Después de muchos años, la COP26 volvió a colocar en primera plana el tema de la necesidad de la reducción del uso de carbón, uno de los combustibles fósiles que más gases de efecto invernadero (GEI) emite. A pesar de ese avance, nada se dijo del petróleo y el gas, también importantes contribuidores de GEI y de graves impactos socioecológicos. Los países también acordaron reducir progresivamente sus emisiones de dióxido de carbono hasta alcanzar el «cero neto».
Decir «cero neto» en lugar de «cero» a secas no es casual: es el resultado de aceptar que la contabilidad final de emisiones de un país es el resultado de restar las emisiones que se emiten de aquellas que se capturan. Para evitar lanzar GEI a la atmósfera se debe reducir la producción, hacerla más eficiente, migrar hacia energías «renovables» o detener la pérdida de cobertura vegetal. Para para capturar carbono se pueden sembrar árboles o vegetación en general que lo absorba o adoptar las tecnologías de geoingeniería, bastante cuestionadas ya.
El problema aparece cuando un país —generalmente rico— prefiere seguir emitiendo sin parar y pagar a otro país —generalmente pobre— para que capture sus emisiones. A ese proceso se lo denomina compensar emisiones, y esto es lo que está detrás de la idea de «cero neto» y constituye el corazón de lo que se negocia en las COP año tras año.
La agenda climática que culminó en el mandato de alcanzar el cero neto para todos los países inició en 2015 con el Acuerdo de París. En ese año, y en esa COP21, se cambió la meta de reducciones reales de emisiones de GEI por una meta de aumento de temperatura, los conocidos 1,5ºC. Otro cambio fue el de una política de reducción de emisiones de «arriba hacia abajo», en que el límite de emisiones era establecido por acuerdos internacionales en el marco del Protocolo de Kyoto, hacia una política de «abajo hacia arriba», en la que los países establecen sus metas nacionales, generalmente comprometiéndose a hacer lo menos posible y, si se puede, no hacer nada y compensarlo todo.
Así, los países del Norte Global insisten en enfrentar la crisis climática con mecanismos que no reconocen la tremenda desigualdad mundial en cuanto a las responsabilidades compartidas pero diferenciadas del calentamiento de la atmósfera. Al contrario, perpetúan la división internacional del trabajo en la cual los países periféricos seguiremos siendo proveedores de materias primas —ahora para la transición energética y la descarbonización— y proveedores de sumideros de carbono a través de esquemas de compensación de emisiones, en que un país podrá comprar las reducciones de emisiones de otro país y reportarlas como propias para alcanzar sus metas de mitigación.
Dentro de este panorama desolador, la transición energética y la verdadera descarbonización sin compensación se volvió uno de los aspectos más prometedores de la lucha contra el cambio climático. Además, porque ha empezado a ser acompañada de un adjetivo: «justa». La transición desde la producción energética que usa combustibles fósiles hacia el uso de energías como solar, eólica, geotermal, fue además apropiada por un sector de los sindicatos de energía y transporte de Alemania, el Reino Unido, Estados Unidos y otros. En ese contexto, el adjetivo justo es usado para describir la posibilidad de que la transición conserve los empleos del sector, pero que además genere nuevos empleos. En sus vertientes más de izquierda, la discusión plantea la socialización de la producción y distribución de la energía, es decir, la propiedad social o comunitaria de las industrias y la transformación del consumo. El «comunismo solar».
Sin embargo, esta propuesta ha sido criticada, dentro de la misma Europa, por concentrarse en la conservación de empleos que son, por lo regular, blancos, masculinos y estables, y por perder de vista que el grueso del trabajo hoy en día es racializado, feminizado, ilegalizado por inmigrante, inestable o temporal.
Desde afuera del centro añadimos que a esta crítica le hace falta la dimensión internacionalista: denunciar que la transición energética, que está en el corazón de la carrera por el cero neto y la descarbonización en el Norte, va a provocar —y ya está provocando— olas de nuevos despojos en el Sur Global.
En Ecuador, por ejemplo, a raíz del incremento en 2018 de la demanda global de balsa (un árbol cuya madera es muy resistente pero extremadamente liviana, que se usa para las aspas de los molinos de viento) llevó al agotamiento de las plantaciones y a la extracción de árboles de balsa de los bosques amazónicos, apertura de carreteras y enormes impactos sociales que se extendieron durante el confinamiento por la pandemia. La madera se exporta hacia China, que suple el mercado europeo.
El mismo aumento de demanda podría ocurrir respecto a los minerales metálicos clave para las energías «renovables», muchos de los cuales se extraen de América Latina. Chile y Perú son los principales extractores de cobre a nivel mundial, que también se extrae de Brasil y se está empezando a extraer de Ecuador, aunque de manera aún muy marginal. Chile, Bolivia y Argentina lideran la extracción mundial de litio. En 2020 Brasil fue el tercer mayor extractor mundial de bauxita y alúmina y también extrae níquel, junto a República Dominicana y Cuba; este último país, además, tiene minas de cobalto. México es el mayor extractor mundial de plata.
Según uno de los investigadores del think tank CRU, especializado en análisis de mercados de minería metálica, la transición energética podría producir el crecimiento del sector en un 25% este año y un 40% el próximo. BHP Billiton, una de las corporaciones mineras más grandes del mundo, prevé que la demanda de cobre se duplicará en los próximos 30 años y la de níquel podría cuadriplicarse; esta corporación opera en Chile, Colombia y Perú. Las estimaciones son que la meta climática menos ambiciosa, de limitar el calentamiento global a 2ºC, podría necesitar 270.000 toneladas adicionales de cobalto, 2,6 millones de toneladas de carbonato de litio, 19 millones de toneladas de cobre, 1,7 millones de toneladas de níquel y 29 millones de toneladas de aluminio para 2030.
Reproduciendo patrones coloniales, los países que se dicen paladines de la lucha contra el cambio climático han impulsado la agenda hacia la descarbonización y el cero neto para el año 2030 y la han presentado como el gran triunfo de la COP26. El Acuerdo de Glasgow insta a que los países «eleven su ambición» de reducción de emisiones, pero se asienta sobre esquemas de compensaciones y de una transición energética que no se hacen cargo de los impactos que ya se están generando en los países proveedores, que una vez más son llamados a sostener la transición. Como señaló una parlamentaria de los verdes alemanes en una reunión privada durante la COP26, su lucha es contra la industria automovilística fósil. Tampoco está esto en la agenda de los sindicatos. A ello se suma el fortísimo lobby de la energía nuclear dentro de esta y anteriores COP, presentada como energía limpia, carbono cero.
La transición justa europea tampoco está considerando a las comunidades indígenas, negras y campesinas de todo el Sur Global que se oponen no solo a la extracción de combustibles fósiles, sino también de minerales metálicos a gran escala. Que no están pensando en la propiedad comunitaria de empresas extractivas, sino que han dicho «NO».
Entonces, un diálogo internacionalista y solidario entre trabajadores plenos, trabajadores precarizades o habitantes marginalizades de las ciudades, que no pueden asumir el pago de las tarifas de luz y calefacción en el Norte Global, y los pueblos del Sur que resisten la violencia fósil es indispensable para una transición verdaderamente justa. Una alianza entre los, las, les oprimidos del mundo, sin intermediarios que desvíen la discusión hacia solamente exigir fondos climáticos dentro del mismo sistema perverso de compensaciones y «ayuda al desarrollo» ahora «bajo en carbono».
La transición justa debe también considerar que cada segundo que una industria del Norte —aunque tenga su producción en China— se niega a reducir su producción y, por el contrario, compensa sus emisiones mediante pagos a países en desarrollo, perpetúa el sistema que está destruyendo el planeta.
