Pasados cinco años, la revuelta popular chilena de 2019 se ha desvanecido, pero sus huellas permanecen en los deseos que esa primavera hizo florecer.
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La victoria de la extrema derecha en las elecciones al Consejo Constitucional podría significar la sentencia de muerte para una Constitución progresista en Chile. Y también es un fuerte llamado de atención para la izquierda.
El bolsonarismo no es un tigre sin dientes y sigue siendo necesario construir una nueva relación social de fuerzas. Para ello, el gobierno de Lula necesitará de la movilización social, porque «en frío», Brasil no cambia.
La rechazada Constitución chilena no era «demasiado de izquierdas». Más bien exaltaba un conjunto de perspectivas y causas particularistas que durante demasiado tiempo se han disfrazado de política radical.
¿Cómo explicar que una inmensa mayoría de chilenos le diera la espalda a esta propuesta constitucional, considerada por numerosas organizaciones sociales como un avance histórico?
Las luchas sociales construyeron el proceso constituyente más democrático de la historia de Chile, que culminará este domingo 4 de septiembre. Pero la contraofensiva de la derecha y las vacilaciones del gobierno amenazan con una regresión.
Luego de cincuenta años, la izquierda regresa a La Moneda. Sin embargo, ni Chile ni la izquierda son los mismos que en aquel entonces, y buena parte de los desafíos y problemas que el nuevo gobierno ha enfrentado durante estos meses se explica por ello.
El 4 de septiembre será sometida a votación la nueva Constitución de Chile. Su aprobación sería un hito histórico no solo en Chile, sino en toda América Latina.
El nuevo gobierno asume en un escenario económico complejo. Para cumplir con su programa, al gobierno de Boric no le queda otra alternativa más que extraer los recursos necesarios de los millones acumulados en las cuentas bancarias de los ricos.