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Foto: UNCTAD

«Somos la única garantía de que los recursos naturales no se privaticen»

Las protestas masivas durante el mes de agosto han forzado al régimen de facto de Jeanine Áñez a comprometerse a realizar elecciones generales el 18 de octubre. En diálogo con Jacobin América Latina, Luis Arce presenta su mirada sobre los desafíos políticos planteados.

Por Denis Rogatyuk
y Bruno Sommer Catalan

Las protestas masivas de los movimientos sindicales y sociales durante el mes de agosto han forzado al régimen de facto de Jeanine Áñez a comprometerse a realizar elecciones generales el 18 de octubre. Pero Luis Arce, candidato presidencial por el MAS, afirma que el retorno a la democracia no está garantizado: existen poderosos intereses que pugnan por la continuidad de una dictadura de la que se han visto sumamente beneficiados.

Pospuestas ya en tres oportunidades, pareciera que las elecciones en Bolivia finalmente tendrán lugar este mes. Luego de las protestas masivas desatadas tras el último aplazamiento, el régimen de facto de Jeanine Áñez se vio obligado a firmar una ley que garantiza las elecciones generales para el 18 de octubre próximo. Pero las manifestaciones y bloqueos que paralizaron al país las últimas semanas son reflejo, también, de un problema mayor: el vertiginoso colapso de la que hasta hace poco tiempo era la economía más próspera de América Latina.

Bajo el autodenominado «gobierno interino» de Jeanine Añez, Bolivia ha iniciado a paso apresurado un retroceso a la época neoliberal. Con el súbito aumento de la tasa de desempleo (que pasó de mantenerse por debajo del 4% en 2019 a alcanzar el 11,8% en julio último), se proyecta un incremento de la pobreza de al menos 7% para este año (4,5% en el caso de la pobreza extrema) y un desplome del crecimiento económico de un 5,9%. Aunque, en parte, estos índices se explican por los efectos del COVID-19, lo cierto es que el régimen ha sido duramente criticado por no implementar ningún tipo de programa social o de ayuda financiera para la población, a la vez que persiste en sus intentos de privatizar sectores clave de la economía (particularmente, la empresa de comunicaciones ENTEL y la de hidrocarburos YPFB, que habían sido recuperadas por el gobierno de Evo Morales). Existe un ejemplo que condensa, en un solo gesto, las políticas de Áñez en tiempos de pandemia: a cambio de millones de dólares en sobornos para los miembros del gobierno de facto, el Estado boliviano compró respiradores a España, China y otros países a precios exorbitantes. Una muestra clara de la extensa red de corrupción y nepotismo que se tejió en Bolivia desde noviembre de 2019.

En un contexto así, de flagrante desmanejo económico, la figura de Luis Arce Catacora contrasta de manera contundente con la del régimen golpista y sus aliados. Luis Arce es reconocido como el arquitecto del «milagro boliviano»: los catorce años de su gestión estuvieron marcados por el crecimiento económico constante, la reducción masiva de los índices de pobreza y desigualdad y la implementación de programas de industrialización del gas natural, el petróleo y el litio.

Como Ministro de Hacienda, supervisó la nacionalización de la industria de hidrocarburos, el establecimiento de una serie de programas sociales, el reconocimiento del sector «social-popular» de la economía y el significativo aumento del salario mínimo. Mientras que su compañero de fórmula, David Choquehuanca, representa la otra arista fundamental que estructuró el gobierno del Movimiento al Socialismo: los movimientos sociales y la Suma Qamaña (variante aymara de la filosofía política del «Buen Vivir», base también del Movimiento Revolución Ciudadana de Rafael Correa en Ecuador).

En diálogo con Denis Rogatyuk y Bruno Sommer Catalan, Luis se explayó a propósito de los desafíos que enfrentan de cara a las elecciones de octubre.

DR

Bajo la presencia de Evo el país avanzó de manera notable, tanto en términos económicos como sociales. Pero todo eso cambió de forma abrupta a partir del golpe, que trajo consigo la aplicación de políticas neoliberales y el regreso del FMI. ¿Cuánto daño económico ha causado el gobierno de facto?

LA

En Bolivia, al igual que en muchos otros países de la región, tenemos mucha experiencia con el neoliberalismo. Vivimos veinte años de neoliberalismo. Y los resultados, hoy como ayer, no se hacen esperar: son catastróficos. Entre noviembre y marzo vimos caer el PIB en un 1,1 %, un descenso desastroso que ha jalado hacia abajo el crecimiento anual. Estábamos creciendo bien, por encima del tres y medio por ciento por año, y nos desplomamos un 1,1% en el cuarto trimestre. Eso se tradujo en que el crecimiento del último año alcance apenas el 2,2%. Allí ya se ven los efectos del neoliberalismo. Pero ha ido a peor: en el primer trimestre de este año, la economía ya no creció, sino que cayó un 5,6%. Es decir: pasamos de una cifra que, aunque disminuida, todavía en el último trimestre del año pasado era positiva, a tener un índice de crecimiento negativo. Solo en los primeros cuatro meses de la actual gestión.

Eso tiene que ver con que han cambiado el modelo económico: han desplazado el modelo económico social, comunitario, productivo que nosotros elaboráramos e implantáramos desde 2006 en Bolivia (que sumó éxitos económicos y sociales muy reconocidos, incluso por organismos internacionales) y han reducido –prácticamente eliminado–, al mismo tiempo, la inversión pública, que es una de las herramientas más importantes para reactivar la economía boliviana.

Pero los ingresos del Estado se vieron mermados, también, por otra razón: el gobierno de facto puso en práctica una muy generosa política de devolución de favores hacia ciertos empresarios. Estos se vieron beneficiados, por ejemplo, de la exención del pago de impuestos o de condiciones mucho más favorables para sus negocios, lo que ha generado una merma en la recaudación pública. Una merma que trae serios problemas económicos para el Estado boliviano pero también para los municipios, para las gobernaciones, para las universidades públicas que gozan de la coparticipación de este ingreso tributario… 

Estos elementos resaltan por su oposición con las políticas impulsadas durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS). Nosotros recaudábamos dinero para redistribuirlo entre los bolivianos; generábamos excedentes económicos en las empresas públicas y, junto con los recursos naturales, los redistribuíamos entre toda la población. Ahora, en cambio, lo que se observa es una política verdaderamente regresiva, de concentración del ingreso en pocas manos, algo típico de los gobiernos neoliberales. Ello ha generado, incluso, una caída de los depósitos en los bancos: la gente fue a los bancos a retirar sus ahorros. Ha aumentado la pobreza, está creciendo el desempleo, y la brecha entre ricos y pobres –que tanto nos había costado reducir– vuelve a ensancharse.

Estamos retrocediendo rápidamente. Y el pueblo boliviano siente en su bolsillo, en su estómago, el conjunto de medidas que se han tomado desde noviembre del año pasado.

A eso se suma la incapacidad del gobierno para manejar la pandemia. Ha dejado a los bolivianos a su suerte. Hemos tenido que protegernos y tratar de cuidarnos de la pandemia con medicina tradicional, porque [el gobierno de facto] ni siquiera garantizó el abastecimiento de los principales productos para combatir el virus en las farmacias (aunque sí garantizó los suministros necesarios para las clínicas privadas).

Ese desmanejo de la pandemia es un elemento que nos ha llamado la atención poderosamente. El otro es la incapacidad que demostraron para administrar el sistema educativo. Bolivia es el único país en el mundo que ha decidido clausurar el año escolar a mitad del ciclo lectivo. La respuesta del gobierno de Áñez al fracaso en la implementación de la educación virtual fue cancelar el año escolar. Evidencia, con esa decisión, una completa y total incapacidad para administrar un tema que debiera ser sencillo, porque en Bolivia tenemos experimentos de teleducación, de alfabetización por radio… 

DR

Me gustaría abordar el tema del nuevo impuesto al patrimonio, que usted propuso con el fin de recaudar 400 millones adicionales para el proyecto de industrialización. ¿De qué niveles de riqueza estamos hablando?

LA

Antes que nada hay que entender algunos planteamientos, porque son varios los que hemos hecho para esta campaña en función de mejorar los ingresos del Estado boliviano. 

Por culpa de este Gobierno nos estamos quedando sin ingresos. Hubo una mala negociación de los volúmenes y precios de gas con Brasil, Petrobras está metido en la administración de nuestra empresa estatal, en fin… Existen muchos problemas con el tema petrolero, y es allí donde se revela que uno de los participantes activos del golpe de Estado fue el actual gobierno brasilero.

Esto no lo ha revelado el MAS, sino el Comité Nacional de Defensa de la Democracia. A través de su representante, Waldo Albarracín (que era rector de la Universidad Mayor de San Andrés), reveló que en la reunión donde se eligió a [Jeanine] Áñez como presidenta estaba presente el embajador de Brasil. Y, claro, ahora uno entiende por qué: lo que buscaban era sacar una tajada, de más de 70 millones de dólares anuales, con el tema de la negociación del transporte de gas hacia el Brasil. 

Lo cierto es que, al margen de esto, Bolivia está sin ingresos. Debemos, ahora, buscar la manera de encontrar recursos para reactivar y reconstruir la economía boliviana. En vistas a ese objetivo hemos propuesto varias medidas, entre las que hay dos particularmente importantes. La primera, la suspensión del pago (tanto de capital como de intereses) de la deuda externa por dos años a nuestros acreedores de organismos internacionales. Estamos hablando del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), todos los organismos internacionales donde somos accionistas. Queremos que nos condonen por dos años para que todos podamos soportar la crisis de una manera más o menos equitativa. 

La segunda es el impuesto a las grandes fortunas. Un proyecto que ya ha ganado su primer detractor, el multimillonario Samuel Doria Medina, senador del gobierno de facto y candidato a la vicepresidencia por la coalición Juntos, encabezada por Jeanine Áñez. El hecho de que él se oponga al proyecto, por supuesto, nos indica que vamos por buen camino. No queremos afectar al pequeño empresario, a las personas que tienen su casita, su autito, no nos interesa eso. Lo que queremos es que aquellas personas que tienen muchísimo dinero, que son realmente muy ricas, aporten una parte para redistribuirla entre el resto de la población. Es la política que hemos planteado desde 2006: la distribución del ingreso a través de un sistema tributario más equitativo. 

En términos porcentuales, los potencialmente afectados por ese impuesto equivalen al 0,01% de la población boliviana. Muy pocos. El 99,99% restante no califica como «grandes fortunas». Por eso creemos que es justo que ese puñado de personas, que tienen muchísimo dinero (dinero que han hecho, en gran parte, gracias al Estado y a los recursos naturales del país), paguen un impuesto más alto que contribuya a ayudar a quienes no tienen. Porque lo que el Estado va a hacer es recaudar todos esos recursos y destinarlos a políticas sociales en beneficio de los pobres. 

Es una política que hemos visto discutirse e implementarse en varios países. Una política que tiene que ver con un sistema tributario más justo, más equitativo.

DR

 ¿Cree que Bolivia pasaría por un proceso de renegociación de deuda similar al que atravesó Argentina recientemente?

LA

Nosotros no tenemos, como Argentina, una moratoria con los organismos internacionales y la banca internacional. Bolivia ha estado pagando oportuna y sagradamente su deuda, no tenemos ningún problema con el pago. Lo que sí queremos es que los organismos internacionales (de los cuales Bolivia y otros países que también están sufriendo la pandemia somos accionistas) aporten a sus propietarios, a sus accionistas, con parte de las ganancias y contribuyan, así, al alivio de los países que nos hemos endeudado con ellos. Dejar de pagar capital e intereses solamente por dos gestiones, que es nuestra propuesta, significaría para Bolivia un ahorro de 1600 millones de dólares que bien podrían ser utilizados para reactivar la economía y generar mejores condiciones para, poco a poco, salir de la crisis.

DR

 ¿Y qué papel jugará el litio en el proceso de industrialización? Porque ese también fue uno de los temas del golpe de Estado del año pasado…

LA

El tema con el litio está muy claro: nosotros somos el único partido político que garantiza que los recursos naturales (litio incluido) no se privaticen, que los recursos naturales de Bolivia no vayan a parar a manos transnacionales. Somos la garantía, y por eso hemos recibido el golpe de Estado. Evidentemente el objetivo económico pasaba, en parte, por el control del litio. El mismo señor Samuel Doria Medina ha dicho que sería muy bueno que venga Tesla a industrializar el litio boliviano, revelando y descubriendo con sus dichos que también ellos estaban detrás del golpe de noviembre pasado.  

Nosotros no vamos a estar negociando con trasnacionales de esta manera. Tenemos principios muy claros: la industrialización se hace en Bolivia. Ya teníamos acuerdos avanzados con una empresa alemana para que venga a producir aquí la batería de litio y ellos se ocupen después de su comercialización. Así, Bolivia se quedaba con la absoluta mayoría de las ganancias de ese negocio. Y es lo justo, porque el litio es boliviano. Era un acuerdo ya muy avanzado que este gobierno, por supuesto, ha parado. Pero creo que la población ya está en alerta respecto a este tema, y no va a permitir que ninguna transnacional vuelva a Bolivia para apropiarse de nuestros recursos naturales.

El MAS es la garantía de que el litio y todos los recursos naturales (hablamos del gas, los minerales…) quedarán en manos del Estado. Somos el único partido político que garantiza al pueblo boliviano que ningún gramo, que ni una molécula de nuestros recursos naturales va a ser transferida a las empresas transnacionales. Nuestras políticas a este respecto pasan por convenios con el Estado, donde es el Estado quien tiene la mayoría absoluta del control y las ganancias de estos negocios.

DR

Hemos sido testigos de una represión sin precedentes contra los obreros en Senkata y Sacaba, de la persecución contra los exministros del MAS, contra los activistas y contra la gente que critica el régimen de Áñez. ¿Cree que sería necesario crear una comisión de verdad y justicia para librar al país de la corrupción, para castigar a los perpetradores de los abusos contra los derechos humanos e indemnizar a las víctimas de la represión?

LA

Creo que sería algo muy saludable. De hecho hemos pedido al Tribunal Supremo Electoral, designado por esta presidenta de facto, que gestione veedores no solamente para el día de las elecciones, sino desde ahora. Queremos que la unión Europea y los organismos internacionales especializados en el tema electoral vengan desde ahora a ver lo que está pasando en Bolivia.

En Bolivia está habiendo violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho de la libre expresión. Hay periodistas, que han denunciado los actos de corrupción, que están siendo amenazados, perseguidos, amedrentados por el actual Ministerio de Gobierno de este régimen de facto. Estamos bajo una dictadura «moderna», con un Gobierno que está persiguiendo no solamente a los masistas, sino también a los periodistas que denuncian los actos de corrupción, a los dirigentes sociales que han hecho protestas porque no hay solución a varios problemas económicos y sociales del país… La gente protesta y Áñez penaliza el derecho a la protesta. Eso es violatorio de los derechos humanos y de la Constitución política del Estado.

Por eso queremos que vengan veedores desde ahora. Para que vayan viendo el uso indebido de bienes, el nepotismo, las acciones brutales contra las personas humildes por parte de grupos armados financiados por el actual gobierno. Porque, lamentablemente, eso es lo que estamos viviendo con los motoqueros de la resistencia en Cochabamba. Es lo que están queriendo hacer aquí, en La Paz, también. La Unión Juvenil Cruceñista de Santa Cruz ha vuelto a las andanzas. Es una situación que hace recordar las épocas de la dictadura de Banzen, las épocas de la dictadura de Pinochet –me imagino– allá en Chile, de Videla en Argentina. Todo eso ha vuelto pero de manera muy disimulada, sin militares en las calles pero con gobiernos absolutamente abusivos en el uso del poder.

BS

¿Ha sentido en riesgo su vida por tomar la decisión de ser el candidato presidencial del MAS? 

LA

Por supuesto. El día que llegué a Bolivia [desde México], justamente para participar en las elecciones, apenas bajando del avión –¡ni siquiera había hecho Migración, legalmente no estaba en Bolivia todavía!– ya me estaban notificando que tenía que defenderme en un juicio en la Fiscalía al día siguiente. Yo tengo ya tres o cuatro juicios, mi familia ha sido también amedrentada, presionada… realmente no escatiman nada en este gobierno a la hora de la persecución política. Quieren que nos arrepintamos de venir a Bolivia, de querer disputar el poder. Pero creo que el pueblo boliviano sabe que hemos venido y que estamos decididos a llevar adelante este proceso.

En octubre del año pasado se movilizó mucha gente y por más de veintiún días bloquearon el país. La consigna era recuperar la democracia, porque decían que el expresidente era dictador. Y ahora nos tienen nueve meses sin democracia, en dictadura y se ve claramente que el eslogan de la democracia era solamente eso: un pretexto para asaltar el Estado, tomar todas las riquezas que habíamos generado durante todo este tiempo, repartírselas entre ellos, entregar nuestros recursos naturales una vez más y poner a sus familiares a trabajar en el Estado, como hemos visto en todo este tiempo. 

DR

Nos preocupa que vaya a existir un fraude en las elecciones del 18 de octubre. ¿De qué manera pueden actuar la comunidad internacional y las organizaciones políticas y de derechos humanos para que el proceso sea transparente y democrático?

LA

La mejor manera de hacerlo es que vengan a mi país cuanto antes y se constituyan en testigos de lo que va a pasar. Que haya una buena fiscalización al Tribunal Supremo Electoral en todas las tareas que está llevando adelante, porque ellos mismos demostraron, al haber postergado del 3 de mayo al 2 de agosto, luego al 6 de septiembre y ahora al 18 de octubre que no tienen predisposición para hacer las elecciones en nuestro país, que tienen otro mandato. Por lo tanto, nosotros pedimos a la comunidad internacional que pueda venir a supervisar todo lo que está pasando en nuestro país, que puedan constituirse en verdaderos garantes de que el proceso electoral va a estar adecuadamente llevado y que se garantice el derecho político de cada uno de los bolivianos: tanto para asistir a las urnas como para participamos como candidatos de este proceso electoral.

Eso tiene que ser desde ahora. Porque ya estamos viendo numerosos atropellos. Sería imprescindible que todas estas organizaciones, que la prensa internacional, no esperen hasta el 18 de octubre para estar en el país, sino que vengan cuanto antes. Para que se conviertan en testigos de lo que estamos viviendo los bolivianos acá, y para que la comunidad internacional pueda tener una información veraz.   

 

Sobre los entrevistadores

Denis Rogatyuk es editor internacional de Jacobin América Latina y periodista del portal El Ciudadano.

Bruno Sommer Catalan es periodista y fundador del portal El Ciudadano.

Cierre

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Publicado en Bolivia, Entrevistas, homeIzq and Política

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