Son las 11 am del martes 27 de octubre en la Ciudad de México cuando Saul Gómez, fundador del colectivo mexicano Ni Un Repartidor Menos, ofrece una bienvenida virtual en videoconferencia a la delegación de repartidoras, repartidores y choferes que operan a través de plataformas digitales en Argentina, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Paraguay, Italia, Francia, España y Estados Unidos. «¡Bienvenides Familia! Hoy estamos aquí para hacer un balance de los paros internacionales y decidir como vamos a consolidar esta alianza transnacional. Como comentamos en otras ocasiones, ¡la explotación es internacional y nuestra lucha tiene que ser global!»
Desde el inicio de la pandemia, las asambleas virtuales se han transformado en una práctica común para estos trabajadores, ofreciendo la posibilidad de compartir experiencias e informaciones respecto a la economía digital en distintos países, organizar campañas y coordinar acciones colectivas superando barreras geográficas y evitando el riesgo de contagio.
Maximiliano Martinez representa el colectivo argentino Agrupación Trabajadores de Reparto (ATR) en el contexto de la asamblea internacional Unidxs World Action. Massi, como lo llaman sus compañeros, ha sido de los más activos en la búsqueda de una alianza con las organizaciones de trabajadoras y trabajadores digitales latinoamericanos. Hace unas semanas nos sentamos frente a las pantallas de nuestras respectivas computadoras para conversar respecto a la experiencia de las personas repartidoras, de las transformaciones del trabajo y de las formas de lucha en el contexto de la pandemia.
«Nuestro objetivo es reforzar la unidad internacional de los trabajadores de Plataforma» me ha explicado Massi. «Desde que se ha declarado la pandemia, nos dimos cuenta que la precarización no es un problema nacional, es un proceso que se está reproduciendo como un calco en todo el mundo. Los bajos salarios, las larguísimas jornadas de trabajo, la cantidad de accidentes y la total falta de respuesta por parte de la patronal nos han motivado a abrir un diálogo con las compañeras y los compañeros latinoamericanos, pero también en Estados Unidos, Japón, Nigeria, España, Italia, Francia, Alemania y muchos otros países. Queremos definir un programa común de reivindicaciones y construir consenso internacional en torno a una posición política clara respecto a las empresas y los gobiernos que están facilitando la explotación de los repartidores en una situación de emergencia como la crisis del COVID-19».
En el medio de la pandemia, los gobiernos de los países afectados han clasificado a las personas repartidoras como trabajadoras y trabajadores «esenciales». La cuarentena, los bloqueos parciales de las actividades económicas y otras medidas de distanciamiento social han transformado los servicios de entrega a domicilio por medio de plataformas digitales en una herramienta fundamental para navegar las ciudades en el contexto de la crisis sanitaria. La prensa y otros medios de comunicación han promovido una narración que representa a las repartidoras y los repartidores como héroes, celebrando la importancia del servicio que ofrecen a la comunidad.
Lamentablemente, a pesar de la retórica de los medios, el reconocimiento de la «esencialidad» de estas trabajadoras y trabajadores no se ha acompañado a la implementación de mejores condiciones laborales y protecciones sociales. Al contrario: la pandemia ha exacerbado su vulnerabilidad y precariedad laboral. Si bien el aumento de la demanda de los servicios de entrega ha incrementado extraordinariamente las ganancias de las empresas, plataformas como Uber Eats, Glovo y Rappi se han negado a proveer seguro médico y dispositivos de protección personal a estas trabajadoras y trabajadores, exponiéndoles a un alto riesgo de contagio, tanto a ellas y ellos como también a sus familias y a las usuarias y usuarios de las aplicaciones.
Sin embargo, las violaciones de los derechos laborales y de las normas de salud y seguridad de estas trabajadoras y trabajadores remontan a la época anterior a la pandemia. Unas de las razones principales es que las empresas contratan a las personas repartidoras como trabajadoras independientes. La definición de la tipología de la relación laboral –autónoma o subordinada– tiene importantes consecuencias legales en cuanto resulta en la atribución de distintos derechos laborales, protecciones sociales y deberes fiscales. Los trabajadores y las trabajadoras subordinadas son protegidas por las leyes nacionales del trabajo que le garantiza el acceso al seguro social, el derecho a la sindicalización y a la negociación colectiva, mientras los trabajadores autónomos pierden acceso a estas protecciones sociales y además tienen que pagar impuestos como si fueran empresarios.
La cuestión de la clasificación de la relación laboral es central en las demandas de la coalición internacional Unidxs World Action y en la disputa con las grandes corporaciones de plataforma. Las empresas definen la relación laboral en términos de «colaboración autónoma», sugiriendo que las plataformas digitales se limitan a facilitar el encuentro entre demanda y oferta de un particular servicio o producto. Sin embargo, las repartidoras y los repartidores consideran que el servicio que ofrecen a las empresas corresponde a una forma de «trabajo subordinado», pues las plataformas imponen el lugar, los horarios y los ritmos de trabajo, además de evaluar de manera sistemática a los trabajadores imponiendo sanciones, a través del software y los algoritmos que regulan las apps.
Con el objetivo de manifestar con una sola voz y en todo el mundo que las personas repartidoras son trabajadoras y deben ser clasificadas como dependientes, garantizándoles acceso a los derechos laborales, el ocho de octubre Unidxs World Action ha organizado una jornada de acción global en diecisiete países. Desde la Ciudad de México a Tokio, desde Buenos Aires a Berlín, pasando por Bologna, Milano y París, Quito, Bogotá, Sao Paulo, Santiago y Lagos, en Nigeria, las repartidoras, repartidores y choferes de Uber y Lyft han organizado marchas en auto, moto o bicicleta hacia las secretarías de trabajo y las oficinas de las empresas de plataformas. Donde las medidas de seguridad por la pandemia o la coyuntura política no han permitido organizar grandes movilizaciones en las calles, los repartidores han coordinado otras formas de solidaridad como video mensajes o cartas de apoyo a las demandas del grupo.
La fecha del 8 de octubre ha sido seleccionada de manera estratégica, ya que esa semana en Estados Unidos se ha empezado a votar para las elecciones presidenciales y para una propuesta de ley financiada con más de 200 millones de dólares por Uber, Lyft y Doordash. Se trata de la inversión más grande en un proyecto de ley en la historia de Estados Unidos, que tiene como objetivo anular las recientes conquistas laborales de los trabajadores de plataforma en California. En enero de 2020, el Gobierno californiano inauguró la ley AB5, que promueve la reclasificación de los trabajadores de plataforma como trabajadores subordinados, garantizándoles el derecho al seguro social y a la negociación colectiva así como indemnización para desempleo y pagos de horas extra, según lo establecido por la Ley Federal del Trabajo en Estados Unidos.
Saul, del Colectivo Ni Un Repartidor Menos, me ha explicado la relevancia de la Ley AB5 para los trabajadores y trabajadoras de todo el mundo: «elegimos organizar la jornada de acción global para los derechos de los trabajadores de plataforma en solidaridad con nuestras hermanas y hermanos de Mobile Workers Alliance, un colectivo que lucha para trabajo digno en la economía de plataforma en Estados Unidos. La lucha para la defensa de la Ley AB5, que ha otorgado el reconocimiento laboral a miles de trabajadores y trabajadoras de aplicaciones, es una lucha de toda la clase trabajadora. Llamamos abiertamente a rechazar el ataque organizado por Uber, Lyft, DoorDash quienes han ‘invertido’ millones de dólares en la propuesta 22. ¡La victoria de esta lucha significará un precedente de relevancia crítica para la defensa de los derechos de toda la clase trabajadora, a nivel mundial!».
La lucha de los trabajadores y las trabajadoras californianas tiene un valor simbólico y estratégico. Antes que nada, el «capitalismo de plataforma» ha nacido en esta región, en Silicon Valley, donde la mayoría de estas empresas, que operan mundialmente, tienen su matriz. Asimismo, las primeras conquistas laborales en este sector se han realizado justamente en California. Antes de la Ley AB5, en 2018, la decisión de la corte suprema para la reclasificación de los trabajadores de plataforma como trabajadores subordinados ha marcado un modelo que se está imponiendo progresivamente en los sistemas judiciarios de otros países (como Francia, España e Italia, entre otros). Como sugiere Saúl, la decisión de la corte californiana ha impuesto un precedente a nivel mundial, transformándose en un modelo para la jurisprudencia internacional. Y, también, permitir que las empresas de plataforma escriban en California las leyes que regulan sus operaciones, significaría promover un modelo que podría tener un impacto enorme en las relaciones laborales y en los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de todo del mundo.
La lucha de los repartidores y las repartidoras destaca un desafío central para el futuro del trabajo. De acuerdo con Unidxs World Action, las empresas de reparto que operan a través de plataformas digitales son el laboratorio para un nuevo modelo de explotación, un modelo que impone un retroceso enorme en los derechos laborales conquistados a lo largo de siglos por la clase trabajadora. La pandemia, además, ha acelerado el proceso de digitalización del trabajo, extendiendo el uso de plataformas y la precarización a diferentes sectores del mercado laboral.
Al mismo tiempo, la lucha internacional de las repartidoras y repartidores promueve innovaciones importantes para los movimientos laborales. Desde abril de 2020, los colectivos de base latinoamericanos han organizado cuatro paros internacionales involucrando más de veinte países. La participación directa de las trabajadoras y trabajadores en asambleas transnacionales, en la organización de acciones coordinadas y solidaridad internacional representan innovaciones significativas para el activismo global de las trabajadoras y trabajadores.
Como ha enfatizado Saúl en la asamblea, «Esta lucha es de todxs. Tenemos un responsabilidad importante hacia nuestros predecesores, que han luchado para garantizarnos derechos laborales y leyes del trabajo, pero también hacia el futuro de todas las trabajadoras y trabajadores».
