Entrevista por
Martín Arboleda

Sabemos que Karl Marx nunca escribió «recetas para las cocinas del futuro». Pero es lícito imaginar que, para él, las cocinas de un futuro socialista producirían comida en abundancia para garantizar el bienestar de las clases trabajadoras. En el presente, sin embargo, el suministro alimentario global se encuentra en una situación de grave riesgo. Después de haber desaparecido de la agenda pública por décadas, el hambre es nuevamente uno de los problemas más apremiantes.

Distintos organismos multilaterales han venido encendiendo las alarmas sobre el efecto disruptivo que podrían tener choques climáticos, pandemias y fallas técnicas en una infraestructura logística transnacional cada vez más interdependiente. A esto se suma la impresionante captura corporativa del sistema alimentario que, como lo documentan numerosos estudios, ha permitido a un puñado de compañías multinacionales terminar por definir las grandes tendencias de producción y consumo de alimentos. El espectro de la inflación es también un recordatorio de las dinámicas de colusión, fijación arbitraria de precios y especulación, que se desprenden de una economía alimentaria cada vez más desregulada.

Ante esta suma de factores, la legitimidad del régimen alimentario neoliberal se ha visto cada vez más fracturada. Pese a esto, pareciera no existir una salida al estado de cosas existente. La discusión sobre las alternativas se mueve de manera dicotómica entre un ecomodernismo que celebra las soluciones tecnológicas y un ecologismo nostálgico que idealiza la agricultura premoderna. Ambas posturas, sin embargo, se caracterizan por una completa ausencia de fundamentos históricos sobre experimentos —ya sea fallidos o exitosos— en la complejísima misión de alimentar a grandes poblaciones en un mundo cada vez más urbanizado.

Conversar con Jacques Chonchol sobre la reforma agraria chilena del período 1967-1973, entonces, abre portales hacia una imaginación institucional, política y productiva mucho más expansiva. Chonchol no solamente fue Ministro de Agricultura bajo el gobierno de Salvador Allende, sino también consultor en distintas misiones internacionales. Además de ser un agrónomo con un vasto conocimiento empírico de los sistemas agrícolas latinoamericanos, fue un militante e intelectual que dedicó gran parte de su vida a concebir una vía no capitalista al desarrollo.

En esta conversación nos ofrece algunas claves para entender el rol que desempeñó la agricultura en ese experimento históricamente único que fue la construcción del socialismo democrático en Chile. A sus 94 años, discute con lucidez y generosidad lo que fue el esfuerzo por diseñar formas productivas intermedias que ofrecieran una alternativa tanto al colectivismo estatista de corte soviético como a la agricultura monopolista del capitalismo y a la ineficiencia del minifundio campesino. También deja en evidencia la aspiración que tuvo la Unidad Popular por elevar las capacidades materiales, políticas y subjetivas del campesinado y las clases rurales ampliamente consideradas.

La reforma agraria no era vista como un simple mecanismo de redistribución de tierras o de modernización productiva; su fin último era el de entregar herramientas mediante las cuales la ciudadanía organizada podría eventualmente ejercer el autogobierno tanto en la polis como en la economía. Las enseñanzas que se desprenden de este proceso histórico, de esta manera, resultan ineludibles para cualquier proyecto que aspire a la democratización de la estructura productiva del sistema agroalimentario.

MA

La reforma agraria chilena ha sido considerada una de las más masivas y transformadoras implementadas durante el siglo XX. Quizás uno de los aspectos más destacables es el hecho de que fue llevada a cabo por un régimen que, pese a su vocación revolucionaria, se comprometió con el respeto y la defensa de las instituciones democráticas republicanas. ¿Qué factores hicieron posible aquel proceso?

JC

Fue un proceso largo. La reforma agraria se había planteado como una necesidad muchas veces, pero nunca se habían creado las condiciones políticas favorables para ella. Estas condiciones empezaron a crearse, yo diría, a fines de los años cincuenta. En primer lugar, por el hecho de que, internamente, los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana afirmaban la necesidad de una reforma agraria que no solamente mejorara la situación del campesinado chileno, sino también que aumentara la producción y la productividad. Pero además existieron una serie de acontecimientos internacionales que colaboraron para que fuera posible. Uno de estos acontecimientos fue la Revolución cubana, pues una de sus primeras acciones fue una importante reforma agraria, cosa que tuvo mucho impacto en América Latina.

Un segundo acontecimiento, íntimamente relacionado con el anterior, fue que, para neutralizar de alguna manera los efectos de la Revolución Cubana, el presidente Kennedy decidió no seguir apoyando a los mismos grupos conservadores de América Latina, y en cambio respaldó a grupos medios que planteaban una serie de reformas. Entonces idearon una política que se llamó «Alianza para el Progreso», plasmada en una conferencia que tuvo lugar en Montevideo en el año 1961, a la que asistieron muchos representantes de los países de América Latina e inclusive vino de Cuba el Che Guevara. Como consecuencia de la Alianza para el Progreso, el gobierno de los Estados Unidos les empezó a plantear a los gobiernos conservadores de América Latina que si no implementaban una serie de reformas estructurales (entre las cuales estaba la reforma agraria) no iban a tener ayuda económica y financiera de los EE. UU. Esto caló hondo en el gobierno conservador que había en ese momento en Chile, que era el de Jorge Alessandri.

También hay que mencionar el rol desempeñado por los organismos internacionales en esa época. La CEPAL, la FAO y otros organismos estaban insistiendo en que una reforma agraria era fundamental para el desarrollo futuro de América Latina; inclusive crearon un organismo de estudio que se llamó Centro Internacional de Desarrollo Agrícola (CIDA), que realizó una serie de estudios en países latinoamericanos como Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, demostrando la importancia que tenía la reforma agraria.

Todo eso llevó a que la primera reforma agraria, la Ley de Reforma Agraria que tuvimos en Chile en el año 1962, con el gobierno conservador de Alessandri, de cierta manera ya sirvió de justificación intelectual y política de la necesidad de una reforma agraria. Esto ya no solo era promovido por los partidos de izquierda y la Democracia Cristiana, sino que era reconocido también por los partidos y el gobierno de derecha.

MA

Si bien los gobiernos de Jorge Alessandri (1958-1964) y de Eduardo Frei Montalva (1964-1970) prestaron atención a la cuestión de la reforma agraria, hay diferencias importantes entre las medidas implementadas por estos gobiernos y las que posteriormente impulsaría el gobierno de Allende. ¿En qué radican esas diferencias?

JC

Entonces cuando llegó el gobierno de Allende se encontró con el compromiso de profundizar la reforma agraria. Y eso es lo que efectivamente hizo: hasta que vino el golpe de Estado, en el gobierno de Allende se expropiaron 6 millones y medio de hectáreas. Esto significa que el latifundio prácticamente había desaparecido de la superficie de Chile.

Sin embargo, empezó a surgir un problema, el del uso de las tierras expropiadas. La Ley de Reforma Agraria establecía que todo propietario de más de 80 hectáreas era expropiable: si eras un buen agricultor tenías derecho a una reserva de hasta 80 hectáreas y el excedente era expropiado. La ley establecía que toda tierra expropiada pasaba por un período intermedio llamado «asentamiento», en el que el Estado todavía mantenía la propiedad de la tierra y los campesinos ponían su trabajo. La idea era que durante ese período se capacitaría a los campesinos, no para trabajar la tierra, cosa que sabían hacer muy bien, sino para las relaciones externas del predio (con los bancos, con las firmas de maquinaria agrícola, con las firmas de fertilizante y todo eso).

Al final de ese periodo transitorio, que duraba de 3 a 5 años, se asignaba la tierra en propiedad de los campesinos. Las formas de asignación eran varias: las tierras podrían asignarse en unidades familiares y no divisibles por herencia (pues el otro gran problema que había en Chile era el minifundio); otra parte podía ser asignada a la gran explotación, a través de una cooperativa formada por los propios campesinos o de un sistema mixto… Ahora bien, ese «asentamiento» tuvo algunas dificultades. Primero, cuando el propietario era un buen agricultor, se quedaba con la reserva —que eran las mejores tierras—, con las instalaciones que había en esas tierras, con el ganado y la maquinaria, porque la Ley de Reforma Agraria consideraba la expropiación de la tierra pero no del capital. Muchos de los asentamientos quedaban descapitalizados.

Al mismo tiempo, quienes tenían preferencias para la asignación futura de las tierras eran los que se llamaban «inquilinos», que eran campesinos que habían vivido como familia dentro de esa tierra, de padres a hijos, que tenían derecho a tener una casa, tenían regalías, un pedazo de tierra para su cultivo personal y otras cosas, y que trabajaban casi gratuitamente para el propietario. Pero había otros campesinos ligados también a esas tierras que venían de afuera (como los afuerinos, que llegaban en la época de cosecha o los medieros, que trabajaban durante la siembra o trabajaban el fundo con el patrón y dividían el producto de la cosecha en partes iguales). Entonces había conflictos de los campesinos con el patrón, porque se quedaba con las mejores tierras, las instalaciones y el ganado. Pero también había conflicto entre los campesinos, porque estos otros campesinos que no eran inquilinos querían también ser beneficiarios de la reforma agraria.

El gobierno de Allende entonces creó los consejos campesinos, una figura que buscaba que todas las organizaciones campesinas de una comuna —sindicatos, cooperativas, asociaciones indígenas— participaran en la conducción de la reforma agraria. Además de todas estas reformas, se implementó una medida que consistió en restituirles tierras a los campesinos indígenas, particularmente a los mapuches. Pero ahí hubo conflictos dentro del gobierno en la aplicación de esta nueva medida, que no estaba contemplada en la ley sino que había sido establecida por decreto. En estas circunstancias, muchas veces la Democracia Cristiana —que había sido partidaria de la reforma agraria— se oponía a esta nueva forma de organización, alegando que suponía formas disimuladas de colectivización rural.

Pese a toda esta serie de conflictos que se le plantearon al gobierno de Allende, a menudo profundizados por la escasez de recursos, la reforma agraria se aceleró.

MA

También me gustaría conocer su experiencia sobre la relación del gobierno con el pueblo mapuche. Hay un cortometraje muy emotivo de Raúl Ruiz, Ahora te vamos a llamar hermano, en el que se retrata el momento en el que Allende viaja a la Araucanía para anunciar la Ley Indígena de 1972.

JC

La relación con el pueblo mapuche atravesó varias etapas. Apenas asumió Allende llegó una invitación de una serie de comunidades mapuches para que fuera a Temuco. Ellos querían entregarle un proyecto de ley indígena que habían elaborado en las comunidades. Allende fue y me tocó acompañarlo, pues yo era Ministro de Agricultura en ese momento. Hubo un acto muy importante en el estadio de Temuco, en el que le entregaron ese proyecto de ley. Allende lo tomó, lo hizo suyo y se comprometió a tramitar la ley en el parlamento, donde posteriormente fue promulgado en 1972. Tras la promulgación de esa ley, se creó una Dirección de Asuntos Indígenas. El primer director que nombramos era un intelectual indígena que se llamaba Daniel Colompil, quien planteó el problema del desarrollo indígena y empezó a organizar una serie de actividades en esa línea.

Pero al mismo tiempo estaba el problema de las tierras usurpadas. Desgraciadamente, la ley de reforma agraria no decía nada sobre los indígenas en específico, pues se los consideraba campesinos igual a cualquier otro. Entonces a Allende se le ocurrió la idea de trasladar el Ministerio de Agricultura a Temuco, la capital de la Araucanía, por un tiempo. Desde allí se buscó ajustar los criterios de la Ley de Reforma Agraria para que aquellas tierras del sector reformado que hubieran sido usurpadas pudieran ser devueltas a los mapuches.

Por esa vía se logró recuperar cerca de 150 000 hectáreas de tierras que habían sido usurpadas. Y se esperaba poder seguir completando este proceso redistributivo. La Dirección de Asuntos Indígenas, además, tuvo un papel muy importante desde que fue creada en 1962, pues apoyó el mejoramiento de las condiciones de vida de los indígenas. No se pudieron resolver todos los problemas porque eran de larga data, pero indudablemente el esfuerzo fue muy significativo, y eso fue reconocido por los líderes indígenas de esa época.

MA

Volviendo a la relación entre la reforma agraria y la dimensión más urbana del país. Si bien la reforma agraria se desarrolló principalmente en la ruralidad, en las ciudades también se estaba llevando a cabo un importante esfuerzo por expandir el consumo a los sectores populares bajo una agenda de «alimentación popular». A finales del 71 se configuran las JAP (Juntas de Abastecimiento y Control de Precios), que se convierten en una instancia que amplifica la participación popular en la cadena de suministro. ¿Existió alguna relación entre lo que sucedía en ese momento en el agro con lo que se estaba dando con las cadenas de abastecimiento en las ciudades?

JC

Durante el primer año del gobierno de Allende se aceleraron mucho las expropiaciones y al mismo tiempo se hicieron una serie de reformas urbanas. Se dio mucha importancia a la organización sindical urbana y hubo una política de redistribución de ingresos hacia los sectores populares. Todo esto aumentó la demanda, particularmente el consumo de alimentos básicos. Durante el primer año de Allende, la producción agrícola creció más o menos un 6%, pero la demanda creció un 12% y solo se pudo cubrir la diferencia con importaciones. El país tenía recursos para importar y por lo tanto hubo un cierto equilibrio entre consumo y oferta de alimentos.

Eso cambió al año siguiente, en 1972. Primero, tuvimos condiciones climáticas muy desfavorables. El invierno fue muy duro; las siembras de invierno se atrasaron y las queríamos recuperar con la siembra de primavera que venían después, pero resulta que en ese momento, con la tensión política que había, se sucedieron una serie de huelgas, entre las que se contó la huelga de camioneros. Esta huelga dificultó mucho el transporte de equipos, maquinarias, semillas y también atrasó la siembra. Por lo tanto, las cosechas que se tuvieron a finales de 1972 y comienzos de 1973 eran insuficientes para la demanda, que estaba creciendo mucho debido a las políticas de redistribución de ingreso.

Si bien las condiciones de vida de la gente habían mejorado mucho, también había una especulación muy grande. Muchos de los sectores medios cuando había dificultades para el abastecimiento empezaron a comprar mucho más de lo que necesitaban. Para enfrentar este fenómeno de especulación alimentaria, el gobierno tuvo que crear en las zonas urbanas la figura de las JAP, con el fin de regular un poco mejor las condiciones de distribución de alimentos. Y ahí hubo un proceso muy importante en el que indudablemente hubo escasez, porque ya no podíamos seguir exportando, no teníamos recursos suficientes, y había un boicot externo a las exportaciones de cobre de Chile, lo que indudablemente disminuía las divisas. Entonces, hacia finales de 1972 y comienzos de 1973, tuvimos una serie de problemas de desabastecimiento, que se intentaron resolver a través de estas JAP pero que no siempre tuvieron éxito, porque la condición se fue haciendo cada vez más complicada.

MA

En el año 2018 usted publicó un pequeño libro titulado Por una nueva reforma agraria para Chile (Lom). ¿Cree que se pueden dar las condiciones necesarias para una nueva ola de reformas agrarias en Chile y en otros lugares del mundo?

JC

Bueno, las condiciones han cambiado. Hoy en día no se pueden proponer las mismas cosas que hace cincuenta años, pero no cabe la menor duda que hay muchos problemas que se están planteando en la agricultura que son urgentes, como el apoyo a una agricultura campesina, el apoyo a un sindicalismo rural, etc. En Chile, por ejemplo, un problema serio que se ha creado es la extensión de los monopolios y de los monocultivos forestales, con las consecuencias que esto tiene sobre el agua. El acaparamiento del agua es uno de los problemas más serios que hemos tenido en los últimos años, y que lo vamos a seguir teniendo si no se vuelve a una idea que la reforma agraria impulsó y desarrolló, porque las aguas son un bien nacional de uso público. Es decir que no puede haber propiedad privada del agua, como hoy día sucede.

En fin, hay una serie de aspectos que son muy importantes, como lo plantean muchas veces las organizaciones campesinas. La seguridad alimentaria interna es uno de esos aspectos. Hoy día, por ejemplo, en el caso chileno se ha desarrollado la agricultura por estación, pero paradójicamente muchos de los alimentos básicos —como las leguminosas y los cereales— los tenemos que traer de afuera, y eso indudablemente crea inseguridad en tiempos de pandemia, como está ocurriendo actualmente.

[*] Esta entrevista se llevó a cabo en noviembre de 2020, en el marco del proyecto «50 años: la cultura en la Unidad Popular» del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales (Santiago de Chile).