La aprehensión de Jeanine Añez marcó un paso significativo en vías de hacer justicia por las decenas de muertos y miles de detenidos durante su régimen. El 12 de marzo, la Fiscalía de Bolivia emitió un comunicado pionero en el que pedía la detención de los involucrados en el caso judicial «Golpe de Estado» que tiene como objetivo sancionar a los responsables de las masacres en Senkata y Sacaba y los abusos contra los derechos humanos y la persecución en todo el régimen de Áñez. La lista inicial de apuntados incluía a la exjefa del régimen golpista, Jeanine Áñez, junto a nueve de sus ministros clave y exjefes de la policía y las fuerzas armadas. Se llevó a cabo una importante operación policial para capturar a Áñez en su estado natal de Beni.
Los videos y fotos de su aprehensión (la encontraron escondida en una caja debajo de su cama) se volvieron virales en todo el mundo. Poco tiempo después, fue trasladada a las celdas de detención de la FELCC (Fuerza especial anticriminal) y finalmente apresada en una cárcel de mujeres en Miraflores, La Paz, cumpliendo 6 meses de prisión preventiva.
Su exministro de Justicia, Álvaro Coimbra, así como Rodrigo Guzmán, exministro de Energía, también fueron detenidos y trasladados a La Paz. Yassir Molina, líder del grupo paramilitar de extrema derecha de la Resistencia Juvenil de Cochala, fue liberado varias veces debido a la intervención de un juez golpista antes de ser condenado a seis meses de prisión preventiva. Varios antiguos miembros de alto rango de la policía y las fuerzas armadas han sido detenidos o acusados de delitos relacionados con el golpe de 2019, como Luis Fernando Valverde y Franco Orlando Suárez Paz. Finalmente, la ministra de Medio Ambiente de Áñez, María Elva Pincker, también recibió una orden de aprehensión por presunto nepotismo y actos de corrupción que se produjeron bajo su gestión.
Otros en la lista, como Arturo Murillo Prijic, exministro de Gobierno, y Luis Fernando López, exministro de Defensa, lograron escapar de Bolivia en noviembre de 2019, poco antes de que Luis Arce tomara juramento como presidente. Actualmente viven en Miami, Florida.
La aprehensión de Áñez y otros participantes importantes del golpe de noviembre de 2019 y su régimen fue retratada por los líderes golpistas y otras figuras de derecha como una campaña de venganza «largamente esperada» por parte del nuevo gobierno del MAS y Evo Morales. Fernando Camacho, exjefe del ultraderechista Comité Cívico de Santa Cruz y líder de la ultra conservadora coalición Creemos, emitió un comunicado condenando la detención de Áñez como un acto de «persecución política».
Poco tiempo después, fue respaldado por el Comité Cívico de Santa Cruz, que convocó protestas y movilizaciones contra el gobierno del MAS. Carlos Mesa, expresidente neoliberal de Bolivia y candidato perdedor en las elecciones de octubre de 2019 y octubre de 2020 calificó las acciones de la justicia boliviana de «terrorismo de Estado».
Como era de esperar, esta reacción recibió un amplio apoyo de todos los canales de los principales medios de comunicación (muchos de los cuales continúan negando la existencia de un golpe de Estado en noviembre de 2019), así como de los principales partidarios del golpe contra Evo.
Áñez recibió el respaldo del también autoproclamado «presidente» de Venezuela, Juan Guaidó, así como de Luis Almagro y de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el más destacado patrocinador internacional del golpe contra Evo. Este último llegó a exigir una comisión internacional que investigue al gobierno de Evo y a pedir que sea la Corte Penal Internacional (CPI) la que investigue los crímenes cometidos en Bolivia en lugar de sus propios tribunales. También exigió que el sistema judicial boliviano sea completamente destituido y reestructurado y que todos los sospechosos conocidos en la organización del golpe sean liberados.
Human Rights Watch (HRW), que también negó la existencia de un golpe de Estado durante noviembre de 2019, condenó de manera similar el arresto de Áñez y sus ministros, alegando que no había pruebas contundentes de los cargos relacionados con masacres, violencia y abusos de derechos humanos durante su régimen. Al mismo tiempo, calificó de «impunidad» la tan esperada ley de amnistía para los activistas detenidos durante el régimen de Áñez.
En todo el mundo, varios gobiernos que respaldaron el golpe de noviembre de 2019 emitieron diversas declaraciones que expresaron desde «preocupación» por el presunto abuso de derechos humanos y persecución política, hasta la exigencia de liberación de los exlíderes golpistas encarcelados. La administración Biden también demandó que se respeten los «derechos civiles» de los arrestados, en un gesto de advertencia al gobierno boliviano. A esto siguió una demanda del Secretario de Estado, Anthony Blinken, de liberar inmediatamente a Áñez y otros participantes del golpe.
Pero esto no es todo. En un giro verdaderamente surrealista, Áñez también fue nominada para el Premio Sájarov, destinado a a los activistas políticos y defensores de los derechos humanos perseguidos. La entrega del premio fue propuesta por los ganadores anteriores y por Guillermo Farinas y Bertha Soler, miembros de la oposición cubana. Junto a ella fue nominada María Corina Machado, una de las líderes más extremistas de la oposición venezolana, ignorando por completo los hechos de violencia perpetrados o promovidos por estas dos mujeres en sus respectivos países.
Los gobiernos de Sebastián Piñera en Chile y Jair Bolsonaro en Brasil emitieron declaraciones de «preocupación» por la detención de Áñez y la ausencia de «independencia judicial» en el sistema de justicia boliviano. Las declaraciones hipócritas fueron rechazadas por la cancillería boliviana, que exigió que ambos gobiernos respeten el derecho a la autodeterminación del país andino.
Este apoyo generalizado a los líderes del golpe sirvió para envalentonar a la oposición boliviana para que tomara una acción más seria contra el gobierno de Luis Arce. Una delegación formada por diputados de la derechista Comunidad Cívica (CC) y la coalición de extrema derecha Creemos viajó a Washington para denunciar la «persecución política» que supuestamente estaba llevando a cabo el gobierno de Arce contra la oposición.
La delegación confirmó que se había reunido con Luis Almagro, de la OEA, así como con Human Rights Watch, y discutió la posibilidad de la aplicación de la «carta democrática» contra Bolivia, que abre la puerta a sanciones económicas e incluso a intervenciones militares. Poco después, una reunión del grupo Eurolat en el Parlamento Europeo discutió la aplicación de medidas similares contra Arce y otros miembros del actual gobierno boliviano. La reunión de Eurolat estuvo encabezada por el expresidente derechista Jorge Tuto Quiroga y por Herman Terstch, eurodiputado del partido de la extrema derecha española Vox, y sirvió efectivamente como plataforma para la oposición golpista boliviana.
A esto le siguió una votación en el Parlamento Europeo el 29 de abril que reivindicó a Áñez y reconoció que su encarcelamiento era parte de una «persecución política». En respuesta, Manu Pineda, eurodiputado español de Izquierda Unida (IU), afirmó que tratar a Áñez como una heroína sería como elogiar a Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.
La gran mayoría de la prensa internacional también se unió a este coro de blanqueo de la imagen de Áñez, descartando las masacres y la corrupción cometidas bajo su régimen. El caso más destacado de todos fue el editorial publicado por el Washington Post acusando abiertamente al gobierno del MAS de seguir un «sendero sin ley» en la búsqueda de justicia para las víctimas y repitiendo la desacreditada teoría de la conspiración del supuesto fraude cometido por Evo Morales en las elecciones de octubre de 2019. Incluso pidió indirectamente al gobierno de Estados Unidos que interviniera en el proceso de justicia en Bolivia.
La mayoría de la prensa privada en Bolivia calificó de manera similar el arresto de Áñez como persecución, dándoles a ella y a los golpistas una plataforma mediática e ignorando los pedidos de justicia de las víctimas y los partidarios del MAS.
En muchos sentidos, esta campaña de apoyo generalizado y falso discurso de «abusos a los derechos humanos» es muy similar a la campaña anterior en apoyo del líder de extrema derecha venezolano Leopoldo López, quien jugó un papel destacado en el intento de golpe de Estado contra Hugo Chávez de 2002 y el violento levantamiento de 2014 contra Nicolás Maduro.
Entre las bases del MAS, en los movimientos y organizaciones sociales, la aprehensión de Áñez y otros importantes líderes golpistas ha sido acogida como un paso largamente esperado para cerrar el capítulo de uno de los períodos más sangrientos y represivos de la historia moderna de Bolivia. Este es particularmente el caso de las víctimas y sus familias en la localidad de Sacaba, Cochabamba y Senkata, en el Alto.
En La Paz se organizaron una serie de marchas masivas en todo el país y en otras ciudades importantes que atrajeron a miles de simpatizantes del MAS y activistas antigolpistas exigiendo nuevas acciones judiciales contra los líderes políticos que respaldaron u organizaron el golpe, como Carlos Mesa y Fernando Camacho. De manera similar, la dirección del MAS respaldó firmemente el avance de los casos legales contra los líderes golpistas. El presidente Luis Arce afirmó que «no nos impulsa el odio, no nos impulsa la venganza. Nos impulsa un deseo inquebrantable de justicia en el país».
En entrevista con quien escribe, el ex vicepresidente Álvaro García Linera afirmó que el objetivo primordial de este proceso judicial es «castigar a quienes violaron el sistema democrático del país». También sostuvo que «si no se hace justicia a quienes se burlaron y destruyeron el sistema de democracia mayoritaria para la formación del gobierno del país y se instaura la impunidad, entonces mañana puede haber otro golpe de Estado». Marina Muñoz, presidenta de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, de la región de Santa Cruz, afirmó que Mesa, Camacho y Arturo Murillo también deben enfrentar la justicia por la represión y persecución a los movimientos indígenas de la que fueron responsables.
Las elecciones regionales
Las elecciones locales y regionales del 7 de marzo produjeron un resultado general mixto para el MAS en todo el país. Por un lado, el partido fortaleció su posición como la única fuerza plurinacional del país con representación en todas las regiones, además de ganar el 71% de todas las elecciones a la alcaldía, con lo que el número total de pueblos y ciudades gobernados por el MAS fue de 240 de un total de 336, un aumento general de 13 desde las elecciones de 2015. También ganó las gobernaciones en Cochabamba, Oruro y Potosí en la primera ronda, además de quedar primero en las carrera electoral de La Paz, Pando y Tarija.
Finalmente, el MAS ganó las elecciones de alcaldes de importancia estratégica en Sucre (capital administrativa de Bolivia) y Oruro. En general, su porcentaje de votos fue mucho más profundo en las áreas rurales, debido al alto nivel de organización del MAS y los movimientos sociales afiliados a él, así como al liderazgo de Evo Morales, quien asumió un rol preponderante en las campañas en todo el territorio de las regiones montañosas occidentales. El MAS aseguró el control de los órganos parlamentarios en cada una de las 9 regiones de Bolivia, obteniendo mayorías absolutas en Oruro, Potosí, Pando, La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y pluralidades en Tarija, Santa Cruz y Beni, lo que les permitió tomar el control de manera efectiva de la legislatura en cada región.
Al mismo tiempo, el MAS se ha enfrentado a una oposición de derecha resurgente pero dividida en todo el país. La carrera para gobernador en Santa Cruz la ganó el exlíder cívico de extrema derecha (y otro organizador clave del golpe de 2019), Luis Fernando Camacho. En Beni, la gobernación la ganó Alejandro Unzueta, un médico del Movimiento del Tercer Sistema (MTS) que se dio a conocer con la pandemia del COVID-19 ofreciendo una combinación de varias «curas» para la infección y por sus puntos de vista en materia religiosa. Sin embargo, Unzueta afirmó que no se opondrá al gobierno de Lucho Arce.
La derecha triunfó en varias ciudades importantes del país. La alcaldía de La Paz la ganó el exministro del gobierno de Áñez, Iván Arias, mientras que la alcaldía en la ciudad de Cochabamba la ganó el exmilitar y partidario del golpe de 2008 contra Evo Morales, Manfred Reyes Villa. En El Alto, la exsenadora del MAS y presidenta del Senado, Eva Copa, ganó la alcaldía con casi un 70%, muy por delante de la candidata del MAS.
Los resultados de la segunda vuelta en La Paz, Pando, Tarija y Chuquisaca arrojaron triunfos para los distintos sectores de la oposición. En La Paz, la coalición Jallalla, encabezada por Santos Quispe (hijo del legendario líder y activista indígena Felipe el Mallku Quispe) y apoyada por Eva Copa triunfó sobre el candidato del MAS, Franklin Flores.
En Pando, el candidato del MTS triunfó sobre el MAS, mientras que en Chuquisaca y Tarija las gobernaciones fueron ganadas por las coaliciones locales opuestas al MAS. El resultado coloca al MAS en una posición difícil a nivel nacional y tiene el potencial de envalentonar a la oposición para sabotear el gobierno central de Arce y Choquehuanca, o incluso llevar a cabo un segundo golpe de Estado.
Con la nueva ronda de intervención extranjera que se gesta contra Bolivia y los implacables ataques de la oposición de derecha contra el proceso de cambio, es imperativo que las fuerzas políticas progresistas internacionales continúen defendiendo la verdad sobre los eventos de noviembre de 2019, apoyando a la Bolivia plurinacional en su búsqueda de justicia. Que triunfen los planes de impunidad de la oposición anti-MAS, no solamente envalentona a los sectores que, con apoyo de Estados Unidos y la Unión Europea, claman por otro golpe de Estado, sino que también proporciona una hoja de ruta para el accionar ilegítimo de las fuerzas políticas de extrema derecha en toda la región.
