En junio de este año se llevarán a cabo las elecciones más grandes de la historia de México. 21383 cargos estarán en disputa, desde diputados federales hasta locales, pasando por alcaldías, regidurías y (esto es clave) gobernaturas. La gobernatura del estado norteño fronterizo de Chihuahua está en juego este año, así como 67 alcaldías, 33 diputaciones del estado y muchos cargos más. Para un estado que ha sido bastión histórico de la derecha más recalcitrante a través de su partido estrella, el Partido de Acción Nacional (PAN), esta representa la mejor oportunidad en mucho tiempo de escribir una historia distinta para la política estatal.
El panismo en México y en Chihuahua
El Partido Acción Nacional se fundó en 1939 como instrumento político de la élite socioeconómica para articular la oposición al gobierno izquierdista y nacionalista del general Lázaro Cárdenas. Dicho gobierno repartió tierras a los campesinos, alfabetizó el campo, expropió el petróleo y mandó ayuda a los republicanos españoles durante la guerra civil, recibiendo a muchos tras su derrota. La oposición a esas políticas fue lo que inspiró la fundación de ese partido, así como su insistencia en que México permaneciera neutral durante la Segunda Guerra Mundial para no perjudicar a sus admirados asesinos del Eje Berlín-Roma-Tokio (en este esfuerzo, los panistas fracasaron, para honra eterna del nombre de México).
Después del gobierno de Cárdenas, el Partido de la Revolución Mexicana se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y dio un fuerte giro hacia la derecha. Los comunistas, antiguos aliados del cardenismo, fueron expulsados de la Confederación de Trabajadores de México –que habían ayudado a construir– y el gobierno federal comenzó su larga e infame historia de aliarse con el imperialismo estadunidense para espiar, difamar y exterminar a comunistas mexicanos.
Durante los 54 años en los que el PRI gobernó el país de manera ininterrumpida, la oposición más férrea a sus políticas traidoras hacia los ideales de la Revolución Mexicana se gestó desde los movimientos sociales: campesinos, ferrocarrileros, estudiantes… Tras la amarga experiencia del terrorismo de Estado, muchos opositores decidieron tomar las armas contra el régimen del PRI.
Según varios historiadores, el movimiento guerrillero mexicano empezó el 23 de septiembre de 1965 en Madera, Chihuahua, con un ataque insurgente a un cuartel militar. Con esto se inició un periodo de rebelión armada que tardaría 15 años en ser aplastado brutalmente mediante la infame «guerra sucia» en alianza con agencias del gobierno de Estados Unidos. Mientras todo esto ocurría, el PAN simulaba oponerse al PRI mientras la élite empresarial, benefactora de ambos partidos, prosperaba a expensas del pueblo mexicano.
A finales de los años setenta, la resistencia popular obligó al PRI a buscar maneras de reforzar el régimen capitalista en México. En 1978, al mismo tiempo que libraba la guerra sucia, el gobierno llevó a cabo la primera de varias reformas políticas que le abrirían las puertas a la izquierda (que, en gran medida, hasta entonces había sido ilegal) para luchar en el plano electoral. Con esto esperaba, y en buena parte logró, coartar el ánimo del movimiento guerrillero. Pero constituyó, al mismo tiempo, una muestra de debilidad que la derecha recalcitrante, de raíz fascista, aprovechó para lanzarse a la conquista del poder.
La muestra más clara de esto es el episodio del llamado «verano caliente» de 1986 en Chihuahua. Tras un complicado proceso social y político, el PAN acusó al gobierno priista de cometer uno de sus acostumbrados fraudes electorales y convocó con éxito a la población a protestar masivamente a favor de la democracia. La represión que enfrentó el pueblo que acudió al llamado panista es legendaria; persiste en la memoria popular aunque no en la conducta del partido, el cual se alió con el PRI para las elecciones de 2021.
En 1992, el PAN se hizo con el poder en Chihuahua. En el año 2000, el candidato panista ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en el primer presidente del México moderno que no fuera postulado como candidato por el PRI. Para esto fue necesario, primero, que en 1988 la izquierda fuera víctima de un fraude electoral a nivel federal y que, en 1994, un levantamiento comunista indígena, el zapatismo, amedrentara al PRI con el espectro de la insurgencia en caso de que no cumpliera sus promesas de cambio político. Si bien el primer gobierno panista de 2000-2006 no mejoró significativamente las condiciones de vida del mexicano promedio, no se compara con el desastre que representó su segundo periodo de 2006-2012.
Chihuahua bajo el calderonismo
Las elecciones de 2006 son recordadas en México como las más reñidas y por haber terminado con la comisión de un fraude. El nuevo gobierno panista, encabezado por el oscuro y espurio Felipe Calderón (un criminal de lesa humanidad que debería estar en la cárcel), encontró la manera de afianzar su cuestionado poder lanzando la «guerra contra el narco», una política de supuesto «combate a la delincuencia» encabezada por el Ejército.
El Secretario de la Seguridad Pública de Calderón, Genaro García Luna, hoy está siendo juzgado en Nueva York por aceptar sobornos millonarios del cártel del Chapo Guzmán para dirigir la «estrategia» federal solamente contra sus enemigos. Soldados mexicanos fueron mandados a matar y morir (muchos de ellos, obligados a cometer severas violaciones a derechos humanos) en una guerra que solo era una enorme farsa.
Cuando, en 2009, la revista mexicana de periodismo de investigación Proceso comparó la «guerra contra el narco» con la guerra de Irak, tenía más razón de lo que suponía: ambas fueron operaciones genocidas en las que el pueblo pobre puso los muertos y ambas se justificaron con una mentira.
El 31 de enero de 2010, aproximadamente 20 hombres armados asesinaron a 15 estudiantes de bachillerato e hirieron a otros 10 en una fiesta en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el fraccionamiento popular de Villas de Salvárcar. El gobierno federal se apresuró a echarle la culpa de estos hechos a las víctimas, declarando a la prensa que el ataque fue un «ajuste de cuentas» entre grupos del crimen organizado. Durante 11 años, los familiares de las víctimas y sobrevivientes han desmentido esta infamia, que formaba parte de la estrategia calderonista de difamar a todas las víctimas de su guerra contra el pueblo como criminales. Se concatena con la política generalizada de fabricar culpables, efectuar montajes y presentar «falsos positivos» para dar la (por demás falsa) apariencia de que se estaban generando avances en la «lucha contra el narcotráfico».
La masacre de Villas de Salvárcar es tan solo la muestra mejor conocida del legado de violencia y terrorismo que sembró el PAN en el «estado grande». Ciudad Juárez, la antes próspera ciudad fronteriza que era conocida por su vibrante vida nocturna, se convirtió en un campo de batalla entre bandas del narcotráfico. El estado entero se convirtió en una macabra combinación de tiroteo y fosa común. El paramilitarismo se volvió práctica común en el campo, desplazando a comunidades enteras y esclavizando a campesinos indígenas para obligarlos a cultivar droga en la sierra del oeste del estado.
En el colmo del cinismo, Felipe Calderón se ha atrevido a pronunciarse sobre las elecciones para gobernador del estado al que tanto daño hizo. En Twitter, dio su apoyo a quien logró quedarse con la nominación para la gobernatura por parte del PAN, la alcaldesa de la capital estatal, Maru Campos, quien está manchada por la influencia del duartismo.
El dinero de César Duarte
Durante 2010-2016, el gobernador de Chihuahua fue César Duarte Jáquez, uno de los muchos gobernadores corruptos encarcelados después de sus periodos de gobierno, que fueron parte de la camada del «nuevo PRI» en su regreso al ejecutivo federal en 2012-2018. Durante su gestión, se hizo famoso por usar a las fuerzas de seguridad estatales para intimidar a dueños de tierras en el campo y obligarlos a venderle. Más que eso, él y su esposa robaron cientos de millones de pesos del erario (dinero de los impuestos del pueblo, al fin y al cabo) y los usaron, en gran parte, para tejer una red de padrinazgo político en todo el estado.
El poder de César Duarte se extendía a todos los partidos políticos de Chihuahua. Todo mundo estaba en su nómina secreta, y así es como aseguraba el control y la impunidad para sus negocios. Entre los principales beneficiarios de los pagos clandestinos de Duarte estaba la alcaldesa de la capital del estado, Maru Campos. En la disputa interna del PAN por la candidatura para gobernador, estos nexos han sido un problema constante para la funcionaria panista.
El gobernador actual de Chihuahua, el panista Javier Corral, llegó a su cargo presentándose como enemigo acérrimo de Duarte y la corrupción. Como era de esperarse, tenía su favorito para ocupar su cargo cuando termine su periodo este año. Su apoyo no fue para Campos, sino para el experimentado político de fama nacional Gustavo Madero, un refugiado del naufragio del establishment del Pacto por México que encontró refugio en la corte de Corral.
En su afán por imponer a Madero ante la más popular Campos, no ha dudado en usar su plataforma como gobernador para acusar públicamente a la alcaldesa de haber estado en la nómina secreta de Duarte. Maru Campos respondió con su propia conferencia de prensa, presentándose como una víctima de «persecución política» por parte de Corral. Las acusaciones en un sentido y otro siguieron por parte de protagonistas y subalternos hasta que Maru salió airosa en la elección interna el 24 de enero.
Lo que más importa del drama alrededor del dinero de Duarte es que, hoy por hoy, el PAN está dividido. Cualquiera que sea la razón de fondo, la nómina secreta ha sido la excusa para una pelea campal pública y vergonzante para el partido que antes se ostentara como el poder absoluto en Chihuahua. Esta división y desgaste de la ahora candidata a gobernadora presenta una oportunidad insólita para el triunfo de la oposición de centroizquierda, que hoy se aglutina en torno a Morena.
Narcopolítica y el asesinato de Miroslava Breach
El 23 de marzo de 2017, la periodista Miroslava Breach fue asesinada a tiros mientras llevaba a sus hijos a la escuela. El caso inmediatamente alcanzó notoriedad a nivel nacional, con lo que se dio a conocer que Breach había escrito y publicado artículos relatando las conexiones entre políticos del PAN y el cártel de los Salazar en la sierra tarahumara.
Conforme avanzaron las investigaciones, se reveló que en la computadora de uno de los implicados en el asesinato fue encontrada una grabación de un vocero del PAN hablando con la periodista, exigiendo saber cuál fue su fuente para el reportaje sobre los nexos del partido con el crimen organizado. Miroslava Breach no reveló su fuente.
El mismo fenómeno que se dio entre Genaro García Luna y el Chapo Guzmán (con el probable conocimiento o participación de Felipe Calderón) se repitió, así, a escala estatal entre el PAN chihuahuense y un cartel de la localidad. Ese mismo año fue asesinado otro periodista reconocido que escribía sobre temas del narco, Javier Valdez, del estado de Sinaloa. De esta manera, el tema del asesinato de periodistas volvió a la agenda pública mexicana después de años de normalización, particularmente después del calderonato. En esta coyuntura, el PAN de Chihuahua enfrentó un descrédito profundo, del que no ha podido recuperarse cuatro años después.
Un nuevo día en Chihuahua
Para su campaña a la gobernatura, Javier Corral utilizó el slogan «Amanece para todos». Tras cinco años de gobierno panista, es claro que para la mayoría de los chihuahuenses todavía no amanece. La larga historia de violencia y corrupción de la derecha mexicana ha dejado su marca en Chihuahua. Mientras escribo esto, Chihuahua está a la espera de cómo procede el proceso penal contra Maru Campos, que podría complicar seriamente el proyecto de la derechista en el futuro.
Al mismo tiempo, gran parte del país, incluyendo la presidencia de la república, forma parte de un proceso político conocido como la Cuarta Transformación. Si bien este proceso no está libre de errores, fallas de origen y vacilaciones desafortunadas, algo que se puede decir a su favor es que, por lo menos, no tuvo sus orígenes en una asociación filofascista, no fue cómplice del PRI durante la guerra fría, no cometió fraudes electorales, no inició la guerra contra el narco, no aceptó dinero de Duarte y tampoco participó en el asesinato de Miroslava Breach.
Todas estas, en cambio, son acusaciones válidas en contra del PAN. Forman una tendencia que seguramente se repetirá en caso de que logre aferrarse al poder. Por el bien de los chihuahuenses y de todos los mexicanos, el PAN debe ser derrotado en las próximas elecciones.
