El triunfo del sociólogo Bernardo Arévalo de León con casi el 61% de los votos en las elecciones presidenciales de Guatemala expresa la reconfiguración de las fuerzas populares y la resistencia a la destrucción de la democracia. Arévalo dio vuelta lo esperado y abrió una puerta de esperanza para el país, en un contexto de crisis del orden de posguerra y de intentos de restauración autoritaria. Ambos procesos, al tiempo que fueron condición de posibilidad para su triunfo, deben leerse también en clave de limitaciones para la concreción de su proyecto político.
El Movimiento Semilla, que lo condujo a la presidencia, nace en el año 2015 en el marco de la crisis política que sacudió al país a raíz de la publicidad del Caso La Línea, una megacausa por corrupción, en manos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)1. El caso dio cuenta de la existencia de redes político-económicas ilícitas que, según la comisión, habían «capturado al Estado». En ellas estaban implicados el presidente, General retirado Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti, además de funcionarios, políticos y grandes empresarios. Esas estructuras, resultaba claro, tenían vínculos estrechos y relaciones de continuidad con las redes criminales tejidas por la inteligencia militar y enquistadas en el Estado durante el llamado «conflicto armado interno».
Otto Pérez Molina, oficial de inteligencia vinculado al genocidio, había alcanzado el triunfo en las elecciones de 2011 frente a Manuel Baldizón, del Partido Líder. La campaña estuvo marcada por la proscripción de Sandra Torres, quien venía de ejercer la dirección de los extendidos programas sociales del gobierno de su marido, Álvaro Colom (2008-2012). Este gobierno, el único de tintes progresista desde la firma de la paz (1996), con sus moderadas propuestas de democratización y redistribución, había despertado de su breve descanso de posguerra a la «mentalidad anticomunista» gestada durante el proceso revolucionario de reformas democráticas, modernización capitalista y antimperialismo que encabezaron Juan José Arévalo, el padre de Bernardo, y Jacobo Árbenz Guzmán entre 1944 y 1954. El rol social que desempeñó Torres —y su condición de mujer— desencadenó en su contra una feroz oposición político-mediática por «populista», un calificativo fácilmente intercambiable por el de «comunista». Allí radica el origen de la «sandrofobia» o el «voto anti-Sandra».
El triunfo de Pérez Molina implicó el retorno de un sector de la oficialidad militar al Estado y evidenció una reconfiguración de las fuerzas políticas de derecha en el gobierno. Se articuló una nueva alianza con actores emergentes y otros secundarios o, hasta entonces, relativamente marginados del poder político, pero con creciente poder económico y social: burguesía tradicional conservadora, militares, religiosos y sectores económicos emergentes legales e ilegales. En esta reestructuración, la gran burguesía modernizada y transnacionalizada —eje de la dominación neoliberal de posguerra— continuó siendo un actor clave, aunque ya no el más importante dentro de las fuerzas de derecha del país.
El primer gobierno encabezado por un militar luego de la transición al régimen democrático (1985) terminó mal. Las acusaciones por corrupción de la CICIG desataron protestas masivas inéditas en la historia reciente, que llevaron a la renuncia del presidente y vicepresidenta y pusieron en jaque al sistema político construido a partir de la firma de la paz (1996). Para gestionar y controlar la crisis, el gobierno de transición convocó a elecciones en las cuales triunfó un partido nuevo, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-N), formado por exmilitares del ala dura vinculados a la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA) y la «Fundación contra el Terrorismo», y empresarios y políticos de extrema derecha.
El FCN-N llevó como candidato al cómico televisivo y evangélico, Jimmy Morales, presentado como outsider y protegido por la prensa tradicional. Con el lema «ni corrupto ni ladrón», compitió contra los favoritos: Sandra Torres (UNE) y Baldizón (LÍDER). Inesperadamente, triunfó. La campaña estuvo marcada por la acusación a LÍDER de corrupción y por un discurso «antipopulista» contra Torres quien, para entonces, ya había comenzado su giro hacia la derecha conservadora.
La crisis abierta en 2015, no obstante, produjo una repolitización de varios sectores sociales, fundamentalmente urbanos, la proliferación de liderazgos jóvenes y el surgimiento de decenas de colectivos y organizaciones. Se inauguró un clima permanente de protesta social en distintas regiones del país, cuyo centro de gravedad, como argumenta Ricardo Sáenz de Tejada, viró progresivamente hacia los pueblos indígenas y sus organizaciones y autoridades, las organizaciones feministas, las organizaciones de la diversidad y de disidencias sexuales y los colectivos de jóvenes.
Dos ejes de conflicto proliferaron con más fuerza: la vieja y persistente protesta socioambiental provocada por el extractivismo, los megaproyectos energéticos y la agroexportación de productos no tradicionales y la protesta contra la corrupción que, a diferencia de la anterior, cuenta con el apoyo de y se enmarca en la política contra la corrupción estadounidense para la región reforzada durante la administración de Biden. Desde Guatemala, la protesta anticorrupción irradió hacia toda Centroamérica. La protesta anticorrupción aglutinó tras de sí las profundas frustraciones que la sociedad guatemalteca experimentó desde la transición a la democracia y la paz.
En este contexto surgen el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) —vinculado al Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) y a la defensa del territorio, con el objetivo de avanzar hacia un Estado Plurinacional— y el Movimiento Semilla, vinculado al mundo intelectual y estudiantil, más urbano, con propuestas de restauración democrática y anticorrupción. Ambos espacios fueron registrados como partidos políticos en 2018.
Para las elecciones de 2019, la candidata de Semilla, la fiscal anticorrupción Thelma Aldana, fue perseguida y proscripta. El partido consiguió, no obstante, 7 diputados. La candidata del MLP, Thelma Cabrera, alcanzó el cuarto lugar a la presidencia, pero solo obtuvo 1 curul. Winaq, el partido fundado por Rigoberta Menchú, obtuvo 4, y el partido de las fuerzas revolucionarias URNG-Maíz, 3. Estos resultados dieron cuenta de una renovación de las fuerzas de izquierda.
En Guatemala, a diferencia de El Salvador y Nicaragua, la derrota temprana de la insurgencia resultó en la debilidad de la URNG como instrumento político partidario luego de la firma de la paz. A partir de entonces, se configuró un sistema multipartidario, poco institucionalizado e inestable, hegemonizado por nuevos partidos, todos de derecha neoliberal, con una muy marginal participación de las fuerzas de izquierda. Este predominio de la derecha neoliberal fue crucial en la configuración de lo que Barry Cannon llama «complejos socio-estatales orientados a la derecha», un concepto que aplica a una serie de países latinoamericanos, pero que ideó al observar, inicialmente, a las sociedades centroamericanas.
Estas renovadas fuerzas de izquierda se enfrentaron en la calle y en el Congreso a la radicalización autoritaria de las derechas gobernantes. Durante el gobierno de Morales, ante el avance de las investigaciones de la CICIG, se articuló una alianza entre funcionarios y exfuncionarios, militares retirados, empresarios de diversos niveles, grupos criminales y algunos medios de comunicación popularmente conocida como «pacto de corruptos». Esa alianza implicó la expulsión de la CICIG del país. En el acto orquestado para la ocasión, Morales habló de «soberanía nacional» y afirmó que «Guatemala y nuestro Gobierno creen en la vida. Nuestro Gobierno y Guatemala creen en la familia basada en el matrimonio de hombre y mujer». La afirmación que irrumpió como algo al parecer desconectado de la CICIG, dejaba clara la alianza reaccionaria articulada en el Estado y su objetivo de mantener un orden social, cultural y económico excluyente y jerárquico percibido como en declive. A partir de entonces, a fuerza de hostigamiento y criminalización, esa alianza avanzó en la toma de control de las instituciones de contrapeso y equilibrio democrático para proteger estructuras criminales, de corrupción y poder que controlan el Estado.
A Morales lo sucedió Alejandro Giammetti, originario de una familia católica ultraconservadora ligada al sector cafetalero y al poder político más conservador y reaccionario. Su campaña —como las otras tres en las que fue candidato presidencial— tuvo un tono religioso y se comprometió a luchar contra la corrupción, pero se opuso a renovar el mandato de la CICIG. Este organismo fue el que lo acusó de participar en la ejecución extrajudicial de siete presos cuando dirigía el Sistema Penitenciario entre los años 2005 y 2007, causa por la cual estuvo preso. Llegó en segundo lugar al balotaje contra Sandra Torres. Su victoria fue inesperada, al igual que la de Morales. En esa ocasión contó con el apoyo de los partidos políticos presentes en el parlamento y aliados al gobierno saliente.
Durante el gobierno de Giammattei, las y los jueces y fiscales que investigaban delitos de corrupción y lesa humanidad fueron el blanco preferido del «pacto de corruptos». Muchos pasaron al exilio, otras y otros terminaron presos. El «pacto» tomó pleno control del Organismo de Justicia y lo utilizó para perseguir a sus opositores. La figura del preso político, vinculada hasta entonces a la represión de la conflictividad socioambiental, se extendió a periodistas, estudiantes, autoridades indígenas y militantes políticos, a la par que se volvió a la práctica del exilio para evitar la persecución. Además, recrudeció la represión contra la protesta comunitaria socioambiental. Entre 2018 y 2019 se registraron, al menos, 15 asesinatos de personas vinculadas a la defensa del territorio, muchas de ellas pertenecientes a CODECA y al MLP. Esta radicalización autoritaria fue acompañada de un conservadurismo valórico, expresado en una agenda sociocultural hiper reaccionaria.
La campaña, el liderazgo, el triunfo
A tono con esta forma de ejercicio del poder, la campaña que condujo a la victoria del sociólogo Bernardo Arévalo y la científica Karin Herrera estuvo marcada por la sistemática intervención del Organismo Judicial contra las opciones políticas diferentes a la alianza gobernante. Ya iniciado el proceso electoral, se prohibió la participación —por supuestos motivos técnicos— de varias candidaturas, entre ellas la de Thelma Cabrera y Jordán Rodas, del MLP. También se prohibió a los partidos de derecha PODEMOS, PODER y Prosperidad Ciudadana. En la contienda participaron más de 20 candidaturas, casi todas de derecha. Muy pocas expresaban una verdadera oposición al llamado «pacto de corruptos».
Las candidaturas favoritas fueron cambiando a medida que avanzaban las proscripciones. Sandra Torres, ya ubicada totalmente dentro del conservadurismo, Zury Ríos, hija del militar juzgado por genocidio, y Edmond Mulet, vinculado a la red de adopciones ilegales de los 80, se fueron consolidando entre las opciones favoritas. La fórmula Arévalo-Herrera nunca logró superar el 3% de intención de voto en las encuestas. De ahí la gran sorpresa que provocó el segundo lugar alcanzado en la primera vuelta, detrás de Torres. El voto mayoritario, no obstante, fue el nulo. El partido oficial, VAMOS, quedó en tercer lugar y Zury Ríos en el sexto. La derecha guatemalteca, estupefacta. No obstante —si logra asumir—, Semilla tendrá solo 23 curules en el Congreso, de un total de 160. El MLP, ninguno, y la alianza WINAQ-URNG-M, 1.
Al día siguiente de la elección comenzó la campaña judicial y mediática contra Arévalo. Los partidos de derecha, incluido el oficial y la UNE de Torres, impugnaron las elecciones por «irregularidades» e incluso denunciaron «fraude» a favor de Arévalo con intención de frenar el balotaje. El Ministerio Público a cargo de la cuestionada fiscal general Consuelo Porras buscó suspender la candidatura de Semilla. La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó no oficializar los resultados hasta realizar un nuevo cotejo de actas. Esto demoró el proceso, alimentó la incertidumbre y elevó a Arévalo a la primera plana nacional e internacional.
La revisión de las actas por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó los resultados y autorizó la segunda vuelta. Inmediatamente, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche —acusado de «corrupto» y «antidemocrático», al igual que Porras, por el Departamento de Estado de Estados Unidos— ordenó la suspensión de Semilla por una supuesta falsificación de firmas en la creación del partido. La CC frenó la orden judicial porque ningún partido puede ser cancelado en el transcurso de un proceso electoral y habilitó, de esta manera, el balotaje. La policía y la Fiscalía allanaron las oficinas de Semilla y del TSE y alimentaron las protestas en defensa de Semilla. El discurso anticomunista estuvo a la orden del día.
A partir de entonces, el liderazgo del «tío Berni», como lo llaman los jóvenes de su partido, comenzó a crecer a lo largo y ancho del país. Con tono calmo, seguro y firme, y rodeado de un equipo de comunicación joven y perspicaz, Arévalo logró minimizar los constantes ataques al partido y a su persona. Además de prometer una lucha frontal contra la corrupción, llevó adelante una campaña cargada de simbolismo, algo atípico en el país.
La promesa de una «nueva primavera» para Guatemala rescató de algún lugar escondido de la conciencia colectiva el proceso revolucionario que lideraron su padre y Árbenz. «Viva Arévalo» volvió a ser un grito de lucha y esperanzas. En esta ocasión, las encuestas le otorgaron un 50% de intención de voto. Ganó con el 60.9%, el equivalente a 2.4 millones de votos. Su triunfo fue claro en 17 de los 22 departamentos del país. Estados Unidos, interesado en estabilizar Centroamérica y frenar las migraciones, llamó a respetar la voluntad popular.
La población salió a festejar como nunca antes había sucedido desde la firma de la paz. Como era de esperar, la alegría popular fue rápidamente sofocada cuando se dieron a conocer dos planes de asesinato de la fórmula ganadora y una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgando medidas cautelares y exhortando al Estado de Guatemala a proteger la vida de Arévalo y Herrera. El hostigamiento judicial continuó. El lunes 28 de agosto, el secretario general del TSE, Mario Alexander Velásquez Pérez, oficializó la victoria y la «validez del proceso electoral». Minutos antes, el Registro de Ciudadanos dependiente del TSE había suspendido la personería jurídica del partido Semilla siguiendo las órdenes del juez penal Fredy Orellana, también incluido en el listado Engel. El registrador estaba siendo acosado judicialmente por haberse negado a obedecer la misma orden contra Semilla antes de la segunda vuelta.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó la noche del lunes que la suspensión de Semilla no tiene fundamento y es «una interpretación abusiva de la ley». Los equipos jurídicos de Semilla, cuya actividad ha sido de las más intensas desde la primera vuelta electoral, están trabajando en su recusación. Luego de la oficialización de los resultados, Arévalo dijo con firmeza que «nadie puede impedir que tome posesión el 14 de enero». El proceso sigue abierto y lo poco que queda de la democracia en Guatemala depende de él.
Semillas de una democracia sustantiva
El orden social de posguerra se estructuró a partir de tres profundas transiciones: al régimen democrático, a la «paz» y al neoliberalismo. Desde entonces, la idea de democracia que predominó en la política guatemalteca —habituada a las dictaduras y autoritarismos— fue una limitada a la formalidad del régimen político. Se instauraron instituciones representativas de las democracias liberales como el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y a procuraduría de Derechos Humanos pero, a la vez, se eliminó el rol interventor del Estado a partir de una reforma que implicó delegación funcional, privatizaciones y desregulación de los mercados.
A la par se impulsó una economía transnacionalizada, orientada a las exportaciones de nuevas actividades extractivas, servicios, finanzas, turismo e industria maquiladora. Como resultado, el Estado perdió poder infraestructural tanto en términos de complejidad de su aparato institucional como de penetración territorial y de gasto público. Esa debilidad se agravó por la geopolítica del narcotráfico en la que está involucrado el Istmo. Todo ello facilitó la reactualización de la tradición patrimonialista y clientelar de la política local y su articulación con las viejas y nuevas formas de criminalidad.
A pesar de que la economía de Guatemala mantiene desde entonces un ritmo estable de crecimiento, las consecuencias sociales fueron trágicas: desempleo estructural, desnutrición infantil crónica, migración internacional, crecimiento exponencial de la violencia común y la violencia homicida, niveles de desigualdad entre los más elevados del mundo. Con una particularidad: las remesas que envían los migrantes representan aproximadamente el 20% del Producto Bruto del país.
A pesar de las particularidades locales, estas características se extendieron a todos los países del Istmo. «Las democracias malas de Centroamérica» las llamó el sociólogo Edelberto Torres Rivas, cuando buscó explicar las condiciones de posibilidad del golpe de Estado en Honduras. Torres Rivas era enfático en subrayar que el Estado no puede ser plenamente democrático o la democracia se vuelve frágil en sociedades afectadas por profundas y múltiples desigualdades. Una sociedad así abre la puerta a la incertidumbre, la frustración y el autoritarismo.
Junto al economista Alberto Fuentes Knigh —hoy en el exilio—, Torres Rivas fue uno de los fundadores del grupo de análisis político que dio vida al Movimiento Semilla. Sus reflexiones sobre la debilidad del Estado y las profundas desigualdades sociales se encuentran en la base del programa de Semilla. El objetivo del plan «Un país para vivir, para vivir bien» es consolidar las bases, «sembrar semillas», «preparar la tierra» para la construcción de una democracia sustantiva. Se propone aportar a la reconstrucción de un «Estado fuerte, soberano y eficaz» que garantice la pluralidad, practique «políticas predistributivas y redistributivas» y ejerza el poder «con el conjunto de los grupos sociales, comunidades e individuos que habitan el país».
Semilla busca impulsar el desarrollo y el bienestar social a partir de la producción de bienes y servicio públicos con enfoque de derechos. Se propone, además, desarrollar la infraestructura económica (especialmente agraria), disminuir la brecha digital, garantizar la seguridad de bienes y personas a partir de un enfoque de «seguridad democrática» sobre el que Arévalo ha investigado en profundidad, e iniciar una transición verde para cuidar la naturaleza. Su meta más importante es la construcción de un «nuevo contrato social» sobre la base de cuatro grandes pactos: Pacto Nacional por la Educación; por la Salud; por el Desarrollo y por el Medio Ambiente, y un Acuerdo de bases para un «Diálogo Constitucional».
Quizás ese programa de democratización sustantiva pueda parecer moderado por demás. Pero si se atiende a la historia del país y a la coyuntura actual, al largo y al mediano tiempo histórico, el programa del Movimiento Semilla adquiere, parafraseando a Norberto Bobbio, un carácter subversivo. La alianza dominante lo sabe, y buscará impedir su concreción usando todos los medios a su alcance. Dependerá del pueblo defender en las calles lo conquistado en las urnas.
Notas
1 La CICIG fue creada mediante un acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas en el 2007 con el fin de acabar con la impunidad y desarticular estructuras criminales, cuyo origen se encontraba en las estructuras de inteligencia y paramilitares del conflicto armado. La CICIG tenía su base jurídica en el Acuerdo Global de Derechos Humanos de 1994, unos de los Acuerdos de Paz, en el cual el gobierno se había comprometido a acabar con los cuerpos de seguridad ilegales y aparatos clandestinos (CIACS) (Calvet Martínez, 2019: 129)
Referencias
Calvet Martínez, E (2019) Justicia y democracia en Guatemala: la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Anuario CEIPAZ 2018-2019 pp. 127-142 https://ceipaz.org/wp-content/uploads/2020/04/07.ELISENDACALVET.pdf
Cannon, B. (2014). Political parties: the right. In S. Martí i Puig & D. Sánchez-Ancochea (Eds.), Handbook of Central American Governance (pp. 219-235). Routledge.
El Observador (2020), Gobierno de Giammattei Falla sostenido por inteligencia militar, 15 (70). https://elobservadorgt.org/2020/12/04/el-observador-no-70-gobierno-de-giammattei-falla-sostenido-por-inteligencia-militar/
Global Witness (2020), Informe Defender el mañana. Crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. (julio 2020). Disponible en: https://www.globalwitness.org/es/defending-tomorrow-es/
Martí i Puig, S. (2020). Evolución de las percepciones de las élites políticas en democracias frágiles: los casos de El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Revista Española de Sociología, 29(3), 635-653. http://dx.doi.org/10.22325/fes/res.2020.39
Sáenz de Tejada, R (2022). Guatemala: ¿del Estado capturado al Estado plurinacional? Nueva Sociedad Nº 300. https://nuso.org/articulo/guatemala-del-estado-capturado-al-estado-plurinacional/
Torres Rivas, E (2010). Las democracias malas de Centroamérica Para entender lo de Honduras, una introducción a Centroamérica. Nueva Sociedad N° 226 https://static.nuso.org/media/articles/downloads/3684_1.pdf
Veliz, R (2015) El legado de la inteligencia militar en el Caso SAT, Plaza Pública, 17/4/2015. https://www.plazapublica.com.gt/content/el-legado-de-la-inteligencia-militar-en-el-caso-sat
