Las manifestaciones y el paro nacional de 2021 en Colombia, convocados para protestar contra las impopulares subidas de impuestos y reformas sanitarias propuestas por el entonces presidente Iván Duque y para exigir el fin de la violencia policial, se encontraron, como era de esperar, con más violencia policial.
A pesar de la agresiva campaña de los medios de comunicación oficiales y del gobierno para presentar a los manifestantes como vándalos y delincuentes vinculados a grupos terroristas, los vídeos de los abusos de los derechos humanos, la violencia y los asesinatos contra manifestantes pacíficos por parte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), la temida policía antidisturbios del país, se hicieron virales en las redes sociales. La represión policial resultó contraproducente y contribuyó a que el sentimiento popular se volviera contra el gobierno de derecha, lo que culminó con la elección del Presidente Gustavo Petro, un exguerrillero de izquierda.
El Presidente Petro comenzó su gobierno con un plan de «Paz Total», negociando con los principales grupos armados para llevar la paz a un país que lleva sumido en una guerra civil desde que se tiene memoria. Aunque ha conseguido que muchas organizaciones criminales y guerrillas depongan las armas, Petro ha tenido dificultades para reformar otro de los grupos armados responsables con frecuencia de la violencia y los asesinatos en Colombia: el ESMAD.
El Plan Colombia y el ESMAD
El ESMAD se formó originalmente en 1999 como parte del Plan Colombia de Estados Unidos, la iniciativa del presidente Bill Clinton que aumentó drásticamente la financiación del ejército colombiano en su lucha contra los capos de la droga y las guerrillas insurgentes. El Plan Colombia echó gasolina a la larga guerra civil colombiana, provocó la hipermilitarización del país y, al fusionar la policía con el ejército, dio lugar a un aumento de los asesinatos y de la violencia contra las protestas populares pacíficas. Entrenado en el uso de tácticas militares para hacer frente a huelgas, marchas y movimientos de masas, el ESMAD ha servido de «fuerza de choque» para ayudar al gobierno en su lucha contra la oposición política y social, especialmente entre la población afrocolombiana e indígena.
Un informe publicado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos detalla la sórdida historia de violencia del ESMAD. En sus primeros diez años de existencia, de 1999 a 2009, el ESMAD fue acusado de cuarenta y tres casos de ejecuciones extrajudiciales durante sus intervenciones en protestas, y otras muertes a sus manos ocurrieron durante desalojos, fuera de asambleas comunitarias y campesinas, después de partidos de fútbol y durante rituales indígenas por la liberación de la Madre Tierra. Una cuarta parte de los asesinatos fueron perpetrados por el ESMAD junto con la policía nacional, las fuerzas armadas y unidades antiguerrilla.
El ESMAD ha sido acusado a menudo de abusos sexuales y violaciones. Durante las protestas de 2021, una joven de diecisiete años fue sorprendida filmando a agentes del ESMAD, lo que provocó su detención. En la comisaría, fue violada. Tras presentar una denuncia formal contra los agentes del ESMAD, se suicidó. La comisaría donde había sido violada fue posteriormente incendiada por los manifestantes, un dramático ejemplo de cómo el abuso de poder del ESMAD desemboca en protestas violentas, que son reprimidas nuevamente.
Estos abusos del ESMAD y la consiguiente rabia e impotencia que experimentan los marginales quedaron resumidos en el vídeo musical de la popular canción «Fucking ESMAD» del rapero afrocolombiano y activista social Junior Jein. La letra de la canción describe con precisión la estrategia del ESMAD durante las protestas que tuvieron lugar en 2017 en Buenaventura, la ciudad portuaria casi toda negra a dos horas de Cali: «No entendíamos lo que estaba pasando / Cancelaron todas las conversaciones / Intencionalmente nos provocaron / Infiltraron a la gente, las protestas, y pusieron a la ciudad fuera de control / Saqueo, vandalismo y desesperación». El videoclip de la canción incluye imágenes de vídeo de abusos generalizados del ESMAD durante las protestas, precisamente el tipo de abusos a manos de agentes del ESMAD que llevaron a cientos de miles de personas a salir a protestar durante el paro nacional de abril de 2021. Poco después de las protestas, Junior Jein fue asesinado a tiros en las calles de Cali. Los responsables del atentado no han sido capturados.
Un intento de reforma
Como parte de su plan para una «fuerza policial más humana», Petro ha estado trabajando para frenar al ESMAD. Se han aumentado los salarios y las prestaciones, se han creado nuevos programas de formación y la lucha contra la corrupción se ha convertido en una prioridad. El nombre ESMAD, que se había convertido en sinónimo de violencia y abuso de autoridad, ha pasado a ser UNDMO (Unidad Nacional para el Diálogo y el Mantenimiento del Orden).
También se ha cambiado el color de los uniformes para distanciar aún más a la nueva fuerza policial de la violencia del pasado. Los encargados de «dialogar» con los manifestantes llevarán ahora un uniforme azul y un casco blanco, aunque los agentes normales continúan vistiendo su armadura totalmente negra, similar a la de Robocop. Los tanques de asalto seguirán siendo de color gris oscuro, pero los más antiguos se convertirán en ambulancias y vehículos de rescate y se pintarán de blanco y azul.
Petro ha reimaginado el ESMAD como una fuerza policial que se empleará solo como último recurso, creando «soluciones pacíficas e inteligentes» para «construir la paz y el bienestar social» y respetar el derecho de la gente a protestar. Para hacer esto realidad, el presidente aprobó en 2023 una ley para acabar con la estigmatización y la desinformación sobre los manifestantes pacíficos. Los gobiernos de derechas y los medios de comunicación oficiales de Colombia llevan mucho tiempo tachando a los manifestantes (en especial a los indígenas y afrocolombianos, estudiantes, periodistas y trabajadores de derechos humanos) de subversivos y criminales, y a la oposición política de formar parte del «enemigo interno».
El término «enemigo interno» se refiere a quienes colaboran o simpatizan con las guerrillas izquierdistas y los terroristas, pero ha acabado aplicándose a cualquiera que la derecha considere enemigo. Por ejemplo, durante las protestas de 2021, la estigmatización de los grupos indígenas (minga) que acudieron a la ciudad de Cali para ofrecer su apoyo y la campaña de desinformación que asociaba a la primera línea con terroristas y guerrilleros buscaban justificar las detenciones ilegales, torturas y asesinatos de miembros de estos grupos a manos del ESMAD.
El ESMAD y las armas «no letales»
Las reformas estructurales esenciales, como separar la policía del ejército y garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la persecución de los abusos policiales ante la justicia, aún no han tenido un éxito similar. Otra parte de la reforma propuesta por Petro es disminuir la cantidad y el tipo de armas no letales y las compras de munición, pero esto tampoco se ha producido todavía.
Como parte de la modernización de las fuerzas policiales en el marco del Plan Colombia, en 2012 se autorizó el uso de «armas menos letales», como gases lacrimógenos y picanas eléctricas, para el control de multitudes por parte de la policía. Desde entonces, el uso por parte del ESMAD de armas no letales o letales reducidas no ha hecho más que aumentar.
Durante la administración Duque, el presupuesto de armas y municiones para el ESMAD se disparó, con un pico en el aumento de las compras durante la pandemia del COVID-19, preparación para las protestas que vendrían cuando terminara el bloqueo. Durante la pandemia se gastaron más de 2 millones de dólares en la compra de 47.244 botes de gas, 5.352 granadas multimpacto y 23.775 balines de pintura de calibre sesenta y ocho para el ESMAD. Estas y otras armas y municiones fueron adquiridas a dos empresas colombianas y tres estadounidenses (Combined Systems, Inc.; Everytrade International Company; y Safariland LLC).
Entre el 28 de abril y el 20 de mayo de 2021, veinticinco personas murieron durante las protestas en Colombia, la mayoría de ellas al ser alcanzadas por un tipo de bala supuestamente no letal. Entre las «armas no letales» más comunes empleadas durante las protestas del paro nacional, diseñadas para minimizar la penetración al tiempo que maximizan el dolor y la incapacitación, se encontraban los proyectiles de impacto cinético (PIC). Conocidos informalmente como «balas de goma», los proyectiles de impacto cinético pueden ser de plástico (balas de plástico con punta de espuma, granadas de esponja, balas de destello), de metal o de otros materiales, como PVC, espuma dura, madera o sal gema. Los PIC originales eran trozos recortados de palos de escoba de madera que las fuerzas armadas del Imperio Británico dispararon a los alborotadores en Singapur en la década de 1880. En la década de 1960, las balas de madera se desarrollaron en el Reino Unido y se utilizaron contra manifestantes en las colonias británicas de Asia.
Dependiendo del arma de fuego utilizada, la distancia y la parte del cuerpo alcanzada, las municiones «no letales» pueden mutilar o incluso matar. Durante las protestas entre 1999 y 2023, los PIC dejaron a más de veinte personas con un ojo inutilizado. En 2019, un agente del ESMAD disparó una bolsa de perdigones de una escopeta del calibre doce en la nuca de un joven manifestante, causándole la muerte. El incidente llevó a la prohibición de este tipo de escopetas.
Además de las balas de goma, también se utilizan con frecuencia agentes químicos, sobre todo gas lacrimógeno y gas pimienta dispersado por granadas. De 1999 a 2023 se produjeron treinta y cinco casos de lesiones oculares por granadas, dos casos de asfixia por gas lacrimógeno y dos muertes por el impacto de proyectiles de gas lacrimógeno y cartuchos de explosión. Las armas sónicas y luminosas también son utilizadas por el ESMAD, incluidas las granadas aturdidoras que —aunque no están diseñadas para ello— fueron disparadas directamente contra la gente durante las protestas, matando al menos a dos personas.
Entre las nuevas adquisiciones para el ESMAD desde 2018 se encontraban diez tanques blindados y cinco dispositivos antidisturbios VENOM con múltiples tubos capaces de lanzar granadas de treinta y ocho, cuarenta o sesenta y seis milímetros a más de cien metros, con hasta veinte detonaciones en diez segundos. Originalmente diseñado para su uso por los marines estadounidenses, durante la última década los VENOM han sido utilizados para el control de multitudes por el ejército israelí en Cisjordania.
Los VENOM se utilizaron más de veinte veces durante las protestas de 2021 en Colombia, tanto colocados encima de tanques blindados como en tierra. Cuando se disparan al aire, las granadas provocan una fuerte explosión y el gas llueve desde el cielo, pensado para causar pánico y estampidas. Sin embargo, cuando se colocan en el suelo y se disparan directamente contra los manifestantes, los VENOM pueden convertirse en un arma letal. Durante las protestas de 2021, un joven murió en Popayán, ciudad universitaria del sur de Colombia, por el impacto directo de una granada (un juez de Popayán suspendió inmediatamente el uso del arma en la ciudad, pero sigue utilizándose en el resto del país).
La necesidad de rendir cuentas
Los manifestantes acusados de delitos durante las protestas del paro nacional fueron procesados rápidamente, pero la policía y los agentes del ESMAD acusados de abusos violentos rara vez llegaron a juicio. Dado que la policía depende del Ministerio de Defensa de Colombia, los abusos contra los derechos humanos por parte del ESMAD se juzgan en tribunales militares, donde pocos agentes han sido condenados por abusos contra los derechos humanos.
En todo el mundo, la policía está cada vez más militarizada y es cada vez más inmune al procesamiento cuando emplea la fuerza militar contra una población civil. En Colombia, la policía ha sido durante mucho tiempo entrenada, armada y desplegada por el ejército, y protegida de la persecución por parte de instituciones externas. Si Petro no tiene éxito en sus intentos de reformarla estructuralmente, la «Paz Total» seguirá siendo una utopía y los colombianos continuarán viviendo con el miedo a la violencia de su propio gobierno.
