Manuel María Madiedo (Colombia), Francisco Bilbao (Chile), Casimiro Corral (Bolivia), José Ignacio Abreu e Lima (Brasil), Esteban Echeverría (Argentina), Plotino Constantino Rhodakanaty y Nicolás Pizarro (México) conformaron la primera generación del socialismo latinoamericano, tributaria de las revoluciones románticas europeas. La armonía social, la solución de la cuestión social, el derecho al trabajo y la democracia sustantiva formaron parte del corpus doctrinal de aquél. En América Latina, fueron sociedades de socorros mutuos, clubes políticos, comunidades ideales, sociedades secretas, escuelas y partidos los que surgieron bajo el influjo socialista, terciando éste en el debate político dominado localmente por el conservadurismo y el liberalismo.
La Comuna de París recuperó las reivindicaciones cuarentaiochistas, actualizadas por el blanquismo, el comunismo y el anarquismo. El autogobierno, la ciudadanía armada, la igualdad radical, el federalismo comunal y la república democrática y social reforzarían el ideario socialista. Y estos ideales también inyectaron renovados bríos al socialismo latinoamericano.
Así fue que el 20 de marzo de 1871 –esto es, 8 días antes de la proclamación de la Comuna– el homeópata griego Plotino Rhodakanaty fundó en la Ciudad de México «La Social», organismo que buscaba regenerar la sociedad por medio del trabajo, la virtud y la belleza. El «partido sociocrático» aspiraba también a emancipar al trabajador de la dependencia del capitalista, a la mujer de la tutela masculina y al indígena de «la ignorancia y la pobreza». Con respecto de lo primero, La Social participó en los Congresos Obreros. En cuanto al segundo, Rhodakanaty promovió el derecho femenino al divorcio. En relación con los indígenas, La Social colaboró en la rebelión comunalista de la Sierra Gorda.
La rebelión de los Pueblos Unidos
El médico heleno consideraba la república universal como el horizonte de la comunidad humana; la entidad política en la que se nivelarían las clases sociales, asociadas libre y voluntariamente en una federación de acuerdo con el código de la fraternidad. La célula de esta república habría de ser el municipio que, desde la base, estructuraría el cuerpo político de la nación «liquidando los poderes para sustituirlos con la organización económica y dar nueva vida a la República». Acaso esa fuera su lectura del comunalismo.
Fueron reiteradas las alusiones de Rhodakanaty a la Comuna, dedicando incluso un artículo a biografiar a los «más célebres comunistas franceses». Además de otro a una eventual «comuna americana», donde vaticinaba que la Comuna «tarde o temprano tiene que estallar entre nosotros, porque México, por más que se diga y se trabaje en el sentido de su progreso y de su ilustración, nunca podrá regenerarse entre tanto no se redima de la esclavitud feudal en que yacen seis millones de infelices indígenas».
Bajo la influencia de Rhodakanaty, la rebelión de Julio López en el valle de Chalco se propuso, en 1868, formar la República Universal de la Armonía e instaurar el socialismo. Mientras tanto, la incursión de Rhodakanaty en la protesta rural le costó la prisión y el destierro, sin disuadirlo de proclamar la «ley agraria» donde fuera posible. Tampoco La Social cejaría en el empeño de llevarla a la práctica, a la vez de organizar a artesanos y obreros en una Gran Confederación de las Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos como resolvió el Congreso Obrero de 1876.
Francisco Zalacosta, discípulo del médico heleno además de editor de La Internacional, visitó las entidades federativas del centro del país convocando a una asamblea campesina el 15 de agosto de 1877 en la Ciudad de México a fin de conformar el Gran Comité Central Comunero. Para 1878, se advertía que la dramática situación del pueblo mexicano «parece que de propósito se le empuja al socialismo y a la Comuna». Al año siguiente, la Liga de los Pueblos manifestó su simpatía hacia la Comuna de París, indicando que el cometido fundamental del socialismo en México consistía en «devolver a los indígenas los terrenos que les han usurpado, e impartir a éstos, asimismo como a las masas, la instrucción necesaria para que en todo tiempo sepan reclamar los derechos de que ahora se han despojado».
De 1879 a 1881 ocurrió la rebelión de los Pueblos Unidos, insurrección indígena en el centro del país que pugnaba por la restitución de las tierras a los pueblos, el municipalismo y la revolución social. Los despachos militares y la prensa informaron de múltiples enfrentamientos de los «comunistas» con la fuerza pública. Tan solo en 1879 en el estado de Hidalgo se denunció «que se estaba fraguando un levantamiento de indígenas en San Sebastián por el comunismo». En Calpulalpan y territorios cercanos aprehendieron a 21 indígenas que «trataban de hacer un movimiento comunista que debería estallar el día 30», además de capturarse a los «principales instigadores y caudillos para promover la revolución en sentido comunista».
En Ixmiquilpan se reportó la existencia de 200 indígenas armados. En Villa del Carbón capturaron a siete individuos armados y montados, a quienes se les confiscó un «plan revolucionario en sentido socialista». El 14 de marzo de 1881 detuvieron en el estado de Querétaro a los líderes rebeldes «acusados de pertenecer a una asociación formada para atentar contra las personas y la propiedad de ellas, intitulándose socialistas». Decomisaron a éstos «proclamas para levantar en armas a la raza indígena con un plan socialista, despachos en blanco para jefes y subalternos y banderas de raso tricolor con una inscripción dorada que decía: Falanges Populares Socialistas». Ahorcaron a los prisioneros en la Alameda de la ciudad de Querétaro en las primeras horas del 16 de junio de 1884.
El plan socialista
El citado «plan», Plan Socialista proclamado por los representantes de los pueblos de los estados de Querétaro y Guanajuato, de junio de 1879, sintetizó el ideario de la rebelión de los Pueblos Unidos. El documento pretendía restituir las tierras a los indígenas, proteger a los proletarios del abuso de los ricos, resguardar la industria nacional, crear escuelas y hospitales, bonificar una pensión vitalicia a los deudos de los combatientes socialistas, conformar «comités agrarios» atinentes a la restitución de tierras a los pueblos y el reparto de terrenos laborables entre los soldados del ejército revolucionario, conocido también como «falanges populares», comandadas por el Directorio Socialista, cuya misión era ocupar la Ciudad de México. A poco circuló la especie de que «los representantes de los pueblos unidos de los estados de Querétaro y Guanajuato han aceptado el plan político, con algunas modificaciones favorables a la causa que proclaman»; es decir, la ley agraria, la defensa de la propiedad legítimamente adquirida y la reivindicación de la República Democrática y Social.
Este documento, enriquecido por las comunidades, contenía los proyectos de ley agraria, reforma política y ley electoral. El primero prohibía las exacciones de las haciendas a sus jornaleros, cancelaba las deudas que tanto éstos como los sirvientes tenían con ellas, otorgándole a cada trabajador la propiedad «del solar que habita y el terreno que cultiva», en tanto que los pueblos conservarían la propiedad comunal e inalienable del «terreno que les baste para cubrir sus necesidades sociales».
La organización política descansaría en el municipio, que concentraría las funciones políticas, sociales, educativas y judiciales. En las capitales estatales, el presidente municipal también lo sería de la entidad y, en la federal, habría un presidente. El pueblo armado se haría cargo de la seguridad y defensa de la nación. La ley electoral permitiría a cada pueblo elegir libre y autónomamente a sus autoridades, aplicando el mismo procedimiento en los distintos órdenes de gobierno. Las elecciones se realizarían en asamblea pública por voto directo y secreto. Cerraba el plan con la consigna «Tierra. Industria. Educación. Armas».
El Directorio Socialista, órgano ejecutivo de los insurrectos, otorgaba grados y distinciones a los mejores miembros de las falanges populares, nombramiento vinculado con el deber de «explotar todos los medios necesarios a efecto de llevar adelante su cometido, así como para organizar falanges, exigir armas, municiones, caballos, monturas, dinero y demás recursos para el mantenimiento de sus fuerzas dejando desde luego el correspondiente recibo a las personas a quienes se les hagan tales exacciones». También el Directorio convocaba al pueblo mexicano a adherirse a la causa socialista, abolía la esclavitud «quedando liberadas las propiedades sin pagar renta ninguna libres de (…) sus opresores y enemigos de nuestra raza». Y llamaba, además, a confiscar «las tierras que los españoles les habían quitado». Los documentos rebeldes solían concluir con los lemas Independencia y Social Libertad, Revolución Social, Dios y Ley Libertad, Independencia y Socialismo, aunados a los vivas «Al Pueblo Obrero y Proletario, Al Pueblo de los Pueblos Labradores, A la República Democrática y Social».
Ecos de la Comuna
La reconstrucción del Estado nacional de abajo hacia arriba, la mengua de la desigualdad social y la ciudadanía armada hacían ver la influencia comunalista en la rebelión de los Pueblos Unidos. En la acepción de los communards, la República Democrática y Social iba más allá de la autonomía municipal e incluía derechos sociales como un seguro contra el desempleo y la quiebra, así como el crédito al trabajo.
En palabras de Rhodakanaty, «al socialismo toca dar el último golpe al crédito empírico de esa aristocracia bastarda que todo lo absorbe y monopoliza [se refiere a la amortización de la propiedad], quitando toda savia de vida a la nación». Asimismo, reconocía en la federación la forma óptima de agregar a las comunidades (municipios es la versión mexicana), respetando su autodeterminación. La ciudadanía armada sustituía al Ejercito, tanto en el Plan Socialista como en el París revolucionario. El Consejo de Gobierno de la Comuna fue electo democráticamente, mas desconocemos el mecanismo mediante el cual se designó el Directorio Socialista de la rebelión de los Pueblos Unidos, aunque el término remite al blanquismo.
Rhodakanaty, quien dijimos celebró la Comuna de París y concibió la posibilidad de que su influjo llegara al continente americano, acabó por asustarse con los demonios que logró desatar. En 1876 el homeópata griego confirmaba que «el pueblo mexicano, a diferencia del francés, es más tardío en sus determinaciones», justificando esta cautela por «la necesidad de conservar el orden por su propia conveniencia, de no derrocar el sistema democrático que ha colocado en su gobierno, porque lo ha conquistado a costa de tantos sacrificios, derramando su sangre por la libertad».
Para 1878, el médico heleno no veía otra salida para el país que la revolución social que implicaba «solución del Estado en contrato económico, reorganización de la propiedad, nulificación de la política, destrucción radical del feudalismo, expedición de la ley agraria». Hacia 1883 el fundador de La Social estaba alarmado por la violencia rural y la posibilidad de «la guerra de castas, o lo que es lo mismo, la sustitución de una tiranía y de un despotismo por otro todavía más fuerte, el cual sería el del salvajismo indígena» reivindicando, sin embargo, los derechos indígenas conculcados por «explotadores y tiranos», en tanto que llamaba a los pueblos originarios a no dar «cabida a ciertos planes, ni acatando las leyes descabelladas de algunos inicuos demagogos».
