Tras casi tres años de un gobierno sin apoyo popular, la presidenta peruana Dina Boluarte fue destituida en la madrugada de este viernes 10 de octubre. La medida se produjo luego de un giro repentino de las fuerzas políticas que hasta entonces habían sido su único sostén. El Congreso aprobó —en una sesión maratónica, con 122 votos a favor— una moción de «vacancia presidencial» por «incapacidad moral permanente».

La decisión fue tomada —a menos de seis meses de las próximas elecciones generales— por el mismo Congreso que hoy registra los niveles más altos de desprestigio en el país, con una desaprobación que alcanza a nueve de cada diez peruanos. Se trataba de los mismos parlamentarios que, al menos en siete ocasiones anteriores, habían protegido a Boluarte frente a graves acusaciones que iban desde el enriquecimiento ilícito y la corrupción hasta severas violaciones de derechos humanos.

Los votos decisivos para la caída de la presidenta provinieron justamente de antiguos aliados: el partido de extrema derecha Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y la Alianza para el Progreso, un grupo «fisiológico», sin ideología definida, dedicado a los negocios dentro del Legislativo, encabezado por César Acuña Peralta. Ambas bancadas, que hasta entonces sostenían al gobierno, fueron claves para la destitución al retirarle abruptamente su apoyo.

Un mandato marcado por la crisis y la represión

Boluarte asumió la presidencia tras la destitución de Pedro Castillo, en diciembre de 2022. Los casi tres años de su gestión estuvieron signados por una impopularidad sin precedentes, con una aprobación que en el último año no superó el 2%, y por una represión violenta de las protestas que estallaron al inicio de su mandato, en las cuales más de 60 manifestantes fueron asesinados.

Su destitución constituye apenas un nuevo capítulo en la espiral de crisis política en la que el Perú está sumido desde hace años. Solo en los últimos nueve años, siete presidentes pasaron por la Casa de Pizarro —el palacio de gobierno peruano— sin que ninguno lograra completar un mandato constitucional.

Boluarte deja el poder como una de las figuras presidenciales peor evaluadas del mundo. De esta forma, la exmandataria perdió los privilegios que la protegían ante la Justicia, quedando expuesta a graves acusaciones de corrupción, como el llamado «Rolex Gate», en el que la prensa reveló que usaba relojes de lujo valuados en hasta 14 mil dólares en actos oficiales, sin poder explicar su procedencia.

Congreso desacreditado y nuevo presidente cuestionado

La destitución de Boluarte fue la vía que encontró el Congreso —profundamente corroído por la corrupción y desacreditado ante la población— para intentar reposicionarse en vísperas de las elecciones, deshaciéndose del eslabón más débil de la cadena: la Presidencia.

El periodista y analista político Jorge Ballón Artaza explicó, en diálogo con Brasil de Fato, que el «pacto de gobernabilidad» con sectores de la derecha y la extrema derecha que mantenían a la presidenta —liderados por el fujimorismo— se rompió como parte de un «cálculo político-electoral».

La decisión de destituir a Boluarte fue, esencialmente, un cálculo político-electoral. Los sectores que impulsaron su vacancia fueron los de Renovación Popular. La propuesta desencadenó rápidamente un verdadero efecto dominó, y las fuerzas políticas que hasta entonces sostenían al gobierno —como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso— decidieron soltarle la mano a Boluarte, que se quedó sin ningún apoyo político y que nunca contó con respaldo popular.

Renovación Popular es un grupo liderado por Rafael López Aliaga, actual alcalde de Lima y figura de extrema derecha alineada con el movimiento MAGA (Make America Great Again, o Hacer a América grande otra vez), del presidente estadounidense Donald Trump.

Ballón Artaza detalla que, al no haber un vicepresidente en funciones, de acuerdo con el artículo 115 de la Constitución Política, la jefatura del Estado recae sobre el presidente del Congreso. Fue así como José Enrique Jerí —abogado limeño de 38 años, que hasta pocos días antes era uno de los principales aliados de Boluarte— asumió de manera relámpago como nuevo jefe de Estado.

Jerí es, en sí mismo, un ejemplo del colapso del sistema político peruano. Su llegada al Congreso no se dio por elección popular directa: asumió como legislador en 2021, ocupando la banca vacante tras la inhabilitación de Martín Vizcarra, y habiendo obtenido apenas unos 11.600 votos. Sin embargo, logró consolidarse gracias a su habilidad para articular acuerdos internos.

A comienzos de este año se presentó contra él una denuncia formal por violencia sexual. Según la denunciante, la agresión habría ocurrido durante las celebraciones de Año Nuevo en una casa de campo en Canta, al noroeste de Lima. La denuncia sostiene que Jerí habría adulterado una bebida alcohólica para dejar inconsciente a la víctima y cometer el delito. En una decisión controvertida y que generó repercusión nacional, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas dispuso en agosto de este año el archivo de la causa por falta de pruebas.

A esa acusación se suman graves denuncias por enriquecimiento ilícito: solo entre 2023 y 2024, Jerí habría multiplicado su patrimonio, pasando de menos de 100 mil soles declarados a más de un millón en apenas un año.

«Triunfo parcial» y continuidad de las protestas

«Existe un profundo descontento en la población, sobre todo por lo que representa Jerí. Se percibe una continuidad de un gobierno parlamentario, ya que la figura de Boluarte era tan débil que, en realidad, se mostraba accesoria o meramente cosmética dentro del aparato de poder controlado por el Congreso», señala Ballón Artaza.

En un contexto en el que el índice de desaprobación de la exmandataria llega al 96% de la población, el analista sostiene que su destitución es vista por muchos sectores movilizados como un «triunfo parcial» o un «avance incompleto». Y agrega: «Desde hace tiempo, amplios sectores venían exigiendo que Boluarte dejara el poder; sin embargo, se considera un avance incompleto porque la fuerza que la sostenía —el Congreso de la República— aún permanece».

Durante las masivas movilizaciones del último mes, los cánticos más repetidos fueron: «¡Que se vayan todos!».

«Se exigía la salida de Boluarte, pero también la de los miembros del Congreso. Y el descontento se extiende a las fuerzas policiales, a ciertos sectores empresariales y a los medios de comunicación tradicionales. Es probable que sigan produciéndose manifestaciones populares», concluye.