Los bombardeos sobre el territorio venezolano y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa confirman que la administración estadounidense de Donald Trump ha optado por una escalada guerrerista abierta, abandonando cualquier vestigio de contención diplomática. No se trata de un episodio aislado ni de una reacción coyuntural, sino de una redefinición estratégica del lugar que Estados Unidos asigna a la región en el nuevo orden imperial en disputa. Aunque el repliegue hemisférico de los Estados Unidos, en el marco de su disputa geopolítica con China y Rusia, anticipaba malas noticias para la región, la dimensión de la actual ofensiva militar contra Venezuela implica una escalada bélica inédita en más de cuatro décadas, que encendió las alarmas democráticas de todo el continente.
Como se venía propalando desde hace meses, el objetivo declarado de la Casa Blanca era el derrocamiento del gobierno de Nicolás Maduro. Trump nunca le ofreció una negociación real al poder venezolano: la única «salida» planteada fue la rendición incondicional. Y aunque Estados Unidos no estuviera en condiciones de desplegar una invasión terrestre clásica, como en Irak o Afganistán, tampoco estaba dispuesto a retroceder, apostando en cambio por un despliegue militar sin precedentes en las inmediaciones de Venezuela. En las últimas horas los escenarios alternativos anticipados —bombardeos selectivos, operaciones encubiertas contra la dirigencia chavista o una combinación de ambas— dejaron de ser hipótesis y los alertas se convirtieron en una gravísima realidad.
Las justificaciones esgrimidas por Trump para esta ofensiva no resisten el menor análisis. La acusación de que Maduro encabeza una red internacional de narcotráfico ya fue considerada como absurda incluso en ámbitos diplomáticos poco sospechosos de simpatía por el gobierno de Caracas. El argumento de la «dictadura» chavista se derrumba frente al respaldo incondicional de Washington a regímenes abiertamente despóticos, como el de Arabia Saudita. La apelación a una supuesta «crisis humanitaria» resulta de un cinismo extremo cuando proviene de un país que viene apoyado políticamente, financiando y armando al gobierno israelí para que pueda continuar con el genocidio en Gaza (que continúa a toda marcha, pese al supuesto «cese el fuego»). Y el argumento de que Venezuela constituye una amenaza estratégica por su relación con Rusia, China o Irán es tan desproporcionada que roza lo grotesco.
La clave de este nuevo despliegue de impúdica brutalidad imperialista no está en el carácter del régimen chavista, sino en algo más profundo: en la persistencia de un Estado que no se pliega por completo al orden imperial. En el sistema internacional contemporáneo, los gobiernos verdaderamente independientes son anomalías. Raros, inestables y, por eso mismo, intolerables para una potencia que sigue concibiendo a América Latina como su «retaguardia estratégica» o, en términos más clásicos, como su «patio trasero». Venezuela es castigada por lo que representa: un límite político a la subordinación geopolítica y a la libre apropiación de recursos estratégicos.
Nada comparable a esta situación se había producido en la región desde el final de la Guerra Fría. Desde las intervenciones abiertas de la segunda mitad del siglo XX —República Dominicana en 1965, Nicaragua en los años ochenta, Granada en 1983, Panamá en 1989— no se había visto una acción militar estadounidense de esta envergadura en América Latina. La ofensiva contra Venezuela señala un giro: cuando Washington se siente amenazado, real o imaginariamente, está dispuesto a recurrir nuevamente al uso directo de la fuerza. Y los hechos de esta madrugada también constituyen una desmentida a quienes tras la asunción de Trump intentaron sostener que a nuestra región suele irle mejor con los gobiernos republicanos, que además resultarían menos propensos a las aventuras bélicas que los demócratas.
Los objetivos no declarados de estas acciones contrarias a todo derecho internacional son evidentes. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo y gas del mundo. Esa riqueza es, al mismo tiempo, su fortuna y su condena. El bloqueo económico estadounidense viene siendo un factor decisivo en la sostenida hiperinflación, en el desabastecimiento, en la caída del PIB, en el derrumbe de la producción petrolera e incluso en la emigración masiva. Sin embargo, incluso bajo esas condiciones extremas, el gobierno de Maduro no pudo ser derrocado por las numerosas y cada vez más desembozadas intentonas golpistas de la oposición local. Así, la intervención militar (que en las últimas semanas reclamó insistentemente la flamante premio Nobel de la Paz María Corina Machado) quedó como el último recurso para garantizar el acceso estratégico a esos recursos y, no en menor medida, para enviar un mensaje disciplinador al resto de un continente tironeado por la cada vez más tensa disputa con China.
Este episodio también sienta un precedente peligroso: Trump no solo desafía abiertamente a un gobierno latinoamericano, sino que viola deliberadamente su soberanía y el derecho internacional, erosionando la arquitectura institucional de un «orden internacional basado en reglas» que el propio EE.UU. ayudó a construir tras el fin de la Segunda Guerra y que durante las últimas décadas constituyó una referencia (cada vez más precaria) para las relaciones internacionales. Así, la agresión contra Venezuela forma parte de una política más amplia, consistente con el avance de las nuevas derechas en el mundo, de demolición del orden global existente.
Para la izquierda latinoamericana, la cuestión venezolana no puede abordarse desde la caricatura. Defender a Venezuela frente al imperialismo no equivale a otorgar un respaldo político incondicional al gobierno de Nicolás Maduro. El chavismo nunca implicó una ruptura socialista con el capitalismo; las tendencias más radicales que lo atravesaron se fueron atenuando durante los años de Maduro. Hoy el país atraviesa una crisis económico-social profunda, con altos niveles de pobreza y una emigración masiva que expresa límites estructurales evidentes. Está claro que el régimen de Maduro tiene sesgos autoritarios y que el PSUV es una organización altamente centralizada. Pero, en términos históricos, se trata de un bonapartismo defensivo y antimperialista, con una base social real, comparable —con todas las diferencias del caso— con experiencias nacional-populares como las de Cárdenas, Perón o Vargas.
En cualquier caso, el principal enemigo de los pueblos latinoamericanos no está en Caracas, sino en Washington. La ofensiva contra Venezuela es una advertencia para cualquier gobierno que intente desafiar, aunque sea muy limitadamente, los parámetros brutales del orden imperial. Y tenemos que ser muy conscientes de que lo que hoy se ensaya contra Venezuela puede reproducirse mañana en cualquier otro país de la región.
La ofensiva contra Venezuela funciona también como una advertencia para el resto de los gobiernos no alineados con Washington. Cuando afirmó que «algo había que hacer con México» o le revocó la visa al presidente colombiano Gustavo Petro por su apoyo a Palestina, Trump dejó en claro que el mensaje imperial no apunta sólo a Caracas: ningún país que busque márgenes de autonomía puede estar tranquilo. Venezuela es un caso ejemplar y ejemplificador, una demostración de fuerza destinada a disciplinar a toda la región.
La historia latinoamericana enseña una lección elemental: cada vez que el imperialismo avanza, lo hace sobre el terreno de la división. Y ya tenemos ejemplos de gobiernos latinoamericanos, como la administración servil de Javier Milei en Argentina, que salieron a respaldar explícitamente la «valentía» estadounidense para sacar del poder al «dictador» venezolano. En este complejo escenario, que confirma el retorno explícito de la guerra como estrategia de dominación imperial, la defensa de la soberanía venezolana deja de ser un asunto nacional para convertirse, una vez más, en una cuestión de América latina en su conjunto.
