Trump busca convertir América Latina en el paraíso de los inversores

La nueva y amplia ley minera de Venezuela, aprobada el 9 de abril, es la última de una serie de «reformas» domésticas supuestamente orientadas a reconstruir los sectores energético y minero del país. Esto sigue a años de devastadoras sanciones estadounidenses y desinversión, que vivieron los centros mineros de los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, abandonados a la gobernanza por parte de «sindicatos criminales». Pero enterrada en las profundidades del texto de esta ley hay una concesión histórica que redefinirá la relación de Venezuela con el capital transnacional energético y minero en el futuro previsible: un mandato que obliga a Caracas a someterse a un arbitraje al estilo de la Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés).

Al acordar resolver las demandas empresariales en tribunales extraterritoriales, la Asamblea Nacional venezolana bajo la presidenta Delcy Rodríguez acepta ceder un pilar clave de su autoridad. Bajo un sistema al estilo ISDS, las corporaciones transnacionales de energía y minería obtendrían el extraordinario poder de demandar al Estado venezolano por implementar políticas tales como protecciones medioambientales o aumentos del salario mínimo, que podrían percibirse como amenazas a las «ganancias futuras esperadas». Se trata de herramientas procedimentales y de política a la vez, promovidas en gran medida por los bancos de desarrollo y el gobierno de Estados Unidos, diseñadas para desincentivar la formación de un Estado socialista en favor de una formación estatal de «reducción de riesgos».

La inclusión de esta cláusula de arbitraje es una enorme derrota para el proyecto más amplio de nacionalismo de recursos bolivariano. Venezuela representa el logro culminante de la estrategia de la Doctrina Donroe de convertir países como Bolivia y Ecuador en corredores de recursos securitizados y «amigables para los inversores». Al presionar a los Estados para que acepten resultados de arbitraje que pueden derivar en multas de cientos de millones de dólares, respaldadas por la amenaza implícita de sanciones del Tesoro de Estados Unidos, las instituciones de Bretton Woods pueden limitar las ambiciones de futuros líderes que promuevan la soberanía económica, definiendo estrictamente el alcance de la política doméstica.

Los sistemas al estilo ISDS se están convirtiendo rápidamente en una prueba de fuego para la gobernanza soberana en la región andina, trazando una línea clara entre los líderes que defienden el derecho del pueblo a beneficiarse de los dones libres de la naturaleza y los líderes que desmantelan sus constituciones bajo presión, para facilitar la extracción extranjera. Sin embargo, como revela la reciente decisión del presidente colombiano Gustavo Petro de retirar a Colombia de este sistema de arbitraje favorable a los inversores, la hegemonía estadounidense en la región podría tener sus límites.

Reformas favorables al mercado en los Andes

El conjunto de herramientas estándar de la Doctrina Donroe implica brindar apoyo diplomático y político a candidatos de derecha en países andinos, entre ellos Argentina, Chile y Ecuador, ofreciéndoles cooperación militar y acuerdos comerciales bilaterales favorables e inversión a través de bancos de desarrollo a cambio de reformas «favorables al mercado» una vez que se encuentren en el poder.

En el caso de Bolivia, el presidente Rodrigo Paz revirtió grandes progresos económicos y sociales logrados en dos décadas de gobierno socialista. Desde que llegó al poder bajo el mandato del «capitalismo para todos», Paz ha recortado los subsidios a los combustibles, abierto las materias primas como la soja a la exportación, negociado préstamos con el FMI y socavado las protecciones laborales. También buscó facilitar la inversión minera transnacional en —y la extracción de— las reservas de litio de Bolivia, extraordinariamente abundantes y notoriamente intensivas en capital.

Además, Paz amenaza con desmantelar mediante un «Decreto Supremo» una de las defensas jurídicas más sólidas del mundo contra el imperialismo. Durante casi dos décadas, la Constitución boliviana estipuló explícitamente que las demandas empresariales deben resolverse dentro de la jurisdicción soberana; si Paz socava gradualmente el espíritu de esa cláusula aprobando «inversiones estratégicas» individuales que se rigen por reglas al estilo ISDS, habrá logrado alinear a La Paz, Caracas y Quito, dejando a Bogotá aislada en su defensa de la soberanía económica.

Cuando la coerción fracasa, la «Doctrina Donroe» recurre a la violencia, como lo hizo de manera más espectacular con la invasión de Venezuela en enero. La «Operación Resolución Absoluta», que mató al menos a ochenta personas al servicio del secuestro ilegal del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores bajo dudosas acusaciones de narcotráfico, constituyó un uso sin precedentes de la fuerza militar en América del Sur. También sirvió como condición previa crucial para las reformas de los sectores petrolero y minero del país, así como de advertencia al resto de la región para que se alineara, o se atuviera a las consecuencias.

La administración Trump continuó con este manual de jugadas bombardeando la región fronteriza colombiana en operaciones conjuntas con fuerzas ecuatorianas. Al canalizar apoyo militar y capital político hacia la escalada de la «guerra contra las drogas» del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, el Pentágono está replicando los fracasos de un enfoque de décadas, que no solo no logra abordar las raíces económicas del problema sino que, por el contrario, las agrava.

Simultáneamente, Noboa intenta fabricar una crisis económica en Colombia, de cara a sus próximas elecciones. Al imponerle aranceles del cien por ciento a los productos colombianos a partir del 1 de mayo, Noboa está cortando una arteria comercial vital que atraviesa directamente el suroeste de Colombia, una base de apoyo crucial para la coalición de izquierda Pacto Histórico. El presidente Petro acusó recientemente a miembros de la oposición de confabularse con Noboa para agravar esta crisis; Álvaro Uribe, figura destacada de la derecha colombiana, supuestamente visitó Ecuador apenas días antes de que se anunciaran los nuevos aranceles.

Justo frente a las costas de esta región fronteriza, el ejército estadounidense amplió recientemente sus ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al «narcotráfico». Esta política de asesinatos extrajudiciales, que también tuvo como blanco el Caribe, ya dejó al menos 180 muertos. La inestabilidad resultante de todas estas políticas le proporciona munición al argumento de que el capital transnacional necesita mayor «seguridad jurídica» para operar en la región, a través del arbitraje al estilo ISDS.

Expandir este arbitraje hace algo más que simplemente asegurar contratos favorables para el capital energético y minero. También fractura la solidaridad dentro de la Comunidad Andina, garantizando así que los Andes continúen desempeñando un papel subordinado dentro de la cadena de valor global e «ilegalizando» tanto el nacionalismo de recursos como la industrialización de alto valor.

Sin embargo, a pesar de las ambiciones de largo alcance de la Doctrina Donroe, el proyecto imperial estadounidense dista mucho de ser invencible.

Colombia a la vanguardia

En marzo, el presidente Gustavo Petro dio el histórico y desafiante paso de iniciar la retirada de Colombia de sistemas ISDS como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial. Lo hizo alentado por cientos de economistas que tienden puentes entre las corrientes dominantes y las heterodoxas. En el momento de su anuncio, Colombia tenía más de 14.000 millones de dólares en riesgo en casos judiciales que los países en desarrollo casi siempre pierden.

Al rechazar el arbitraje, Petro salvaguardó los recursos nacionales de Colombia y su camino hacia una transición energética verde soberana. También señaló la doble rasero subyacente en los tribunales ISDS, ya los que los países del Norte Global pueden rechazarlos mientras que muchos países del Sur Global deben someterse a su jurisdicción como condición previa para obtener préstamos. En su anuncio, argumentó que si varios otros países ya «salieron de este tipo de arbitraje, incluyendo a los Estados Unidos, no veo por qué Colombia no debería hacer lo mismo».

Esto se suma al historial de Petro de desafiar los dictados geopolíticos tanto de Estados Unidos como de Europa, que incluyen sus reiteradas condenas a la ya mencionada «Guerra contra las Drogas», su negativa a enviar armas colombianas a Ucrania, su búsqueda de integración económica con el bloque de los BRICS y, en particular, su ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

Al abandonar los tribunales ISDS y perseguir una política exterior no alineada, Petro también le demostró a los líderes regionales que es posible sostener esta línea en materia de soberanía económica, incluso bajo amenaza militar directa. Esto explica por qué la administración Trump sigue empeñada en socavarlo.

Una realidad geopolítica compleja

Esta lucha se desarrolla en un escenario global cambiante que está erosionando la solvencia a largo plazo del imperio estadounidense. La guerra ilegal de Trump contra Irán está en condiciones de impulsar la inflación a nivel global, acelerando la tendencia de los bancos centrales a abandonar el dólar. Mientras los abogados de la administración Trump revisan la Constitución boliviana buscando formas ingeniosas de abrir los Andes para el Banco Mundial, los soldados en el Golfo Pérsico intentan puntalar la dominación financiera estadounidense con bombas (con lo que, irónicamente, amenazan las inversiones futuras).

Así, aunque el arbitraje ISDS sigue siendo formidable en teoría, la realidad geopolítica más amplia es mucho más compleja. Estados Unidos está empujando a Venezuela hacia tribunales extraterritoriales para imponerle sanciones pero pronto podría carecer de la supremacía militar y económica unilateral para hacerlas cumplir.

Atrapado entre una crisis de suministro de petróleo en Oriente Medio y la demanda global interminable de minerales críticos, el capital transnacional está ahora destinado a regresar a Venezuela. La Revolución Bolivariana fue, en su núcleo, un proyecto de nacionalismo de recursos arraigado en la creencia de que los dones gratuitos de la naturaleza podían servir de puente hacia la prosperidad y el desarrollo sostenible. Tras haber vaciado de contenido toda protección significativa de la Constitución venezolana, la Asamblea Nacional subordinó ahora plenamente la razón de ser del Estado a las necesidades de «reducción de riesgos» del capital transnacional energético y minero. Esto logró un resultado extraño pero funcional, tras años de intentos de golpe de Estado y sanciones estadounidenses: ganar la guerra contra el Estado Bolivariano por medio del propio Estado Bolivariano.