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Recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración del Presidente Lacalle Pou. (Foto: Archivo Telemundo)

Un laboratorio político llamado Uruguay

La convocatoria de un plebiscito sobre la pieza maestra del plan conservador detuvo la ofensiva de la derecha, quitó la iniciativa al gobierno y reordenó a las fuerzas populares. Un movimiento táctico que cambió completamente la situación estratégica en Uruguay.

Inmediatamente después de asumir la presidencia, Luis Lacalle Pou hizo aprobar una ley de urgencia. La norma reunió en un único texto los más variados asuntos, desde una regla fiscal a la restricción del derecho de huelga hasta la comercialización de los combustibles y el refuerzo de las atribuciones de la policía, entre otras cuestiones. La coalición de derecha procuraba dotarse rápidamente de todos los instrumentos necesarios para aplicar su programa de austeridad.

A continuación, el gobierno acordó una rebaja de los salarios con la central sindical y aprobó un presupuesto que contiene los gastos del Estado. La derecha proyecta también reformar la seguridad social para elevar la edad de retiro y disminuir, en la misma medida, el pago de pensiones. El plan conservador, en suma, sigue la lógica de reducir los costos laborales y los impuestos con el fin de aumentar los márgenes de ganancia de las empresas y fomentar la inversión de capital.

El liderazgo presidencial y la unidad de la coalición de gobierno contrastaban fuertemente con la falta de conducción política y con las diferencias dentro de la izquierda. El Frente Amplio, después de quince años de ejercer el gobierno con mayorías absolutas, tenía dificultades para reciclarse como oposición.

Las diferencias entre las fuerzas populares

Los parlamentarios de izquierda criticaron duramente la urgencia de los procedimientos por acotar la discusión legislativa. En cambio, asumieron un papel positivo con respecto al contenido. El Frente Amplio apoyó gran parte de las disposiciones de la ley de urgencia, trató de mejorar otras y votó negativamente tan solo una tercera parte de los artículos. Esta conducta buscaba evitar un choque con el gobierno y dar la imagen de una fuerza constructiva, que lo proyecte como mejor alternativa hacia las futuras elecciones del año 2024.

En cambio, el movimiento sindical, junto a la federación de estudiantes y las cooperativas de vivienda, resolvió promover un referéndum sobre la ley de urgencia. Se trata de un procedimiento constitucional que, mediante las firmas de un 25% del padrón electoral dentro del año de aprobación, lleva a plebiscitar una norma. En lugar de una acumulación de fuerzas pasiva, las organizaciones sociales concretaron un movimiento que procura resistir la ofensiva conservadora con la movilización política de la ciudadanía.

Si bien no son caminos opuestos, albergan tensiones entre sí. En primer lugar, los políticos de izquierda eran reacios a verse arrastrados por los sindicatos a una confrontación con el gobierno; más aún, cuando habían apoyado la mayor parte de la ley cuestionada. El Frente Amplio, sin embargo, entendió que no podía separarse de sus bases sociales y optó por condicionar su apoyo: el referéndum debía limitarse exclusivamente a aquellas disposiciones que había votado en forma negativa.

Se abrió entonces un segundo debate dentro de las organizaciones sociales. Unos invocaron la autonomía de lo social para rechazar el condicionamiento partidario, mientras que otros destacaban la coordinación entre las fuerzas sociales y políticas para el éxito de la iniciativa.

La campaña escondida

Las discusiones se prolongaron interminablemente a lo largo de seis meses, consumiendo la mitad del plazo disponible para concretar el recurso. Llegó a dudarse de la voluntad de llevar a cabo la iniciativa; parecía que solo buscaban traspasar entre sí la responsabilidad por su frustración. Finalmente, el debate se saldó con el lanzamiento de la campaña por un referéndum para anular 135 artículos de la ley de urgencia, encabezada por la central sindical y el PIT-CNT, y con el apoyo del Frente Amplio. 

El objetivo era reunir el apoyo de más de 670 mil firmas válidas en los seis meses restantes. Las encuestas de opinión pública registraban una disposición favorable entre la ciudadanía. Pero las restricciones de la movilidad, en el momento más alto de la pandemia, introducían una dificultad adicional.

El gobierno optó por ignorar el desafío y continuar con la aplicación de su programa. La imposibilidad de demostraciones públicas y la ausencia de las principales figuras del Frente Amplio contribuyeron a sustraer el tema de la escena política. La recolección de firmas transcurrió como en una dimensión paralela, sostenida por las organizaciones sociales y las estructuras territoriales de la izquierda.

La campaña solo adquirió notoriedad en los medios de comunicación al acercarse el vencimiento del plazo, que llegaba sin haber reunido las firmas necesarias. Sin embargo, contra lo esperado, el hecho no tuvo un efecto desmoralizador, sino que generó una reacción de la militancia. El impulso final logró alcanzar, en pocos días, el apoyo de 800 mil ciudadanos, una cantidad que garantizaba, más allá de la depuración del órgano electoral, que efectivamente habría referéndum.

Una nueva situación política

La certeza del plebiscito cambió la relación entre las fuerzas políticas y definió una nueva coyuntura. Por un lado, quitó la iniciativa al gobierno. La derecha se ve obligada a defender ante la opinión pública disposiciones que había aprobado con urgencia y someterlas a decisión electoral. No solo se frenó la ofensiva conservadora, sino que incluso se hizo retroceder el plan de austeridad en algunos de sus aspectos más controvertidos. El gobierno suspendió la comercialización de los combustibles, postergó la reforma de la seguridad social y se comprometió a recuperar el salario real durante el resto de su mandato.

El fracaso de la táctica de ignorar la campaña golpeó al liderazgo presidencial y tensionó a la coalición de gobierno. Los socios menores aprovecharon la oportunidad para hacer valer sus exigencias particulares, como la liberación de los militares presos por delitos de lesa humanidad.

El desorden en el campo oficialista contrasta, ahora, con la recomposición de las fuerzas populares. Tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT realizaron sus congresos y renovaron sus autoridades después de la campaña. En un hecho significativo, fue electo para dirigir la fuerza política quien hasta entonces actuaba como presidente de la central sindical. No es que las diferencias hayan desaparecido en un abrazo de unidad. Simplemente, las distintas actitudes se reordenan en una nueva situación política, que pone en el centro a la consulta popular.

Una nota de cautela

La campaña por el referéndum modificó la relación estratégica entre las fuerzas políticas. Por un lado, frenó la ofensiva conservadora, privó de la iniciativa al gobierno y desordenó a la coalición de derecha. Por otro lado, recompuso, dio la iniciativa y, sobre todo, cambió el estado de ánimo entre las fuerzas populares.

Desde ya, llevar al debate público y someter a consulta popular disposiciones que el gobierno había sancionado apresuradamente y en una discusión acotada es un mérito democrático indiscutible de las fuerzas populares.

El destino del plan de austeridad se trasladó ahora hacia otro terreno, donde es posible cambiar la relación de fuerzas con la activación política de la ciudadanía. Por SI o por NO se decidirán, en el mes de marzo próximo, los resultados sustantivos de esta experiencia en el laboratorio político uruguayo.

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