Angela Rifo ha sufrido una violencia indescriptible. Durante los diecisiete años de dictadura en Chile, la sindicalista fue detenida y torturada. Desde entonces, ha dedicado su vida a garantizar que otras personas no tengan que sufrir lo mismo que ella, incluso en el lugar de trabajo.

Esta historia explica por qué Rifo, ya sexagenaria, acabó en la misma sala que Jeannette Jara, entonces ministra de Trabajo y Previsión Social de Chile, en la primavera de 2022. Como líder sindical de la Asociación Nacional de Funcionarios Públicos (ANEF) de Chile, un sindicato que representa a 700 000 trabajadores del sector público, Rifo pasó décadas presionando para que se promulgaran medidas de protección destinadas a reducir la violencia en el lugar de trabajo. Esa lucha llegó a su punto álgido después de 2019, cuando una enfermera, Karin Salgado, se suicidó debido a las malas condiciones laborales y al acoso. Rifo comenzó a trabajar en una ley que actualizara Chile con las regulaciones laborales internacionales, dotara a los empleados de mecanismos para combatir la violencia en el lugar de trabajo y abordara el acoso. Era una lucha importante, y en Jara, Rifo encontró una aliada inquebrantable.

Durante varios años, las mujeres trabajaron codo con codo. El 1 de agosto de 2024, la ley fue aprobada, dos años después de su propuesta formal. «Su trabajo fue fundamental», afirma Rifo. «Una de las cualidades de Jeannette es su capacidad para comunicarse y coordinarse no solo con los trabajadores, sino también con los empresarios».

Durante varios años, las mujeres trabajaron codo con codo. El 1 de agosto de 2024, la ley fue aprobada, dos años después de haber sido propuesta formalmente. «Su trabajo fue fundamental», afirma Rifo. «Una de las cualidades de Jeannette es su capacidad para comunicarse y coordinarse no solo con los trabajadores, sino también con los empresarios».

Como muchos, Rifo cree que si Jara tiene posibilidades de convertirse en la próxima presidenta de Chile tras las elecciones del domingo, a pesar de los bajos índices de aprobación del actual Gobierno de izquierda, es gracias a sus habilidades como negociadora y como persona que consigue resultados.

Va a necesitar todas las herramientas de su arsenal. Jara, de 52 años, se presenta como candidata conjunta de la coalición de izquierda en las elecciones del 16 de noviembre. Miembro del Partido Comunista de Chile (PCCh), Jara ha destacado su origen obrero y cuestiones básicas como el costo de la vida. Frente a un grupo de candidatos de derecha que han hecho campaña prometiendo frenar la delincuencia y la migración en un país donde la percepción de inseguridad es muy alta, las posibilidades de Jara son escasas. Aunque la candidata de izquierda lidera actualmente las encuestas de la primera vuelta, con alrededor del 28,5 % de los votos previstos, se espera que pierda en la segunda vuelta.

Su mejor esperanza: atraer a los votantes de clase trabajadora y a los reformistas de centroizquierda en un país con uno de los índices de desigualdad económica más altos de América Latina.

Semana laboral de 40 horas, salario mínimo y reforma de las pensiones

Jara fue nombrada ministra de Trabajo y Previsión Social en 2021 por el actual presidente Gabriel Boric, del Frente Amplio, de izquierda. Ha sido un punto luminoso en un Gobierno que, en general, ha sido incapaz de cumplir las promesas transformadoras hechas a raíz de los movimientos sociales de 2019. Eso es lo que la convierte en una candidata interesante, explica Víctor Muñoz Tamayo, investigador de la Universidad Católica Silva Henríquez de Chile, cuyo trabajo se centra en la izquierda política y los movimientos estudiantiles de Chile.

«Jeannette Jara es una candidata que muestra los cambios que ha realizado este Gobierno, pero que también representa una izquierda tradicional, basada en la política de clases», explica. «Reducir la jornada laboral, aumentar el salario mínimo y reformar el sistema de pensiones: todo esto tiene que ver con las reivindicaciones históricas de la izquierda».

Como ministra de Trabajo en el Gobierno de Boric, las principales reformas de Jara incluyen la reducción de la semana laboral, el aumento del salario mínimo y la reforma del sistema de pensiones privatizado de Chile.
Como ministro de Trabajo bajo el mandato de Boric, las reformas clave de Jara incluyen una reducción gradual de la semana laboral de cuarenta y cinco a cuarenta horas en un período de cinco años, un aumento del salario mínimo de más del 50 % y una reforma del sistema de pensiones privatizado de Chile.

Esta última reforma, aunque incompleta, aborda una de las herencias históricas de la dictadura autoritaria y neoliberal de Augusto Pinochet: un sistema de pensiones en el que las contribuciones individuales se reinvierten en el mercado. Si bien el sistema prometió rendimientos más altos que una pensión gubernamental tradicional, los resultados han demostrado todo lo contrario. Las pensiones de muchos chilenos son tan solo la mitad o una cuarta parte de su último sueldo y, en aproximadamente cuatro quintas partes de los casos, suelen estar por debajo del salario mínimo en uno de los países latinoamericanos con el costo de vida más alto.

Aprobado en enero de 2025, el nuevo plan de pensiones ofrece un sistema «mixto» de ahorros individuales y contribuciones del empleador (anteriormente, los empleadores no tenían la obligación de contribuir a las pensiones). La reforma, que también es gradual, no se verá en toda su extensión hasta aproximadamente 2033, cuando las contribuciones de los empleadores se estabilicen en el 8,5 %. De forma más inmediata, la reforma aumenta la Pensión Garantizada Universal (PGU), una pensión básica de tipo seguridad social para las personas con ingresos más bajos, implementada bajo la presidencia de Michelle Bachelet en la década de 2000-2010.

Andrés Giordano, diputado de la coalición Frente Amplio de Boric y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, explicó que esta reforma demostró la astucia política de Jara, especialmente en momentos en los que parecía que la extrema derecha, opuesta a la reforma, había tomado la delantera. «Buscó constantemente oportunidades para el diálogo, principalmente para lograr el objetivo central, que era que los jubilados tuvieran una respuesta concreta a la crisis de las pensiones miserables», dijo Giordano a Jacobin.

Profundizar en las reformas

Aunque fueron significativas, las reformas de Jara podrían haber ido aún más lejos, según Giordano. Una de las iniciativas que Jara trató de poner en marcha —un sistema universal de guarderías destinado a aliviar la carga financiera de las familias de clase trabajadora— sigue siendo estudiada por el actual Gobierno. Si se aprueba, la ley facilitaría el acceso a servicios de guardería asequibles no solo a las madres trabajadoras, sino también a los padres trabajadores.

Giordano añadió que mejorar los derechos de negociación colectiva era otro objetivo clave de la actual administración. «En Chile, solo tenemos negociaciones a nivel de empresa, lo que dificulta mucho la mejora de las condiciones laborales, incluso en los lugares de trabajo sindicalizados», afirmó. Esto ha dado lugar a una tasa de sindicalización especialmente baja en todo el país: alrededor del 18 %. (Giordano tiene previsto presentar un proyecto de ley de negociación colectiva antes de que termine el año).

Simón Ramírez, secretario ejecutivo de la dirección nacional del Frente Amplio de Boric y ahora candidato a las elecciones, coincidió en que la transformación del mercado laboral iniciada bajo el mandato de Jara fue importante, pero que se podría haber ido más allá. «Estas reformas podrían parecer normales en otro país, pero en el laboratorio del neoliberalismo que es Chile, no eran la norma», afirma Ramírez. «Creo que los chilenos se están dando cuenta de que las cosas están mejor que antes de que llegara al poder la administración Boric. Dicho esto, todavía estamos lejos de transformar las superestructuras económicas y políticas de este país».

No todos se muestran tan optimistas. En una temporada electoral marcada por el giro drástico de los tres candidatos de derecha (Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata Independiente; José Antonio Kast, del Partido Republicano; y Johannes Kaiser, del Partido Libertario Nacional), la asociación de Jara con el Gobierno de Boric, cuya tasa de aprobación ha rondado el 30 %, también se ha considerado en ocasiones una desventaja.

«Todo el mundo, desde la derecha hasta la izquierda, está convencido de que, para liquidar la candidatura de Jara, hay que identificarla con el Gobierno», dijo a Jacobin Manuel Riesco, vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). «El actual gobierno ha dicho muchas cosas buenas… pero resulta que también ha hecho algunas cosas mal, y no solo eso, sino que lo principal es que no ha hecho lo que hay que hacer».

Riesco señaló la reforma de las pensiones, que no eliminó por completo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), y la incapacidad del Gobierno para nacionalizar las minas de cobre de Chile, como ejemplos de los fracasos del Gobierno, con Jara al frente.

Patricia Lillo Reyes, portavoz del grupo activista No Más AFP, también expresó su desilusión con la administración saliente. «No es fácil, pero se puede hacer, y pensábamos que Boric lo iba a hacer», dijo Lillo Reyes. «Y si el Gobierno de Boric no lo hizo, tampoco lo hará este».

Para algunos miembros de su propio partido, Jara es vista como una reformista que ha abandonado las propuestas más radicales y transformadoras del Partido Comunista de Chile en favor de una plataforma de centroizquierda. Aunque el PCCh, excluido durante mucho tiempo de las coaliciones de izquierda, celebró la reforma de las pensiones, en el pasado el partido ha impulsado una mayor protección laboral, incluyendo la sindicalización automática, regulaciones más estrictas para el despido de trabajadores y convenios colectivos más fuertes.

Alternativas nefastas

Que Jara tenga alguna posibilidad frente a sus rivales de derecha puede depender de cómo le vaya con los votantes de bajos ingresos y de clase trabajadora que tradicionalmente no han participado en la política, explica Muñoz Tamayo, de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Por primera vez en unas elecciones a nivel nacional, los chilenos estarán obligados a votar, so pena de una cuantiosa multa. «El voto obligatorio ha tendido a favorecer a la derecha», afirma Tamayo. «¿Por qué? Porque el perfil de la persona más apolítica es alguien que dirá: «Mira, gane quien gane, yo mañana tengo que ir a trabajar»».

Para atraer a estos votantes, Jara ha convertido el «salario vital» de 750 000 pesos (unos 750 dólares) al mes y la creación de una Agencia Nacional de Empleo en elementos clave de su estrategia de comunicación. También ha propuesto un Sistema Nacional de Cuidado para los responsables del cuidado de niños pequeños y personas mayores. Quizás lo más importante es que ha destacado sus raíces obreras, ya que creció en una población conocida como El Cortijo, en el suburbio de bajos ingresos de Conchalí, cerca de Santiago.

Su plataforma —y sus antecedentes— contrastan con los de sus tres principales competidores. Matthei, de centroderecha, ha dicho que congelaría los aumentos del salario mínimo y, en su lugar, crearía un millón de puestos de trabajo mediante obras públicas y programas de créditos fiscales, al tiempo que permitiría a las empresas utilizar contratos por horas y turnos más flexibles. Más a la derecha, Kast ha propuesto suavizar las restricciones al despido y reducir los requisitos de inspección laboral.

En las últimas semanas, el candidato libertario Johannes Kaiser ha ganado fuerza en las encuestas, llegando a empatar prácticamente con Matthei. Kaiser utiliza una retórica populista contra la «clase política» y pretende atraer a la clase trabajadora. Se presenta como un candidato antisistema dispuesto a recortar los excesos del Estado. Sin embargo, sus políticas, entre las que se incluyen un «salario juvenil» por debajo del mínimo nacional y una propuesta para recortar más de 100 000 puestos de trabajo en el sector público, perjudicarían significativamente a los trabajadores chilenos.

Rifo, de la ANEF, teme que cualquiera de estos candidatos pueda socavar los logros que tanto ha costado conseguir al actual Gobierno.

«Corremos el grave riesgo de tener un gobierno de extrema derecha con convicciones absolutamente contrarias a las que encarna Jeannette Jara», afirma. «Soy una sindicalista de la vieja escuela. Soy una anciana que sufrió encarcelamiento político y tortura, y, para ser sincera, me aterra tener que volver a sufrir al hijo de un fascista, un neonazi, y sobre todo lo que podría promover en este país».

En Chile, los traumas del pasado nunca están lejos de la superficie. Para muchos, estas elecciones no solo suponen el riesgo de que se reviertan las reformas, sino algo mucho más profundo.