La Justicia es en Argentina un estamento privilegiado, propenso al nepotismo, exento de impuestos y beneficiario de pensiones desmesuradas. Tal conformación es incompatible con una democracia digna de tal denominación. Necesitamos un poder judicial no vitalicio, electivo y con más participación popular.
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El pasado martes Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El nivel de judicialización de la política argentina alcanza niveles extremos: solo se lo combate con movilización popular.
Nayib Bukele y una nueva élite salvadoreña han tomado el control del Estado con tambores, bota policial y agitando los fantasmas del autoritarismo.
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