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Conservadores y progresistas en Uruguay

Una clara división corta la política de Uruguay: dos polos —no necesariamente alternativos— se imponen como referencia y aglutinan las fuerzas políticas y sociales. Pero la polarización, más que presagiar una catástrofe, actúa en los hechos como factor de estabilización de las posiciones.

La política uruguaya gira actualmente en torno a dos grandes bloques. Por un lado, el gobierno conservador lleva a cabo un programa de austeridad. Baja los salarios y reduce los gastos del Estado con el fin de disminuir los costos y aumentar la ganancia del capital, con menores subas de precios. Confía en que la mayor competitividad de las empresas impulse la inversión y el crecimiento de la economía. Este programa es apoyado por las gremiales empresariales y es gestionado por una coalición de partidos políticos, que va desde el centro hasta la extrema derecha.

Por otro lado, la oposición progresista critica la política de austeridad. Requiere aumentar la inversión pública y los gastos sociales con el propósito de alentar la inversión de capital y el crecimiento económico a partir de una expansión de la demanda interna promovida por el Estado. Este programa cuenta con el apoyo de los sindicatos y de las organizaciones populares, y se expresa políticamente por medio del Frente Amplio, que reúne sectores populistas, socialdemócratas y de izquierda.

Una división tan neta refuerza la cohesión de los bloques. Penaliza la expresión de diferencias internas bajo la acusación de hacer el juego al adversario y postula una adhesión incondicional como condición para el triunfo. La alta concentración de fuerzas, más que presagiar una catástrofe, actúa en los hechos como factor de estabilización de las posiciones. Los partidos políticos sitúan todas las cuestiones en el horizonte estratégico de las próximas elecciones, eluden un choque frontal y limitan los movimientos a asuntos laterales, que adquieren entonces una rispidez y una importancia desmesurada.

Son las fuerzas sociales el factor dinámico que empuja, dentro de este escenario, por la realización de su programa. En un artículo anterior vimos cómo la central sindical condujo al Frente Amplio a promover un plebiscito contra la ley maestra del plan conservador. Las gremiales empresariales, a su vez, festejaron el triunfo del gobierno en el referéndum y creyeron llegada oportunidad para una modificación estructural de la relación de fuerzas con la reforma jubilatoria.

La reforma de la seguridad social

La reforma de la seguridad social es un proyecto de extracción de plusvalor absoluto en escala masiva. Hablamos de plusvalor absoluto cuando el capital aumenta la ganancia, no mejorando la productividad con nuevas tecnologías, sino simplemente alargando la duración del trabajo. 

Es conocido cómo a la vigilancia del cumplimiento estricto del horario de trabajo en los empleos formales, la precarización añadió una codicia por prolongar indefinidamente la jornada laboral. Pero, aún así, el día tiene un límite. La reforma jubilatoria procura entonces entregar más años de vida del trabajador a la explotación del capital, mediante un aumento por ley de la edad de retiro. 

Más aún. Una permanencia obligada por más años de los mayores en el mercado de trabajo tiene como contrapartida dificultar aún más el ingreso de los jóvenes. Mientras que el año 2021 cerró en Uruguay con un desempleo de 7%, la desocupación entre las edades de 14 a 24 años más que triplica el promedio nacional, con una tasa de 23%. No es casual que a ese mismo tramo de edades corresponda también la mayoría de los presos encerrados en el sistema carcelario. Cinco años más de trabajo para los mayores son cinco años más de desempleo y cárcel para los jóvenes.

De manera general, un aumento masivo de la oferta de trabajadores en el mercado laboral no puede tener otra consecuencia que una baja también general de los salarios para los trabajadores de todas las edades.

La reforma de la seguridad social es un cambio estructural de la relación entre las clases a favor del capital. Más trabajo y menos salario es todo el contenido de la reforma jubilatoria, desde el punto de vista de los trabajadores.

Finalmente, el aumento de la edad de retiro acorta el pago de pensiones y extiende, en la misma medida, la recaudación de aportes. Contribuye a reducir los gastos del Estado y aumenta los beneficios de las administradoras de fondos privadas. Son éstas, precisamente, las cuestiones que acaparan por completo la discusión política. Cuánto más profundo es el acuerdo de fondo, más intrincadas y agrias se vuelven la peleas por el reparto del botín entre los agentes del estado, las financieras privadas y los grupos privilegiados.

El fantasma de la resistencia

Si el resultado del referéndum entusiasmó a las gremiales empresariales, entre los partidos de gobierno, en cambio, prevaleció la cautela. Apenas cincuenta mil votos habían decidido el triunfo a su favor y fácilmente podían volverse en contra en caso de promover una reforma sabidamente impopular. Por supuesto, la prioridad de los partidos es retener el poder como condición necesaria para cualquier reforma y empezaron a aparecer voces que sugerían abandonar la iniciativa.

La coalición conservadora se reordenó en torno a la táctica de involucrar a la oposición. El gobierno repite continuamente que la reforma de la seguridad social «es necesaria». Pero, a pesar de disponer de mayorías parlamentarias suficientes para aprobarla, insiste en que debe ser una política «de Estado». Alude con ese término a un acuerdo entre todos los partidos que impida la expresión política a la clases populares.

Dentro del bloque progresista, las reacciones fueron ambiguas. La central sindical se pronunció categóricamente contra la reforma de la seguridad social en su acto del 1° de mayo. En cambio, figuras políticas destacadas del Frente Amplio declararon que la reforma es imprescindible «para el país», eufemismo habitualmente utilizado para referirse a las exigencias del capital. Pero agregan enseguida que no ven voluntad del gobierno para acordar una solución integral.

Se expresa de este modo un deseo de no enajenarse completamente la voluntad de los empresarios. Al contrario, sectores políticos progresistas procuran destacarse justamente por una mayor capacidad de mediación de los conflictos de clase como argumento para volver al gobierno y, al mismo tiempo, atribuir las dificultades de la reforma jubilatoria a la intransigencia de la coalición conservadora.

Si detrás de los acuerdos sobre el contenido de la reforma está la dinámica unificadora del capital, en la cautela y la ambigüedad de los partidos se refleja, como quien percibe un fantasma, el rechazo de los trabajadores a la reforma jubilatoria y el temor a sus efectos políticos. Sin embargo, los plazos para este juego se agotan y vuelven impostergable una decisión.

Una ventana de oportunidad cada vez más estrecha

Decíamos al comienzo que no se trataba de bloques necesariamente alternativos y esta es una indicación política importante. Si el programa conservador pasa por un ataque directo contra los trabajadores, no está excluido que la mediación progresista resulte más eficaz para producir una solución negociada.

La cuestión de la reforma de la seguridad social aún no está resuelta en Uruguay. Pero, de acuerdo a lo que hemos visto, podemos sacar dos conclusiones. 

La primera, relativa al enfoque del análisis, es que no se trata exclusivamente de un problema de la seguridad social y de la búsqueda de soluciones particulares. La reforma apunta a una modificación estructural del vínculo entre los trabajadores y el capital, que pone en juego la relación de fuerzas entre las clases. 

La segunda conclusión, de naturaleza política, es que la dirección en que finalmente se incline la solución no dependerá tan solo de la competencia y de los compromisos entre los partidos, sino también del peso que ponga en la balanza la acción de las fuerzas sociales.

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Publicado en Artículos, homeCentro, Política and Uruguay

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