El ingreso básico universal [IBU] se presenta a menudo como una idea adecuada para los tiempos que corren. El ingreso básico, definido como un ingreso regular pagado individualmente a todos los miembros de la sociedad, sin ninguna exigencia laboral, ganó rápidamente atención y apoyo durante los últimos años. Lo hizo aun en medio de un clima político que sigue siendo ampliamente hostil para la izquierda.
Finlandia recibió atención internacional por su experimento con el ingreso básico. En Suiza, un proyecto que apunta a implementar un ingreso básico, reunió suficientes firmas como para habilitar un referéndum nacional. Los verdes, como así también algunos partidos y figuras de la izquierda, se posicionan hace tiempo a favor del IBU. Lo ha hecho incluso Katja Kipping, una de las dirigentes de Die Linke. Meses atrás, el gobierno español aprobó un ingreso básico vital.
En un momento en el cual la izquierda busca ideas innovadoras para movilizar a una población duramente golpeada por la crisis económica, el ingreso básico se presenta como una gran promesa. Sin embargo, tal como prueban las posiciones políticas de algunos de los patrocinadores de esta idea –desde Milton Friedman en los EEUU hasta los principales partidos centristas de Canadá e Irlanda– el ingreso básico no es necesariamente una política radical. Sin un diseño adecuado, no tendría mucho que ofrecer para alcanzar objetivos igualitarios, e incluso podría ser enormemente contraproducente.
Mientras que la idea de que el ingreso básico es una reforma igualitaria puede remontarse hasta Thomas Paine, durante las últimas décadas se produjo un interés renovado por este tipo de políticas. Por ejemplo, el filósofo y economista belga Philippe van Parijs, considera que el ingreso básico representa la posibilidad de abrir «una vía capitalista hacia el comunismo». Se trataría en ese caso de una estrategia para saltearse el socialismo (entendido como la propiedad colectiva de los trabajadores sobre los medios de producción) y avanzar directamente al comunismo («de cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades»).
En años recientes, el IBU ha sido adoptado en particular por una izquierda posproductivista, fuertemente influenciada por el movimiento feminista y ecológico, que rechaza la valoración típica de la izquierda tradicional sobre el trabajo y sobre la clase trabajadora.
Por ejemplo, la teórica feminista Kathi Weeks sostiene que el ingreso básico es uno de los ejes fundamentales para pensar un «proyecto político postrabajo», entendiendo que la minimización del trabajo es la clave para una sociedad emancipada. Su posición a favor del IBU surge de sus consideraciones sobre el feminismo de la reproducción social. En el capitalismo, el trabajo socialmente reproductivo que se realiza en los hogares generalmente no es compensado económicamente, y sigue siendo realizado mayoritariamente por mujeres. Al cortar la conexión entre el ingreso y las actividades que se designan como «trabajo» –argumenta Weeks– el ingreso básico «resalta lo arbitrario de la distinción entre las prácticas que son remuneradas y las prácticas que no lo son».
Al disminuir las horas de trabajo, el ingreso básico expande el reino de la libertad y recorta el reino de la necesidad, llevándonos más cerca de una sociedad en la cual podemos cazar por la mañana, pescar por la tarde, dedicarme a la crítica por la noche, y lavar los platos después de cenar. Además, el IBU genera condiciones más favorables para los movimientos sociales, liberando tiempo y energía, y creando «una especie de fondo de huelga incondicional e inagotable», según las palabras del sociólogo marxista Erik Olin Wright.
Más tiempo libre podría conllevar también estilos de vida más sustentables ecológicamente, en la medida en que se reemplazara la producción capitalista por el esparcimiento.
Sin embargo, todo esto tiene una condición: que el nivel del ingreso básico sea suficientemente elevado como para eliminar la necesidad de trabajar por un salario. De otra forma, la gente todavía se vería obligada a trabajar para un patrón, y muchos de los rasgos que hacen del IBU una política potencialmente emancipatoria desaparecerían. Un ingreso básico parsimonioso podría incluso bajar los salarios, dado que los trabajadores requerirían menos paga de parte de sus patrones para subsistir.
Considerando sus implicancias políticas, que son diferentes en términos fundamentales, un ingreso básico que estuviese por encima y un ingreso básico que estuviese por debajo del ingreso vital mínimo, deberían ser tratados como propuestas diferentes. Podríamos llamarlos ingreso básico vital [IBV] e ingreso básico no vital [IBNV].
¿Podría un IBNV representar una mejora significativa en relación con el statu quo, incluso si no cambiara tanto las cosas como un IBV? Esto depende completamente de su fuente de financiación y de cómo se asocien otras medidas con esta política.
Si el dinero para un IBNV proviene de los impuestos del 1%, o del recorte en el gasto carcelario o militar, se trata claramente una medida positiva. Por ejemplo, Matt Bruenig y Elizabeth Stoker Bruenig reivindican un ingreso básico de 3000 USD al año, financiado mediante el aumento de los impuestos a la riqueza y mediante la reducción del «Estado de bienestar oculto de los ricos». Se trata de una medida redistributiva incluso si no lleva a una transformación radical de la sociedad en dirección al postrabajo.
Pero no debería perderse de vista el hecho de que un IBNV es muy similar al impuesto negativo sobre la renta [INR], promulgado por los economistas libertarios, e incluso por Milton Friedman. Un INR significa simplemente que aquellos cuyo ingreso se sitúa por debajo de un umbral determinado reciben dinero del Estado en vez de pagar impuestos. Friedman argumentaba que, luego de implementar un INR, podrían eliminarse todos los otros programas de bienestar existentes, reduciendo la burocracia y las interferencias en el mercado.
Recientemente, el especialista en ciencias políticas libertario, Charles Murray, ha propuesto otorgar un subsidio anual incondicional de 10 000 USD para todas las personas adultas y deshacerse del Estado de bienestar, incluyendo las jubilaciones y los seguros de salud.
Aun si el ingreso básico no entrara en este esquema libertario, en el caso de que su financiación proviniera del desmantelamiento de otras políticas sociales o programas de inversión pública (o de la aplicación de impuestos no progresivos), tendría un efecto redistributivo negativo, y no haría crecer el reino de la libertad.
En un contexto político en el cual la izquierda está a la defensiva, un resultado de este tipo no es del todo improbable. El proyecto suizo incluye un ingreso que se encuentra considerablemente por encima del mínimo, llegando a los 2.500 francos por mes –y el texto de la propuesta para la enmienda constitucional establece que el ingreso básico debería «garantizar una existencia digna» para toda la población– pero la gran mayoría de los miembros del parlamento se oponen fervientemente a la idea de que sea gestionada por los movimientos sociales. En Finlandia, es el gobierno de centro-derecha el que propone las múltiples opciones que deben ser consideradas, con posibilidad de distintos niveles de ingreso y fuentes de financiación, y que podrían dar lugar tanto a escenarios de tipo reaccionario como de tipo progresivo.
Incluso si la izquierda tuviese suficiente poder político como para ganar un IBNV progresivo, no está claro que debería convertirse en nuestra demanda principal. Nombrando solo algunas prioridades, hay que decir que todavía necesitamos una educación superior mejor financiada y gratuita, inversiones enormes para garantizar los espacios verdes y las fuentes de energía, y la restauración y expansión de los programas de políticas sociales que han sido diezmados.
Tal como enfatiza van Parijs, el universalismo que despierta el ingreso básico y la falta de medios para verificar su efectividad son algo significativo. Argumenta que deberíamos apuntar a un «ingreso básico que se sitúe en el nivel más alto posible de acuerdo a su sustentabilidad económica y ecológica», sin importar si alcanza al mínimo vital o no. Por otro lado, un ingreso básico podría ser incompatible en términos fiscales con la expansión del Estado de bienestar bajo las condiciones del capitalismo.
Para la economista feminista Barbara Bergmann, incluso un ingreso básico por debajo del mínimo vital debilitaría a cualquier Estado de bienestar del tipo suizo, es decir, el tipo de Estado que puede contribuir a una mayor justicia social y de género focalizándose en la socialización de las tareas reproductivas. Mientras que un ingreso básico compensaría a quienes pasan incontables horas realizando trabajo reproductivo no remunerado, los hombres que no suelen estar involucrados en este tipo de actividades recibirían la misma suma.
El dilema fundamental del ingreso básico es que la versión más plausible –una en la cual las necesidades básicas no pueden ser satisfechas sin un empleo remunerado suplementario– deja de lado justamente aquello que lo convierte en una política potencialmente emancipatoria. En efecto, muchos comentaristas citan los experimentos realizados con el ingreso básico para argumentar que este no reduce significativamente los incentivos laborales.
Esta contradicción está directamente vinculada con el hecho de que el ingreso básico solo apunta a la cuestión de la distribución, mientras que ignora todo lo que tiene que ver con la producción. El tipo de libertad del trabajo –o libertad por medio del trabajo, si el trabajo se convirtiera en la «primera necesidad vital»– a la que apunta el IBU es, a todas luces, incompatible con los requisitos de rentabilidad del capital.
El dramático fortalecimiento del poder de la clase trabajadora en el que redundaría un IBU suficientemente robusto llevaría tarde o temprano a la desinversión de capital y a la migración, dado que el capital solo puede obtener sus ganancias por medio de la explotación del trabajo y no invierte si estas ganancias no están aseguradas. Pero la disminución de la producción socavaría a su vez las bases materiales del IBU.
La única salida es que la producción continúe aun si nadie puede obtener ganancias. Por lo tanto, un IBU tarde o temprano forzaría a que la vieja cuestión de la propiedad de los medios de producción volviera a ocupar el centro de la escena.
A pesar de todas estas deficiencias, el ingreso básico sigue siendo una de las pocas propuestas concretas con potencial emancipatorio que está cosechando algún tipo de atención y de apoyo en la agenda de las principales tendencias políticas. Especialmente en un período de debilidad para la izquierda, no deberíamos rechazar ni desalentar los debates acerca del IBU solo porque nos plantean demasiados desafíos.
El IBU es políticamente potente como una reivindicación, en la medida en que expone la irracionalidad de un sistema económico en el cual el incremento de la productividad parece tener como resultado el aumento de la miseria y del desempleo, en lugar de fomentar la expansión de las libertades que él mismo vuelve posible.
Además, no es inconcebible que incluso un IBNV pueda constituir un primer paso en una estrategia de largo plazo hacia un IBU, estableciendo una infraestructura institucional que podría expandirse cuando el balance de las fuerzas de clase sea más favorable. Y la sola presencia de un ingreso básico podría ayudar a resaltar el vínculo arbitrario que existe entre el «trabajo» y el ingreso.
Pero cuando se trata de las propuestas específicas de ingreso único, los detalles son importantes. Apoyar cualquier plan que parece políticamente plausible y que se propone bajo la etiqueta de «ingreso básico» no es una estrategia adecuada para avanzar hacia un cambio radical. A fin de cuentas, no hay ninguna forma viable de construir una sociedad libre, o incluso una que se acerque a este ideal, sin desafiar el poder del capital privado.
