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Después de algunas semanas de conteo y reconteo de los votos de la primera vuelta, el Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) acaba de presentar los resultados finales. Para la Presidencia de la República se confirma que el primer lugar es para Andrés Arauz (32,7%), de la alianza UNES, cuyo núcleo es la denominada Revolución Ciudadana (RC), el movimiento político liderado por el ex presidente Rafael Correa; el segundo puesto es para Guillermo Lasso (19,74%), el banquero del movimiento CREO (aliado en esta ocasión con el histórico Partido Social Cristiano – PSC); pisándole los talones, el tercer lugar es para Yaku Pérez (19,38%), del Pachakutik (PK); mientras en el cuarto sitio se ubica Xavier Hervas (15,7%), de la Izquierda Democrática (ID).
La RC se ratificó como la principal fuerza en la Asamblea, con 49 escaños, seguida por Pachakutik, con 27 puestos; el PSC obtuvo 19; la ID, 17 y CREO se quedó con 12. La restante docena de puestos fue repartida entre un puñado de partidos menores. Por otro lado, PK anunció que impugnará por la vía legal estos resultados, aunque las probabilidades de que los puestos se modifiquen no parecen ser muy altas.
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Analizar un momento electoral desde la perspectiva de la inmediatez no es lo mismo que hacer un análisis de coyuntura. Al menos, no el sentido que le daba Gramsci: un examen de la correlación de fuerzas sociales de un período histórico específico, en el que se cruzan diferentes temporalidades (de larga, mediana y corta duración) y espesores analíticos (situación internacional, dinámica de la economía, lucha política inmediata).
Leer un acontecimiento de esta naturaleza sin ponerlo en un contexto histórico de mayor amplitud es un ejercicio destinado al fracaso interpretativo, por más densa que sea la descripción de los elementos que aparecen en la superficie (discursos, proclamas, tuits, propaganda, maniobras números, etc.). De lo que se trata es de ubicar el momento electoral en el marco más amplio de una coyuntura histórica. Coyuntura que lo trasciende, pero de la que es parte integral. Hagamos un esfuerzo en ese sentido.
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Después de más de una década de desarrollo de un proceso político caracterizado como posneoliberal o progresista, el Ecuador comenzó a experimentar un viraje sustantivo en su orientación política y económica.
Huelga decir que no fue el único proyecto de inspiración progresista que sufrió reveses importantes: en la misma época, en Argentina, Brasil y Bolivia los proyectos posneoliberales fueron desplazados, al menos temporalmente, por derrotas electorales o alguna variante de golpe de Estado; derrotas en las que no faltó el respaldo más o menos encubierto de los Estados Unidos, pero que tampoco se explican si omitimos hacer referencia a las contradicciones y límites de esos mismos procesos: dificultad para transitar a economías no centradas en la exportación de recursos naturales, insuficientes medidas para combatir la corrupción de carácter estructural, imposibilidad para acompañar con liderazgos colectivos los de carácter individual, así como al cambio de coyuntura económica mundial de mediados de la década anterior (deterioro de los precios de las commodities).
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Paradójicamente, en el Ecuador esta reorientación fue de la mano de un gobierno que inicialmente se formó por personajes del mismo partido que dio impulso a dicho proyecto. Las explicaciones que se han dado a ese extraño fenómeno son múltiples, y van desde la denuncia de la traición del gobierno de Moreno a los principios y orientaciones de la RC, hasta los señalamientos sobre la incapacidad de la propia RC de crear estructuras orgánicas suficientemente sólidas para sostener su proyecto, pasando por las muy poco convincentes «explicaciones» tanto de la derecha como de algunos grupos autoidentificados como «de izquierda» que se empeñan en sostener que, en el fondo, el gobierno de Moreno no fue sino la continuidad de la RC (¡y no su ruptura!).
Dejando de lado estas interpretaciones, lo cierto es que –si nos apegamos a los hechos y no a las especulaciones– no es difícil constatar que durante el periodo de Moreno se desarrollaron las siguientes tendencias, incluso antes de que se desatara la pandemia de COVID:
a) acercamiento con las fuerzas de la derecha (principalmente con la banca) y su agenda neoliberal: desregulación estatal, apuesta por privatizar los bienes públicos, austeridad fiscal, acercamiento con el FMI, pago de la deuda por sobre cualquier criterio social, despidos masivos del sector público. Una buena síntesis de la orientación reciente de la política económica de Moreno fue presentada por la economista Wilma Salgado, quien nos recuerda que «en plena crisis sanitaria, mientras la población moría en las calles de Guayaquil por falta de atención básica frente a la pandemia, y mientras el personal de salud demandaba insumos y equipos de bioseguridad básicos para evitar los contagios, el Gobierno Nacional privilegió el pago de servicio de la deuda pública a los acreedores externos, aun cuando muchos de ellos son tenedores locales de papeles de deuda»;
b) alineamiento con la agenda de política exterior de los Estados Unidos;
c) depuración gubernamental y estatal de aquellos cuadros técnicos y políticos considerados un estorbo para el nuevo rumbo;
d) desmantelamiento autoritario de la institucionalidad del Estado, vendido a la ciudadanía como «descorreización» del país;
e) represión de los grupos subalternos (indígenas, sectores populares, capas medias empobrecidas) que lucharon contra algunas de esas las medidas de corte neoliberal, como lo sucedido en octubre de 2019;
f) estigmatización mediática y persecución vía lawfare a la RC, principalmente a sus líderes y cuadros medios.
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Comprender la importancia de esto último requiere un pequeño rodeo. Coincidimos con Martín Cortés y Andrés Tzeiman («Dilemas de la traducción estatal», en el segundo número de Jacobin América Latina) cuando plantean que la tarea del pensamiento crítico latinoamericano no pasa por menospreciar los cuestionamientos a los gobiernos progresistas (hay muchos elementos para hacerlo), pero sí «por preguntarnos en qué sentido los procesos políticos que tomaron esa forma no constituyen ellos mismos la posibilidad de crítica y confrontación –eficaz, política, capaz de dañar– con la hegemonía neoliberal…».
Si, por el contrario, partiésemos del supuesto –como se hace desde otros marcos interpretativos– de que esas experiencias no fueron sino una simple mascarada, que no se propusieron ni lograron, al menos en cierta medida, confrontar el proyecto neoliberal o algunos de sus elementos más excluyentes, si tomásemos esa premisa, muy difícilmente podríamos comprender el grado de virulencia con que fueron (son) combatidas las fuerzas políticas que encarnan esos proyectos de crítica del neoliberalismo. En otras palabras, aunque sea de forma gruesa, es necesario exponer en qué medida la variante ecuatoriana del posneoliberalismo se desplegó entre 2007 y 2017.
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Las particularidades del posneoliberalismo ecuatoriano podrían ser resumidas en los siguientes puntos:
a) fue resultado de una crisis de hegemonía prolongada que llevó a una gran parte de la población a elegir por una opción electoral que recogía buena parte de las demandas de los grupos subalternos, mismas que se tradujeron en la Constitución de Montecristi (2008);
b) el eje del gobierno de la RC fue la recuperación de capacidades estatales para regular una economía que se hallaba a merced de los caprichos de las élites, que habían convertido al Ecuador en botín particular de sus procesos de acumulación;
c) al recuperar las capacidades de regulación y planificación, la RC también procuró ampliar los márgenes de soberanía (económica, energética, política y militar) que se encontraban muy constreñidos; esa apuesta le granjeó la animadversión no sólo de buena parte de las élites, sino también la desconfianza y hasta hostilidad de Estados Unidos y sus aliados locales;
d) la RC apostó por un tipo de políticas públicas que afectaron en una u otra medida los intereses del bloque de poder (banqueros, grupos económicos, medios corporativos), privilegiando medidas de inspiración neokeynesianas, como la regulación financiera, la contención estatal de la superexplotación del trabajo, una política fiscal progresista, amplias inversiones estatales en infraestructura, etc. Como, bien lo expresó Jonas Wolff (Las élites políticas y económicas en Bolivia y Ecuador), la influencia política de los grupos empresariales durante esa época, si bien no desapareció del todo, sí fue “menos directa, menos segura y menos completa”;
e) dicha orientación le permitió reactivar una economía estancada, comprometer a algunas fracciones de capital con el proyecto de desarrollo, a la vez que granjearse el apoyo político de amplias capas de la población cuyos niveles de vida mejoraron significativamente durante la mayor parte de su gestión;
f) en el plano geopolítico regional, la RC apostó claramente por una serie de proyectos de integración latinoamericana (UNASUR, ALBA) que tomaban claras distancias del panamericanismo subordinante de los EEUU, lo cual le permitió acercarse a otras experiencias posneoliberales (Venezuela, Bolivia, Argentina) que tampoco eran del agrado de los norteamericanos; así como a China, la cual se convirtió en aliada estratégica en medio de la escasez de financiamiento resultado de la Gran Crisis de 2008;
g) no obstante, algunas decisiones controvertidas de la RC en lo que respecta a su modelo de desarrollo, organización del estado y procesamiento de la conflictividad social (apuesta por la minería a gran escala; descorporativización estatal; judicialización de líderes sociales; violencia simbólica y material contra la disidencia política de algunos movimientos) le abrieron frentes de tensión y conflicto no sólo con los sectores dominantes, sino también con algunos grupos sociales subalternos (indígenas y ecologistas), como lo anotó Melissa Moreano en esta misma revista. A estos frentes se agregaron otros (sindicatos, gremios profesionales, movimientos feministas, etc.) como resultado de una gestión que, aunque progresista en su sentido general, quedó trunca en dar respuestas adecuadas a las demandas legítimas de dichos actores y movimientos. Esta deriva fue minando de a poco la legitimidad con la que la RC había llegado al poder político, al menos entre esos grupos;
h) el proyecto progresista no sólo tuvo que enfrentar las líneas de conflicto que se había abierto por derecha y por izquierda a escala doméstica, sino también padeció la clásica injerencia más o menos encubierta de los Estados Unidos en los asuntos internos, a tal punto que el gobierno de Correa se vio obligado a expulsar a la Embajadora de ese país en 2011 por interferir en la política local. En ese misma época la RC también enfrentó un golpe policiaco del cual los EEUU no fueron completamente ajenos;
i) los factores hasta aquí señalados, aunados a la incapacidad de la RC para generar sólidas estructuras organizativas que le dieran sostén al proceso político en curso, explican, al menos en parte, la relativa facilidad con la que el gobierno de Lenin Moreno (2017-2021) –salido de la RC, pero traicionándole rápidamente– pudiera dar un viraje de 180 grados y se fusionara con el bloque de poder, furibundamente antiprogresista, al cual se sumaron tristemente no pocos grupos de las clases subalternas con las que la RC había acumulado tensiones en el periodo anterior.
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Lo expuesto hasta aquí nos permite entender las razones de fondo del porqué la RC se constituyó en el principal enemigo a vencer por parte del bloque de poder en el Ecuador. Esto debe ser comprendido en el marco más amplio de la guerra sin tregua que los poderes fácticos regionales y extrarregionales emprendieron contra los diversos gobiernos progresistas durante los últimos años, con el objetivo de desplazar –por la buenas (elecciones) o por las malas (golpes duros y blandos, bloqueos, etc.)– a las fuerzas progresistas y reinstalar regímenes políticos leales a sus intereses mediante el sostenimiento o la recuperación del poder político, lo que algunos autores, como Inés Nercesian, llaman «captura corporativa del Estado»: el control directo, sin intermediarios, del aparato estatal, como el caso de Macri en Argentina o de Piñera en Chile.
En términos estratégicos, la Revolución Ciudadana se volvió la principal fuerza a vencer en el Ecuador… aunque no la única, como lo mostró la rebelión indígena y popular de octubre de 2019 contra las medidas neoliberales. No obstante, y a contrapelo de algunas visiones romantizadoras de ese importante evento, creemos que por su carácter más o menos espontáneo, así como por la incapacidad de las fuerzas que participamos en esas jornadas para pasar de una posición meramente defensiva a una ofensiva coordinada que permitiera sepultar la deriva neoliberal del morenato, la energía insurreccional de octubre terminó diluyéndose rápidamente, dando paso a una recomposición de las fuerzas de derecha que prosiguieron con su agenda neoliberal, recrudecida en plena pandemia, mediante una variante local de la conocida terapia del shock.
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Esa recomposición del bloque de poder es la que permitió a Moreno no solo seguir avanzado por la senda neoliberal, sino también mover todas las fichas a su alcance para intentar bloquear el regreso de la RC al poder: se necesitaría mucho espacio para poder listar siquiera las diferentes iniciativas (muchas de ellas al margen de la ley) que Moreno y el bloque dominante desplegaron para impedir, o al menos dificultar, que la RC se presentara a la contienda electoral en igualdad de condiciones con el resto de fuerzas políticas.
Baste decir que la guerra mediática y el lawfare fueron dos de las principales, seguidas por la manipulación arbitraria de las autoridades electorales, que también responden a diferentes fracciones de dicho bloque. En ese sentido, el «solo» 33% de la votación para Andrés Arauz debería ser leído no como un descalabro respecto a la última elección presidencial (la de Moreno, de 2017), sino como un retroceso relativo en medio de una brutal ofensiva reaccionaria contra la RC.
Más allá de la interpretación que podamos darle a ese resultado, el hecho es que la votación a favor de la RC durante la primera vuelta quedó más o menos estancada en la región de la Costa ecuatoriana, pero sufrió importantes retrocesos en buena parte de la Sierra, tanto en los espacios urbanos como en los rurales. Las dos fuerzas que capitalizaron ese retroceso fueron Pachakutik (PK) y la Izquierda Democrática (ID).
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Respecto al PK y a su candidato, es relevante señalar algunos aspectos clave: se trata, en primer lugar, de un partido cuya militancia es básicamente de población indígena, y que nació como brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígena del Ecuador (CONAIE), organización que en su momento fue protagonista de importantes gestas antineoliberales, pero que por las razones antes esbozadas, entró muy tempranamente en confrontación con la RC, la cual, insistimos, no supo gestionar inteligentemente las tensiones entre ambas fuerzas.
No obstante su origen partidario en el campo de la izquierda (aunque también siendo una compleja expresión de diversas demandas étnopolíticas, culturales y regionales que no son fácilmente reducibles al eje izquierda/derecha), con el tiempo, algunos representantes de PK progresivamente se fueron autonomizando de sus bases al tiempo que se acercaban cada vez más al bloque de poder, lo cual fue más evidente durante el gobierno de Moreno, cuando su bancada legislativa se alineó con la agenda neoliberal, votando junto a los partidos de derecha.
Dicha autonomización y la deriva conservadora del PK trajeron aparejados dos fenómenos de importancia política: el incremento de las tensiones entre los líderes más alineados hacia la izquierda (como Leonidas Iza, uno de los protagonistas de octubre) con las fracciones derechizadas; pero también la consolidación de un discurso centrado en idenficar al correismo como un proyecto esencialmente antagónico no solo con los intereses de las comunidades indígenas, sino con los del pueblo en general.
Uno de los síntomas más claros de ese proceso fue la internamente cuestionada selección de Yaku Pérez como el candidato de PK a la Presidencia del país. Pérez, cuya legitimidad original radica en haber sido un líder local que combatió la política minera de la RC en la provincia del Azuay, es uno de los miembros del PK que más se ha esforzado en difundir un discurso centrado en la estigmatización de la RC: «prefiero a un banquero que a un dictador (Correa)», sostuvo durante la elección de 2017; «nos están haciendo fraude los del pacto satánico: Lasso, Nebot y Correa», expresó hace unos cuantos días.
En cualquier caso, y más allá de las tensiones al interior de PK, el hecho es que Yaku logró capitalizar un conjunto de malestares sociales (respecto al gobierno de Moreno, pero seguramente también en relación con Lasso y con Correa), sobre todo entre la población de la Sierra y la Amazonía; obteniendo una votación histórica para su tienda política de cerca de 20% de los sufragios. Ese caudal de votos es el que le permitió disputar electoral, pero sobre todo mediáticamente, la segunda posición con Lasso. Al momento, Pérez sigue sosteniendo la tesis de que le hicieron fraude, para lo cual deberá presentar durante los próximos días las pruebas que den sustento a su afirmación.
De acuerdo a las declaraciones más recientes de Yaku (18/02) de no pasar a la segunda vuelta, se abstendría de apoyar a cualquiera de los dos finalistas, por lo que es probable que llame a sus bases a abstenerse igualmente o a anular la papeleta.
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La ID, por su parte, postuló a un empresario outsider (Xavier Hervas) quien también logró capitalizar el voto de diferentes sectores sociales, arrebatando electores tanto a Lasso como a Arauz. Si durante la campaña su candidato se posicionó más allá de la tensión correísmo-anticorreísmo como estrategia para ganar votos, al otro día de la primera vuelta ya se colocaba en el polo abiertamente anticorreísta, aunque dejó en libertad a sus votantes para la segunda vuelta.
En síntesis, de confirmarse los resultados anunciados por el CNE, los votos que se disputarán Lasso y Arauz son, esencialmente, los de Yaku y Hervas. Y lo harán, como lo esboza Denis Rogatyuk, en un contexto de profundización de la guerra sin cuartel de la derecha contra la candidatura de la RC, para lo cual cuentan con el abrumador apoyo de los poderes locales y hemisféricos alineados con las posturas antiprogresistas, como lo evidencia el intento de la Fiscalía ecuatoriana de vincular la campaña de Arauz con el ELN colombiano.
La RC tendrá que lidiar contra esas poderosas fuerzas que no escatimarán esfuerzos para impedir que Arauz llegue a Caraondelet; y, en caso de hacerlo, para estrecharle lo más posible sus márgenes de gobernabilidad. Para enfrentar cualquiera de estos dos escenarios, la RC deberá intentar (re)establecer vínculos con todos aquellos grupos sociales que, aun ubicándose en el campo progresista, no lo respaldaron en la primera vuelta. Para ello le tocará revisar a fondo su discurso, su programa, la política de alianzas y los compromisos, para poner en pie una versión renovada de un proyecto posneoliberal que tuvo muchos aciertos, pero no pocos errores.
