Cuando el gobierno de EE. UU. concedió alrededor de 10 000 millones de dólares en convenios y compromisos de compra anticipada a las empresas farmacéuticas que trabajaban en vacunas y tratamientos contra el COVID-19, no les exigió a cambio que se comprometieran a ofrecer sus productos a precios justos ni que compartieran los derechos de propiedad intelectual para agilizar la producción.
Dos de las empresas que se beneficiaron de estos acuerdos –Pfizer y Johnson & Johnson– intentan evitar que sus accionistas voten resoluciones que exigirían que las empresas revelen información acerca del impacto que tiene la financiación estatal sobre el acceso a las vacunas.
El gobierno de EE. UU. compró dos millones de dosis de la vacuna de Pfizer y un millón de dosis de la vacuna de Johnson & Johnson a un precio de 20 y 10 dólares por dosis respectivamente.
Las resoluciones de los accionistas, propuestas por miembros del Centro Interreligioso de Responsabilidad Corporativa (ICCR, por sus siglas en inglés), solicitaron que las dos empresas informen a sus accionistas cómo «se manifestará el apoyo recibido en concepto de financiación pública para el desarrollo y la fabricación de productos vinculados con el COVID-19 en las decisiones que tienen que ver con el acceso a dichos productos, tal como el establecimiento de los precios».
También se presentaron resoluciones en Eli Lilly, Gilead, Merck y Regeneron.
En diciembre, tanto Prizer como Johnson & Johnson hicieron un pedido a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) para que la institución habilite a las empresas a denegar las propuestas de los accionistas. Ninguna de las empresas estuvo dispuesta a hablar del tema con el Daily Poster.
«¿Tuvieron en cuenta la financiación estatal?»
En documentos prácticamente idénticos, preparados por el mismo abogado, tanto Pfizer como Johnson & Johnson argumentaron que estas propuestas pretenden realizar una «microgestión» de las empresas mediante la «exigencia de informes complejos y detallados».
Meg Jones-Monteiro, directora de equidad sanitaria en el ICCR, dice que el argumento de la «microgestión» es «ridículo».
La idea de que los inversores están intentando realizar una «microgestión» de las empresas proviene de una resolución anterior de la SEC según la cual hay ciertas «operaciones comunes y corrientes» de las empresas que no deben estar sujetas a la supervisión de los accionistas. Pero Jones-Monteiro argumenta que el asunto del precio de las vacunas durante la pandemia no entra en esta categoría.
«Se ha establecido que todo lo que se vincule con el precio de los fármacos es un asunto de política social», le dijo Jones-Monteiro al Daily Poster, lo cual significa que no se trata de una operación común y corriente que pueda prescindir de la supervisión de los accionistas.
Agregó que las propuestas no exigen información acerca de las decisiones comunes y corrientes que se toman sobre los precios, ni tampoco detalles complejos sobre los algoritmos mediante los cuales se definen. «Solo preguntamos en términos muy generales: ¿Tuvieron en cuenta la financiación estatal? ¿Y de qué manera?»
Oxfam, una federación de oenegés que se cuenta entre los miembros del ICCR y que presentó la resolución a Johnson & Johnson, declaró que «J&J se comprometió públicamente a distribuir una vacuna contra el COVID-19 “sin ánimos de lucro”», y agregó que: «J&J no aclaró qué significaba “sin fines de lucro” en casos en los que el gobierno financia una parte significativa del costo de investigación y desarrollo».
«Sospechamos que el precio de la vacuna es más elevado que el costo de producción», le dijo al Daily Poster Nicholas Lusiani, asesor principal de Oxfam que trabaja con la industria farmacéutica en Estados Unidos. «Nos gustaría comprobar cómo se relaciona la estructura del precio con el costo de producción real».
En marzo del año pasado Janssen, una filial de Johnson & Johnson, recibió 456 millones de dólares para el desarrollo de la vacuna, y luego, en agosto, un adicional de mil millones, a cambio de proveerle un millón de dosis al gobierno de EE. UU. La empresa espera tener listas las dosis en abril.
En julio del año pasado, Pfizer se benefició de un compromiso de compra anticipada del gobierno de EE. UU. de alrededor de 2 000 millones de dólares a cambio de 100 millones de dosis, y firmó un acuerdo para proveer 100 millones de dosis adicionales por el mismo precio en diciembre.
Trinity Health, que presentó la resolución a Pfizer por parte del ICCR, acompañó la solicitud con una carta en la que se lee: «A pesar de de que los compromisos de compra anticipada no financian directamente las vacunas, reducen el riesgo asociado a su desarrollo».
BioNTech, la empresa con la que Pfizer trabajó para desarrollar su vacuna contra el COVID-19, también recibió financiación del gobierno alemán.
Johnson & Johnson y Pfizer argumentaron en su pedido a la SEC que la propuesta de los accionistas ha sido «implementada en gran medida» mediante la publicación de información sobre el precio de las vacunas en sus páginas web.
Esta información no es suficiente, dice Jones-Montero: «Lo que falta es la respuesta a la pregunta que hicimos, que es: ¿de qué forma tuvieron en cuenta el financiamiento estatal?».
Derechos de propiedad intelectual
Además de que el Estado financió la investigación y el desarrollo de las vacunas contra el COVID-19 y minimizó riesgos con los compromisos de compra anticipada, las vacunas contienen tecnologías desarrolladas en su totalidad por el sector público, lo cual plantea algunos problemas en relación con los derechos de propiedad intelectual.
En noviembre, Public Citizen publicó un informe en el cual se demostró que las vacunas de Pfizer y Johnson & Johnson se desarrollaron utilizando un método basado en la proteína Spike, que fue descubierto por científicos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. «Fueron muchos años de inversión estatal los que alimentaron el rápido progreso de las distintas vacunas contra el COVID-19», escribió la comisión de vigilancia.
«Los acuerdos de Janssen [con las autoridades sanitarias de EE. UU.] fueron criticados porque limitan los derechos de propiedad intelectual del Estado», escribió Oxfam en su carta a Johnson & Johnson, y agregó que esto «podría limitar considerablemente la producción masiva que se requiere satisfacer las necesidades a nivel mundial, mediante el incremento de los precios, la disminución de la provisión total y la restricción al acceso universal».
Los países ricos, que representan el 16% de la población mundial, poseen en este momento alrededor del 60% de las dosis disponibles de la vacuna. Compartir o suspender los derechos de propiedad intelectual permitiría incrementar la producción de la vacuna y facilitaría la vacunación de las poblaciones de los países más pobres.
Bajo la normativa actual, los países cuyas poblaciones participaron de las pruebas de la vacuna afrontan una provisión sumamente inadecuada en relación con sus necesidades. Y los países más ricos del mundo se encargaron de bloquear una propuesta realizada por India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio, que planteaba renunciar a las patentes con el objetivo de ampliar la producción de las vacunas.
«Deben aplicarse las dosis necesarias para garantizar la inmunidad de rebaño a nivel mundial, y en este momento no contamos con esa cantidad de dosis, además de que las que existen están controladas por los países ricos, lo cual genera una situación de imperialismo de las vacunas», dice Lusiani de Oxfam.
Agrega que los precios de las vacunas también representan un riesgo potencial para los inversores: «Podemos imaginarnos el riesgo que corre la reputación de Johnson & Johnson si, una vez terminada la pandemia, y luego de haber recibido más de mil millones de dólares de financiación pública, eleva los precios a niveles astronómicos», dando a entender que esto podría llevar a que los inversores se retiren de la empresa.
Además, de la restricción del acceso a las vacunas se derivan riesgos considerables para la economía. «Los inversores quieren que todo el mundo se vacune para que la gente pueda volver a trabajar y la economía se recupere», concluye Lusiani. El Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca estima que acelerar la vacunación representaría para la economía un valor de 10 000 millones de dólares por día.
Jones-Monteiro espera que la SEC tome una decisión este mes sobre el pedido que realizaron las empresas para no responder a la resolución de los accionistas.
