la barbarie. Las capas populares y medias no han dejado de estar movilizadas respecto a estos y otros casos, aunque en ocasiones priva la falta de articulación entre las luchas.

La «Cuarta Transformación»

Así llegaba el año 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó por tercera vez su postulación al poder ejecutivo y enfrentó, con su nuevo partido-movimiento (constituido, en parte, por contingentes de las luchas anteriores), a las fuerzas que ya habían mostrado la determinación de imponerse por la vía del fraude electoral. Esa situación lo obligó a un doble movimiento estratégico, del cual hoy estamos viviendo los riesgos: en primer lugar, la formalización de una amplia alianza política, tanto con personalidades que anteriormente militaron con los partidos adversarios (sobre todo en el norte del país), como con agrupaciones políticas emergentes, de sectores religiosos y evangélicos (que se estamparon en la boleta electoral con MORENA). En segundo lugar, el establecimiento de un acuerdo táctico con sectores del empresariado nacional, con ramificaciones transnacionales. Y es que la única posibilidad de desactivar un nuevo fraude era la obtención de una diferencia de votos incuestionable.

Ante un panorama nacional explosivo, el proyecto político de AMLO se alzó con finalidades reconstructivas sobre cuatro pilares fundamentales que darían sentido a la «Cuarta Transformación»: el combate a la corrupción, el principio de «primero los pobres», el no sometimiento del poder político al poder económico y la negativa a incurrir en un mayor endeudamiento externo del gobierno federal. Todo el esquema de su gestión y el conjunto de sus políticas públicas de gobierno se mueven alrededor de esos cuatro preceptos indeclinables.

Es por ello que ahora, que ha presentado su segundo informe de gobierno, sus resultados deben ser evaluados y calibrados dentro del área comprendida por esas cuatro acciones. Ya a comienzos de su segundo año de gobierno (momento en que las encuestas mostraban altos niveles de aprobación de su gestión), López Obrador enfrentaba dificultades para llevar a cabo muchos de los compromisos de su campaña. Básicamente, las partidas presupuestarias resultaban limitadas –si no directamente insuficientes– para cubrir los nuevos programas sociales de atención a los desfavorecidos y afrontar la inversión pública necesaria en áreas estratégicas o requerida por los «megaproyectos» de la zona sur-sureste del país.

A inicios de 2020, esa situación se hizo patente. Cuando las «calificadoras» internacionales se pusieron en franca campaña para alertar del riesgo financiero de los títulos de deuda de la empresa petrolera nacional (PEMEX), el gobierno federal debió renegociar con sus acreedores e inyectar una tanda de nuevos recursos valuada en más de cinco mil millones de dólares. Si, de un lado, la tendencia de los precios del petróleo no resultaba propicia (cuyas consecuencias se verían en una fuerte caída del nivel de producción y en menores ingresos para el erario), por otro lado, se comenzaba a ratificar la postura de una parte del empresariado nacional para boicotear los niveles de inversión.

A inicios de este año, era claro que el capitalismo estaba entrando en una nueva crisis, que la pandemia del COVID-19 exacerbó. Con ella, se desataron sinergias negativas que configuraron una declinación estrepitosa de la actividad productiva, en niveles nunca vistos en el último siglo. La pandemia y el confinamiento –que en México no fue obligatorio pues no puede ser ignorado el tamaño de la economía informal– vinieron a complicar aún más el escenario económico, y el gobierno de López Obrador tuvo que disponer del mejor uso del oficio político para afrontar el nuevo contexto, en un país donde el sistema de salud estaba prácticamente abandonado.

Desde el discurso de su toma de protesta, el proyecto de AMLO fue defendido como un movimiento democrático de intenciones antineoliberales: se presenta a sí mismo como un cambio de régimen, pero lejos está de plantearse aspiraciones anticapitalistas. Sin embargo, aun así, la naturaleza de sus propuestas significa un trastocamiento de las reglas escritas y no escritas del antiguo orden político. Son criticadas por los sectores conservadores –y sus intelectuales «liberales» orgánicos– como si representaran un resquebrajamiento revolucionario que pone en riesgo la propiedad (buscando generar miedo entre la población de las clases medias o pudientes). Pero, al mismo tiempo, desde el otro lado del espectro político, se le critica también desde ciertos movimientos sociales y agrupaciones políticas de izquierda no partidaria –como ya ha ocurrido con otros gobiernos progresistas del continente– por no representar cambio alguno, por no alterar de manera significativa el orden de cosas prevaleciente.

Coincidentes en su rechazo a AMLO y MORENA, conservadores y anticapitalistas son incapaces de reconocer, los primeros, y de colocar en una perspectiva más amplia, los segundos, las medidas de carácter material y simbólico que, para una mayoría de la población, han significado cierto proceso de cambio.

Venimos de una historia reciente repleta de casos, situaciones y procesos de impunidad y corrupción, de sistemas de seguridad social (educación, salud, jubilaciones y pensiones) saqueados y devastados. México fue de los países latinoamericanos que no participó de la llamada «ola progresista» de inicio de este siglo. Veinte años después (y una vez que algunos de esos procesos han sido obstruidos y golpeados, con gobiernos de derecha en Brasil, Ecuador, Bolivia, Uruguay), pareciera que, frente a la inminencia del estallido social, la clase política del régimen anterior hubiese accedido a entregar el gobierno, pero sin soltar las correas para un completo ejercicio del poder.

Las medidas que la oligarquía implementa contra el gobierno de AMLO coinciden con varias de las maniobras que se han llevado a cabo en otros países del cono sur. El ataque se da por vías diversas: mediante el lawfare, con una judicialización interminable de los procesos que buscan sancionar la impunidad; a través de amplias y constantes campañas mediáticas y en redes sociales, con fakenews que tergiversan, confunden, generan miedo, exacerban el racismo, la discriminación y la misoginia, presentes en nuestras sociedades desde la herida colonial. Esperan que este sistemático ejercicio de propagación acabe por dar sus frutos y las anteriores élites y castas se vean restituidas. Buscan la apatía y la despolitización para poder volver a asentar sus reales, con miras a que las elecciones intermedias del próximo año cambien la composición del Congreso y quiten la mayoría legislativa a MORENA. Atrapados en un difícil relevo de sus órganos de dirección, personalidades, dirigentes y militantes del partido en el gobierno han quedado cautivos de la decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha permitido la clara intrusión sobre la vida interna del partido de uno de los llamados organismos «autónomos» (el Instituto Nacional Electoral), cuyos integrantes gastan enormes cantidades de dinero, perciben sueldos estratosféricos y, en sus actos –salvo contadas excepciones– sirven al orden político anterior.

La roca de Sísifo

El gabinete de AMLO es variopinto y está conformado por personajes de todo el espectro político. Obviamente, ha sido el ala izquierda la que ha recibido los mayores embates: el último ejemplo está en los dichos del ahora ex secretario de Medio Ambiente, Víctor Toledo Manzur, en medio de un proceso en que él impulsó la erradicación del uso del glifosato y los transgénicos en el país.

Aunque AMLO enfatiza en su discurso la separación entre el poder político y el económico, es cierto lo que le señalan los críticos desde una izquierda autonomista y antiextractivista: esta disociación no es tal, y hay enormes dificultades para alcanzarla. Él se encuentra maniobrando con muy estrecho margen para «no estar de florero», es decir, para que no se subordine por completo el poder político a los grandes capitales, tal como ocurría en el pasado. Todo ello nos plantea una serie de desafíos: ¿cómo articular una fuerza social lo suficientemente fuerte para mantener lo que se ha logrado y profundizar, al mismo tiempo, la transformación, si a cada momento se abren nuevos frentes de ataque? ¿Cómo ganar posiciones y poder continuar el avance? El movimiento obradorista apuesta todo a los treinta programas sociales prioritarios, que se pueden sistematizar de la siguiente manera:

• Acceso y becas de educación para todos los niveles. Aquí se cuentan, entre otras medidas, la creación de cien nuevas universidades. Se trata de un programa que no sólo incorpora a población que no ha tenido acceso a la educación superior, sino que da empleo a gran cantidad de jóvenes investigadores y profesores recién egresados de las universidades públicas estatales y de la UNAM.
• Planes de infraestructura para los municipios con más rezago socio-económico, que van desde la construcción de caminos rurales hasta dotar de internet libre y gratuito a todo el territorio.
• Entrega de recursos para el sustento (apoyo a los adultos mayores, a jóvenes sin empleo) y fomento de la agroecología, en el marco de una concepción de la actividad productiva respetuosa del ambiente y apuntando a recobrar cierta soberanía alimentaria.
• Los denominados «megaproyectos»: Tren maya, nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, las obras en el Istmo de Tehuantepec, la construcción de una nueva refinería para dejar de importar gasolina de EUA. Son los que más críticas reciben, y cuya oposición puede generar los mayores focos de conflicto.

El gobierno ya no tiene capacidad de llevar adelante una inversión que sea únicamente pública. De manera casi obligada, ha debido aliarse y negociar para llevar a cabo ese tipo de proyectos. Lo deseable es que se logren establecer diálogos y propuestas entre las comunidades, para arrancar de las garras capitalistas la implementación inercial de dichos proyectos. Pero sabemos que eso demanda mucha energía social y una articulación más permanente entre movimientos, organizaciones y niveles de gobierno. Para lograr la implementación de estos programas, AMLO se ha basado en dos acciones:

• Austeridad republicana, que consideramos debería enunciarse de otro modo: significa racionalización del gasto, evitar el dispendio, el derroche y el despilfarro de los recursos públicos, situación que era sumamente corriente, pues eran enormes los lujos excesivos y los pagos superfluos de las administraciones anteriores (y una prueba de ello la tenemos en el avión presidencial).
• Nuevo esquema de recaudación fiscal que, aunque no incluye una reforma tributaria que grave más al que más tiene, sí ha logrado detener la elusión, la evasión y la condonación de impuestos, al tiempo que ha permitido el cobro de deudas de ejercicios fiscales anteriores a grandes empresas morosas.

Un ámbito que no puede ser obviado es el de las capas burocráticas, que siguen reproduciendo una cultura política clientelista y fungen como intermediarias en casi todos los procesos. Ahí reside, también, un gran obstáculo. Máxime si coincidimos con Enrique Dussel en que la configuración de todo proceso político atraviesa tres fases: la de la crítica negativa del antiguo orden (ámbito al que se limitan algunas propuestas), la crítica destructiva de los códigos políticos del antiguo régimen, que persisten en las normativas institucionales (etapa que de no instrumentarse se corre el riesgo de retrotraer los avances) y la crítica positiva de creación del nuevo orden (reformas y estrategias políticas que dotarían de perfil y coherencia al nuevo proyecto).

El programa obradorista se ve asediado por varios flancos. No puede descansar en la exclusiva acción gubernamental. Necesita ser acuerpado por el activismo (por ahora, virtual, debido al confinamiento) de un amplio movimiento popular, multisectorial e intercultural. Ese impulso de lo político, para no agotarse, deberá arraigarse en una extensa y sostenida formación política ética entre amplias capas de población. De lo contrario, nuevamente se corre el riesgo de que las capas populares, que han recibido apoyos que intentan una redistribución del excedente, se sientan identificadas con los discursos conservadores, individualistas, consumistas, neoliberales. Solo así hemos de hacer los malabares para que no se vaya al foso, de nueva cuenta, la roca de Sísifo.

José Gandarilla es investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México y director de Memoria. Revista de crítica militante.

María Haydeé García Bravo es académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora del posgrado en Artes y Diseño. Integra el comité editorial de Memoria. Revista de crítica militante.