Este domingo tendrá lugar en Chile un referéndum para votar una segunda propuesta de nueva Constitución. A diferencia de la primera, esta fue redactada por un consejo dominado por la derecha tradicional y la ultraderecha. Se trata de un texto neoliberal, moralista y autoritario.
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El Termidor chileno
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La victoria de la extrema derecha en las elecciones al Consejo Constitucional podría significar la sentencia de muerte para una Constitución progresista en Chile. Y también es un fuerte llamado de atención para la izquierda.
A 100 días de la instalación de Boluarte, la derecha y los grupos económicos concentran cada vez más poder. Pero estos 100 días también han sido los de la mayor movilización popular de las últimas décadas. El desenlace de la crisis peruana sigue abierto.
La derrota del proyecto constituyente en Chile dio lugar a un nuevo proceso de reforma constitucional tutelado por las fuerzas tradicionales.
La rechazada Constitución chilena no era «demasiado de izquierdas». Más bien exaltaba un conjunto de perspectivas y causas particularistas que durante demasiado tiempo se han disfrazado de política radical.
Traducir el triunfo del Rechazo en Chile como un giro conservador sería incurrir en un error histórico. Es tiempo de hacer política con audacia, sin soltarle la mano al pueblo y evitando el chantaje de las narrativas de la derrota.
La derrota del proyecto de nueva Constitución de Chile es un gran golpe. Pero el apoyo a la sustitución del documento de la era Pinochet sigue siendo fuerte, y la necesidad de acabar con el neoliberalismo es más vital que nunca.
¿Cómo explicar que una inmensa mayoría de chilenos le diera la espalda a esta propuesta constitucional, considerada por numerosas organizaciones sociales como un avance histórico?
Aunque más del 80% del electorado se había pronunciado a favor de reemplazar el texto pinochetista, la derecha hizo lo imposible por avivar ciertos temores e impedir la aprobación de la nueva Constitución.
La nueva Constitución de Chile pretende reemplazar el Estado subsidiario por un «Estado social y democrático de derecho». Pero, ¿qué tan fácil será deshacer uno de los pilares institucionales del neoliberalismo chileno?
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