Escribo esta carta en momentos en que se define la presidencia del Perú, cuya elección se celebró el 6 de junio de 2021. Son momentos frenéticos a nivel social y legal, como comentaré a continuación.
El Perú es un país fracturado socialmente producto de eventos históricos donde los sectores criollos han extendido un poder centralizado en la ciudad de Lima a lo largo del siglo XXI. Esta situación ha traído como consecuencia la existencia de dos países en uno solo. Por un lado, tenemos al Perú del Ande y la Amazonia, atrasados económicamente y relegados del poder político; por otro lado, el vinculado a Lima y sus satélites económicos en la costa norte, con acceso a ventajas similares al de cualquier país europeo.
Esta realidad, con los matices correspondientes, es el contexto donde se ubicarán los eventos objeto de esta carta.
Divisiones de clase en las elecciones presidenciales
Las elecciones presidenciales en mi país —pues soy peruano— reflejan la división señalada no solo en preferencias electorales sino también en la forma en que se articulan las contiendas. A continuación, narraré para la comunidad internacional algunas de ellas.
En primer lugar, debemos señalar que la contienda por la segunda vuelta presidencial donde Pedro Castillo y Keiko Fujimori disputan la presidencia se ha enmarcado en un lapso de tiempo de aproximadamente dos meses. En este periodo de tiempo hemos sufrido una polarización y una fractura social sin precedentes (como si las divisiones existentes no fuesen ya insufribles en el marco de la pandemia en la que nuestro país está llegando, en momentos en que escribo esta carta, a contabilizar aproximadamente 200 mil muertos).
No solo se ha evidenciado el surgimiento de posturas racistas institucionalizadas en los medios de comunicación, sino que también se ha manifestado en todo su esplendor la asociación poder económico con los círculos de poder político. Esta asociación pertenece a una mayor configuración de lo que significa la crisis de las instituciones del Perú cuyo autor por excelencia es el dictador Alberto Fujimori.
Y precisamente, quien lidera el esfuerzo y representación de toda esta conflagración de poderes e intereses es su hija, Keiko Fujimori. La señora Keiko no solo ha recurrido al poder económico para iniciar una campaña de persecución y división en el país contra aquellos peruanos que se consideran representados por Pedro Castillo, sino que en su último esfuerzo ha escalado una maquinaria legal sin precedentes en toda América Latina.
Estrategia legal con matices racistas y fraudulentos
Ese es el segundo punto de mi comentario. Como joven abogado me ha tocado asistir como actor de primera línea junto a experimentados abogados y abogadas a combatir el embate de lo que podría ser el fraude legal más famoso en nuestro país. Me refiero al concurso de más de 150 abogados de los bufetes más prestigiosos de Lima que, bajo el argumento de «aporte voluntario» de servicios, canalizaron la nulidad de medio millón de votos del sur peruano; es decir, de ese Perú olvidado, discriminado y apartado de toda decisión política del país.
Modus operandi del Fujimorismo en las elecciones peruanas
En elecciones anteriores, Keiko Fujimori y su organización, Fuerza Popular, habrían recibido (según el proceso de investigación en materia penal liderado por el fiscal José Domingo Pérez) de manera directa y algunas veces en maletas el aporte dinerario de empresarios como Dionisio Romero, quien encabeza el Grupo Credicorp, el holding empresarial peruano más rico. Aportes similares se canalizaron a través de otros grupos empresariales. En dichos casos, este dinero no se declaraba ante las autoridades correspondientes, pues en el país rige una legislación que obliga a los actores políticos a declarar tales aportes.
En 2021 se habría producido un esquema similar de no declaración de aportes. Pero esta vez, probablemente por haber aprendido la lección del 2016, no se habrían canalizado aportes en efectivo a través de maletas de dinero a favor de Fuerza Popular, sino que se recibió apoyos bajo una modalidad distinta. En esta ocasión el esquema habría consistido en el «aporte voluntario» de servicios de abogados de prestigiosos bufetes por citar un ejemplo.
Paneles millonarios en un país quebrado
Otro caso mucho más escandaloso es el vinculado a los «Paneles millonarios». Se trata de más de 100 paneles gigantes con luces LED ubicados en las principales avenidas de las ciudades del Perú con mensajes alusivos a las elecciones en los que tendenciosamente se advertían frases como «No votes por el Comunismo» o «El comunismo nos llevará a ser Venezuela», entre otros, en claro ataque al contendor Pedro Castillo.
Al respecto, mi persona encabezó una denuncia administrativa donde más de 100 ciudadanos peruanos denunciaron este evento como un aporte fraudulento de campaña pues en ningún momento Keiko Fujimori y Fuerza Popular declararon estos «apoyos». Podemos citar igualmente el cerco mediático de todos los canales y radios más importantes del Perú que o no dieron cobertura o simplemente se dedicaron a atacar a Pedro Castillo bajo la sombra del famoso «comunismo» y terruqueo, que engloba el señalamiento de terrorista a quien elija votar por Pedro Castillo.
Marxismo a la peruana
Lo irónico de todo esto es que habiéndose emitido los resultados de la segunda vuelta que virtualmente dan por ganador a Pedro Castillo, Keiko Fujimori y su comparsa de medios de comunicación y líderes empresariales iniciaron una cruzada acudiendo al lema «O nos unimos, o nos hundimos» y congregaron, en lo que es un esfuerzo claramente anticomunista o de clase, a toda la clase alta del Perú.
En momentos en que escribo esta carta, los abogados de Keiko han interpuesto cientos de recursos administrativos para declarar la nulidad de votos rurales, interpuesto medidas judiciales y movido a todo el statu quo para retrasar la proclamación de Pedro Castillo. Posiblemente con la finalidad de obtener alguna ventaja con el concurso de sus siempre fieles aliados empresariales.
Ayer, en el diario El País, Mario Vargas Llosa ha esgrimido la tesis gris de un fraude y llamó la atención a la OEA por pronunciarse prematuramente sosteniendo que las elecciones peruanas fueron limpias.
Visión personal
Describo al Perú como un país paralizado por abogados del poder económico. Si pudiera pintar un cuadro, sería el que tengo ante mí en este preciso instante: miles de ciudadanos unidos de forma colectiva y solidaria a través de cadenas de apoyo económico y logístico para confrontar al poder económico y político de Keiko Fujimori.
Hemos organizado la logística necesaria para brindar comida y abrigo a más de 500 ronderos del interior del Perú, hemos canalizado a abogados voluntarios que contrapongan las medidas legales de Fuerza Popular y estamos marchando día a día para proteger los preciados votos del sur peruano.
Cuando haya terminado esta carta, más de 300 ciudadanos habremos presentado una denuncia penal por sedición contra el exmilitar Jorge Montoya —hoy recién electo congresista— por haber llamado a declarar la nulidad de todas las elecciones desconociendo claramente la voluntad popular lo cual, según los mejores expertos en derecho penal peruano, consiste en la perpetración del mencionado delito.
En pocos días llega el invierno al Perú, y quizás nos encuentre confrontando y escalando aún más nuestros conflictos sin resolver.
Pero también es cierto que al invierno le sigue la primavera. Y esta será una primavera de esperanza, porque estoy convencido de que la alegría ya llegó al Perú.
«Volveré y seré millones» (Tupak Katari)
Lima, 21 de junio de 2021
