La pospandemia no traerá por sí misma el nacimiento de un mundo más justo y sustentable. El modo que adopte la resolución de la enorme crisis económica dependerá, en parte, del contexto económico previo. Pero también, y sobre todo, tomará forma en función del resultado de las luchas y acciones de nuestro presente.
La crisis disparada por la pandemia del COVID-19 debe ser la mayor de la historia económica mundial o, al menos, la más profunda desde que hay datos estadísticos disponibles. Es cierto, a su vez, que el colapso actual se distingue de otras crisis económicas por su origen. Al contrario de las crisis de 1929 y de 2008, en las cuales la economía real fue contagiada por un colapso originado en el sistema financiero, la ruptura de las relaciones macroeconómicas entre productores y consumidores se dio, en 2020, producto del contagio de la economía por un virus. Esta diferencia es crucial.
La experiencia adquirida indica que es posible reactivar la dinámica macroeconómica en medio de una recesión a través de estímulos gubernamentales a la demanda, por la expansión de gastos públicos y bajos intereses, al mismo tiempo que se inyecta liquidez en el sistema financiero para garantizar su estabilidad. Pero tales instrumentos macroeconómicos convencionales no funcionan durante una pandemia: sectores enteros deben permanecer cerrados para evitar contagio y tampoco sería deseable que los consumidores retomen sus actividades habituales de compra, exponiéndose al virus. El carácter dual de la crisis actual, que paraliza tanto la oferta como la demanda, y el hecho de que su resolución depende de medidas que exceden la esfera económica, tornan absolutamente esencial su caracterización como una crisis singular: una crisis causada por un virus.
Esto no quiere decir que los elementos estructurales de nuestro sistema económico no agraven la crisis. Al contrario: sirven para entender mejor la dinámica de cada país. Es importante, por ejemplo, tomar en cuenta las diferencias con pandemias anteriores, que azotaron un mundo mucho menos integrado. Más allá de eso, las diversas dimensiones de la desigualdad –de ingreso, tipo de empleo, acceso habitacional, saneamiento básico, trasporte y salud– también se han mostrado cruciales para la comprensión de los efectos diferenciados de la crisis alrededor del mundo.
Tales elementos estructurales nos llevan a comprender que los países que mayor necesidad de recursos financieros para enfrentar la crisis tendrán son aquellos con mayores restricciones al financiamiento. Estas dificultades se exacerban en un mundo caracterizado por el alto grado de integración financiera. Una integración que, en un contexto de alta incertidumbre en los mercados globales, presagia la salida masiva de capitales de las economías periféricas y el retorno a activos financieros más líquidos y seguros de los países ricos. En otras palabras, aunque la crisis actual pueda ser un tanto particular en su origen y naturaleza, la dificultad para enfrentarla pasa por varias de las tendencias observadas desde las décadas de 1980 y 1990 en el modo de funcionamiento del sistema capitalista global. Estas tendencias han sido acompañados por crecientes cuestionamientos al actual modelo –tanto en el pensamiento económico como en la esfera política– desde la crisis financiera global de 2008-2009.
Crujen las arcas latinoamericanas
El aumento global de la deuda pública quedará como herencia y pretexto para la defensa de una nueva ola de austeridad, la cual podrá exacerbar las desigualdades de ingreso, riqueza y acceso a servicios públicos. La crisis pandémica, por su parte, ya ha mostrado el alto costo de estos desequilibrios.
Es imposible encontrar en la teoría o en la investigación económica empírica un límite preestablecido para el endeudamiento público que aplique a todos los países por igual. Enfrentar la pandemia llevará a Japón a sobrepasar su propio récord de 237% de deuda pública sobre el PIB. En Italia, la deuda rondará el 160% del PIB. En muchos países, la pandemia contribuyó a cuestionar aún más los discursos basados en equivalencias simplistas entre gasto público y gasto familiar, que ignoran el funcionamiento del actual sistema.
Pero esto no quiere decir que no haya diferencias entre los países en términos de su capacidad de endeudamiento y de los efectos que la deuda conlleva. Los países del hemisferio Sur, que no se endeudan en su propia moneda y acumulan deuda con el FMI o los bancos extranjeros, siguen vulnerables a choques externos y restringidos por los mercados financieros globales en su capacidad de enfrentar la crisis. Incluso aquellos que tienen su deuda pública en moneda nacional y cuentan con altísimos volúmenes de reservas internacionales, como Brasil, están sujetos a los efectos concentradores de renta de la deuda pública, en la medida en que remunera con intereses elevados los detentores de riqueza en forma de títulos públicos.
Aunque la deuda pública pueda ser utilizada por aquellos gobiernos con acceso a mercados de crédito para enfrentar las necesidades inmediatas de la pandemia, una distribución más justa de los costos de la crisis debe pasar, en un segundo momento, por una serie de transformaciones en el sistema tributario, sobre todo en los países de América Latina (en los que hay un enorme espacio para aumentar la progresividad, tributando altos ingresos y patrimonios). Es totalmente justificable la exigencia de redes de protección social más amplias, que superen en el tiempo y en su concepción aquello que fue implementado para garantizar la supervivencia de las familias más vulnerables durante la pandemia. A la aceleración de las transformaciones en las relaciones laborales hacia un modelo más precarizado y uberizado, debemos agregar el alto grado de informalidad y volatilidad de ingreso que siempre marcó el mercado de trabajo en los países latinoamericanos.
Para evitar que la crisis recaiga aún más sobre la base de la pirámide, medidas como reformas tributarias progresivas, expansión de las redes de protección social y mayor asignación de recursos para servicios públicos de salud y educación tendrían la capacidad de atenuar los efectos ya visibles de la pandemia sobre las desigualdades. Una renta universal básica, financiada por un impuesto de ingresos progresivo, podría también actuar como alternativa de valorización de actividades socialmente productivas y no valorizadas, tales como el cuidado de niños y ancianos. Más allá de eso, en un mundo en que las relaciones laborales son cada vez menos sindicalizadas, esa garantía podría servir para aumentar el poder de negociación de trabajadores que hoy son forzados a aceptar empleos, salarios y jornadas indignos. Esto no quiere decir, claro, que tales reformas eliminen el carácter concentrador del ingreso y de la riqueza propios del sistema capitalista. Pero ayudan.
Desigualdades
Los países de América Latina comparten algunos rasgos que dificultan su capacidad de abordar la crisis pandémica: desigualdades abismales, alto grado de informalidad en el mercado de trabajo, peso elevado del sector de servicios para el empleo, vulnerabilidad de choques externos, dependencia de productos manufacturados importados, entre otros. Pero más allá de eso, y al contrario que la mayoría de los países ricos, la región fue afectada por la crisis en un contexto que ya era de bajo crecimiento desde el fin del superciclo de las commodities: las proyecciones del FMI para el crecimiento del PIB latinoamericano en 2020 eran de apenas un 1,6% antes de la pandemia.
Aún así, algunas diferencias estructurales y coyunturales resultaron fundamentales para la eficacia de las respuestas aplicadas por los distintos gobiernos de la región. Países con mayor capacidad fiscal –como Chile, Brasil y Perú– gastaron una proporción mucho mayor de su PIB en programas de emergencia en salud, transferencia de ingresos, preservación de empleo y/o socorro a empresas. Países con niveles de desigualdad mucho menores, como Uruguay, o con mayor voluntad por parte de sus gobernantes de adoptar medidas cuarentenarias suficientemente restrictivas, como es el caso de Argentina, parecen haber tenido un desempeño mucho mejor en el combate al virus.
En Brasil, por ejemplo, las medidas económicas para combatir la crisis aprobadas por el Congreso ya superan el 11,5% del PIB (un 4,7%, destinado al programa de transferencia de ingresos que ya benefició más de 70 millones de personas). Este auxilio de emergencia fue capaz de frenar, hasta cierto punto, la pérdida de ingresos de la mitad más pobre de la población. El aumento del programa asistencial consiguió neutralizar, transitoriamente, las desigualdades de ingresos laborales, y fue capaz de acercar el nivel de pobreza a mínimos históricos durante una de las mayores crisis de la historia. Sin embargo, la postura criminal del gobierno federal en el área de salud pública, junto con las desigualdades históricas de Brasil, hicieron del país uno de los epicentros globales en cantidad de muertes diarias.
Grupos de riesgo y ganadores
No cabe la menor duda de que la crisis está recayendo con mayor agudeza sobre los más vulnerables, como es de costumbre. Pero esto no vale solo para las familias, sino también para las empresas. En Brasil, el numero de pequeños negocios cerrados ya superaba los 716 mil desde la primera quincena de junio hasta la mitad de julio, de los cuales el 99,8% son empresas de menos de 49 empleados. Mientras tanto, las políticas de crédito formuladas por el gobierno federal fueron insuficientes y mal gestionadas, entre otras razones por la aversión al riesgo por parte de los bancos privados, que no se mostraron interesados en prestar a empresas con alta probabilidad de incumplimiento, aún con garantías ofrecidas por el Tesoro.
En contextos así, no hay duda de que muchas empresas pequeñas, sin capacidad de seguir pagando alquileres, facturas de luz o salarios, serán adquiridas por precios bajos por empresas mayores o por inversionistas con alto capital acumulado. En una reunión ministerial cuyo video fue divulgado el 22 de mayo, el ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, dejó en claro que esta concentración de riqueza no es solo fruto de la propia dinámica capitalista, sino también de la captura de gobiernos por los intereses de la cumbre económica: «vamos a ganar dinero usando recursos públicos para salvar grandes empresas y vamos a perder dinero salvando empresas pequeñas», afirmó el ministro.
Una lucha que apenas comienza
La pandemia trajo consigo, por un lado, una súbita valorización en la sociedad de los diferentes papeles del Estado para la asignación de recursos e hizo aún más concreta la necesidad de combatir desigualdades para el bien común. Pero, por otro lado, la crisis está ampliando esas desigualdades y concentrando aún más la riqueza en pocas manos. Los niveles elevados de la deuda publica que quedarán como herencia por todo el mundo pueden servir de oportunidad, como en los años posteriores a la crisis de 2008, para nuevas oleadas de políticas de austeridad, con el alto costo social que estas conllevan. La pandemia no conducirá naturalmente al nacimiento de un mundo más justo y sustentable; es posible que solo acelere tendencias que ya se observaban antes de su llegada, o incluso que, junto a la crisis del neoliberalismo y de la globalización, se incluya también la de la propia democracia, y emerjan nuevos proyectos autoritarios.
Cuál de estas tendencias será la que prevalezca es algo que aún no podemos saber a ciencia cierta. Cualquier pronóstico al respecto no es nada confiable. El mundo de la pospandemia no puede ser imaginado de forma abstracta: la forma que adopte dependerá de las respuestas dadas durante y después de la propia crisis. Será, por lo tanto, resultado de nuestras movilizaciones y disputas en el campo de las ideas y de la política.
