Los algoritmos no son herramientas apolíticas que simplemente mejoran la eficiencia en las transacciones en línea o la coordinación en los lugares de trabajo. Son instrumentos de control y deberían ser regulados como otros instrumentos de control.
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Al igual que en las anteriores oleadas de automatización, la IA no va a desaparecer. Y tanto si prospera como si se derrumba, la lucha se centra en a quiénes beneficiará.
Los primeros meses del segundo gobierno de Trump confirman una profundización de sus aspectos más autoritarios. Esta reconfiguración profunda del orden político bien puede definirse como neofascista.
Cada vez parece más probable que la inteligencia artificial suponga cambios importantes en la economía y la vida cotidiana. Necesitamos un programa de empleo público para los trabajadores desplazados y debemos regular a la IA como un servicio público.
La tecnología digital se vendió como una herramienta que podía liberar a los individuos del poder estatal. Sin embargo, el aparato de seguridad del Estado siempre tuvo una visión diferente, y ahora está recuperando el control de su propia creación.
La derecha en línea adora decir que la izquierda no sabe hacer memes. Alma Tuuva habló con Jacobin sobre por qué la derecha libertaria tiene tanta influencia en las redes sociales y cómo ella logra transmitir su mensaje anticapitalista.
Los smartphones nos están volviendo poco saludables, infelices, antisociales y menos libres. Si todavía no podemos nacionalizar la economía de la atención, tal vez sea hora de abolir su herramienta principal… antes de que termine por abolirnos a nosotros.
La automatización no conduce necesariamente al desempleo masivo y, a por medio de la lucha de clases, podría contribuir a crear puestos de trabajo dignos.
El sobregiro de la hegemonía neoliberal hizo colapsar al propio mantra que tranquilizó por décadas a los jerarcas de Occidente: al fin de la historia le llegó su propio fin.
En Estados Unidos, Google está a la espera de una decisión en un segundo caso antimonopolio presentado por el gobierno federal y varios estados. El caso pone a prueba la sinceridad de la retórica contra las grandes tecnológicas del gobierno de Trump.