El domingo 1 de febrero, los costarricenses acudieron a las urnas para elegir a un nuevo presidente y a cincuenta y siete miembros de la Asamblea Legislativa. La elección, presentada como un referéndum sobre la administración saliente de Rodrigo Chaves, arrojó una victoria contundente para su sucesora elegida, Laura Fernández, quien obtuvo más del 48 por ciento de los votos.

La campaña fue inusualmente tensa, en parte debido al elevado número de candidaturas. A la cabeza se encontraba Fernández, integrante del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y exministra de la Presidencia. En el otro extremo había un campo altamente fragmentado de veinte aspirantes presidenciales, entre ellos el Partido Liberación Nacional (PLN), de centroderecha; la Coalición Agenda Ciudadana (CAC); y el Frente Amplio (FAP), de izquierda democrática. En conjunto, estos candidatos conformaban la oposición y se ubicaban muy por detrás del PPSO en intención de voto.

La campaña rompió varias normas de la política costarricense. Chaves infringió la legislación electoral al desempeñar un papel activo en la campaña; las iglesias evangélicas habrían realizado un esfuerzo masivo para movilizar apoyo para Fernández y varios candidatos opositores compitiendo enfrentando problemas judiciales en curso. El telón de fondo decisivo fue el reciente aumento de la violencia, que alimentó la preocupación ciudadana por la inseguridad y dio lugar a acusaciones de que dinero del narcotráfico había penetrado en distintas campañas.

En efecto, la seguridad se convirtió en la preocupación dominante, un factor que suele castigar a los oficialismos pero que, en este caso, fortaleció a Fernández, quien hizo campaña con la promesa de un endurecimiento contra el crimen. En el centro de esta aparente paradoja está el propio Chaves, cuya popularidad histórica puede rastrearse hasta un enfoque novedoso de la política costarricense que enmascara un proyecto convencional de centroderecha, al tiempo que se presenta como una ruptura clara con la tradición democrática del país. Si las elecciones fueron un referéndum sobre Chaves, como él mismo sostuvo, los votantes aprobaron claramente al rodriguismo, un proyecto político con similitudes con otras derechas de la región pero con acento propiamente costarricense.

¿Qué es el rodriguismo?

Rodrigo Chaves llegó al poder en 2022 presentándose como un outsider que prometía gobernar «para el pueblo» y enfrentar a las élites políticas y económicas. Su administración combinó un estilo político populista, marcado por una retórica vulgar y confrontativa, con políticas económicas tecnocráticas. Esta postura generó rápidamente tensiones con el establishment político y la prensa, un conflicto que él cultivó abiertamente.

En términos sustantivos, había poco que diferenciara a su agenda política y económica de la derecha tecnocrática que, desde la década de 1980, ha buscado desmontar los remanentes del Estado de bienestar costarricense. La diferencia residía en el método. Mientras que esos sectores habían intentado avanzar gradualmente y, al menos discursivamente, dentro del marco del Estado de derecho, Chaves adoptó una lógica más agresiva, cercana al lema «avanzar rápido y romper cosas», promovido por diversos líderes de ultraderecha agrupados coloquialmente bajo la llamada «Internacional de la Motosierra». Su gobierno lanzó ataques frontales contra lo que describía como «barreras» institucionales a la eficiencia, incluyendo a la Asamblea Legislativa, la burocracia pública y el propio sistema de pesos y contrapesos institucionales, al que acusó de proteger intereses estrechos y limitar la capacidad del Ejecutivo para actuar con rapidez y decisión.

Estas florituras retóricas encubrieron un gobierno profundamente mediocre. Pocas de sus iniciativas emblemáticas se tradujeron en leyes, y muchas de sus propuestas de transformación estructural fueron bloqueadas por la resistencia institucional. Sin embargo, estos fracasos hicieron poco por debilitar su posición política, ya que su atractivo popular no se sustentaba tanto en logros concretos como en la confrontación permanente con el orden bipartidista que había dominado Costa Rica durante gran parte de las seis décadas anteriores. Para Chaves, resultaba políticamente más conveniente fracasar ruidosamente y culpar a las instituciones «capturadas» y a las «élites corruptas» que negociar con la oposición y arriesgarse a parecer cómplice del sistema que decía combatir.

En el plano económico, el enfoque centrado en la inversión extranjera, la estabilidad macroeconómica y la mejora del clima de negocios arrojó resultados mixtos. Aunque produjo un crecimiento modesto, gran parte de la fuerza laboral siguió siendo alarmantemente informal; la pobreza y la desigualdad permanecieron elevadas; y el costo de vida continuó aumentando. Esta precariedad se vio agravada por los constantes ataques de Chaves a casi todos los pilares del reconocido Estado de bienestar costarricense. El gasto en educación disminuyó, profundizando desigualdades entre escuelas públicas y privadas y entre zonas urbanas y rurales; las universidades públicas enfrentaron recortes; y el sistema de salud fue significativamente desfinanciado, generando escasez de personal y ampliando desigualdades en el acceso.

A ello se sumó una ofensiva patriarcal en el ámbito de la política de género. Chaves protagonizó frecuentes conflictos en torno a la educación sexual y la llamada «ideología de género», restringió el acceso al aborto y a servicios de salud reproductiva, y mostró escaso interés en enfrentar el aumento de los femicidios. Estas políticas, junto con su propio antecedente de denuncias por acoso sexual durante su paso por el Banco Mundial, contribuyeron a normalizar la violencia de género dentro del proyecto político en su conjunto.

El fin de la Segunda República

Tras su victoria, Fernández dejó claro que su intención de continuar el proyecto del rodriguismo no era un simple recurso de campaña. Fue nuevamente designada por Chaves como ministra de la Presidencia hasta asumir el cargo, y ha insinuado que podría nombrarlo en el mismo puesto durante su propia administración. También se comprometió a profundizar el crecimiento económico mediante reformas similares a las impulsadas por Chaves, adoptó una postura igualmente confrontativa frente a las instituciones al exigir la renuncia de la titular de la Contraloría General de la República y replicó posiciones semejantes en materia de género y derechos reproductivos, llegando a equiparar explícitamente el aborto con el asesinato.

Fernández busca profundizar el proyecto de su antecesor. En su discurso de victoria afirmó que su elección marcaba un «cambio profundo e irreversible» que ponía fin a la Segunda República y daba inicio a una Tercera República. La Segunda República, surgida del acuerdo político posterior a la guerra civil de 1948 y la Constitución de 1949, simboliza las bases institucionales del modelo socialdemócrata costarricense, incluyendo sólidos mecanismos de control y equilibrio de poderes, un papel ampliado del Estado y acceso universal a educación y salud. Al declarar su fin, Fernández cuestionó activamente la legitimidad de esa arquitectura institucional, presentando la supervisión y la separación de poderes como ineficiencias que obstaculizan un gobierno decisivo.

El futuro de esta supuesta Tercera República está aún por verse. El PPSO obtuvo mayoría simple en la Asamblea Legislativa con treinta y un diputados, el bloque más grande desde 1982, superando ampliamente a la oposición. Sin embargo, no alcanzó los treinta y ocho votos necesarios para reformar la Constitución, declarar el estado de emergencia, suspender derechos individuales o bloquear la reelección de magistrados de la Sala Constitucional, facultades que el gobierno entrante ha manifestado su intención de perseguir. Podría verse favorecido en este empeño apelando al sentimiento de inseguridad ciudadana, un fenómeno relativamente reciente en la política costarricense que desempeñó un papel central en la elección.

El espectro de la (in)seguridad

Desde los años 2000, la seguridad se ha convertido en un tema central en el panorama político centroamericano. Las «transiciones democráticas» de los años noventa estuvieron entrelazadas con reformas neoliberales que profundizaron la desigualdad y concentraron la riqueza; a comienzos de los 2000, el crimen organizado comenzó a adquirir mayor protagonismo, aprovechando esa precariedad y expandiendo el narcotráfico. En lugar de abordar las condiciones sociales subyacentes de la inseguridad, la mayoría de los gobiernos centroamericanos adoptó políticas de mano dura basadas en la militarización y el encarcelamiento masivo.

Costa Rica evitó formalmente la mano dura, pero no su lógica: la política de seguridad se endureció mediante medidas punitivas civiles que restringieron el espacio democrático sin atacar las raíces de la violencia. En la década de 2000, el aumento del delito menor incentivó la judicialización de la inseguridad. La introducción de tribunales de flagrancia en 2009, presentada como respuesta a un sistema judicial ineficiente, provocó un fuerte incremento de la población carcelaria. Como resultado, Costa Rica ocupa hoy el puesto veintidós a nivel mundial en número de personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes y la tercera tasa de encarcelamiento más alta de Centroamérica.

En la década de 2010, a medida que la región se consolidaba como un punto clave del narcotráfico, la política de seguridad costarricense continuó endureciéndose, apoyada por asistencia estadounidense en materia de seguridad, nuevos impuestos para financiar el Ministerio de Seguridad Pública y la creación de la Policía de Fronteras. La pandemia de COVID-19 intensificó estas dinámicas, especialmente en zonas costeras dependientes del turismo, que se convirtieron en focos del crimen organizado. Este período estuvo marcado por una violencia cada vez más espectacular y un fuerte aumento de la tasa de homicidios, que pasó de alrededor de seis por cada 100.000 habitantes en 2000 a más de dieciséis en 2025.

Fue en estas condiciones que la trayectoria costarricense convergió más claramente con la del resto de la región mediante la politización del crimen. El gobierno de Chaves enfrentó una creciente preocupación pública por la violencia y distintas acusaciones de corrupción, reforzadas por escándalos como la detención y solicitud de extradición a Estados Unidos del exministro de Seguridad y exmagistrado Celso Gamboa por cargos vinculados al narcotráfico.

Lejos de constituir un pasivo político, el aumento del crimen violento y las preocupaciones sobre la penetración del narcotráfico se transformaron en una oportunidad política para Chaves. Desvió la responsabilidad culpando a los medios de exagerar la inseguridad y acusando a las instituciones judiciales, legislativas y de control de incompetencia o captura. De este modo, la inseguridad fue reformulada no como un fracaso estatal, sino como justificación para un Ejecutivo fuerte de ley y orden sin restricciones institucionales.

En este contexto, la inseguridad desplazó a la economía como principal preocupación del electorado antes de la segunda vuelta de 2026 y se convirtió en el eje central de la campaña de Laura Fernández. Fernández adoptó abiertamente un enfoque de mano dura, priorizando el orden y el control territorial por sobre las libertades civiles, postura reforzada simbólicamente por la visita en enero de 2026 del presidente salvadoreño Nayib Bukele para inaugurar una prisión de máxima seguridad inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador.

Reconfigurar la democracia

Como muchos proyectos populistas, el rodriguismo puede entenderse mejor como una intensificación, más que como una ruptura, de la trayectoria política reciente de Costa Rica. Combina un estilo populista con una agenda económica tecnocrática centrada en la disciplina fiscal y el repliegue del Estado de bienestar. Lo que lo distingue no es tanto la novedad de sus objetivos como la forma de perseguirlos: la politización permanente del conflicto institucional, la subordinación de la política social a la ortodoxia fiscal pese a sus costos sociales y una creciente concentración de poder en el Ejecutivo.

Desde esta perspectiva, el rodriguismo no rompe con la democracia, sino que la reconfigura. Los mandatos populares y el lenguaje del «pueblo» siguen siendo centrales, pero se utilizan cada vez más para disciplinar a la oposición, contener demandas sociales y proteger un orden económico desigual. El peligro real no es el colapso democrático inmediato, sino la normalización de un gobierno basado en la inseguridad y el conflicto permanente. Si la llamada Tercera República profundizará esta trayectoria o generará nuevas formas de resistencia sigue siendo una pregunta abierta, con implicancias que trascienden las fronteras del país.

Publicado originalmente en North American Congress on Latin America.