El que sigue es un fragmento del libro Radiografía política del macrismo, (Caterva, 2017), pp. 59-70, de Andres Tzeiman, que puede descargarse entero aquí.
Cambiemos: algunos aspectos centrales del proyecto de reestructuración social
Nos hemos referido a la implantación del orden y la normalización de la economía, en la perspectiva de implementar un ambicioso proyecto de reestructuración social, de transformación profunda del Estado, la economía y la sociedad. Para explicar de qué se trata ese proceso, creemos pertinente acudir a la conceptualización que Juan Carlos Portantiero realizara acerca de la reconfiguración social producida en Argentina a partir del 24 de marzo 1976. Las medidas aplicadas en ese entonces, decía Portantiero:
“Revelan la intención de operar una reorganización profunda y sin puntos de retorno, de la economía y la sociedad capitalista (…) Esta propuesta de reorganización implica como punto de partida transformaciones en el doble plano en que se configura el hecho estatal que, como ha quedado señalado, articula un modelo de desarrollo (relación Estado-economía) con un modelo de hegemonía (relación Estado-masas)”.
Consideramos fundamental esta distinción, que se basa en una concepción de Portantiero nutrida por los aportes de Gramsci a la teoría política, según la cual cada fase estatal no es obra exclusiva de la dominación ejercida por las clases dominantes, sino también un resultado de la elección activa de las clases populares entre distintas opciones históricas. Es decir, es un resultado de la lucha de clases, donde los sectores subalternos también desempeñan un papel trascendental, pues no resultan meros espectadores del destino ejecutado por sus dominadores. De esa manera, la hegemonía también se expresa en un conjunto de organizaciones e instituciones que estructuran la vida social, de las cuales las clases populares son activas partícipes.
En ese sentido, adoptando como propia esta distinción entre modelo de desarrollo y modelo de hegemonía, encontramos tres elementos fundamentales, constitutivos del proyecto de reestructuración social que pretende implementar Cambiemos. El primero de ellos tiene que ver con el modelo de desarrollo, y en particular, con la búsqueda por cristalizar una transformación de las relaciones de fuerzas en el terreno de la economía. Ello significa operar una redistribución regresiva del ingreso. Es decir, producir una declinación en la participación de la clase trabajadora en el conjunto del ingreso nacional. Y como reverso, aumentar en ella la de los sectores dominantes. Todo eso, para transformar las proporciones que ostentaba cada una de las clases durante el período populista. En lo concreto, ese horizonte es transitado con claridad en las primeras semanas de gobierno de Cambiemos por medio de dos medidas indicativas de tal orientación: 1) la devaluación de la moneda, que deteriora el poder adquisitivo del salario al provocar incrementos inmediatos en los precios; y 2) la eliminación de las retenciones a las exportaciones, que equivale a dinero trasladado directamente de las arcas del Estado a los bolsillos de las empresas exportadoras (con un consecuente aumentos en los precios de los alimentos, que también impacta desfavorablemente en la economía de los hogares populares).
Pero más allá de esas medidas de aplicación inmediata (en el mismo diciembre de 2015), empiezan a aparecen con vigor en la esfera pública, por iniciativa del gobierno, dos conceptos que, en el terreno de la economía, pasan a constituir parte central del horizonte ideológico en la nueva etapa: la competitividad y la productividad. Pues el “cambio” ha llegado para hacer a la economía argentina, precisamente, más competitiva. El problema, según los principales referentes del oficialismo, reside en que los niveles de salarios que ha estimulado el modelo populista, han provocado que Argentina no logre ser competitiva en el mercado regional y mundial. Los costos, insisten, son demasiado elevados en nuestro país. Por lo tanto, para lograr una mayor competitividad, que permita atraer inversiones a nuestro suelo, es necesaria una transformación económica que priorice un descenso en los costos. Ello supone el establecimiento de dos objetivos que apuntan en una misma dirección: disminuir los salarios y bajar el nivel de presión impositiva. Sucede que el populismo, desde su punto de vista, habría dejado como herencia dos elementos “distorsivos”, que harían “inviable” nuestra economía. Por un lado, una clase trabajadora acostumbrada a salarios desconectados de la realidad regional y global; y por el otro, un Estado “ineficiente” y “sobredimensionado” en sus funciones, cuyo mantenimiento requería una desmedida carga de impuestos sobre la actividad económica. Por eso plantean, a través de diferentes medidas, la necesidad de reducir el costo de los salarios (en esa dirección se inscribe la concepción de las relaciones laborales que impulsa y difunde Cambiemos, que exploraremos más abajo con mayor detenimiento, cuando nos dediquemos al abordaje del modelo de hegemonía). Al mismo tiempo, los principales referentes del gobierno y los intelectuales orgánicos del proceso normalizador, afirman la insostenibilidad del esquema impositivo vigente en Argentina, el cual debería ser prontamente reformado con la mira puesta en disminuir las cargas actuales a las que se ven sometidos los empresarios que, aun así, deciden invertir en nuestra economía. En síntesis, la reducción de salarios e impuestos sobre la actividad, con la que insisten la primera plana de funcionarios del gobierno y los intelectuales orgánicos del orden, daría lugar a una economía más competitiva.
A su vez, las figuras de primera línea del gobierno reiteran públicamente su vocación por construir una economía con mayores niveles de productividad. En esa línea, en sus alocuciones ante empresarios y sindicalistas, Macri suele citar, aisladamente y de forma impostada, una frase de Juan Domingo Peron según la cual la productividad es una “estrella polar” que debe guiar a la sociedad. La productividad resulta complementaria con la anteriormente mencionada competitividad. Porque para lograr una economía más competitiva, es necesario aumentar los niveles de productividad. Ello quiere decir, que la producción de cada trabajador pase a significar un menor costo para el empresario en la misma cantidad de tiempo trabajado por aquel (un proceso que cobra verdadero sentido cuando es planteado en términos de la clase en su conjunto y no ya de la producción de cada trabajador individual). Ahora bien, las apelaciones públicas del gobierno sobre este tema no parecieran estar destinadas hacia el lado de la inversión, es decir, a que esa tarea sea desarrollada por los empresarios (aun cuando la aplicación de las medidas económicas normalizadoras estuvo destinada precisamente a dar señales al mundo para atraer inversiones que, hasta el momento, no han llegado al país, y menos aún en las proporciones esperadas y anunciadas por Cambiemos). Más allá de los compromisos de nula validez legal firmados con las cámaras patronales, la iniciativa gubernamental hacia un incremento en la productividad no ha estado dirigida hacia ellas. Más bien el discurso y la acción oficialista, centrados en una economía con niveles más elevados de productividad, tienen como destinatarias principales a las instituciones que representan a la clase trabajadora. Por eso, en las negociaciones paritarias con los sindicatos el gobierno insiste en que no pretende debatir solamente los aumentos de salarios, sino también (y fundamentalmente) convenios que comiencen a incluir cláusulas por productividad. El eje principal en este aspecto estaría colocado en aquellos obstáculos al incremento de la productividad interpuestos por los trabajadores en el mundo laboral, como ser: los tiempos de descanso, las enfermedades, los seguros ante riesgos laborales y el grado de presentismo, entre otros tópicos similares. En ese sentido, es evidente que las condiciones democráticas (y las relaciones de fuerzas que ella permite) han impedido al gobierno, al menos hasta el momento, plantear la posibilidad de eliminar las convenciones colectivas de trabajo (tal como reivindicaba Martínez de Hoz en sus Bases). Esa política implicaría una ruptura abrupta y esclarecedora con el pasado inmediato, muy disonante respecto de los consensos sociales existentes acerca de los derechos laborales. A su vez, un quiebre de esas dimensiones en la política laboral atentaría contra el propio peso corporativo que hoy ostentan los sindicatos, quienes representan un factor de poder indiscutible para garantizar la gobernabilidad. Sin embargo, ello no significa que el gobierno, a través de su Secretaría de Transformación Productiva, deje de impulsar y auspiciar los acuerdos “sector por sector”, buscando paulatinamente trasladar las negociaciones entre empresas y sindicatos hacia una escala de discusión cada vez menor. En ese marco, el reclamo por mayor productividad ocupa un papel de relevancia creciente, y se ha convertido en una punta de lanza que, junto con la de la competitividad, constituyen elementos característicos de las nuevas relaciones de fuerzas que se pretenden plasmar en el campo de la economía.
Este proceso de redistribución regresiva del ingreso y de transformación de las relaciones de fuerzas entre las clases, desplegado bajo la clave de un discurso centrado en la productividad y la competitividad, se asocia a un segundo elemento constitutivo del proyecto de reestructuración social impulsado por Cambiemos. Nos referimos a su propuesta de inserción de Argentina en el mercado mundial. Aquí retomamos nuevamente a Zavaleta, quien definía a la inserción pregonada por los golpes cívico-militares ocurridos en el Cono Sur a mediados de los años setenta por su adhesión a lo que él llamaba el “dogma del sistema mundial”. Según ese dogma “nada que esté fuera de su ritual o eficacia [la del sistema mundial] tiene perspectivas racionales”. En ese sentido, precisamente, Cambiemos busca imprimir en la sociedad la idea de que solamente recuperando las relaciones “armónicas” con las principales potenciales capitalistas del escenario internacional (relaciones resquebrajadas por el “nacionalismo” populista) resultará posible tener una inserción “racional” de nuestro país en el mundo. Esto, desde ya, no redunda en que Argentina pase a ocupar un papel protagónico, o a incidir de forma decisiva, en el modo en que se están desarrollando los vínculos económicos y políticos entre las naciones en el tablero global. El “dogma del sistema mundial” implica, por el contrario, adaptarse sin más a las condiciones del funcionamiento internacional, tal como han sido establecidas por sus jugadores más relevantes. Así, recuperando otra vez a Zavaleta, pasa a impulsarse (y a celebrarse) la irresistibilidad del sistema mundial:
“Por consiguiente, la transnacionalización del acto productivo se aleja en un modo esquizofrénico de la lógica nacional. En otros términos, el Estado nacional –se piensa- sólo culmina cuando la economía está redimensionada en grado total hacia la transnacionalización. La lógica de la inserción viable en el sistema mundial es más importante que la lógica de la agregación nacional”.
Por eso, tras el acuerdo de pago a los “fondos buitre” y el inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento externo, independientemente de sus condiciones y consecuencias a futuro, ello es anunciado por las autoridades nacionales como un logro indiscutible, indicativo de que “hemos regresado al mundo”.
El “aislacionismo” nacionalista al que nos condenaba el populismo, afirman, se ha terminado. En consecuencia, los máximas autoridades políticas de las principales potencias capitalistas (de Occidente, fundamentalmente) vuelven a visitar nuestro país. Y al mismo tiempo, el flamante presidente argentino, apenas asumido su mandato, le envía al mundo señales contundentes del “cambio” que se ha puesto en marcha: participa en el Foro Económico Mundial en Davos, condena enfática y públicamente el populismo latinoamericano (en defensa de la democracia) y se aproxima al bloque de integración regional de América Latina más afín a los intereses de Estados Unidos (la Alianza del Pacífico). Se trata, en definitiva, de transmitir al mundo el mensaje de que, terminada la imprevisibilidad que había caracterizado a la etapa populista, el país a partir de ahora les ofrecerá “reglas claras” y “seguridad jurídica” a aquellos inversionistas que deseen instalarse en Argentina.
Pero esta adhesión al “dogma del sistema mundial” no es tan solo una mera declaración de intenciones, o bien, un simple gesto hacia las potencias mundiales y corporaciones transnacionales. Ello repercute directamente en la reestructuración “puertas adentro” de la economía argentina, es decir, como aspecto constitutivo del modelo de desarrollo impulsado. Las medidas implementadas en los primeros meses de mandato, es decir, en el período normalizador de la economía, orientan a esta última en un sentido determinado. Por un lado, hablamos de una liberalización del mercado financiero y cambiario que, junto con un proceso de elevación de las tasas de interés en las letras del tesoro (las cuales pasan a ofrecer rendimientos extraordinarios), promueven el crecimiento de movimientos especulativos y dan nuevos bríos a la valorización financiera. Al mismo tiempo, la eliminación de las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios (o su disminución, en el caso de la soja) nos remiten a una Argentina que, como dijimos más arriba, es presentada por Macri como el futuro “supermercado del mundo”. Una definición que, en la práctica, se expresa en una agudización de la inserción a la lógica de producción primaria especializada, en el marco del modelo internacionalizado del agrobusiness. A su vez, el aumento de las tarifas en los servicios públicos es realizado con el fin de adaptarlas a los estándares internacionales de rentabilidad de las empresas del sector. De forma tal que no prime el precio de los recursos según la estructura de costos existente a nivel local, sino según su cotización en el mercado mundial.
En resumidas cuentas, esta irresistibilidad del sistema mundial se produce en el marco de una etapa del capitalismo en la cual se agudizan los condicionamientos que los flujos económicos y políticos desterritorializados y globales colocan a los Estados nacionales. Así, el avance del proceso de apertura y liberalización de la economía argentina que alientan las políticas de “regreso al mundo” promocionadas por Cambiemos, no hace sino promover una inserción subordinada de Argentina en el escenario global que, además, conduce a un verdadero angostamiento de los márgenes de decisión del Estado a la hora de desplegar un pleno ejercicio de la soberanía nacional. Una opción que se vuelve muy compleja y torna muy vulnerable al país ante los cambios en el plano externo, en un escenario global signado por permanentes sorpresas, coletazos y desequilibrios.
Al mismo tiempo, este “dogma del sistema mundial”, presentado bajo la afirmación de que “volvimos al mundo”, se cristaliza y es viabilizado por una modificación sustantiva en la composición de la primera plana de funcionarios del gobierno. Fundamentalmente, este fenómeno ocurre en el caso de aquellas carteras que remiten a las áreas donde se aplican las medidas más rutilantes del proceso normalizador de la economía. Así, en los ministerios clave del “equipo económico” irrumpen los “técnicos” o “profesionales” que hasta hacía un tiempo atrás (o en los casos más extremos, hasta el momento mismo de asumir su cargo como funcionarios) se desempeñaban como jefes ejecutivos del sector empresario en el cual, a partir de diciembre de 2015, pasan a comandar la administración de la cosa pública. Sucede que la adhesión al “dogma del sistema mundial” también implica (según indican los principios rectores de la tecnocracia ahora en funciones) abandonar la política como criterio ordenador en el ejercicio de las tareas de gobierno, para inclinarse por una racionalidad técnica, incuestionable y valorativamente neutral. Ello nos pone en presencia de un “gobierno de los CEOs”, quienes comienzan a encargarse de conducir las riendas de un Estado que gracias a su trabajo, según indican ellos mismos, se volverá eficiente.
Esta concepción del funcionamiento del Estado en base a una racionalidad técnica es una de las cristalizaciones del tercer elemento constitutivo del proyecto de reestructuración iniciado por Cambiemos. Hacemos referencia a la transformación del modelo de hegemonía (la relación Estado-masas) con respecto a la forma que había asumido durante el proceso kirchnerista. Porque el retorno de los “técnicos” y “profesionales” al Estado reacomoda la “distorsión” causada por el populismo, que había “contaminado” a la esfera estatal con la primacía de criterios políticos. La política en la etapa anterior, repiten, había interferido exageradamente en los procesos decisionales, convirtiendo al Estado en un escenario de permanente lucha entre facciones. Retomando a Norbert Lechner, consideramos que la transformación iniciada en la relación Estado-masas implica un ataque hacia toda forma de progresiva organización burocrática de la vida social, siendo el propósito central desmantelar las organizaciones, para retornar al mercado como “orden espontáneo” de la sociedad. Ello implica “limitar los poderes de los intereses organizados” (mecanismo conocido como “democracia de negociación”), para eliminar la decisión colectiva (conflictiva, por supuesto) sobre el modo de reproducción material. Esta tarea es la que, junto con O´Donnell, definíamos más arriba como la implantación del orden. Así lo explicaba Lechner: “Restablecer el orden ya no significa organizar la sociedad sino, al contrario, desorganizarla. Vale decir: desarticular los intereses organizados que distorsionan la autorregulación espontánea del mercado”. La meta principal es descentralizar el poder como núcleo básico del paradigma societal que se pretende instaurar. En palabras de Lechner:
“(…) Hay que destruir el ´estatismo´ para que las masas no puedan escapar a la disciplina del mercado. Hay que ´descentralizar´ el poder a fin de que el poder individual –la propiedad privada- no sea neutralizada por la organización de los desposeídos (…) La desarticulación de la organización sindical es el motor de la política de descentralización”.
La desarticulación de la organización sindical y del conjunto de mediaciones sociales que ella trae aparejada consigo es el objetivo estratégico de Cambiemos, por eso su foco se coloca en la transformación de las relaciones laborales. Pues los sindicatos implican la existencia en la esfera estatal de un cúmulo de leyes, instituciones y recursos orientados hacia la clase trabajadora que interfieren sobre la ejecución del modelo de desarrollo que se busca implementar. Y en el mismo sentido, la perspectiva de la productividad y la competitividad descripta más arriba resulta incompatible con las posiciones en materia de institucionalidad estatal conquistadas por la organización sindical durante el período kirchnerista.
En una misma línea de análisis, cuando Portantiero se refería al proceso de desorganización y de reconversión de la relación Estado-masas operado por las intervenciones cívico-militares de mitad de los años setenta (cuyo horizonte estratégico en este campo es reeditado a partir de diciembre de 2015), lo hacía de una forma más contundente: hablaba de una vocación por “expulsar a las masas de las posiciones que habían conquistado en el sistema político como resultado exitoso de un proceso de lucha de clases”. La relación Estado-masas busca ser reestructurada a través de un proceso de descentralización e individualización del poder en la sociedad. Frente al cual tanto la institucionalidad estatal orientada hacia la clase trabajadora como la organización sindical (es decir, las dos caras de la misma moneda en el ejercicio de mediación social hacia los trabajadores que es propio de una “democracia de negociación”) deben ser desarticuladas y desmanteladas.
Pues bien, las tres características que hemos señalado del proyecto de reestructuración social emprendido por Cambiemos nos remiten nuevamente a la ultimidad o núcleo esencial del mismo, al que hemos hecho referencia más arriba, al inicio de este trabajo. Tales características marcan, entonces, la reedición de aquella fase estatal que fuera concebida en 1976. Aunque ciertamente, con las abismales diferencias que implica la novedad histórica del desafío democrático al que deben enfrentarse en esta oportunidad las clases dominantes argentinas. Aún así, pese a dicha novedad incontestable, aquello que reaparece con circularidad histórica es un proyecto de Nación signado, como sostenía Portantiero, por la exclusión social y nacional, económica y a la vez política de las masas. Un proyecto que se sabe y se reconoce a sí mismo, partiendo de una subjetividad política determinada (con raíces en concretas experiencias históricas), en confrontación antagónica con el proyecto populista que identifica en el kirchnerismo, tanto en el pasado reciente como en la actual coyuntura.
