El artículo a continuación forma parte de la serie Situación latinoamericana y elecciones Argentina 2025, una colaboración entre Revista Jacobin y la Fundación Rosa Luxemburgo.
Las elecciones legislativas de este domingo en Argentina consolidaron la administración de La Libertad Avanza (LLA), revirtieron la contundente derrota de septiembre en provincia de Buenos Aires y le dieron un espaldarazo al proyecto político reaccionario de Javier Milei, que logró imponerse con un 40% de los votos a nivel nacional (aunque en unas elecciones con la abstención más alta desde la vuelta de la democracia en 1983). Con una campaña errática pero sostenida en buena parte en la centralidad mediática del propio presidente, actos públicos bizarros y una inédita intervención directa del presidente estadounidense Donald Trump y del secretario del Tesoro Scott Bessent, el oficialismo logró un salto de representación parlamentaria que lo deja en una posición de fuerza de la que no había gozado en sus primeros dos años de gestión.
Aparentemente inmune a los escándalos de corrupción, a la inocultable crisis económica y a las denuncias por sus vínculos con el narcotráfico, el bloque libertariano más que duplicó su presencia en la Cámara de Diputados y amplió significativamente su bancada en el Senado, garantizándose, a partir del recambio de diputados y senadores del 10 de diciembre, la capacidad no sólo de blindar los vetos presidenciales (e incluso las esporádicas amenazas de juicio político) sino, sobre todo, de marcar la agenda parlamentaria y avanzar con el plan de «reformas de segunda generación» ya anticipado.
El dato principal de la jornada fue el altísimo índice de abstención en estas elecciones de medio término en las que sólamente votó un 67,8% del padrón, lo que implica que casi 12 millones de argentinos no fueron a votar, en las elecciones intermedias con más baja participación popular desde 1983, cuando el promedio de participación rondaba el 85%, para ya en los años 90 bajar a 82%. A partir de 2011, año en que se implementó el mecanismo de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la participación promedio se ubicó en un 77%, con un piso de 72% en la votación de 2021, en el marco de la pandemia. El ausentismo en los comicios de este domingo confirma una tendencia que ya se venía sintiendo en elecciones locales en los últimos meses, que puede leerse sin mucho esfuerzo como síntoma de una creciente desafección electoral.
Un nuevo escenario parlamentario
Con esos datos, en la Cámara de Diputados, LLA pasó de 38 a 93 bancas, más que duplicando su representación, lo que le asegura el tercio necesario para bloquear leyes adversas y consolidar su iniciativa legislativa. La expansión libertariana fue especialmente notoria en los principales distritos del país, donde el oficialismo se impuso incluso en los territorios históricamente dominados por el peronismo. Milei ganó en todo el cordón productivo del centro —Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe—, derrotó a gobernadores recientemente electos y revirtió una diferencia de dos dígitos en la provincia de Buenos Aires. Aunque dentro de las nuevas bancas libertarias figuran varios dirigentes del PRO y del radicalismo, que ingresaron por alianzas locales, el crecimiento de la fuerza presidencial marca un punto de inflexión en la dinámica parlamentaria.
El brutal crecimiento de la representación oficialista en la Cámara Baja se alimentó no tanto de la pérdida de bancas del peronismo (que resignó sólo 3) sino sobre todo de los retrocesos del PRO (14), de la UCR y la Liga del Interior (14), del bloque Encuentro Federal (7), de la Coalición Cívica (2), de otros bloques provincialistas (2) y hasta el bloque del Frente de Izquierda, que perdió una banca (manteniendo su promedio nacional de la última década pese a que hizo una elección histórica en CABA, donde obtuvo un 9%, con una lista encabezada por Myriam Bregman, que se consolida como la principal referente electoral de la izquierda). El peronismo, en cambio, aunque no perdió tantos legisladores y sigue como primera minoría de la Cámara baja, debe enfrentar la próxima etapa no sólo sumido en una puja interna que ya muestra signos de revitalizarse, sino con su capacidad de articulación opositora severamente debilitada.
En el Senado, el avance fue igualmente contundente. De los ochos distritos que votaban senadores (Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego), LLA se impuso en seis, con lo que pasó de ocho a veinte bancas y redujo drásticamente la representación del peronismo, que perdió seis representantes y quedó con apenas 28 senadores (el momento de mayor debilidad de una bancada peronista en la Cámara Alta desde el regreso de la democracia). Aunque el oficialismo necesitará cuatro votos adicionales para alcanzar el tercio que le permita blindar sus vetos, las coincidencias con sectores del PRO (que pasó de 8 a 6 bancas) y del radicalismo (de 13 a 9) hacen prever que no tendrá dificultades para lograrlo. La nueva correlación de fuerzas deja al peronismo como primera minoría, pero ya sin la capacidad real de bloquear los proyectos del Ejecutivo como sí pudo hacer durante este año con algunas leyes clave, con lo que aportó un importante factor de inestabilidad política a la que el Gobierno ya no le temerá en la nueva etapa.
El panorama que se abre es el de un oficialismo fortalecido que buscará profundizar su programa de ajuste y desregulación con el nombre de «reformas de segunda generación». Bajo esa etiqueta se agrupan iniciativas que no lograron ingresar en la Ley Bases (por negociación parlamentaria al inicio de la gestión mileísta o por bloqueos judiciales), incluyendo la triple reforma —laboral, impositiva y previsional—, que cuenta con el respaldo explícito de los grandes grupos empresariales. Este resultado electoral consolida la ofensiva del gobierno y deja planteado un escenario de recomposición conservadora y de posible estabilización en el corto plazo, en el que la capacidad de resistencia social y política del campo popular volverá a ponerse a prueba.
¿Qué pasó?
El 40% logrado por el Gobierno a nivel nacional tal vez sea más significativo que lo obtenido en 2023 para llegar al poder, ya que en ese entonces Milei era un absoluto outsider que revoleaba promesas de campaña de todo tipo (como dinamitar el Banco Central y dolarizar la economía nacional, entre otras) sin que se supiera realmente qué estaba dispuesto a concretar o qué cuánto podría avanzar realmente. Hoy ninguno de sus votantes puede alegar ignorancia: las dramáticas consecuencias económicas de su gestión están a la vista, lo mismo que el debilitamiento institucional que impuso a lo largo de estos dos años interminables. Pero todo ello no pareció decisivo para un inmenso sector de la población argentina, que optó por ratificar el rumbo político, pese a las penurias materiales.
En los próximos días seguramente se ensayarán múltiples explicaciones para este fenómeno, desglosando a fondo los datos de la votación por regiones, por sector social, por género, etcétera, pero es bastante posible que la evidente sensación de fragilidad económica y política que transmitió el Gobierno en las últimas semanas, con su recurso desesperado al salvataje económico por parte de la administración de Donald Trump haya sido un factor importante para decidir a mucha gente por el voto al oficialismo (sin descartar a un sector que se haya entusiasmado genuinamente con la promesa trumpiana de una inverosímil lluvia de dólares para convertir a la Argentina nuevamente en potencia… pero a condición de que se ganen las elecciones).
Como casi siempre en los últimos tiempos, las encuestadoras no fueron capaces de captar previamente este fenómeno. Tal vez por una intención de voto «culposa» que no se explicitó en las consultas preelectorales, como sucedió con la famosa elección del ex presidente Carlos Menem en las elecciones de 1995, cuando la frase más escuchada era «Yo no lo voté», pese a que logró reelegirse con más del 49% de los votos. Entonces esto fue definido como el «voto cuota», una apuesta a la continuidad pese a la ya evidente crisis económica, porque había muchas cuotas que pagar y un descalabro económico profundo podría complicar cualquier planificación.
Aunque es obvio que en los últimos 20 años Argentina transitó infinidad de cambios, tal vez pueda intentarse algún paralelo con aquella «racionalidad económica» que optó por la continuidad de lo malo antes que por un desenlace de crisis abierta, de consecuencias imprevisibles (que llegaría una década y media después). En las semanas previas a la elección de este domingo se multiplicaron las denuncias por los escándalos de corrupción y vínculos de figuras del Gobierno con el narcotráfico, se produjo una importante corrida cambiaria con la sospecha de que no se iban a poder defender las «bandas cambiarias» ni siquiera hasta las elecciones (lo que caldeó la macroeconomía y obligó al ministro de Economía Luis Caputo a internarse inéditamente durante 15 días en Washington), se sucedieron dos vergonzantes renuncias de integrantes del Gabinete de ministros y se hicieron visibles unas internas desatadas en el Gobierno, mientras que el anuncio de más cambios de funcionarios a partir de este lunes confirmaba la crisis profunda del partido de Gobierno. Este contexto, sumado al antecedente cercano de la aplastante derrota del oficialismo en provincia de Buenos Aires, apenas 50 días atrás, dejaba claro que otro grave revés electoral implicaba una nueva disparada del dólar y una agudización, tal vez terminal, de la crisis política. Todos lo sabíamos, pero puede que mucha gente no haya estado dispuesta a dar ese salto a la crisis abierta. Así, los pronósticos de derrota electoral catastrófica y de una macroeconomía volando por los aires pueden haber fortalecido un voto popular conservador y continuista, más allá de la innegable existencia de un sector creciente y consolidado (sobre todo juvenil) que vota ideológicamente de derecha.
Aunque en las primeras horas posteriores a la difusión de los resultados electorales estuvieron a la orden del día las comparaciones con los resultados las elecciones intermedias de 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri. Entonces se impusieron con claridad las listas del PRO para, apenas dos meses después, dar lugar a una contundente irrupción popular contra la reforma previsional que terminó colapsando al gobierno y obligándolo a solicitar un préstamos millonario al Fondo Monetario Internacional para llegar a terminar su mandato). Hoy la situación es muy diferente. Sin descartar que la histórica capacidad de movilización de la sociedad argentina pueda brindarnos alguna sorpresa positiva en el mediano plazo, el agotamiento social, el desapego político y la dispersión de las acciones de resistencia contra la brutal ofensiva económica, política y cultural desplegada por la ultraderecha en el Gobierno, parecieran ponernos frente a un escenario mucho más complicado que aquél.
En este sentido, la victoria de Milei no solo expresa un voto de castigo al peronismo, sino también la consolidación de una nueva derecha que combina fundamentalismo de mercado, antipopulismo cultural y una apelación todavía eficiente al hartazgo popular respecto de la política tradicional. En un país marcado por la desigualdad y la descomposición del trabajo formal, el experimento derechista logró articular una narrativa de revancha contra el Estado y las organizaciones sociales. Aunque, por supuesto, no se puede dejar fuera de la ecuación que intente explicar la remontada de LLA al factor «antiperonismo», puede que estamos viendo algo mucho más profundo y más grave que eso: la consolidación de un bloque popular que no sólo reacciona «contra» un eventual retorno peronista sino que es capaz de defender activamente las políticas antisociales de las nuevas derechas.
Y precisamente aquí es donde buena parte de los análisis de la izquierda tradicional se quedan cortos. Desde el FITU se leyó el triunfo de Milei en 2023 como un golpe de marketing o un accidente electoral que no puso en cuestión ninguna de sus caracterizaciones previas respecto de la sociedad nacional y sus históricas capacidades de impugnación a los planes regresivos de las derechas. Después de pasarse dos años esperando la movilización popular que barra con un gobierno caracterizado sistemáticamente como «débil» (pese a haber logrado implementar sin mayores resistencias el más importante ajuste contra el nivel de vida de los trabajadores de las últimas décadas) y de anticipar un hartazgo popular por el deterioro económico que iba a castigar en las urnas al Gobierno, hoy se reivindica la existencia de una «polarización» que no tiene ninguna constatación en la realidad. Lo cierto es que la crisis es capitalizada consecuentemente por las derechas sin que se avizore ninguna recomposición o agrupamiento significativo en sentido contrario (más allá del autoproclamado rol del Frente de Izquierda como hegemón del polo resistente, aunque ni siquiera haya hecho una gran elección este domingo). Hoy, sin revisar ninguna caracterización previa respecto del «olor a 2001» que presuntamente se respiraba en el ambiente antes de las elecciones, se apuesta por un horizonte de reacción popular similar a la de diciembre de 2018. Así, sin necesidad de modificar caracterizaciones ni herramientas, cualquier movilización o acto de resistencia popular se lee como la antesala de la rebelión que barrerá con LLA. «Sí, perdimos las elecciones por goleada, pero esto no significa nada porque la calle va a tener la última palabra», se repite. Pero los sorprendentes resultados de este domingo insisten sobre la necesidad de repensar estas estrategias políticas por default.
La pregunta que queda abierta tras los ccmicios es si este logro electoral, que parece haber calmado a «los mercados» en lo inmediato, trayendo una acelerada baja del dólar y del riesgo país, podrá garantizar una estabilización del Gobierno de Javier Milei en el mediano plazo, en medio de un creciente deterioro económico de las mayorías sociales, de una precarización laboral en aumento y de una acelerada destrucción del entramado social más básico en los próximos meses. En ese marco complejo, tendremos que con ver con qué herramientas políticas y sindicales amplias y flexibles enfrentaremos las intenciones oficiales de aprovechar la nueva composición parlamentaria para avanzar rápida y profundamente contra derechos laborales y conquistas históricas del movimiento obrero.
