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Lucha de clases en Ecuador

La historia reciente del Ecuador sugiere que las clases dominantes, antes dispersas y en permanente conflicto, han logrado articularse en un nuevo bloque de poder. La posibilidad de poner un freno a las políticas neoliberales de Lasso depende de que los sectores populares logren construir un bloque unificado capaz de oponérsele.

Un par de imágenes pueden resumir bien el carácter del conflicto social vivido durante Paro Nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y otras organizaciones sociales.

Una de ellas es la del vicepresidente Alfredo Borrero, un personaje totalmente ausente del Gobierno, entregando paquetes de alimentos donados por el grupo empresarial Eljuri —de los más poderosos del país— a un grupo de militares que custodiaba el Palacio de Gobierno. En el lado opuesto del conflicto, la imagen recurrente en las calles tomadas por la insurrección popular era la de personas de sectores populares compartiendo alimentos o agua con los manifestantes en medio de la protesta. Cada clase social apoyando a su bando. No es frecuente que la lucha de clases pueda graficarse con tanta claridad.

El movimiento indígena propuso una plataforma de diez puntos, entre los que incluía una reducción en el precio de combustibles, el alivio de deudas en el sector financiero, el control de actividades extractivas en territorios indígenas y áreas sensibles, derechos laborales, derechos colectivos, mejoramiento de condiciones de salud y educación, medidas frente a la crisis de seguridad en el país, control de precios, entre otros. En definitiva, un conjunto de medidas opuestas por completo al programa neoliberal aplicado por el Gobierno de Guillermo Lasso. 

El Paro Nacional duró dieciocho días, implicó una enorme movilización de las organizaciones indígenas, fue acompañado por un levantamiento de los barrios populares de Quito y por distintos colectivos en todo el país que promovieron marchas y cortes de carreteras en al menos catorce de las veinticuatro provincias del país.

Las consecuencias en términos de derechos humanos han sido dramáticas. De acuerdo con la Alianza por los Derechos Humanos, hasta el 29 de junio se contaban seis fallecidos (cinco manifestantes y un militar), 335 personas heridas y 155 detenidos. Un despliegue inusitado de violencia estatal en la historia del país, solo comparable con el del Paro Nacional de octubre de 2019.

En definitiva, se trató de una confrontación de clase intensa que concluyó con dos hechos decisivos: por una parte, un acuerdo en el que el Gobierno hizo concesiones limitadas sobre la plataforma propuesta por el movimiento indígena; por otra, un proceso de aplicación del artículo 130 de la Constitución que buscaba la destitución del Presidente y la convocatoria a nuevas elecciones para el Ejecutivo y el Legislativo que no prosperó, pero alcanzó 80 votos a favor de los 137 totales de la Asamblea Nacional.

El saldo es doble. Por un lado, tenemos un Gobierno que logró permanecer en pie luego del paro más largo (y probablemente el más masivo) de las últimas décadas y de un intento por destituirlo constitucionalmente. Por otro, se ha logrado articular una coalición de los sectores populares, liderada por la CONAIE, que alcanzó algunas medidas de contención frente a la arremetida neoliberal y cohesionó las expresiones de rechazo al neoliberalismo reflejadas en la demanda por el cumplimiento de la plataforma del Paro y el pedido de salida del Gobierno de Lasso.

Una significativa paradoja atraviesa a las insurrecciones populares de octubre de 2019 y junio de 2022. Se trata de las movilizaciones más grandes de las últimas décadas enfrentando a dos de los gobiernos con mayor rechazo popular, los cuales sin embargo terminaron por superar las crisis manteniéndose en el poder y sin alterar significativamente su programa neoliberal. 

En la tradición política reciente del Ecuador esto resulta totalmente desconcertante. Desde los años 90 hasta la primera mitad de los 2000, grandes movilizaciones populares en medio de crisis políticas encontraron una salida en la destitución del presidente. En el período de mayor inestabilidad se sucedieron siete presidentes en diez años. Por otra parte, el conflicto social, en ese contexto de inestabilidad política, nunca se enfrentó a una respuesta represiva sistemática: las caídas presidenciales ocurrieron sin muertos, heridos o presos políticos. ¿Qué fue lo que cambio?

La emergencia de un bloque de poder

La ambigüedad en el balance del Paro Nacional se debe a que el Ecuador vive una transformación inédita en la configuración estatal que modifica, a su vez, la dinámica del conflicto social. El Gobierno de Lenín Moreno ha asistido a la constitución de un sólido bloque de poder: un pacto de sectores dominantes de carácter estructural y estratégico. 

Este tipo de acuerdos han sido casi inexistentes en la historia política ecuatoriana. Las alianzas entre élites políticas y económicas han sido históricamente muy tácticas y coyunturales; sus tensiones eran permanentes, y los equilibrios se habían logrado gracias a una especie de clientelismo horizontal que configuró un «archipiélago estatal» en el que cada facción dominante controlaba un segmento de poder aislado del resto.

De ahí que el Estado capitalista ecuatoriano se haya caracterizado por la debilidad estructural de su poder centralizado y por la dispersión de los poderes localizados. Eso se tradujo en una suerte de crisis crónica de hegemonía, que hacía realmente difícil observar algo similar a una cohesión estratégica de la clase dominante.

Hoy la historia es otra. Este nuevo bloque de poder evidencia una cohesión y una dirección política consistente que aglutina a las grandes burguesías, a los partidos políticos de derecha, a las fuerzas represivas del Estado y a ciertas poderosas burocracias estatales (sectores financiero, diplomático y energético), a la embajada de los Estados Unidos y —por supuesto— a los medios de comunicación tradicionales y alternativos de derecha. Las rencillas entre facciones subsisten, pero cuando está lo que peligra es el pacto de dominación, esas disputas se suprimen y todas las facciones cierran filas en torno al Gobierno. Eso es lo que ha sucedido en los dos paros nacionales.  

Tal grado de cohesión social y política ha permitido a los dos últimos gobiernos la aplicación del programa neoliberal más agresivo de nuestra historia, con las graves consecuencias para los sectores populares y medios que son conocidas. Pero ese proceso se vio acompañado de un sistemático deterioro de las condiciones democráticas, lo que ha abierto las puertas a una también inédita concentración del poder estatal en manos del bloque de poder. Como consecuencia, la única respuesta posible al conflicto social disparado por la ejecución de su programa económico es el autoritarismo y el despliegue de todo tipo de mecanismos antidemocráticos.

Este bloque de poder se ha consolidado también en el plano ideológico. En una porción importante de segmentos medios urbanos —en correspondencia con lo que bien podría ser una tendencia global— se ha consolidado una identidad política reaccionaria a la que no es exagerado calificar de neofascista.

Durante el Paro Nacional esta ideología se manifestó en un racismo y clasismo exacerbados, que hallaron respaldo en un sorprendente consenso neofascista entre el gobierno y los medios de comunicación, los cuales azuzaron a esos sectores para una respuesta violenta a la protesta. En Quito y Ambato esta campaña dio resultado y varias personas salieron armadas a disparar a los manifestantes; en un caso hirieron a uno.

En tiempos de debilidad estructural del Estado capitalista ecuatoriano, la gestión del conflicto había tenido como uno de sus mecanismos centrales el «clientelismo vertical», que regulaba la relación con las clases explotadas y los sectores populares en general. Esos mecanismos permitían tanto contener la lucha de clases como canalizarla, permitiendo avances democráticos por presión de la lucha social. Buena parte de la capacidad de interlocución del movimiento indígena, y de la CONAIE en particular, parece deberse a su gran capacidad estratégica para descifrar al viejo Estado.

En las nuevas condiciones, ese clientelismo vertical persiste pero de modo muy restringido y totalmente controlado por el bloque de poder. Esto se traduce en una apabullante presión sobre las clases dominadas sin válvulas de escape. La escasa importancia que el Gobierno de Lasso dio a las demandas del movimiento indígena en los «diálogos» desarrollados a lo largo de todo su primer año de gobierno, junto con la actitud cicatera frente a la plataforma de diez puntos del Paro Nacional, son expresión clara de cómo ha cambiado la configuración estatal.

¿Un bloque popular?

Del lado de las clases trabajadoras racializadas, la CONAIE ha demostrado nuevamente su enorme capacidad de organización y movilización. El Paro Nacional puso en evidencia que ha alcanzado una gran cohesión interna sobre la base de la «democracia comunitaria» que articula su estructura organizativa. Tanto Leonidas Iza, presidente de la CONAIE, como el resto de la dirigencia, debieron negociar intensamente con sectores de sus bases organizativas la dinámica de la movilización y los términos del acuerdo con el Gobierno.

La CONAIE también ha demostrado en el conflicto su capacidad de aglutinar al movimiento indígena. Su acción colectiva integró a otras organizaciones, como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE), es decir, el conjunto de las organizaciones indígenas más importantes.

Pudo convertirse en articuladora de un conjunto de sectores organizados y no organizados del campo popular. Sectores con mayor vinculación directa, como el movimiento feminista y el de estudiantes universitarios, así como otros que se sumaron al Paro Nacional de forma espontánea y no orgánica (como en el caso de la población de los barrios populares de Quito y los sectores movilizados en otras ciudades del país como Cuenca y Guayaquil) se plegaron a sus iniciativas.

Además, en un contexto de asfixia a la institucionalidad democrática, la insurrección popular encontró eco en la Asamblea Nacional, en la que el bloque parlamentario del correísmo (UNES) promovió la activación del mecanismo constitucional que permite adelantar elecciones. Con ello —luego de varios devaneos de UNES por alcanzar un acuerdo prebendario con el bloque de poder, política que ha fortalecido una tendencia de derecha dentro de este partido—, el correísmo retornó su mirada a las demandas populares y a su carácter de representante político de esas demandas.

Esa postura apuntaló la posición de la CONAIE, provocando que —a pesar de muchos resquemores— el bloque de Pachakutik, el partido del movimiento indígena, se sume a la iniciativa de UNES, que finalmente alcanzó 80 votos, apenas 12 menos de los necesarios para destituir a Lasso y convocar a nuevas elecciones.

Se puede decir, entonces, que la CONAIE logró cohesionar la insurrección popular y dotarle de dirección política. Esto parece deberse a que su posición actual está fuertemente asentada en la política de clase. Históricamente, la CONAIE ha combinado las dimensiones étnica y clasista en sus demandas, poniendo énfasis en una u otra. En esta ocasión, las demandas son principalmente de clase, como lo evidencia claramente la plataforma de los diez puntos. Demandas de las clases trabajadoras empobrecidas y racializadas en general, y no solo de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Esto no se debe exclusivamente a una lógica interna de la CONAIE, sino que es producto del contexto político de los últimos años, que tradujo las prácticas y representaciones de clase disipadas en la vida cotidiana al ámbito de la política, producto del surgimiento del correísmo y la politización a la que este dio lugar.

Durante el Paro, la política de clase se condensó de tal modo que partió en dos las posiciones al interior de diversos grupos, empezando por el propio movimiento indígena, dadas las tensiones internas entre los legisladores indígenas del Pachakutik o entre algunos de exdirigentes de este partido. Algo similar ocurrió entre activistas del movimiento feminista y LGTQBI+, así como entre el campo intelectual.  

En síntesis, el movimiento articulado alrededor del Paro Nacional y las iniciativas parlamentarias que lo acompañaron se trata de una compleja coalición de clase que conjuga diversos grupos sociales: trabajadores asalariados de bajos ingresos o precarizados, trabajadores por cuenta propia y una pequeña burguesía emergente con fuerte raigambre plebeyo. Esta diversidad está presente al interior del propio movimiento indígena, y se halla en la base de una compleja configuración de las actuales relaciones campo-ciudad.

Esta mirada esquemática a la base social de la rebelión popular permite, además, distinguir en ese «baúl de sastre» que es la clase media a dos sectores: uno más conservador y tradicional (que a menudo se corresponde con los grupos de ingresos más altos) y otro más plebeyo y «jacobino» (de ingresos menores).

No obstante, este articulado de los de abajo dista mucho de constituir un «bloque popular» propiamente dicho. Su unidad aun se encuentra lejos de adquirir carácter estratégico. Y uno de los factores que impide la constitución de un bloque de ese tipo es la fractura existente entre el movimiento indígena y el correísmo, que parece seguirá ordenando la política de ambos sectores.

Ganar perdiendo o perder ganando

Las interpretaciones sobre el significado del Paro Nacional son contrapuestas. Esquemáticamente, pueden dividirse en dos: las que ven al Paro como una victoria de la CONAIE y la coalición de las clases trabajadores que aglutinó en torno suyo y las que sostienen que más bien constituye una derrota, y que es el Gobierno el que sale fortalecido. Ambas posiciones tienen razones objetivas para su balance. Esto se debe a que, en realidad, varían de acuerdo con el punto de vista desde el que se juzgue.

Así, en el plano del estricto ejercicio del poder de clase, el Paro Nacional se topó con la solidez del bloque de poder constituido durante estos años. El autoritarismo y la represión, más que medidas desesperadas, fueron muestras de fuerza, expresiones de un poder que no requiere de la democracia para imponerse. Y es en este contexto que las acotadas concesiones del gobierno a la ya acotada plataforma de la CONAIE —un conjunto de medidas muy básicas para contener mínimamente al neoliberalismo— pueden ser vistas como un resultado magro frente a la magnitud de la insurrección popular. 

En términos de su poder autoritario, el gobierno de Lasso se consolida, logra superar un pedido de destitución y cede muy poco (e imponiendo sus condiciones) frente a la plataforma del segundo Paro Nacional más grande y combativo de las últimas dos décadas. Eso no es poca cosa. Con ello, cohesiona al bloque de poder que recientemente había dado muestras de disputas importantes a su interior y también ajusta la inconformidad de sectores de clase media que se encontraban a la espera de un político con ribetes neofascistas, convirtiéndolos en una base social que no es desdeñable y que empieza a dar señales de una incipiente capacidad de movilización de calle.

De igual forma, esta coyuntura sirvió para robustecer al partido mediático de la derecha, que funciona cada vez más como un aparato de propaganda y que ha centrado sus esfuerzos casi exclusivamente a la estigmatización y criminalización del movimiento indígena y, en general, de todo lo que pueda representar alguna identidad política de izquierdas o progresista. Sumado a esto logró alinear con mayor firmeza al aparato de justicia en este tinglado de poder.

Ahora bien; desde la perspectiva de la legitimidad democrática, el triunfo es de la CONAIE y del movimiento indígena, que lograron articular un pacto coyuntural de la que podríamos llamar «política plebeya». Más allá de las conquistas obtenidas gracias a la plataforma del Paro, que no deben sobreestimarse, se produjo un avance importante tanto en el campo político como en el ideológico. En este plano se podría pensar incluso en un cambio en la correlación de fuerzas. 

El movimiento indígena ha podido llenar el vacío de representación política de las clases trabajadoras, duramente afectadas por la pandemia y el plan neoliberal de Moreno y Lasso. Ese vacío fue el resultado, entre otras cosas, de que el correísmo haya pasado de mostrar cierta incomodidad con la identidad política plebeya que había fomentado en sus años de Gobierno a abandonarla casi por completo en el último tiempo. Llenar ese vacío no es poca cosa, entonces. Sobre todo cuando ello posibilita la creación de condiciones para cerrar el paso a cualquier proyecto neofascista que, ante el vacío, podía también constituirse en canalizador del malestar y la indignación populares.

Sin duda, las apuestas de un eventual bloque popular van a dirigirse a la confrontación democrática tanto en las instituciones liberales como en las calles. Pero si hay algo que la experiencia de los dos últimos paros nacionales y las recientes elecciones deja en claro es que ninguna de las dos es suficiente por sí misma. El Paro Nacional ha sido rico en aprendizajes, y una última lección que extraer de estas jornadas es que una confrontación combinada, de movilización social y acción política, permite enfrentar en mejores condiciones la arremetida del nuevo bloque de poder.

Con un gobierno que muy probablemente no alterará de modo significativo su ejercicio autoritario de la política, resulta indispensable que los actores sociales y políticos de la izquierda pongan toda su energía y toda su inteligencia en delinear nuevas estrategias, a sabiendas que enfrentan a un poder de clase inédito en la historia reciente de Ecuador.

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