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El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser universal. (Foto: UNMISS/Tim McKulka)

El acceso a la vacuna contra el COVID-19 debe ser universal

Traducción: Valentín Huarte

Parece que finalmente hay una vacuna efectiva contra el coronavirus en el horizonte. Pero la lógica empresarial de las grandes empresas farmacéuticas amenaza lo que debería ser un principio básico: que el acceso a la vacuna debe ser universal, no solo en los países ricos sino en todo el Sur global.

Hubo un suspiro de alivio cuando Pfizer anunció los primeros resultados que muestran que podría haber una vacuna efectiva contra el COVID-19 en el horizonte. El jefe de Pfizer lo anunció entre bombos y platillos diciendo: «Hoy es un gran día para la ciencia y para la humanidad

La puesta a punto de la vacuna es efectivamente una gran noticia, aunque solo para una pequeña fracción de la humanidad. Alrededor del 80% del stock de la vacuna Prizer hasta el año próximo ha sido acaparado por países ricos como el Reino Unido, EE. UU., Japón y Canadá. Estos países representan en conjunto solo al 14% de la población mundial.

Si la vacuna Pfizer es aprobada, la mayoría de la población —que vive en principalmente en países de ingresos medios y bajos— no estará ni cerca de acceder a ella. Lo mismo sucede con Moderna, que declaró que su vacuna tiene alrededor de un 95% de efectividad. El 78% de sus dosis han sido compradas por países ricos, que representan solo el 12% de la población mundial.

Probablemente el suministro mundial será todavía más limitado, dado que la patente de Pfizer y su socio BioNTech significa que ninguna otra empresa puede producir ni vender la vacuna durante un período mínimo de veinte años. Esto garantiza las bases para un monopolio legal donde no existe ninguna competencia, dado que Pfizer decide quién accede a la vacuna y a qué precio.

Bajo estos términos, no es ninguna sorpresa que la mayoría de las vacunas hayan quedado en manos del mejor postor, y Pfizer/BioNTech están preparadas para sacar una jugosa ganancia que se estima en alrededor de 13 mil millones de dólares.

Todo esto suena muy injusto e inmoral. Y sin embargo, así es como el sistema ha funcionado durante décadas. La industria farmacéutica es una máquina orientada hacia la generación de ganancias que utiliza el monopolio de las patentes para cobrar altos precios por tratamientos que pueden salvar vidas.

Se ha vuelto una de las industrias más rentables del mundo a expensas de miles de millones de pacientes que luchan para acceder a tratamientos de salud básicos, que en muchos casos representan la diferencia entre la vida y la muerte. Esto es suficientemente malo en los tiempos normales, pero en el marco de una pandemia mundial podría tener efectos desastrosos.

Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? En realidad ninguna empresa puede satisfacer la demanda global. Si el problema es garantizar el stock físico, entonces es obvio que las empresas como Moderna y Pfizer deberían compartir sus saberes tecnológicos y los derechos para producir la vacuna con otras empresas. Movilizar más productores incrementaría la oferta global garantizando que más personas puedan acceder a la vacuna y prevendría que los precios sean manipulados.

La Organización Mundial de la Salud lanzó un mecanismo este año —el Fondo de Acceso a la Tecnología COVID-19— para facilitar el intercambio de saber tecnológico y los derechos de propiedad intelectual, de forma tal que cualquier empresa o cualquier país pueda acceder a las vacunas y a los tratamientos necesarios. Sin embargo, solo cuarenta países se han unido a este fondo hasta el momento y las empresas farmacéuticas han condenado el esquema, con Pfizer a la cabeza argumentando que es un «sinsentido».

Esta reacción no debería ser una sorpresa. Después de todo, ¿por qué una empresa orientada hacia la generación de ganancias cedería sus secretos comerciales y su propiedad intelectual a sus competidores? En efecto, algo parecido se hizo en otro caso.

El Banco de Patentes de Medicamentos, una organización de salud pública apoyada por las Naciones Unidas, ayudó a negociar el intercambio voluntario con empresas de medicamentos genéricos para mejorar el acceso al tratamiento del VIH, la tuberculosis y la hepatitis C en los países de ingresos bajos y medios. Y Moderna alegó que no ejercerá el derecho sobre sus patentes durante la pandemia, aunque no se comprometió públicamente a compartir sus saberes tecnológicos, que serán cruciales para que otras empresas puedan replicar la vacuna.

La financiación pública ha jugado un rol fundamental en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19. Se invirtieron 5,5 mil millones de dólares en todo el mundo en la investigación y desarrollo de la vacuna. A pesar de que Pfizer dice no haber recibido ningún financiamiento estatal, se ha beneficiado de las compras por adelantado de mil millones de dosis, que hicieron los gobiernos más ricos de lo que entonces era una vacuna sin garantías, mientras que BioNTech recibió 375 millones de euros en concepto de financiación directa del gobierno alemán.

La misma ciencia en la que se basa la vacuna Pfzier (y, de hecho, otras vacunas candidatas líderes), una tecnología de proteína de pico, fue financiada por el gobierno de los EE. UU. No debería ser un tema de discusión que las vacunas financiadas con ingresos públicos deben priorizar la salud de la población, lo cual incluye necesariamente compromisos sobre los precios, la apertura de las licencias y el intercambio de saberes.

Los gobiernos de India y Sudáfrica hicieron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio para suspender las reglas de comercio global que apuntalan el monopolio de las grandes farmacéuticas. La suspensión que se propone cubriría los productos sanitarios vinculados al COVID-19 y duraría hasta que se realice una vacunación masiva que garantice la inmunidad de rebaño.

Suspender estas reglas injustas cambiaría las reglas del juego: quebraría el monopolio de las grandes farmacéuticas sobre los tratamientos y la vacuna contra el COVID-19, permitiendo que muchos productores maximicen la oferta global. Los países del Sur global están aplaudiendo esta propuesta, mientras un puñado de países ricos se oponen a ella.

Otros países como el Reino Unido están apoyándose sobre un esquema de compras —Covax— dirigido por la Fundación Gates para lidiar con el problema de la desigualdad del acceso a la vacuna. La idea es unir a los países para que compren colectivamente la vacuna y la distribuyan de forma equitativa.

Pero el gobierno del Reino Unido se compromete con Covax mientras socava al mismo tiempo sus acuerdos básicos acaparando vacunas exclusivas para su país por fuera del esquema. Estas acciones están alimentando un nacionalismo de las vacunas en conjunto con otros países ricos que también hacen sus propios acuerdos para garantizar sus suministros.

Se estima que el 51% del stock global ha sido acaparado por los países ricos, lo cual plantea el interrogante de si existen suficientes vacunas que Covax pueda comprar. En última instancia, Covax no está dispuesta a desafiar el monopolio de las grandes farmacéuticas ni a apoyar el proyecto de un banco mundial, motivo por el cual terminará arañando algunos restos luego de que los países ricos hayan realizado sus colectas.

Si alguna vez existió un momento propicio para reorientar el sistema farmacéutica mundial de forma tal que priorice la salud pública por sobre las ganancias, ese momento es ahora. Hay mucho en juego como para permitir que los monopolios de las grandes farmacéuticas se beneficien de restringir el acceso a vacunas y tratamientos que se han vuelto cruciales.

La desesperación por ver el fin de los confinamientos nacionales y las restricciones sociales se siente en todos los países que han sido afectados por el virus. Todos merecen tener acceso a las vacunas y a los tratamientos para combatir el virus, y la única forma en la que esto sucederá es permitiendo que otras empresas reciban el apoyo y la habilitación para garantizar un mayor suministro

Si no lo hacen voluntariamente, los gobiernos deberían entrar en el juego para garantizar que así sea.

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