El artículo a continuación fue publicado originalmente en Communis. Lo reproducimos en Revista Jacobin como parte de la asociación de colaboración entre ambos medios.
A altas horas de la noche del 14 de junio, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, publicó en X un mensaje triunfal en que se resumía la volátil situación en que se encontraba la ciudad, al menos desde su perspectiva. Tras nueve largos días de encarnizados enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del gobierno federal y de la policía local, más la movilización de efectivos de la Guardia Nacional e incluso de marines en servicio activo procedentes de la cercana Twentynine Palms, Bass, veterana figura del Partido Demócrata en la localidad —y poseedora de un respetable historial en los movimientos sociales de la década de los setenta— anunció que había recuperado el control de su ciudad. «En toda la ciudad se congregaron hoy 30.000 personas para ejercer su derecho constitucional a protestar pacíficamente» —declaró, haciendo hincapié no tanto en el número de personas que se habían lanzado a las calles ese día durante el cual no habría podido haber hecho un tiempo mejor como en la palabra clave «pacíficamente»—. Como para subrayar el hecho —y ello probablemente con un agudo sentido de la ironía que se requería para yuxtaponer ambas afirmaciones— concluyó recordando que «se había decretado un toque de queda en el centro de Los Ángeles con el fin de prevenir toda acción indebida por parte de quienes no se preocupaban por los derechos de los inmigrantes».
Ese 14 de junio habían tenido lugar en todo el país las llamadas protestas «No Kings», las cuales se habían organizado mucho antes de que en Los Ángeles se desencadenaran los disturbios, a los que inicialmente había conducido una serie de agresivas redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en la ciudad. Bastaría echar un simple vistazo a la lista de organizaciones y entidades que participaron en las actividades de planificación, apoyo y promoción de esas protestas para sentirse aturdido: todo un amasijo de organizaciones progresistas y algunos sindicatos claves, agrupados bajo la égida de un denominado «50501 Movement», por no mencionar un anuncio a toda página en The New York Times pagado por una heredera de Walmart. Sin embargo, el momento no podía ser más favorable para la asediada alcaldesa de la ciudad, quien había sido blanco de intensas críticas tanto desde la izquierda como desde la derecha desde que a finales de 2022 asumiera el cargo, así como para el gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, quien se había enfrentado a Trump en los medios de comunicación y en Internet por la jurídicamente cuestionable decisión del Presidente de requisar sin su consentimiento a la Guardia Nacional del estado.
Las aproximadamente treinta mil personas que hicieron acto de presencia ese día conformaban una multitud mucho mayor que la que había asistido a las manifestaciones mucho más combativas de la semana anterior, hecho que subrayaron la alcaldesa y líderes locales del Partido Demócrata. Pero a la luz de los acontecimientos que habían antecedido, en los que agentes federales enmascarados y fuertemente armados detuvieron a presuntos inmigrantes indocumentados en lugares de trabajo de todo el condado, tras lo cual el gobierno de Trump trató de humillar a las autoridades locales haciendo alarde de tener bajo su control a la ciudad, la magnitud de la protesta, después de todo, podría antojarse modesta. Varios dirigentes municipales habían previsto una participación «sin precedentes», temeraria afirmación si se tiene en cuenta que en 2006, en época de Bush, una manifestación contra reformas migratorias —la llamada marcha «Día sin inmigrantes»— había logrado congregar a 500.000 personas, según estimaciones de las autoridades municipales, o a más de un millón, según los organizadores, sólo en Los Ángeles[1].
La marcha «No Kings» se inició frente al Ayuntamiento y la oficina de la alcaldesa, custodiada por una delgada línea de ayudantes del alguacil. La elección del lugar parecía menos un gesto de confrontación con las autoridades locales que un ofrecimiento de apoyo «en masa» en su enfrentamiento con las autoridades federales y el gobierno de Trump. La breve marcha por el centro de la ciudad habría de terminar a las dos de la tarde, mucho antes del toque de queda de las ocho de la noche impuesto días antes por Bass. Algo que llamó la atención del participante que escribe estas líneas fue el enorme número de banderas estadounidenses entre la multitud, en un claro intento de relegar a un segundo plano las banderas mexicanas que se habían enarbolado en los enfrentamientos más violentos de principios de semana, y tal vez incluso de superar en patriotismo el patético desfile militar escenificado ese mismo día por el Presidente en Washington, D. C. No dejaba de llamar igualmente la atención la ausencia casi total de agentes policiales, a excepción de un puñado de efectivos de la Guardia Nacional apostados frente a edificios federales como la Corte Federal, a pocas cuadras del Ayuntamiento. Pero lo más notable de la marcha fue el cuidado con que se evitó pasar frente el Centro Metropolitano de Detención (MDC), a pocas cuadras de distancia, en el que se encontraban detenidos decenas de trabajadores apresados en redadas del ICE durante la semana y media anterior y en cuyas inmediaciones habían tenido lugar los enfrentamientos más vigorosos entre quienes se manifestaban contra el ICE y la policía de diversos organismos federales y, finalmente, de Los Ángeles, en la noche del 6 de junio, tras lo cual se dio la orden de que destacamentos militares se apostaran frente a edificios federales. Lo último que habrían deseado los organizadores de la marcha y la alcaldesa era que treinta mil manifestantes pacíficos se acercaran a esos lugares y se vieran envueltos en enfrentamientos con agentes federales o con miembros recién activados de la Guardia Nacional.
Con la marcha del 14 de junio cuminó una compleja secuencia de acontcimientos que no podemos esbozar en estas líneas sino de forma superficial. Si bien en el curso de las semanas anteriores los organismos federales de inmigración habían intensificado sus actividades en Los Ángeles, el acontecimiento desencadenante fue la sorpresiva redada del 6 de junio en una fábrica de ropa, Ambiance Apparel, ubicada en el distrito de la moda del centro de la ciudad. Agentes federales se vieron rápidamente enfrentados a un grupo de activistas y vecinos que intentaban impedir la detención y el traslado de decenas de trabajadores de las instalaciones. Esos enfrentamientos dieron lugar a que un destacado líder sindical, David Huerta, presidente de la división en California de SEIU —o Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, por sus siglas en inglés—, fuera agredido y acusado de obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden del gobierno federal. Su detención provocó la indignación no sólo de algunos miembros del movimiento sindical, sino también de importantes políticos demócratas de toda la región. Cuando se supo que Huerta y los demás detenidos se encontraban en el Centro Metropolitano de Detención —instalación federal situada en las cercanías de la Corte Federal y el Ayuntamiento—, grupos de manifestantes se congregaron frente al edificio en solidaridad con los detenidos. Pronto se las vieron frente a frente con agentes federales que «defendían» la entrada al Centro con ayuda de disparos de gas lacrimógeno y otras municiones. Habida cuenta de que los organismos federales implicados en la acción no habían coordinado sus actividades con la policía local —desde 1979, la policía de Los Ángeles tiene por política no participar en acciones llevadas a cabo por organismos federales encargaos de hacer cumplir las leyes inmigratorias—, se los dejó actuar a su antojo durante horas, hasta que la policía municipal se presentara en el lugar alrededor de las siete de la tarde, momento en que la policía antidisturbios pudo despejar la zona.
A la redada en el distrito de la moda le siguió un día después una redada del ICE en el aparcamiento de un Home Depot de la ciudad de Paramount, en el sur de Los Ángeles, de mayoría latina y clase trabajadora, separada de Compton por una autopista y vigilada no por la policía de Los Ángeles, sino por el Departamento del Alguacil. En ese caso, el enfrentamiento fue especialmente acalorado, ya que miembros de la comunidad opusieron una vigorosa resistencia tanto a agentes federales como a ayudantes del alguacil, y —bien preparados y habituados al acoso por fuerzas del orden locales— arrojaron piedras y fuegos artificiales contra vehículos policiales que intentaban huir de la zona, imágenes que se vieron ampliamente difundidas en Internet y la televisión. Esas escenas fueron utilizadas por el gobierno de Trump como pretexto para movilizar a la Guardia Nacional de California sin la autorización del gobernador demócrata, Gavin Newsom, gesto que enfureció tanto a políticos del estado como del municipio, quienes vieron en la medida una provocación y una maniobra contraria a la ley. El 8 de junio, tan pronto como los efectivos de la Guardia Nacional entraron en la ciudad, aparentemente para «proteger» las instalaciones y a los agentes federales, se desencadenó una nueva jornada de explosivas manifestaciones en el centro de la ciudad, cuando grupos de personas indignadas volvieron a converger en los alrededores del edificio de la Corte y del Centro de Detención, sólo que esta vez se encontraron con la policía antidisturbios de Los Ángeles, ansiosa por unirse a la refriega. Ello dio lugar a imágenes aún más impactantes de esos tres días de enfrentamientos, en particular la de cinco robotaxis Waymo —que habían sido atacados, pintados con grafitis e incendiados por los manifestantes— que ardiendo durante horas en la calle Los Ángeles, a la vuelta de la esquina del Centro de Detención. Un capitán de la policía de Los Ángeles llegó a describir los acontecimientos de ese día como «el incidente más convulso y volátil que he visto en mis 29 años»[2]. Entiéndase: desde los disturbios por la feroz golpiza contra Rodney King en 1992.
El hecho de que la marcha de protesta «No Kings» se hubiese programado para el 14 de junio terminó por revelarse como una coincidencia afortunada para Bass, Newsom y el Partido Demócrata de California, pues supuso una demostración «pacífica» de fuerza y una reprimenda al gobierno de Trump por haber este desafiado, mediante el envío de efectivos militares, el control del Partido Demócrata sobre la ciudad. Ideológicamente, la marcha giró en torno a la deriva autoritaria en sentido más amplio del Gobierno y transcurrió de forma notablemente pacífica, lo que vino en respaldo de la afirmación de la alcaldesa y del gobernador de que no era necesaria una intervención federal que no había sido otra cosa que una demostración de fuerza dirigida a humillar a los oponentes políticos de Trump. Si bien durante la marcha se escuchó repetidamente el grito «¡ICE fuera de Los Ángeles!», el evento estuvo marcado por el enfrentamiento entre autoridades locales y federales, por lo que los participantes en la marcha no erraban en sentir que se los había reclutado para participar en una especie de teatro político en el que les correspondía desempeñar el papel de manifestantes responsables. De hecho, vistas retrospectivamente, las protestas del 14 de junio podrían interpretarse como una contramanifestación opuesta a los enfrentamientos mucho más combativos desencadenados por las redadas del 6 y 7 de junio, en reprimenda tanto a la respuesta militante a las redadas del ICE como a las maniobras intimidatorias y violatorias de la ley por parte del gobierno federal. Los políticos demócratas se revelaron prestos a reescribir el conflicto como uno que se hubiese producido entre las autoridades federales y estatales, que debía resolverse primero en los tribunales y después en las urnas, en lugar de entre trabajadores residentes —y quienes estaban dispuestos a defenderlos— y grupos de hombres enmascarados que intentaban arrestarlos y deportarlos.
El conflicto entre las autoridades estatales y federales, y el que se produjo entre las protestas, en su mayoría dóciles, patrocinadas por organizaciones progresistas y la desesperada lucha para impedir el secuestro de residentes de Los Ángeles por hombres enmascarados en furgonetas, no fueron las únicas tensiones que estructuraron los acontecimientos de la segunda semana de junio. En un estrafalario giro cuyo guion podría haber escrito solamente el caótico de Trump, el 12 de junio el Presidente anunció que, como consecuencia de la campaña del ICE, los sectores agrícola y hotelero estaban perdiendo a «muy buenos trabajadores de larga data en el empleo, cuyos puestos son casi imposibles de reemplazar»; poco después, altos funcionarios del ICE suspendieron de inmediato «todas las investigaciones y operaciones dirigidas a hacer cumplir la ley en lugares de trabajo relacionados con la agricultura (como plantas de acuicultura y de envasado de carne), restaurantes y hoteles en funcionamiento». Que algunos empleadores se vieran imposibilitados de llevar a cabo sus actividades como consecuencia de las medidas anti-inmigratorias puestas en práctica por el Gobierno no sorprendió a nadie, salvo al propio Trump.
Lo exigido en su momento por Stephen Miller, arquitecto de la campaña gubernamental de deportaciones masivas, en el sentido de que los agentes federales triplicaran el número de detenciones —hasta 3.000 al día, con el objetivo de alcanzar el millón en el primer año del Gobierno— hizo necesarias las redadas en los lugares de trabajo que Trump, presionado por empresarios que lo habían apoyado en 2024, suspendió de forma sumaria (sólo para dar a torcer el brazo días más tarde, como si hubiera sido desautorizado por sus propio subordinado). Lo que el nervioso cambio de postura del Presidente pone de manifiesto es que gran parte de la mano de obra indocumentada que él y sus subordinados se proponen expulsar del país desempeña un papel esencial en la producción de alimentos, el mantenimiento de hoteles y restaurantes y la construcción de viviendas. Si bien los trabajadores indocumentados representan una pequeña fracción del total de la mano de obra estadounidense, son fundamentales no sólo para la agricultura (por ejemplo, en el envasado de carne) y los servicios de esparcimiento, sino también para la construcción. Tres de cada cuatro trabajadores agrícolas de California son indocumentados, y la amenaza que suponen las redadas del ICE en el Valle Central, según lamentaban algunos agricultores, provocó que hasta un 60 % de los trabajadores no se presentaran a trabajar, lo que supuso el cierre efectivo de numerosas explotaciones agrícolas en las que el tiempo es un factor decisivo[3].
Si bien las redadas más espectaculares y de mayor repercusión en los medios se han producido en espacios públicos urbanos como parques, mercados de pulgas y aparcamientos de Home Depot, amenazando a los inmigrantes más vulnerables que trabajan en el sector informal (vendedores ambulantes, jornaleros, etc.), las redadas en plantas de envasado de carne, granjas de fresas y obras en construcción han producido dividendos mayores, pero mucho más peligrosos para la economía[4].
Los efectos divergentes producidos por el énfasis en trabajadores precarios situados en los márgenes del mercado laboral y en aquellos esenciales para el funcionamiento de medianas y grandes empresas ponen de relieve, a su vez, una importante línea de fractura en la frágil «coalición» política de Trump, lo que se puso en evidencia en el curioso cambio de postura del Presidente. Si la grosera retórica y las violentas imágenes de las indiscriminadas redadas de deportación, por demás violatorias de la ley, llevadas a cabo por el Gobierno están dirigidas a la base pequeñoburguesa de MAGA, esas acciones van directamente en contra de los intereses del gran capital, que se subió oportunistamente en el carro de Trump 2.0 tras apostar por una reducción de los impuestos a las empresas y la desregulación total de sus industrias. Si su base está formada por jubilados, trabajadores autónomos y empresarios que no dependen de una oferta constante y abundante de mano de obra barata para llevar a cabo sus actividades, las industrias intensivas en mano de obra, como la agricultura, la hostelería y la construcción, no pueden funcionar sin ella. Las imágenes de hombres enmascarados en furgonetas sin distintivos que secuestran a personas indefensas en aparcamientos o acorralan a trabajadores en fábricas son carne de cañón para una fracción de la población que tiene poco que perder directamente por las consecuencias más amplias que sin duda tendrán esas detenciones. Si históricamente la alianza entre el Estado y la clase capitalista se ha basado en la voluntad del primero de garantizar el funcionamiento de los mercados laborales, disciplinando para ello a la mano de obra y contribuyendo al mismo tiempo a su reproducción, la campaña monomaníaca y punitiva del Gobierno contra trabajadores inmigrantes no sólo amenaza con perjudicar irremediablemente a industrias presuntamente aliadas, sino que además pone en peligro la frágil e incluso improbable coalición política que el Presidente reunió en su exitosa campaña de 2024.
Esa combinación ganadora —que en tiempos del Departamento de Eficiencia Gubernamental no pasará desapercibida para nadie— es redondeada por los magnates tecnológicos de Silicon Valley, quienes no se alinearon con Trump 2.0 sino en la recta final, aunque con una clara idea de lo que podrían extraer de ese acomodo. Lo que diferencia a la industria tecnológica de sectores de más larga data como la agricultura y la construcción no es simplemente su enorme capitalización bursátil o la explotación de los efectos de red por parte de esas empresas para dominar segmentos concretos de la economía, sino también el hecho de que no depende de grandes flujos de mano de obra extranjera barata[5]. De lo que sí depende la industria tecnológica es del acceso a explotables datos sobre los consumidores; datos en su mayoría generados por los usuarios de sus plataformas[6]. Su astuta alianza con la camarilla de Trump le ha dado un repentino acceso a la veta madre de la información recopilada por el gobierno federal, datos que antes se protegían celosamente y se almacenaban en sistemas aislados (y obsoletos) mantenidos por organismos específicos (la Administración del Seguro Social, el Servicio de Impuestos Internos, el Departamento de Seguridad Nacional, etc.). Esos bancos de datos comprenden registros financieros y laborales, registros electorales e historiales médicos, pero también la condición en términos de ciudadanía y datos biométricos; hasta ahora se habían mantenido separados no sólo por motivos de privacidad codificados en los estatutos jurídicos, sino además porque el acceso a dicha información partía del presupuesto de que no se utilizaría por otros organismos en contra de quienes la proporcionasen «voluntariamente». Los tres primeros meses del mandato del actual gobierno se definieron en gran medida por la campaña de tierra arrasada de Elon Musk, cuyo objetivo no era simplemente inutilizar los organismos que fuesen blanco de esa campaña —de ahí la aserradora y la motosierra—, sino, sobre todo, saquear esas reservas de datos y dinamitar los cortafuegos que las separaban. La campaña de Musk, aparentemente autorizada pero no supervisada por el Presidente y su equipo, fue una bonanza increíble para sus cómplices de Silicon Valley: una especie de acumulación primitiva en pleno siglo XXI de datos recopilados y mantenidos por el Estado, que ahora podían consolidarse y procesarse mediante motores de inteligencia artificial, para después reempaquetarse y venderse a otras empresas privadas o introducirse en aplicaciones especializadas diseñadas con fines policiales y militares.
Los datos saqueados por la campaña del DOGE se han utilizado para crear una base de datos que permita a las autoridades de inmigración del ICE y otros organismos «vigilar, geolocalizar y rastrear a inmigrantes específicos casi en tiempo real»[7]. En informes recientes sobre la campaña de deportaciones masivas por parte del gobierno de Trump se ha revelado que los organismos de control de la inmigración están utilizando un nuevo sistema cartográfico que se basa en la consolidación de datos extraídos de los sistemas aislados en los que el DOGE penetró en las primeras semanas del nuevo gobierno. Ese software, cuyo nombre en clave original era Atrac —abreviatura de «Alien Tracker» (rastreador de extranjeros)— y cuyo desarrollo inicial dependió en gran medida de los empleados del DOGE, genera lo que el jefe de la oficina del ICE en Miami denomina un «mapa de calor» accesible desde teléfonos móviles, que muestra «dónde en todo el país se han dado órdenes finales ejecutables de expulsión»[8]. En abril de 2025, el ICE también adjudicó un contrato a Palantir Technologies —cofundada por el macabro Peter Thiel y actualmente dirigida por el siniestro Alex Karp— para desarrollar una plataforma de vigilancia complementaria llamada «ImmigrationOS», que consolidaría aún más esos datos y haría que esas aplicaciones cartográficas fueran de fácil uso por agentes sobre el terreno. El papel crucial de Palantir en la cartografía de datos con fines de inmigración no se remonta a ayer, ni siquiera a los inicios del segundo gobierno de Trump. Su colaboración fundamental con el ICE se había iniciado ya en 2014, durante el gobierno de Obama, cuando se le encomendara la creación de un depósito consolidado de registros para la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE. Y aunque por el momento el software cartográfico que está perfeccionando se utiliza para localizar a trabajadores inmigrantes, podemos estar seguros de que se está ampliando para crear una vasta red de vigilancia interna. Se utilizará contra los críticos del actual gobierno o contra aquellos que hayan expresado públicamente sus recelos sobre el genocidio que está llevando a cabo el ejército israelí (uno de los principales clientes de Palantir), cuyo uso de mapas de calor generados por IA en Gaza se ha descrito por un observador como una «fábrica de asesinatos en masa»[9]. La contrapartida para los aliados de los magnates tecnológicos en el movimiento MAGA, muchos de los cuales dependen de los servicios gubernamentales en la mirilla del DOGE, parece clara: más circo y menos pan. La emoción de ver en las redes sociales a un desconocido secuestrado en tiempo real se sufragará con cheques del Seguro Social que no recibirán sus titulares o con la denegación de servicios médicos antes de lo que podrían sospechar.
Esa integración cada vez mayor entre las plataformas de vigilancia de los magnates tecnológicos y la vigilancia policial de la inmigración que pone de relieve la campaña de deportaciones masivas en Los Ángeles podría explicar la especial satisfacción que algunos observadores sintieron al ver las imágenes de los robotaxis Waymo envueltos por las llamas en el centro de la ciudad el domingo 8 de junio. De hecho, lo que distingue a esas columnas de humo negro y grasiento de algunas de las imágenes más vibrantes (y abrasadoras) de la rebelión por el asesinato de George Floyd es que los vehículos incendiados no eran coches patrulla de la policía, sino taxis sin conductor del tipo con el que los gigantes tecnológicos llevan una década amenazando a las ciudades. No hace falta ser un anarquista vestido de negro ni prestar mucha atención a la política para sentir rabia por la presencia de Waymos en nuestras calles: hecho que se hace patente en los repetidos actos de vandalismo contra esos vehículos en San Francisco, descritos por la Dirección de Tráfico de California como «una inaceptable amenaza contra la seguridad pública»[10]. Sin embargo, más allá del peligro físico que suponen esos vehículos en la vía pública, no son pocos quienes los perciben como una amenaza más general y perniciosa para la vida cívica en las ciudades estadounidenses. Descritos por un crítico como «cámaras de vigilancia con ruedas», taxis autónomos como los Waymos son robots repletos de sensores, equipados con radares, dispositivos de detección láser y docenas de cámaras, que proporcionan imágenes tridimensionales en tiempo real de su entorno. La información que recopilan se ha utilizado por fuerzas del orden, entre ellas la policía de Los Ángeles, para reunir pruebas en casos penales. No es de extrañar, pues, que los vehículos robot incinerados tocaran una fibra sensible: al fin y al cabo, son coches de policía y se los trata como tales. Es posible que esos vehículos inteligentes no tuvieran la inteligencia necesaria para evitar los disturbios que se produjeron ese día en el centro de la ciudad y se convirtieran en blancos fáciles, víctimas de las circunstancias. Pero es más probable que esa tarde aquellos dispuestos a desafiar a las fuerzas combinadas de la policía local y federal vieran en ellos emblemas de la «gobernanza» algorítmica que es el rostro sin rostro del fascismo reiniciado de este siglo, aún más siniestro que el ceño fruncido de un jefe mafioso fracasado de Queens[11].
Notas
[1] Teresa Watanabe y Héctor Becerra, «500,000 Pack Streets to Protest Immigration Bills», Los Angeles Times, 26 de marzo de 2006.
[2] Miriam Jordan et al., «How L.A. Raids Ignited a New Fight Over Immigration», The New York Times, 14 de junio de 2025.
[3] Tyler Pager et al., «Inside Trump’s Extraordinary Turnaround on Immigration Raids», The New York Times, 14 de junio de 2025.
[4] Cabe destacar el reciente ensayo de Victor Artola sobre los acontecimientos en Los Ángeles («Los Angeles, or the End of Assimilation», Ill Will, 14 de junio de 2025;), ya que sus implicaciones trascienden la secuencia de acontecimientos que estoy comentando. Sin embargo, me parece que el ensayo de Artola pone demasiado énfasis en el «disciplinamiento de una fuerza de trabajo considerada externa y prescindible por el capital» —a cuyo fin destaca las redadas contra los trabajadores informales— en detrimento de las redadas en lugares de trabajo de los sectores agrícola, de la construcción y de la restauración.
[5] Por el contrario, se trata de un sector que depende de su capacidad para atraer a un número relativamente reducido de trabajadores extranjeros altamente cualificados en posesión de visados H1-B.
[6] Sobre el presunto «trabajo digital no remunerado» realizado por los usuarios de esas plataformas, visto a través del prisma de la teoría del valor de Marx, véase Beverly Best, Automatic Fetish: The Law of Value in Marx’s Capital (Verso, 2024), pp. 38-46.
[7] Vittoria Elliott y Makena Kelly, «DOGE is Building a Master Database to Surveil and Track Immigrants», WIRED, 18 de abril de 2025.
[8] Hamed Aleaziz, «Under Pressure From the White House, ICE Seeks New Ways to Ramp Up Arrests», The New York Times, 11 de junio de 2025.
[9] Yuval Abraham, «A mass assassination factory’: Inside Israel’s calculated bombing of Gaza», +972 Magazine, 30 de noviembre de 2023.
[10] Richard Luscombe, «Driverless taxi vandalized and set on fire in San Francisco’s Chinatown», The Guardian, 12 de febrero de 2024.
[11] Veena Dubal, «The Torched Waymos: Burning Effigies of Tech Oligarchy», Bay Area Current, 14 de junio de 2025,
