El 20 de agosto, al mismo tiempo que eligen un nuevo presidente y una nueva Asamblea Nacional, los ecuatorianos votarán en uno de los referendos medioambientales más importantes de los tiempos modernos. Se les pregunta si el gobierno debe dejar bajo tierra, indefinidamente, el petróleo que se encuentra bajo el parque nacional del Yasuní. Este fue uno de los temas clave de la reciente visita a Europa de Leónidas Iza, principal dirigente indígena de Ecuador, para presentar la edición inglesa de su libro Estallido: la rebelión de octubre en Ecuador.
En una semana de reuniones y actos en Madrid, Bruselas, París, Londres, Oxford, Glasgow y Grangemouth, Leonidas Iza y sus coautores, Andrés Tapia y Andrés Madrid, obtuvieron el apoyo de eurodiputados, parlamentarios británicos, sindicalistas, campesinos, activistas por la justicia climática, académicos, migrantes y muchas personas más para votar «Sí» en el referéndum de agosto en Ecuador.
Iza fue una figura central en el levantamiento liderado por los indígenas de octubre de 2019 desencadenado por la supresión de las subvenciones a los combustibles y, por tanto, por un fuerte aumento del coste de la vida. Posteriormente fue elegido Presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, el movimiento más poderoso de su clase en América Latina. Como tal, dirigió el paro nacional de junio del año pasado. Este cerró el país durante más tiempo —17 días en total— y amplió la lista de reivindicaciones.
Junto con la oposición a un abanico más amplio de políticas neoliberales impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el movimiento indígena y sus aliados situaron en el centro de su lucha la necesidad de detener las prospecciones petrolíferas y la minería en tierras protegidas, sensibles e indígenas. En ambas ocasiones, obligaron al gobierno a negociar y obtuvieron concesiones significativas, pero no suficientes.
El referéndum del próximo domingo, que incluye la pregunta sobre la paralización de las prospecciones petrolíferas en tres campos petrolíferos conocidos como Bloque 43 en el Yasuní, y otra sobre la limitación de la minería cerca de la capital, Quito, es en efecto una continuación de las luchas de 2019 y 2022. Reúne a defensores del medio ambiente con las comunidades indígenas y otros movimientos sociales que protagonizaron aquellas insurrecciones en un Frente Nacional Antiminero.
Esta combinación es en sí misma un logro significativo, aunque provisional. La relación de los líderes indígenas y el movimiento de masas que protagonizó las insurrecciones con la izquierda de las ONG que ha tendido a dominar el movimiento ecologista ha sido a veces difícil en los último años.
Punto caliente de biodiversidad
Como Iza y sus colegas repitieron muchas veces en su gira europea, la campaña por el Yasuní no consiste solo en salvar uno de los puntos de mayor biodiversidad del planeta. Por supuesto, también se trata de eso. El Parque Nacional del Yasuní comprende 9.823 kilómetros cuadrados de selva tropical (casi la mitad del tamaño de Gales) en la Amazonia ecuatoriana, a solo 200 kilómetros de Quito y lindando con la cordillera oriental de los Andes.
Quizá debido a que fue uno de los pocos lugares que nunca se congeló durante la última glaciación, se trata de una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo, posiblemente la más biodiversa. Los botánicos han registrado 685 especies de árboles en solo una hectárea del Yasuní. Esto es más que en todo Estados Unidos y Canadá. La misma hectárea contiene también unas 100.000 especies de insectos, nuevamente un número similar al total de Norteamérica. El Parque Nacional del Yasuní alberga también a los dos pueblos indígenas de Ecuador que viven en aislamiento voluntario, los tagaeri y los taromenane. La presión de las empresas petroleras que operan en los límites de su territorio ya ha provocado tres masacres, poniendo en peligro su supervivencia.
Al mismo tiempo, la campaña por el «Sí» en el referéndum tiene un significado internacional más amplio, porque reaviva una de las propuestas más originales del mundo para mitigar el cambio climático.
La Iniciativa Yasuní ITT fue lanzada por el gobierno progresista de Rafael Correa en 2007, durante su fase inicial más radical. Se basaba en propuestas procedentes de comunidades indígenas de la Amazonia ecuatoriana y de algunas ONG ecologistas. Proponía dejar bajo tierra el 20% de las reservas de petróleo de Ecuador que se habían identificado en los campos petrolíferos de Ishpingo, Tambococha y Tiputini, conocidos como ITT o Bloque 43, la mayoría de los cuales se encuentran bajo el Parque Nacional Yasuní.
A cambio, los países ricos pagarían a Ecuador por no explotar esas reservas. 3.600 millones de dólares estadounidenses en 13 años era lo que pedía el gobierno de Correa (en aportaciones de los sectores público y privado) cuando llevó la iniciativa Yasuní ITT a la Asamblea General de la ONU en 2007 y a la COP15 de Copenhague dos años después, donde constituyó un eje central de las propuestas presentadas por la alianza ALBA, liderada por Bolivia, Cuba y Venezuela. Esa cantidad se calculó como el 50% del dinero que ganaría el país si explotara esas reservas.
Se hizo énfasis, al mismo tiempo, en que esto no se concebía como una compensación ni como ningún tipo de contrapartida, y que el dinero no se obtendría a través de ningún tipo de mercado de carbono, como insistió en repetidas ocasiones Alberto Acosta, primer ministro de Energía de Correa y artífice de la Iniciativa. La idea no era dejar el petróleo en el subsuelo del Parque Nacional Yasuní a cambio de que se permitiera a algunos contaminadores del Norte continuar con su actividad habitual; al contrario, los países ricos deberían pagar como parte de su responsabilidad de reducir las emisiones globales.
Hacia una transición justa global
Como sugiere el teórico ecosocialista Michael Löwy en su prólogo a la edición inglesa de Estallido, la Iniciativa Yasuní ITT podría haber sido un ejemplo sin parangón para otros países, una inspiración sobre cómo el Sur y el Norte globales, tanto productores como consumidores de combustibles fósiles, podrían haberse comprometido juntos en una transición justa para abandonar la economía del carbono, de un modo que fuera justo para las comunidades de todo el planeta.
Al final, el presidente Rafael Correa abandonó la Iniciativa Yasuní. En 2013, las promesas internacionales solo ascendían a 336 millones de dólares, de los que se había entregado menos del 4%. Al mismo tiempo, los desarrollistas de derechas y a menudo favorables al petróleo de su movimiento Revolución Ciudadana habían ganado terreno, reforzando las simpatías de Correa por las industrias extractivas y su impaciencia con los movimientos indígenas y ecologistas, a los que le gustaba calificar de «infantiles».
Alberto Acosta y otros miembros de la izquierda radical de su gobierno se habían marchado o habían sido marginados. Culpando a «la comunidad internacional» de no haber respondido (con razón, por supuesto), Correa declaró muerta la Iniciativa Yasuní y ordenó a la empresa petrolera estatal, Petroecuador, que siguiera adelante con las perforaciones. En 2016 empezó a salir petróleo de los yacimientos del ITT, pero dada la caída de los precios mundiales, rindió menos de lo esperado.
No obstante, la retirada de Correa de la Iniciativa selló la ya profunda brecha entre su gobierno y el grueso de los movimientos indigenista y ecologista. Estos últimos habían defendido que el petróleo debía dejarse bajo tierra, con o sin la contribución financiera internacional. Ya en 2014, una campaña llamada «Yasunídos», lanzada por la ONG ecologista Acción Ecológica, había recogido suficientes firmas para convocar un referéndum. Pero las autoridades electorales se negaron a reconocer cientos de miles de ellas, y durante varios años la cuestión del Yasuní prácticamente desapareció de la agenda política.
El retorno del Yasuní
No fue hasta mayo de este año cuando el Tribunal Constitucional de Ecuador dictaminó, de forma un tanto inesperada, que la convocatoria de referéndum era válida. Hizo coincidir la votación con las elecciones presidenciales anticipadas del 20 de agosto, convocadas por el presidente derechista de Ecuador, Guillermo Lasso, para evitar su propia destitución. Desde entonces, la cuestión del Yasuní ha vuelto a irrumpir en el centro de la vida política de Ecuador.
En un contexto que ha cambiado fundamentalmente por las dos insurrecciones lideradas por indígenas de 2019 y 2022, ha desencadenado un debate sin precedentes sobre qué tipo de desarrollo social y económico quiere el pueblo ecuatoriano para su país. Es una discusión que atraviesa el centro de las opciones electorales que se ofrecen el mismo día. También revela, una vez más, las profundas contradicciones que atraviesan las diversas experiencias de los gobiernos progresistas latinoamericanos y sus complicadas relaciones con poderosos movimientos sociales, como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador.
Durante la última década o más, la izquierda y las fuerzas progresistas de Ecuador han estado desgarradas por una división amarga y debilitadora. Los partidarios del expresidente Rafael Correa y de su movimiento Revolución Ciudadana se han enfrentado a gran parte de los movimientos indígena y de mujeres (los dos movimientos sociales más importantes del país) y a la mayoría de los sindicatos (muy debilitados desde su punto álgido de la década de 1980), así como a muchas ONG ecologistas y a una serie de pequeños grupos y corrientes de extrema izquierda.
Esta división se reproduce una vez más en las elecciones presidenciales del 20 de agosto. Pero ya sea como tragedia o como farsa, puede que sea por última vez. Por un lado, la favorita para convertirse en la próxima presidenta de Ecuador (posiblemente en la primera vuelta, pero con mayor seguridad en una segunda vuelta en octubre) es Luisa González, la candidata del movimiento Revolución Ciudadana. Ha evitado adoptar una posición muy explícita sobre el referéndum del Yasuní, y su partido ha dicho que sus miembros serán libres de votar lo que deseen. Pero, al igual que Correa, no ha dejado lugar a dudas sobre su oposición a dejar el petróleo bajo tierra. Ambos insisten en que el país necesita el dinero para construir escuelas y hospitales. La mayoría de la media docena de candidatos que compiten por representar a una derecha desacreditada han mantenido una ambigüedad similar y han utilizado los mismos argumentos.
Por otro lado, Yaku Pérez, que fue candidato del partido del movimiento indígena Pachakutik en las elecciones de 2021 y quedó tercero, es el único candidato presidencial que esta vez apoya abiertamente el «Sí» en el referéndum del Yasuní. Aún cuenta con el apoyo de la antigua dirección derechista de Pachakutik y de algunas ONG ecologistas, así como de parte de la izquierda y centroizquierda contrarias a Correa. Pero este bloque ha perdido gran parte de su credibilidad. En particular, los dirigentes de Pachakutik que tramaron su candidatura la última vez y que dirigieron el nutrido grupo de miembros de Pachakutik en la Asamblea Nacional, ahora disuelta, revelaron una extraordinaria capacidad de oportunismo.
Anteponiendo su virulenta postura anti-Correa a la lealtad a cualquier ideología o política concreta, cerraron una serie de tratos con el gobierno derechista de Guillermo Lasso, a cambio de favores y posiciones. Como resultado, la conferencia nacional de Pachakutik del pasado abril los expulsó y eligió una nueva dirección alineada con las posiciones y prioridades de la propia CONAIE. Recurrieron su destitución y, dado que el Consejo Nacional Electoral aún no se había pronunciado sobre la disputa, no se permitió a Pachakutik dar su respaldo formal a ningún candidato a nivel nacional en estas elecciones.
Más sustancialmente, la rebelión masiva de octubre de 2019 empezó a desplazar esta vieja y enconada división. Partidarios y detractores de Rafael Correa se movilizaron juntos en las calles, y juntos se enfrentaron a la represión policial. Ocurrió más o menos lo mismo en el paro de junio de 2022. En las barricadas y en las marchas, nadie preguntaba si estabas a favor o en contra del expresidente. Los factores clave de este cambio fueron la enorme escala de los levantamientos y el respeto y la autoridad ganados por una nueva generación de dirigentes del movimiento indígena, simbolizada en la figura de Leonidas Iza.
Es este nuevo liderazgo, con una clara orientación anticapitalista y una definida postura en contra de un modelo de desarrollo basado en las industrias extractivas, lo que parece haber galvanizado el entusiasmo popular en torno al «Sí» al Yasuní el 20 de agosto. Al final, el resultado de este referéndum podría ser tan importante como quién gane la presidencia. Sea quien sea, apenas dispondrá de un año y medio para cumplir lo que queda del actual mandato presidencial.
Habrá otras elecciones, para un mandato presidencial completo, a principios de 2025. Para entonces, el resultado de este referéndum, la recuperación de Pachakutik como partido que representa el proyecto histórico y transformador de la CONAIE y, sobre todo, el estado del movimiento de masas, podrían haber abierto un conjunto muy diferente de perspectivas políticas.
