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La Habana, Cuba, 30 de noviembre de 2016 (Joe Raedle / Getty Images).

Cuba: la utopía y sus problemas

La memoria colectiva del pueblo cubano cada vez contempla menos los tiempos previos a 1959: las dificultades que enfrentan ya no son «problemas que aún persisten», sino dificultades que se han creado, recreado y actualizado a lo largo de sus vidas. La Revolución, para seguir siendo, necesita ofrecer una nueva noción de futuro, reformular la utopía.

La Revolución cubana fue un acontecimiento cenital del siglo XX. Cuenta con varias pruebas de la singularidad de sus victorias: haber derrotado por primera vez al imperialismo estadunidense en América Latina (1961), haber conseguido, en los años 80, un índice de desigualdad (coeficiente Gini) de 0,24 y haber construido quizás —también para esa década— el primer Estado de bienestar en la región [1].

Entre los tópicos centrales del siglo XX estuvieron las ideas de utopía y del Estado nación. La Revolución cubana hizo de ambos contenidos ejes centrales. Por ello ha sido estudiada por Jan Gustafsson como una de las grandes «utopías sociales y políticas» de ese siglo, con efectos hasta el presente. La utopía es, en sentido crítico, inspiración y potencia para la transformación del orden de la vida, transformación dinámica y reflexión constante sobre sus contenidos. Uno de ellos, con profundo calado desde el 59 hasta el presente, es el principio de igualdad y de justicia social. Desde él es posible repensar si pervive, y en qué sentidos, esa utopía. 

En este artículo nos interesa hablar sobre la utopía y su contenido igualitarista y de justicia en cuatro tiempos: a) los 1990 como frontera de la utopía de igualdad y justicia; b) el 2021 y la necesidad de reformulación de esa utopía; c) el VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, y la utopía de igualdad y justicia; d) ¿un consenso nacional sobre la utopía de justicia e igualdad?

La frontera de la utopía: el antes y el después de los 90

Enero del 59 marcó un «antes y después» para la utopía revolucionaria cubana que venía contruyéndose desde pasada la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, ese quiebre no ha sido el único en los últimos sesenta y dos años. 

El más conocido y analizado, posterior a esa fecha, es el que se produjo en la década del 90, después de la caída del campo socialista y la profunda crisis a la que se vieron abocados el gobierno y el pueblo cubanos. Antes, el éxodo migratorio del Mariel (1980) había anticipado el extrañamiento de la «revolución de los humildes» por parte de un número amplio de tales humildes que conformaron la base principal de esa nueva migración. 

El Período Especial —nombre oficial dado a la crisis— trastocó el discurso utópico del 59. A partir de esa fecha, en la literatura apareció la narrativa del «desencanto», una suerte de melancolía crítica sobre la utopía revolucionaria, que solo podían sentir quienes la habían vivido por sí mismos [2]; quienes no lo habían hecho —«novísimos», «posnovísimos», etc.— afirmaron su pertenencia a ninguna parte. 

El cine cubano interpeló la utopía con Alicia en el pueblo de maravillas, de Daniel Díaz Torres (1990), y con Fresa y Chocolate (1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío. Otros, más jóvenes, discutirían luego la utopía como reelaboración de «lo revolucionario», en tanto proyecto reinclusivo que debía persistir en la búsqueda de la justicia y en contra la desigualdad, como hizo Conducta (2014), de Ernesto Daranas. También se produjeron críticas frontales a la utopía como La obra del siglo, de Carlos Quintela (2015), Utopía (2004), de Arturo Infante, y también distopías como Juan de los Muertos (2011), de Alejandro Brugués. 

Las artes plásticas cubanas registraron por igual ese camino. En 2017, la muestra más grande de arte cubano exhibida en los Estados Unidos, cuya magnitud solo tiene comparación con otra realizada justo en 1994, se tituló precisamente «Adiós utopía: sueños y engaños en el arte cubano desde 1950». Algo parecido sucedió en la arquitectura [3].

Esos discursos artísticos tenían fuertes enraizamientos sociales. Las bases sociales, culturales y políticas de la sociedad cubana de los 1990 experimentaban, con lenguajes propios, la crisis de la utopía originaria del 59. El resumen de una investigación de la época fue que «(…) en la memoria y el imaginario sociales de la utopía cubana hay una frontera en el tiempo que puede ser tan importante como las del pasado prerrevolucionario y del futuro tal vez postrevolucionario, y es la frontera de los 1990». En esa frontera, el contenido igualitario de la utopía pasó a integrar la memoria o la aspiración de futuro, pero dejó de ser una realización. 

Un conjunto de entrevistas realizadas en 2012 para una investigación académica informó que, en esa fecha, tanto la igualdad como la justicia (entendidas como garantía material asegurada de la existencia) continuaban siendo contenidos importantes de la «Cuba deseada». Sin embargo, los referentes eran distintos: para los mayores implicaba un regreso a los arreglos previos a la crisis de los 90; para las juventudes, la construcción de una «Cuba nueva» [4].

Asimismo, la referencia a un país «para todos», con lo que ello implica de utopía igualitaria,  continuaba siendo vital. Estos testimonios lo expresan con claridad: «Quisiera que fuera un país diferente, pero para bien de todos los cubanos» o «Yo quisiera que hubiera una economía un poco mejor, que hubiera más posibilidades para nosotros los jóvenes, que pudiéramos resolver con nuestro trabajo los problemas de todos» [5].

En efecto, Cuba había cambiado. La crisis de los noventa llegó a un país con muy bajos índices de pobreza y desigualdad y transformó radicalmente esa realidad. A inicios de la década de 2000, la pobreza urbana era de 20% [6], y la rural debía ser aun mayor, pero no había datos oficiales sobre ella. La desigualdad se ensanchó: en 2016, en medios oficiales se informaba que el índice Gini podía estar entre 0,40 y 0,45 —un aumento drástico de la desigualdad— y colocaba a Cuba en torno a la mitad de la tabla regional en este indicador.

Desde que comenzó el Período Especial, y de allí en adelante, el poder político cubano ha afirmado que las estrategias para enfrentar las sucesivas crisis serían igualitarias y cooperadas: «nadie quedará desamparado», ha sido la declaración persistente. Antes que la pandemia asolara al mundo, en 2019, la crisis cubana arreciaba. En ese contexto, Raúl Castro anunció que, aunque no sería lo mismo que en los 90, «la situación podría agravarse (…) Tenemos que prepararnos siempre para la peor variante». 

Durante el 2020 la pandemia del COVID-19 lo agravó todo. La crisis arreció en Cuba y el mundo. Para afrontarla, el Gobierno anunció reformas económicas que se esperaba que intervinieran para bien en las distorsiones de la economía nacional. Se retomaron medidas o principios que ya se habían enunciado o ensayado a medias en momentos precedentes y se prometió que «ahora sí» se implementarían. 

2021 y la necesidad de reformulación de la utopía de igualdad y justicia

En las primeras semanas de 2021, declaraciones oficiales aseguraban: «se supone que no haya grandes perdedores», «no puede haber desamparados», «nadie quedará desamparado». El motivo esta vez de tales declaraciones era el inicio de la «Tarea Ordenamiento» de la economía cubana. 

De enero a abril del presente año ha habido cambios. Y con el gobierno Biden–Harris se activó la esperanza de que se flexibilizarían las medidas de asfixia de Estados Unidos a Cuba; sin embargo, no parece que vaya a suceder en el corto plazo: Cuba no es una prioridad para ese gobierno. El hecho se agrega al recrudecimiento del bloqueo por parte de Donald Trump, que agravó una política que condiciona y estructura el desempeño económico y social cubano.

La vida doméstica nacional también ha cambiado. La «Tarea Ordenamiento» ha mostrado sus costos sociales [7]. La crisis económica ha arreciado y se expresa en el diario vivir como escasez agravada de productos básicos, gravísima escasez de medicamentos tanto de producción nacional como importados, desabastecimiento de anticonceptivos, especialmente condones, aumento súbito del costo de vida en mayor proporción a la subida de salarios estatales, aumento también súbito del desempleo debido a la contracción del sector privado de la economía como resultado de la pandemia, crisis de cuidados también agravada, asociada a la hiperdomesticación de la vida, como mismo ha sucedido en el resto de los países.

En el proceso, ha aumentado la violencia de género. Se han eliminado gran parte de los subsidios universales y los focalizados. Se reintrodujo la venta de productos de distinto tipo, incluidos algunos de primera necesidad, en moneda libremente convertible en parte del comercio minorista y del mayorista. La precarización, ya muy expandida, está hoy en escalada y tocando sectores que antes habían permanecido relativamente protegidos (como el de los suministros de medicamentos). 

Cuba enfrenta, también, una crisis de cuidados previa a la pandemia. El envejecimiento demográfico, las bajas tasas de natalidad, el aumento de los hogares monoparentales con jefatura de mujeres, la escasez de servicios públicos de cuidados infantiles, para poblaciones adultas mayores y con necesidades especiales y los altos costos de esos servicios en el mercado han estructurado esa crisis. 

Así, en 2021, con una crisis global arreciante, varias crisis nacionales agravándose y un persistente bloqueo financiero, económico y comercial por parte de Estados Unidos, la declaración de que «nadie quedará desamparado» no se verifica. El desamparo es un hecho para importantes grupos sociales. La medida en que el poder político se haga cargo, o no, de ello, habla de las (im)posibilidades de persistir en la misma utopía y de la urgencia de pensarla como posibilidad de la crítica sobre el país que se tiene. 

El VIII Congreso del PCC y la utopía de igualdad y justicia

En el recién concluido VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba (el Partido —único— dirige en Cuba el Estado y la sociedad por mandato constitucional), tanto el ex Primer Secretario, Raúl Castro, como el Presidente de la República —ahora también al frente del Partido—, Miguel Díaz-Canel, mantuvieron el discurso oficial repetido en la última década: «nadie quedará desamparado». Por su importancia para el programa político y para la utopía, la declaración necesita examinarse en sus consecuencias: ¿qué significa, en concreto, que «nadie quedará desamparado»?

El Informe Central al Congreso afirmó «que las decisiones en la economía en ningún caso pueden generar una ruptura con los ideales de justicia e igualdad de la Revolución». Además, aseguró que el Partido «defenderá por siempre el principio de que en Cuba jamás se permitirá la aplicación de terapias de choque contra las capas más humildes de la población y por tanto nadie quedará desamparado». Era de esperar que esas declaraciones contaran con contenidos específicos en al menos una de las comisiones donde se trabajó el Informe, la que se ocupó del campo de la socioeconomía. En cambio, una agenda social enfocada al problema de las desigualdades y el empobrecimiento fue acaso el asunto menos aludido en los documentos, discursos y resoluciones del Congreso. 

El Informe Central no menciona la pobreza y habla solo dos veces de desigualdad. Una, en clave de la «supuesta desigualdad» que algunos funcionarios pensaron que emanaría de la segmentación del mercado en divisas y moneda nacional; otra, para referir la situación de otros países de la región. El discurso del electo Primer Secretario no habló del tema, y tampoco fue mencionado en las resoluciones tomadas durante el Congreso. 

Si bien se declaró que el programa de justicia integral es principal para el socialismo, el Informe especificó que «las principales misiones del Partido» son «la economía nacional, junto a la lucha por la paz y la firmeza ideológica». Esos parecerían ser los núcleos duros de lo que el PCC entiende como utopía a defender, y no la lucha contra la pobreza y la desigualdad.

El vocabulario empleado para hablar de los costos sociales de la crisis actual tuvo otro registro. Se habló de la necesidad de «la elevación del nivel y calidad de vida (…) con énfasis en la seguridad alimentaria y energética, la educación y la salud, entre otros». Se señaló la necesidad del «control de la correlación entre la dinámica de los precios y los ingresos provenientes del trabajo, las pensiones y prestaciones de la Asistencia Social» y de «implementar nuevos programas y servicios sociales dirigidos a las personas y núcleos familiares vulnerables». Con todo, nivel de vida y vulnerabilidad no son lo mismo que desigualdad, pobreza y crisis de reproducción de la vida. 

Asimismo, los riesgos de «destrucción del socialismo» y de «restauración capitalista» se asociaron principalmente a los pedidos de permisos de importación privada y a la demanda de algunas profesiones de autorización para su ejercicio privado (por ejemplo, profesionales de la arquitectura), y a la amenaza externa, pero no la ampliación de las brechas de equidad.

El Congreso tematizó, por otra parte, debates audibles en la sociedad civil sobre el tema de la igualdad y la justicia. Especialmente tres entre ellos: 1) «derechos de la mujer», «violencia de género» y «prejuicios asociados a la orientación sexual y la identidad de género»; 2) «discriminación racial», 3) «protección del medio ambiente y los animales». No obstante, la forma en que las desigualdades de género y color de la piel estructuran las desigualdades y el perfil de la pobreza no aparece en esos documentos públicos. 

Cuba vive también, como dijimos antes, una crisis de cuidados, con consecuencias para el sostenimiento de la vida y para la autonomía económica de las mujeres que son, como en todos los lugares del mundo, las principales cuidadoras. Sin embargo, ello tampoco fue atendido por el Congreso, aunque se incluyó en el Programa Nacional de Adelanto de las Mujeres coordinado desde la Federación de Mujeres Cubanas, organización designada como «mecanismo que ha promovido el avance de la mujer». 

Antes bien, cuando se mencionó en el Congreso la «tendencia a la baja natalidad» y el «envejecimiento de la población» fue para hablar de otro asunto: la defensa del país en términos militares. El Informe hizo esa alusión para colocar en la discusión política la posibilidad de establecer el servicio militar obligatorio, que hoy es para los varones, también para las mujeres. El tema activó cuestionamientos sobre la existencia misma de esa obligatoriedad para cualquier persona.

En síntesis, en términos de igualdad y justicia social el Congreso tuvo más ausencias que polémicas. La ausencia de una explícita atención sobre esos temas debe ser motivo de gran preocupación. Muestran una insuficiente identificación de problemas centrales de la sociedad actual y de las «reservas» de reelaboración del consenso a partir de darle nueva centralidad. El compromiso igualitario fue solo declarativamente enunciado y quedó al margen de concreciones en los acuerdos del Congreso. 

Ante ello, es necesario proponer soluciones al presente cubano del tamaño de los cambios que han ocurrido en el país, de la magnitud de la diversificación y de las desigualdades que ha experimentado su sociedad desde los 1990 hasta hoy y de la diversidad de los discursos que han dado representación a esos cambios.

¿Un consenso nacional sobre la utopía de justicia e igualdad?

Cuba marca gruesas diferencias, a su favor, en el manejo sanitario de la crisis respecto a numerosos países del mundo. Sin embargo, en el escenario actual, parece no bastar con repetir que la igualdad es la utopía fundacional de la Revolución. No basta, tampoco, con «morir de éxito» con lo alcanzado en esta esfera. Imaginar que la «utopía del 59» se encuentra siempre disponible de la misma manera despolitiza la historia de lo que ha sido esa misma utopía, pues se naturaliza como si esta hubiese seguido un curso uniforme, impertérrito, a través de la historia.

Procesar políticamente el horizonte crítico sobre el desencanto, el desentendimiento o el rechazo a la «utopía del 59» cuando se le trata sin cambios respecto a sí misma, necesita del activismo social y de la elaboración autónoma de sentidos de lo político. En este campo, existen gruesos problemas: los actores vinculados a demandas de raza, género y protección animal y otros sujetos como jóvenes, académicos, el sector artístico e intelectual, periodistas, deportistas, y el campo religioso, fueron identificados en el Informe al Congreso como diana del «componente subversivo de la política estadounidense hacia Cuba».

La situación plantea un dilema de peso: establece una línea de continuidad entre la acción ciudadana en campos muy diversos y la gestión injerencista de la política estadounidense. La misma es real y probadamente actuante, pero no es omnicomprensiva ni subordina toda la trama realmente existente de la sociedad civil nacional. Discernir entre una cosa y la otra tendría que ser también centro de la discusión actual.

Comprender los 1990 como frontera interna del proceso revolucionario es identificar las fracturas y transformaciones al interior de la historia revolucionaria. Es comprender que una parte del campo social cubano piensa el pasado no como el previo al 59 —el capitalismo dependiente—, sino como el previo a los 1990 —la utopía, materialmente realizada, de igualdad y justicia social—, y que otras zonas sociales han construido sus referentes críticos como respuesta a ese «antes y después» o, también, ya sin memoria de ella en el caso de los generaciones más jóvenes. 

Luego, afirmar que, de ser derrotada la Revolución, Cuba puede regresar a la «república neocolonial» (1902-1958), que si se permiten partidos «de derecha» la nación estaría retrocediendo 60 años en su historia y que el horizonte común de la contestación política es la «restauración capitalista», puede malinterpretar el rango de las comparaciones realmente existentes en las generaciones actuales y la naturaleza de parte de las críticas actuales a la performance del Estado cubano.

Las generaciones coexistentes en la Cuba actual tienen en común un pasado que cada vez se aleja más de la Cuba previa a 1959. Tomarlo en cuenta lleva a hacerse cargo de reconocimientos críticos: un amplio campo social puede estar experimentado que no se enfrenta a problemas que «aún persisten» o a «vestigios que no han podido ser eliminados», sino a problemas que también se han creado, recreado y actualizado a lo largo de sus vidas. Esto es, lleva a confrontar la promesa de la utopía revolucionaria con su propia historia, sus realizaciones, sus deudas y sus carencias.

Este reconocimiento permite encontrar un fondo social de más largo plazo para las causas del actual incremento de la crítica y la oposición al sistema político, y posibilita identificar contenidos de cultura política socialista en Cuba a nivel social, que el Informe Central al VIII Congreso apenas nota cuando, por ejemplo, afirma que el «alma de la Revolución» son las Fuerzas Armadas Revolucionarias y no la activación del campo popular.

Si lo antes dicho fuese una descripción plausible, relanzar una «oferta ideológica» renovada con los principios de igualdad (política y social) y justicia social en su centro puede ser un camino esencial de reconstrucción del consenso a cambio de las lógicas punitivistas y represivas que prometen controlar el conflicto. Y, con ello, ofrecer una nueva noción de futuro tanto a las generaciones que vivieron la utopía revolucionaria originaria, como a las nuevas generaciones que tienen demandas críticas contra la desigualdad en el actual contexto. Esto es, una reformulación de la utopía que politice los contenidos de justicia e igualdad y afirme programas explícitos de su concreción en la realidad.

Sin hacerlo, es probable que el momento actual cubano implique ya una nueva frontera, distinta a la del 59 y la de los 1990, con consecuencias políticas y culturales de la importancia de las anteriores. Una nueva frontera que deje atrás, como parte de la política realizable, la utopía de igualdad y justicia.

Notas

[1] Burchardt, Hans Jürgen (2006). Tiempos de cambio: repensar América Latina. San Salvador: Fundación Heinrich Böll.

[2] Leonardo Padura es el más conocido miembro de esa generación a nivel internacional.

[3] Si en los 1990 las Escuelas de Artes, conocidas como de «Cubanacán», daban forma espacial a la utopía de la igualdad y la justicia originarias de la Revolución, un proyecto de arquitectura imaginó, entre 1980 y 1993, «una arquitectura occidental sin mercado, la puesta en órbita de una utopía colectiva ignorada por el propio gobierno socialista», como «activación de un movimiento que empezó como crítica al urbanismo oficial de la época y que hoy cobra actualidad como una espada de Damocles sobre las construcciones del capitalismo de Estado a la vista».

[4] Ailynn Torres Santana y Diosnara Ortega González (2014) “Actores económicos y ¿sujetos de la política? La reforma cubana y los trabajadores autónomos” OSAL, Año XIV Nº 36 / publicación semestral / Diciembre, pp. 61-80, p. 77

[5] Ídem.

[6] Ferriol, Ángela (2004), “Política social y desarrollo”, Política social y reformas estructurales: Cuba a principios del siglo XXI (LC/L.2091), E. Álvarez y J. Mattar (eds.), México D.F., Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Publicación de las Naciones Unida.

[7] En medio de ese escenario, Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra la Covid-19: Soberana 01, Soberana 02, Mambisa (vacuna intranasal sin aguja), Abdala, y Soberana Plus (primer candidato vacunal del mundo que llega a ensayos clínicos para pacientes convalecientes de covid-19). Una vez que se obtengan los resultados, y de ser aprobada, Cuba planifica producir 100 millones de dosis. Se prevé que en junio de 2021 se inicie la campaña nacional de vacunación, con prioridad para los grupos según factores de riesgo y con inicio por los mayores de 60 años. Para agosto de 2021, el gobierno tiene previsto vacunar a seis millones de personas, sobre el 60% de su población, y el total de ella al cierre de 2021. De conseguir este objetivo, estaría entre los primeros países del mundo en hacerlo.

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