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Movilizaciones en Perú luego de la destitución de Vizcarra (Foto: Telam)

Escenarios abiertos de una crisis política irresuelta

A tan solo cinco meses de las elecciones generales del 2021, la crisis política en el Perú se recrudece significativamente. El lunes 9 de noviembre el Congreso votó la destitución del presidente Martín Vizcarra.

El destape de los casos de corrupción vinculados al Consorcio Odebrecht provocó la renuncia del entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski, que había sido electo en el proceso electoral del 2016. Este hecho político fue el desenlace de los intentos de vacancia en manos de un legislativo hegemonizado contundentemente por Fuerza Popular, una organización política de ultraderecha heredera del fujimorismo.

Martin Vizcarra, quien era Vicepresidente, asumió entonces a la primera magistratura. Su gobierno de transición, iniciado en marzo de 2018, fue producto del entendimiento político con una fracción del fujimorismo y otras fuerzas derechistas que conformaban el Congreso. La pugna interburguesa que había originado su asunción como Presidente se reeditaba y se profundizaba, a tal punto que llevó a Vizcarra a tomar la decisión política de cerrar el Congreso por mecanismos institucionales en setiembre del 2019. Este fue un hecho que contó con cierto entusiasmo popular y supo granjearse apoyo entre la ciudadanía, incluidos sectores medios y populares. Sin embargo, la lucha popular continuó, sin dejarse seducir por las apariencias de lo que, en el fondo, seguía tratándose de una disputa por la captura del estado entre la ultraderecha y la derecha liberal.

La salida a la crisis política propuesta dentro del marco de las instituciones neoliberales giró en torno a la elección de un nuevo Congreso que pudiera completar el periodo parlamentario a finalizar en julio de 2021.

Un desenlace imprevisto en tiempos del COVID-19

El pasado lunes 9 de noviembre se aprobó, en el pleno del Congreso y con 105 votos a favor, la vacancia de Martin Vizcarra por indicios de corrupción relacionados a su gestión como Gobernador Regional de Moquegua. Esta medida institucional, impulsada centralmente por los partidos Acción Popular y Alianza para el Progreso responde, entre otros intereses, a motivos políticos y económicos relacionados a los negocios en el ámbito de la educación y con el manejo del presupuesto general de la República.

Manuel Merino de Lama, militante de Acción Popular y reciente expresidente del Congreso, que representa el ala conservadora de su partido arriba, así, al gobierno nacional con un grado importante de ilegitimidad y bajo la sombra de numerosas maniobras políticas y un tinglado de intereses espurios interviniendo en la operación. En la asunción de su mandato presidencial declaró que respetará el cronograma electoral ya en curso de las elecciones generales de abril de 2021 y que su gobierno será de «unidad nacional».

Martin Vizcarra aceptó la destitución, aunque sin asumir las denuncias de corrupción que se le imputan. Se negó, en la práctica, a utilizar los mecanismos legales para revertir la maniobra política perpetrada por sus rivales. Esta claudicación en la disputa por el poder, está por verse, puede responder a algún tipo de acuerdo político entre las derechas.

La respuesta popular

Las movilizaciones en rechazo a Merino y el Congreso comenzaron el mismo lunes 9. Cuentan con una importante participación de sectores medios y, en menor de medida, de sectores populares. En pocas horas adquirieron alcance nacional y expresan, en definitiva, el hartazgo de la gente con la política tradicional de los partidos del régimen neoliberal.

Mientras tanto, los partidos burgueses liberales, como el Partido Morado, que apoyaron lealmente a Vizcarra desde el Congreso, intentan sacar rédito político de las movilizaciones de cara a las elecciones del 2021. Pero el movimiento popular no puede dejarse engañar. La entrada en escena, de forma gravitante, del pueblo trabajador, constituye una vía fundamental para disputar la hegemonía de la lucha social en curso.

El reto central que la coyuntura política actual plantea a la izquierda radical y el movimiento popular está claro. Se trata de aunar esfuerzos para construir una salida independiente de los partidos burgueses, responsables primeros de esta profunda crisis política que refleja el grado de descomposición del régimen político neoliberal en el Perú.

Un proceso popular constituyente, de ruptura con el neoliberalismo y que se enraíze en las luchas concretas de las clases populares es el horizonte por el cual debemos luchar si queremos dejar definitivamente atrás esta crisis sanitaria, social, económica y, ahora, nuevamente política.

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