La estrambótica legislatura saliente de las elecciones del 21 de diciembre de 2017, justo después de la fallida Declaración de Independencia y la avalancha represiva del Estado, hace tiempo que había sido dada por amortizada. El 14 de febrero, cinco millones de catalanes fueron llamados a las urnas para elegir un nuevo gobierno, en medio de la situación de pandemia y tras días de incertidumbre sobre de la fecha final de las elecciones.
Los resultados de los comicios dieron una mayoría indiscutible al independentismo, que recibió el aval de los electores una vez más. A su vez, el principal partido de centroizquierda catalán, Esquerra Republicana de Catalunya, puso fin a su maldición secular y logró quedar en cabeza de entre los partidos independentistas. Tal cosa deja, 90 años después, a un líder republicano en posibilidad de postularse a la Presidencia.
Como se suele decir, los resultados dejan casi tantos interrogantes como oportunidades abiertas. Pero, antes, algunas notas relevantes para el análisis.
Descenso en picado de la participación
El elemento del día fue la altísima abstención, hasta un 22,5% menos de catalanes fueron a votar en relación con las anteriores elecciones, quedándose en un 53,5%. Sin duda una parte importante de este porcentaje lo explica la situación de pandemia, pero al respecto cabe añadir que en las anteriores elecciones catalanas el porcentaje de participación había sido siempre extraordinariamente alto. El independentismo había conseguido convertir cada comicio en un plebiscito por la independencia, al menos desde 2015, cuando la participación llegó al 75% del censo y especialmente en 2017, cuando rozó el 80%. Una participación incomparable en cualquier otro país del entorno.
De todas formas, en este acusado descenso (especialmente pronunciado en las áreas de Barcelona de menor PIB per cápita) debemos leer, posiblemente, frustración y desentendimiento político de una parte de la población que hace tres años fue a votar en masa. Este descenso afectó tanto al bloque independentista como a sus oponentes, y tuvo sus efectos en la composición final de escaños. Pero lo que está claro es que sacar valoraciones en relación al aval de determinadas políticas o sobre la preocupante gestión de la pandemia hecha por el gobierno catalán en los meses precedentes sería precipitado.
El independentismo fue capaz de movilizar (de forma más o menos entusiasta) a más gente que los partidos unionistas. Esto muestra, una vez más, el nivel de movilización que ha generado este movimiento durante los últimos años, movilización que parece lejos de agotarse. Al contrario: el independentismo salió del 14F con más validación que nunca en términos electorales.
Superando la barrera del 50%
En los debates posteriores a octubre, una parte del independentismo explicó la derrota del momento en términos de insuficiente legitimidad social del proyecto, entre otros factores. Si bien las movilizaciones continuadas desde –como mínimo– 2012 y las sucesivas victorias electorales lo hacían un movimiento hegemónico en Cataluña, no se había logrado superar en votos a la suma de partidos no explícitamente independentistas. La condición, necesaria pero no suficiente, era mostrar una clara mayoría que solo podría contabilizarse superando la barrera del 50% de votos emitidos en unas elecciones, algo que proporcionaron los resultados del pasado domingo.
Esto deja al independentismo con una fotografía claramente favorable hacia la comunidad internacional y es un argumento de fuerza para presionar en las negociaciones con el gobierno español del PSOE y UP para pactar un referéndum de autodeterminación, algo a los que los socialistas se muestran contrarios y que no cuenta con el apoyo explícito de Podemos.
Lejos de todo planteamiento queda la idea de rearmar una estrategia unilateral apoyada sobre la mayoría absoluta en escaños y este porcentaje de votos, lo cual indica que el ciclo abierto el 1 de octubre queda definitivamente cerrado. Esto da manga ancha a ERC para mantener su estrategia de via ampla (vía ancha), basada en la gestión eficiente de las instituciones catalanas y aglutinando un espacio soberanista que iría de Junts a Podemos.
Esta estrategia se basa en lo que podríamos llamar un «nacionalismo de bienestar» y se apoya en la voluntad de aumentar el apoyo al independentismo a partir de políticas públicas redistributivas y a favor de la diversidad. Un punto que siempre ha sido foco de conflicto entre el independentismo de izquierda (representado por ERC y la CUP) y la centroderecha nacionalista. Sin embargo, esta última se encuentra muy debilitada tras el Procés, algo que los resultados electorales también certificaron.
Una derecha independentista de futuro incierto
Uno de los principales argumentos por parte de los sectores españolistas de la izquierda contra el proceso de autodeterminación ha sido su convicción de que el movimiento de masas fue levantado por las antiguas élites dirigentes catalanas organizadas alrededor de la coalición Convergència i Unió (CiU), que gobernó el país desde la Transición hasta 2003 y durante la crisis, aplicando fuertes medidas de austeridad (2010-2012).
Algo había de cierto en ello. CiU, comandada entonces por Artur Mas, intentó por varios medios conducir el movimiento de masas proindependencia al redil de un nuevo pacto económico con el Estado, algo pero que las bases independentistas por un lado y la cerrazón del gobierno español dirigido por Mariano Rajoy no permitieron. Esto situó al antiguo espacio que había aglutinado CiU en una disyuntiva que acabó desgarrando la coalición. Por un lado, sus bases, formadas por clases medias y trabajadoras de las áreas rurales, se radicalizaron y, por el otro, sus soportes en el poder económico español radicado en Barcelona le retiraron su apoyo cuando el ciclo se aceleró bajo el mandato de Puigdemont. Desestabilizada en ambas patas, la centroderecha catalana empezó a disgregarse en diversas familias y grupos (hasta cuatro, si contamos a Unió, hoy integrada en el PSC) después de octubre de 2017.
En las actuales elecciones, el grupo mayoritario de Junts per Catalunya, aupado por el expresidente Puigdemont y su círculo de allegados, quedó ligeramente desbancado por ERC, que terminó en cabeza por un solo escaño (lo que sitúa a los republicanos en posición de reclamar la presidencia). Especialmente relevante es la no entrada en el Parlament del PDeCat, el grupo más moderado y con un discurso neoliberal más duro, al cual el expresidente Mas dio su apoyo en campaña con un discurso especialmente beligerante contra la CUP.
El partido de Junts per Catalunya, con 32 diputados, es el único representante de la derecha independentista, totalmente en minoría ante los 42 diputados que forman la CUP i ERC. Esto deja al independentismo de izquierdas en una mejor posición para imponerse dentro del bloque independentista.
Habrá que ver hasta qué punto Junts mantiene su espacio a lo largo de esta legislatura. La centroderecha independentista se mantiene más por un armazón ideológico heredado del catalanismo conservador y del horizonte de época (que afecta a Cataluña como cualquier otro país occidental) que por un programa de clase bien definido. Junts representa capas yuxtapuestas de una clase media en descomposición, pequeña burguesía y sectores populares catalanes, especialmente de fuera de Barcelona y su Área Metropolitana (AMB). Esto hace que oscile según la coyuntura y que inclusive llegue a situar los intereses nacionales por encima de sus intereses de clase, como ocurrió en la huelga general del 3 de octubre.
Esto deja fisuras que las fuerzas de izquierdas independentistas y soberanistas pueden aprovechar para hacer avanzar posiciones progresistas, como fue el caso de la ley de regulación de alquileres, aprobada en la anterior legislatura gracias a una gran presión popular que hizo pinza con los sectores autodeterministas y progresistas.
Un anticapitalismo reforzado, al menos en el independentismo
La baja participación ha beneficiado claramente a la CUP que, a pesar de perder cerca de diez mil votos, ha doblado su representación, pasando de 4 a 9 diputados. Posiblemente, en ello cabe interpretar más la fidelidad de un electorado movilizado y activo que la atracción generada por su cabeza de lista, producto de un pacto con Guanyem, un recién espacio formado por cupaires y agentes municipalistas.
Está aún por ver qué papel desempeñará esta reforzada CUP en el Parlament y en el Govern a constituir. Si bien durante la campaña se leyeron declaraciones afirmativas a una posible entrada al gobierno, las negociaciones abiertas hasta ahora sitúan cuatro condiciones por parte de los anticapitalistas para llegar a acuerdos: un nuevo referéndum de autodeterminación al final de la legislatura, un plan de choque social para hacer frente a la crisis, un plan de transición ecológica y el fin de la represión contra centenares de represaliados independentistas (el control de la policía autonómica sigue en manos de la Generalitat que, además, se ha apersonado en algunos procesos judiciales en contra de activistas).
Sin embargo, no queda muy en claro qué posibilidades existen para avanzar en estas propuestas si la CUP aceptara participar del gobierno. No hay que olvidar que la autonomía catalana se encuentra muy limitada para desarrollar una auténtica agenda reformista que permita avanzar en la vía de las propuestas de la CUP (como la transición ecológica, nacionalización de sectores estratégicos, una Renta Básica Universal o una farmacéutica pública). Esto implica un choque competencial directo con el Estado español, que parece que los grandes partidos independentistas no están dispuestos a plantear hasta que no se consiga una nueva correlación de fuerzas.
Con todo, la CUP deberá decidir qué postura adopta ante el nuevo gobierno. El ciclo caliente del 15M queda ya lejos, y las posibilidades insurreccionales que abrió el 1 de octubre están totalmente fuera de la agenda de las formaciones independentistas, pero la CUP no ha actualizado su papel de «altavoz» de la calle.
Ante una situación de consolidación y enfriamiento de la política catalana (al menos, mientras no estalle el malestar generado por la crisis sanitaria), la CUP deberá replantearse su función en el Parlament y ver qué agenda desarrolla en el mientras tanto, tanto en la cambra como en la calle. Sin duda, está en buena posición para capitanear la izquierda radical y alternativa tras los malos resultados que sacó En Comú Podem (apodados los Comunes), la formación de Podemos en coalición con el viejo espacio poscomunista, que perdió más de ciento treinta y cinco mil votos pero mantuvo el número de escaños.
Es quizás temprano para explicar el poco éxito de los llamados Comunes, aunque una explicación plausible pudiera ser el desgaste producido por su presencia en el gobierno de coalición con el PSOE en el Estado español. Fiarlo todo a la entrada al Gobierno como socio menor no está dando resultados en términos sociales ni de profundidad democrática.
En lo que respecta a la gestión de la crisis, las ayudas europeas para el llamado plan de reconstrucción, tan alabadas en su momento, se han canalizado hacia las grandes empresas que forman el IBEX 35 y dejan lejos cualquier esperanza para una redistribución más equitativa. A su vez, la incapacidad para hacer virar ni un ápice al PSOE de su papel de guardián del Régimen del 78 está llevando a evidenciar su papel subalterno, como demuestra la imposibilidad de juzgar los delitos del rey emérito, y a escándalos democráticos como la detención del rapero Pablo Hasél, condenado a 9 meses de prisión por injurias a la Corona.
Volviendo a Cataluña, uno de los problemas evidentes de Podemos y sus marcas en Cataluña es la falta de enraizamiento en el conjunto del territorio catalán, limitando su presencia a Barcelona y su Área Metropolitana (recordemos que mantiene la alcaldía de la ciudad Ada Colau), lo que los hace casi testimoniales fuera de Barcelona. Sin duda, su posición tibia y poco comprometida con la cuestión nacional explica esta poca presencia. El problema con esto es que, ante el renacimiento del Partido Socialista, el voto útil en sus antiguos feudos de Barcelona y la AMB ha ido a parar a los socialistas.
La operación Illa, a medio gas
La vuelta del Partido Socialista (PSOE-PSC) es quizás una de las notas más relevantes de estas elecciones. Después de años de decaimiento, el PSC ganó más de cuarenta mil votos y fue la lista más votada al cerrar los colegios. Esto sitúa a Salvador Illa y sus 32 diputados como el nuevo espacio líder del unionismo, arrebatando el relevo a la derecha de Ciudadanos, que pasó de 36 diputados a tan solo 6. Los socialistas, que gobernaron la Generalitat entre 2003 y 2010, recuperan su primacía en el llamado Cinturón Rojo, el área industrial alrededor de Barcelona (aunque, de todas formas, no habían desaparecido del todo, pues siguieron gobernando en las alcaldías de ciudades importantes de la periferia barcelonesa).
Sin embargo, la operación realizada para desbancar de una vez por todas el independentismo no logró sus objetivos. Esta consistía en usar la tirada mediática del ministro de sanidad del gobierno del PSOE y UP, Salvador Illa, como cabeza de lista y candidato. Ante la tentativa de prorrogar las elecciones por parte del gobierno catalán en funciones, la Junta Electoral y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actuaron para mantener la fecha, algo que se ha querido plantear por parte del independentismo como una operación de Estado para recalibrar el terreno de juego a favor de la opción unionista con posibilidades de ganar.
Sea como fuere, los Socialistas quedaron lejos de poder aglutinar una mayoría alternativa al independentismo. Su previsible papel en la legislatura es el de encabezar la oposición al gobierno independentista que se forme. Recordemos que el PSOE es quizás el mayor garante de la estructura política e institucional surgida de la Transición y que su actuación en relación con la monarquía y la gestión de los fondos europeos dista mucho de ser de izquierdas. A lo anterior debemos sumar su postura en la reforma neoliberal de las pensiones y su negativa, hasta el momento, a derogar la reforma laboral aprobada por el Partido Popular en 2012, bajo el mandato de la troika.
La extrema derecha españolista entra con fuerza
La imagen más amarga de la jornada fue, sin dudas, la entrada de la extrema derecha de VOX al Parlament catalán con once diputados, un hecho insólito pero no mancado del todo de referentes. Como hemos comentado, el liderazgo a favor de la unidad de España era detentado por Ciudadanos, un partido nacido en Cataluña específicamente para hacer frente a los consensos de la Transición en lo tocante a la normalización de la lengua catalana y como reacción al giro «catalanista» del ya lejano PSC de Pasqual Maragall.
Ciudadanos, de inspiración derechista, se ha visto sobrepasado en retórica y dureza por la extrema derecha de VOX, conformada por nostálgicos de la dictadura franquista que encarnan lo más extremo del nacionalismo español y cuyo programa se dirige sin rodeos a la supresión de las autonomías y a la recentralización absoluta del Estado. Sin duda, la oposición intransigente que durante estos años realizó Ciudadanos y sus métodos basados en el filibusterismo parlamentario y la crispación han allanado el camino a la extrema derecha desacomplejada. Lo vemos claramente: allí donde Ciudadanos sacó sus mejores resultados, es donde VOX quedó como segunda o tercera fuerza.
Habrá que ver como se desarrollará VOX en el Parlament catalán. La particularidad de Ciudadanos es que se trata de un partido catalán con una agenda propia en el país: romper los consensos lingüísticos (como el que existía en relación al uso predominante del catalán en la cámara) y culturales, mostrando a los independentistas como supremacistas, xenófobos y etnicistas. VOX, sin embargo, tiene una agenda enfocada a nivel estatal y poco más que retórica en relación a los problemas específicos de Cataluña, para los cuales da como solución simple cerrar la televisión pública, terminar con el catalán en la escuela y desballestar la Generalitat.
La presencia de la extrema derecha es inquietante. Tal y como ocurre en otros países, es capaz de condicionar las posiciones de los actores con los que compite con el voto. Esto se ha traducido en un endurecimiento discursivo de las derechas liberales pero, en Cataluña, donde hay que tener en cuenta el eje nacional, puede incluso afectar a un PSC que ya entró en la dinámica de bloques iniciada por Ciudadanos y que no tiene problema en usar los mismos tópicos identitarios para referirse a los independentistas como etnicistas y calificar el conflicto político como «de convivencia».
A su vez, implicará la presencia, hasta entonces relativamente ausente, de discursos de criminalización de la inmigración y la ocupación de viviendas, totalmente sobredimensionada por los medios afines. Su connivencia con una policía con vínculos cada vez más evidentes con los ultraderechistas también añade una nota siniestra, que veremos cómo se traduce a nivel de calle y en la refriega con los movimientos sociales, especialmente los de defensa de la vivienda y el feminismo.
Un primer acuerdo entre todas las fuerzas políticas antifascistas para aislar a los ultraderechistas debería ser un consenso inicial de cara a la próxima legislatura.
Opciones de futuro
El resultado de las elecciones vuelve a certificar la dinámica de bloques de la política catalana de la última década. Por un lado, un bloque independentista que se ha corrido claramente hacia la izquierda, con una CUP con más presencia y capacidad de marcar, una ERC en cabeza y un espacio de centroderecha que se ha desembarazado de sus sectores más moderados. Por el otro, un bloque unionista o «constitucionalista» con un renovado PSC al frente, la extrema derecha de VOX y las debilitadas derechas liberales del PP y Ciudadanos. A este bloque cabe añadir, de momento, a la izquierda de los Comunes, con una postura bastante alineada con el PSC en lo tocante a la cuestión nacional aunque con ciertos guiños discursivos que luego, sin embargo, no se traducen en apoyos legislativos concretos.
Todo lleva a pensar en la reedición de un pacto similar al que se venía dando en la anterior legislatura con ERC y Junts, pero con la primera ostentando la presidencia. Un tema que no es baladí, puesto que supondría un importante hito simbólico. Sin embargo, el paradigma en el independentismo, como comentábamos más arriba, pasa ahora por la gestión del «mientras tanto» y deja del todo abortada cualquier tentativa de confrontación mediante la activación popular.
Una estrategia que, aunque se proclame independentista y centrada a la acumulación de fuerzas para un nuevo momento de ruptura, puede fácilmente reconvertirse en una reedición del pacto autonomista de la Transición, ceder ciertas cuotas de gobierno a cambio de garantizar la estabilidad en Madrid, solo que con actores distintos y situando a ERC como el principal «gestor» de la autonomía catalana con un tinte más progresista que como lo hicieron los neoliberales de Convergència i Unió en el pasado, pero sin rupturas en lo fundamental.
Si bien sale reforzado (una vez más) el independentismo, el eje de izquierda más allá del independentismo también gana presencia. Aunque sin contar el PSC, ya que sus posturas sociales probablemente no disten mucho de algunos posicionamientos de la centroderecha de Junts, que al menos votó favorablemente la Ley de regulación de alquileres, cosa que los socialistas no hicieron. Si bien los Comunes han fantaseado con la conformación de un tripartito de izquierdas incorporando ERC y PSC, esta opción queda muy lejos por la dinámica de bloques existente. No hay que olvidar el papel entusiasta del PSOE en la aplicación del artículo 155 que suspendió la autonomía catalana en octubre de 2017 y el mantenimiento de los presos independentistas hasta día de hoy con el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Si bien el PSC no es Ciudadanos, aun falta mucho para una obertura de los bloques y la posibilidad de pactos entre ellos.
El principal reto, por ahora, es articular un frente amplio soberanista y de izquierdas que permita superar la dependencia secular respecto a la derecha en el campo independentista y al PSOE en el eje de izquierdas. Para conformar este bloque, resulta indispensable aceptar la realidad nacional catalana e incorporar la lucha por la autodeterminación como eje programático clave a la vez que se articula una respuesta eficiente a la previsible crisis provocada por la pandemia.
Esto podrá hacerse reuniendo los escasos recursos que permiten unas instituciones autonómicas despojadas de soberanía y activando y reforzando el tejido social y popular, que es de donde se ha nutrido el independentismo de izquierdas durante décadas. Aunque el camino está lleno de obstáculos y desviaciones, la situación dejada por los recientes comicios no es desfavorable para empezar a andarlo.
