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Mario Draghi, exjefe del Banco Central Europeo y actual Presidente del Consejo de Ministros de Italia.

Aumentar el gasto público no siempre es «de izquierdas»

El gobierno de Mario Draghi en Italia ha sido aclamado por utilizar fondos europeos para invertir en la salida del país de la crisis. Pero si bien el plan promete un gran gasto, se trata principalmente de una transferencia de recursos públicos a empresas privadas.

Serie: Fondo de Recuperación UE

Compuesto por 390 000 millones de euros en subvenciones y 360 000 millones en préstamos, el Fondo de Recuperación de la Unión Europea para después de la pandemia ha sido descrito por varios comentaristas como un paso necesario hacia una mayor solidaridad en el bloque, e incluso como un giro relativamente progresivo. Después de todo, promete avanzar hacia la mutualización de la deuda, alguna forma de unión en las transferencias y un aumento del gasto social, a la vez que hace hincapié en la transición ecológica (que supone el 37% del gasto) y la digitalización (20%).

Sin embargo, este plan también tiene muchos y considerables límites. NextGenerationEU es, en muchos sentidos, una continuación de lo que el expresidente de la Comisión, José Manuel Barroso, denominó en 2011 una «Revolución silenciosa». Utilizó este término para señalar la introducción de nuevas normas más estrictas para el control de los presupuestos nacionales: en resumen, los medios que la UE ha utilizado para inducir políticas neoliberales, empujando hacia lo que Wolfgang Streeck definió como el «Estado de consolidación» (la combinación de disciplina fiscal y privatización generalizada).

Para comprender la situación actual es decisiva la promesa incumplida de convergencia socioeconómica que el proyecto de la UE hizo a la mayoría de los pueblos europeos. Para la mayoría de los Estados miembros (los del Sur y el Este), esto es lo que legitima a la propia membresía: la sensación de que sus estándares socioeconómicos mejorarían, convergiendo con el noroeste de Europa. Sin embargo, como ha demostrado Cinzia Alcidi, desde la crisis de 2008 ha habido una creciente divergencia en el poder adquisitivo entre las regiones de la UE y los estados miembros. En países como Italia y Grecia, el PIB per cápita se ha mantenido por debajo de los niveles de 2008; además, no solo ha aumentado la desigualdad en toda la UE, sino que ha aumentado especialmente y de forma rápida en la ya más pobre Europa meridional y oriental.

Esto plantea la cuestión de qué puede mejorar la cohesión social y la resiliencia entre y dentro de los Estados miembros de la UE, como parte de un plan de recuperación que busca restablecer un sentido de optimismo, progreso y prosperidad entre los ciudadanos europeos. Esto implica pensar cómo abordar las muchas formas en que la arquitectura económica, monetaria e institucional de la UE y, en particular, la zona euro, ha conducido a un deterioro de la infraestructura social de los Estados miembros, haciéndolos más vulnerables a las crisis económicas y erosionando su capacidad para hacer frente a las crisis sociales.

La austeridad permanente y la demonización de los déficits, la priorización de lo privado sobre lo público, la privatización forzada de la energía, las comunicaciones y otras infraestructuras críticas, la demanda constante de recortes de personal del sector público han contribuido a la profundización del impacto social de la pandemia, especialmente en los países periféricos del sur y el este del continente.

Sin embargo, como vemos en esta serie de artículos publicados conjuntamente por Rosa-Luxemburg-Stiftung y Jacobin, las políticas que siguieron a la anterior crisis de la deuda soberana, que contribuyeron en gran medida a debilitar la capacidad de los Estados para soportar la pandemia, no son simplemente una cuestión del pasado. Si observamos los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia (NRRP) elaborados por los gobiernos de Italia, Portugal y España en respuesta a los criterios europeos, vemos que los estudios de casos nacionales examinan quién es probable que se beneficie de los fondos Next Generation EU y es interesante observar los que nos dicen sobre los límites de la ruptura de la Unión Europea con los dogmas neoliberales.

 

Hace algunos meses, The Economist eligió a Italia como su «país del año», un premio que se otorga «no al país más grande, ni el más rico ni el más feliz», sino al que «mejoró más en 2021». Los elogios del órgano liberal no apuntaban a la victoria de Italia en los campeonatos europeos de fútbol ni a su récord de medallas olímpicas, sino directamente al llamado «gobierno de los mejores» del primer ministro Mario Draghi.

La administración del exjefe del Banco Central Europeo reúne a los principales partidos, desde la izquierda moderada hasta la derecha radical. Pero, a pesar de todo el discurso de unidad nacional detrás de «Super Mario», el año 2021 en Italia terminó con una huelga general convocada por las federaciones sindicales de la CGIL y la UIL. El 16 de diciembre, los trabajadores se manifestaron en toda Italia para protestar contra el paquete presupuestario del gobierno. Una movilización a esta escala no se había visto desde hacía siete años, cuando los trabajadores se manifestaron contra la Ley del Empleo de Matteo Renzi.

Todas las fuerzas que respaldan la administración de Draghi, incluidos los partidos que se autodenominan de centroizquierda, criticaron la huelga, alegando que los sindicatos estaban tratando injustamente de amenazar a un país que se estaba recuperando de la crisis. De hecho, las demandas de los sindicatos para la huelga del 16 de diciembre adoptaron el lenguaje de la recuperación nacional. Hubo peticiones de nuevas políticas industriales para la transición ecológica y digital, soluciones a la crisis industrial y lucha contra las deslocalizaciones (en la que pidieron al Estado italiano que desempeñara un papel protagonista). Tras el anuncio de la huelga, muchos críticos sindicales respondieron que el paquete fiscal de Draghi para el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (NRRP, por sus siglas en inglés) posterior al COVID-19 es realmente expansivo y, por lo tanto, en su opinión, «de izquierda».

Sin embargo, tras un examen más detenido, los planes del Gobierno de Draghi, basados en los préstamos y subvenciones ofrecidos por el fondo Next Generation EU (NGEU) de la Unión Europea, muestran que el gasto público no es inherentemente de izquierdas. Lo que estamos viendo, bajo la apariencia de una masiva inversión y «recuperación», es una transferencia masiva de recursos del sector público a la empresa privada.

Primeros pasos

Con 390 000 millones de euros en subvenciones y 360 000 millones en préstamos, los fondos de NGEU son sin duda de gran escala. Pero esto solo plantea más preguntas sobre su uso. ¿Cómo cambiarán estas inversiones la estructura industrial europea? ¿Qué repercusiones tendrán en las cadenas de suministro, las cadenas de valor mundiales y la división internacional del trabajo? ¿Aumentará o disminuirá esto las asimetrías entre los diferentes países europeos? Responder a todas estas preguntas requeriría un estudio detallado de la información que aún no tenemos. Pero las medidas que el gobierno italiano ya está tomando son, al menos, reveladoras.

Entre otras condiciones de la financiación que la Unión Europea ofrece a través de NGEU, los Estados miembros tuvieron que preparar planes nacionales de recuperación y resiliencia que establecieran una agenda para un «crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo». Esto coincide con las peticiones de la UE de que los planes de gasto de los gobiernos nacionales dediquen al menos el 37% de estos fondos a la transición ecológica y el 20% a la digitalización. 

Sin embargo, si el objetivo pretendido es compensar la incapacidad del mercado para hacer frente a la situación actual —como lo demuestra la disputa actual sobre las vacunas— nos preguntamos qué significa realmente una solución más «eficiente» y en beneficio de quién sería. En el caso del NRRP de Italia, el objetivo parece haber sido preparar las condiciones más propicias para las empresas privadas en lugar de crear puestos de trabajo o satisfacer las necesidades de la comunidad.

En quiebra

Las medidas adoptadas por los gobiernos italianos para hacer frente a la crisis del COVID-19 en marzo y abril de 2020 han dado lugar a un saldo neto a financiar de casi 255 000 millones de euros. La mayor parte de los recursos se utilizaron para apoyar a las empresas con préstamos no reembolsables. Sin embargo, el gobierno ha sido cuidadoso al rechazar la opción de intervenir directamente en las decisiones de las empresas y, por lo tanto, tener voz en el uso de estos enormes recursos.

Además, no se han establecido condiciones para el uso de estos fondos, como prohibiciones de despidos, traslados, etc. Estos recursos se pusieron en marcha con el objetivo declarado de evitar las quiebras y, por tanto, el desempleo masivo. Pero el gobierno no mostró interés en permitir que los trabajadores supervisen el uso de estos fondos públicos por parte de estas empresas.

En lo que respecta al NRRP, el gobierno italiano ha decidido utilizar todo el importe disponible para Italia en el marco del NGEU, es decir, 68 900 millones de euros en subvenciones y 122 600 millones de euros en préstamos. Sin profundizar en las posibles condiciones, en este caso, ciertamente existen y están vinculadas esencialmente a la aplicación de las recomendaciones políticas de la Comisión Europea a Italia. 

En este sentido, cabe destacar el concepto de «política industrial» que se desprende del NRRP italiano, que refleja perfectamente la definición defendida por la UE. El Estado debe limitarse a realizar inversiones que no sean suficientemente rentables para la empresa privada, en el caso del NRRP italiano, principalmente infraestructura de red. En otras palabras, el costo de estas inversiones debe socializarse, mientras que los beneficios se privatizan. Al mismo tiempo, el Estado debe hacer todo lo necesario para eliminar los obstáculos al funcionamiento de la libre competencia, por ejemplo simplificando las normas de contratación, las inspecciones y las auditorías medioambientales. En cuanto a la contratación interna —la autoproducción de bienes o servicios públicos—, el plan explica que «deberían introducirse normas específicas para exigir a la administración que dé razones sólidas para no recurrir al mercado».

Incapaz de imponer la liberalización y privatización de los servicios públicos locales, el gobierno italiano está tratando de hacer más difícil que el Estado recurra a proveedores de servicios públicos en lugar de privados. Pero, ¿por qué el recurso a los servicios internos requiere una explicación detallada —solo para justificar el atrevimiento de no depender del mercado— mientras que la subcontratación con particulares no requiere ninguna explicación? 

Las organizaciones obreras que reaccionan ante tales movimientos deberían rechazar de plano esta definición de «políticas industriales» y proponer una alternativa: exigir la intervención directa del Estado en la economía y, por tanto, la planificación. Diseñar la política industrial no es crear el mejor entorno posible para la empresa privada, sino impulsar intervenciones públicas destinadas a crear empleos y satisfacer las necesidades de la comunidad. 

Digitalización

También podemos ver estas dinámicas en los sectores concretos donde se concentran las inversiones previstas en el programa NGEU y en el NRRP italiano, empezando por la digitalización. Uno de los principales objetivos es la adopción de herramientas digitales por parte de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas (PYME). Esto es especialmente importante para Italia, que lleva mucho tiempo en el camino de convertirse en parte integrante de las cadenas de valor europeas que se dirigen a otros lugares, principalmente a Alemania. 

Las grandes empresas han adoptado modelos de gestión ajustados, orientados a eliminar todas las actividades que no producen directamente valor añadido y a maximizar la flexibilidad de la cadena de suministro. El almacenamiento —y, por tanto, los costes asociados— debe reducirse al mínimo; los componentes y productos semiacabados adquiridos a proveedores externos deben materializarse en la línea en el momento exacto en que se requieren, ni un minuto después ni un minuto antes. Las pequeñas empresas que participan en estos procesos se convierten de facto en sucursales de la empresa al frente de la cadena, que a menudo dicta los tiempos, métodos, costes y sistemas de organización del trabajo.

Para funcionar, estos modelos de negocio requieren la adopción de tecnologías digitales por cada uno de los eslabones de la cadena, lo que convierte a la digitalización en una preocupación decisiva para las pymes italianas. En este sentido, la inversión masiva puesta en marcha por el programa NGEU contribuirá a completar el proceso de reestructuración del capitalismo europeo que ya lleva varias décadas en marcha (fenómeno que Riccardo Bellofiore ha denominado centralización sin concentración).

Otro mito que hay que disipar, por tanto, es que la innovación siempre es algo bueno, sin importar en interés de quién se lleve a cabo. El aumento de la productividad implica una reducción del número de horas de trabajo necesarias para producir determinados bienes y servicios. Eso es bueno si reduce el tiempo que los trabajadores tienen para trabajar por los mismos salarios, pero no lo es tanto si solo significa una racionalización del proceso laboral en aras de aumentar las ganancias. Las organizaciones que pretenden representar a la clase trabajadora deberían reconocer este hecho y dejar de formular sus demandas como si fueran socios que buscan ayudar a aumentar la rentabilidad de la empresa.

En cuanto al efecto sobre el número de puestos de trabajo, es poco probable que las inversiones mencionadas produzcan más empleo en Italia, cuya cuota de mercado en la producción de hardware y software de conectividad es prácticamente nula. Lo mismo ocurre con el otro sector importante en el que se concentrará la acción pública: la transición energética. También en este caso, dada la necesidad de transición hacia las energías renovables, será necesario instalar paneles solares, turbinas eólicas y plantas de producción de energía de hidrógeno. Los paneles solares, por ejemplo, son fabricados por empresas chinas y alemanas. Las turbinas y otros componentes para parques eólicos también son producidos principalmente por empresas alemanas. Vemos entonces una probable mayor dependencia de las importaciones, empeorando aún más la balanza comercial de Italia.

¿Quién decide?

En esencia, el gobierno de Draghi ha preparado un plan de inversión masivo destinado a crear el entorno más favorable posible para las empresas privadas, especialmente para las grandes empresas que, lideradas por Alemania, dependen de las PYME italianas más arriba en la cadena de suministro. De lo que se trata aquí no es de enfrentar a Italia y Alemania por motivos nacionalistas, sino más bien a las grandes empresas por un lado y a los trabajadores —tanto italianos como alemanes— por el otro.

La cuestión es qué prioridades determinarán cómo Europa sale de esta crisis. Dejar plena libertad al «mercado», por supuesto, significa dejar las decisiones económicas en manos del capital, que por su naturaleza busca el beneficio, no el bienestar de la comunidad. Cualquier objetivo en contraste con la maximización del beneficio, y por lo tanto la explotación capitalista de los trabajadores y el medio ambiente, solo puede perseguirse a través de la gestión directa de la actividad económica por parte del Estado. En la medida en que esto también implica innovación y nuevas tecnologías, debemos juzgarlas con estándares distintos de la «eficiencia» definida en términos de beneficio privado. 

Cierre

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