Democracia en tiempos de extrema derecha

El artículo que sigue es resultado del trabajo de la cohorte 2025 del Diploma Superior en Mutaciones de la dominación en el capitalismo contemporáneo organizado por CLACSO y Revista Jacobin. Ya está abierta la inscripción a la edición 2026 del Diploma, ¡no te la pierdas!

 

La asunción de Javier Milei a la presidencia de Argentina no solo representó un cambio de signo político en el Cono Sur sino también la irrupción de un experimento social y político que desafía las categorías tradicionales de la ciencia política contemporánea. En un país marcado por una fuerte tradición de movimientos populares y un pacto democrático posdictatorial cimentado en las políticas de memoria y la defensa de los derechos humanos, el ascenso de una fuerza que combina el fundamentalismo de mercado con una retórica autoritaria plantea una pregunta urgente: ¿estamos ante una nueva forma de fascismo adaptada a la crisis del siglo XXI?

En la Argentina, el proyecto de La Libertad Avanza no solo implica la ruptura del contrato social, sino una reconfiguración estructural del sistema político y de las funciones del Estado. Esta transformación se asienta sobre una arquitectura ligada desde sus cimientos a los intereses del capital financiero internacional y a un alineamiento irrestricto con los Estados Unidos. Lejos de ser azarosa, dicha subordinación se inscribe en el actual contexto de declive hegemónico estadounidense, en el que Argentina se ofrece como un laboratorio experimental para el reordenamiento de las fuerzas globales en la periferia latinoamericana. 

No estamos ante una mera receta económica: Javier Milei es la punta de lanza de una tecnología política que no admite mediaciones, de un dispositivo que exige el vaciamiento de la democracia misma y el aniquilamiento del «otro» como sujeto político legítimo. Esta deriva obliga a revisar los procesos históricos ligados al fascismo y a anticipar las nuevas formas de dependencia que se reconfiguran en el actual escenario de crisis global. Para abordar las especificidades del caso argentino, resulta útil recuperar la categoría de «democracia delegativa» (DD) de Guillermo O’Donnell, en tanto constituye una pieza analítica fundamental por tres razones principales:

En primer lugar, la naturaleza del mandato. La DD explica con precisión la creencia del Ejecutivo de haber recibido el derecho a gobernar sin los «estorbos» de las instituciones de control. En el caso de Javier Milei, esta categoría permite diseccionar el modo en que la legitimidad de origen (las urnas) se utiliza para anular la legitimidad de ejercicio (el respeto a la división de poderes). Segundo, el vaciamiento de la deliberación: la erosión de los controles horizontales (Congreso, Poder Judicial, organismos de control) habilita una lógica en la que el uso abusivo de decretos y la descalificación de las mediaciones democráticas se presentan como los obstáculos de una «casta» parasitaria. Finalmente, el vínculo entre crisis y decisión. Con frecuencia, las DD emergen en contextos de crisis agudas. El gobierno de Milei instrumentaliza la «emergencia» —en este caso, económica y social— para justificar un estado de excepción permanente que favorece la reconfiguración del Estado en favor del capital financiero.

Ahora bien, si la DD de O’Donnell explica la forma que adquiere el proyecto político de la extrema derecha en la Argentina, para analizar su contenido resulta necesario remitirse a otro aporte clásico de la ciencia política: la lógica amigo-enemigo de Carl Schmitt. Esta matriz schmittiana permite capturar cómo la «pedagogía de la crueldad» guía el funcionamiento interno del gobierno mileísta, operando no solo sobre las instituciones, sino también sobre las relaciones de poder, a las que apunta a reconfigurar desde nuevas bases, y sobre los procesos de subjetivación, en los que la anulación del «otro» se convierte en el eje ordenador de la propia identidad política.

Las coordenadas de la nueva dependencia

El escenario político y social contemporáneo no puede ser comprendido únicamente a partir de dinámicas nacionales, sino que debe ser analizado en el marco de un contexto geopolítico global signado por una crisis sistémica del orden internacional vigente. Fenómenos como la reciente injerencia estadounidense en Venezuela y las reiteradas amenazas de intervención imperial en la región, el ascenso de gobiernos de ultraderecha con rasgos autoritarios, así como el incremento de la militarización y la criminalización de la protesta social constituyen respuestas políticas al «caos sistémico del capitalismo contemporáneo» (Arrighi y Silver, 2001) en curso actualmente.

Se trata de un proceso de lenta reconfiguración del orden mundial que, entre otros elementos, se expresa en el declive relativo de la hegemonía estadounidense y la transición hacia un escenario de multipolaridad, el ascenso de China como nuevo polo de poder global y la crisis estructural del capitalismo neoliberal como régimen de acumulación y proyecto político. Las consecuencias de esto son múltiples y convergentes: la emergencia de las ultraderechas como respuestas autoritarias frente a la crisis, la profundización de nuevas formas de dependencia económica y financiera, la intensificación de la militarización como mecanismo de control social, el aumento del malestar social y una creciente conflictividad a escala global.

Estos elementos configuran un verdadero signo de época que condiciona de manera decisiva los márgenes de acción política tanto a nivel global como, de manera específica, en América Latina. En el plano regional, el desgaste de la hegemonía estadounidense ha derivado en un renovado interés estratégico sobre su histórica área de influencia, orientado a compensar su declive económico frente al avance chino. La reactivación de las pretensiones imperialistas por parte de los Estados Unidos hacia América Latina, en la mayoría de los casos, no se expresa a través de intervenciones militares directas sino mediante formas sofisticadas de dominación apoyadas en el capital financiero internacional, el endeudamiento externo y el rol disciplinador de los organismos multilaterales de crédito, en particular el Fondo Monetario Internacional.

Esta dinámica se ve profundizada por las condiciones estructurales propias de una región atravesada por la crisis del capitalismo dependiente y por la ausencia de alternativas económicas consolidadas frente al agotamiento del modelo neoliberal. El debilitamiento de los proyectos progresistas, sus límites a la hora de construir transformaciones estructurales sostenidas y la falta de un proyecto regional autónomo han convertido a la región en un terreno fértil para el avance de fuerzas de ultraderecha, que se presentan como soluciones de orden frente al descontento social al tiempo que refuerzan el alineamiento con el hegemón histórico.

En este marco, el caso argentino se inscribe como un laboratorio privilegiado de la ultraderecha contemporánea. El gobierno de Javier Milei, en sintonía con esto, puede ser interpretado como un ensayo político radical de reconfiguración del Estado, la economía y la democracia en clave autoritaria y neoliberal extrema. Su proyecto no solo reactualiza viejas formas de dependencia sino que las profundiza, articulando una subordinación económica y geopolítica explícita con una ofensiva directa contra los fundamentos simbólicos, institucionales y sociales de la democracia.

Democracia delegativa como clave de lectura del presente

La noción de democracia delegativa constituye una herramienta analítica clave para desentrañar la naturaleza del régimen encabezado por Javier Milei. Tal como señala O’Donnell, en este tipo de regímenes el mandatario se concibe a sí mismo como el intérprete exclusivo y soberano de la voluntad popular, lo que le otorga una discrecionalidad que desborda las mediaciones institucionales. Esta lógica se materializó en el país principalmente a partir de la decisión política de gobernar mediante el DNU 70/2023, pieza jurídica que concentra facultades excepcionales en el Poder Ejecutivo y que avanza de forma inédita sobre competencias del Poder Legislativo y otros ámbitos del Estado.

De este modo, el DNU deja de ser una herramienta técnica de emergencia para convertirse en un dispositivo de excepción fundacional que consolida la delegación del poder y anula la deliberación democrática. La gravedad de esta maniobra radica en que no busca subsanar una parálisis legislativa, sino suplantar la voluntad del Congreso de manera permanente. En consecuencia, en el gobierno de La Libertad Avanza se observa una torsión y radicalización de la lógica delegativa tradicional: ya no se trata solo de un Ejecutivo fuerte, sino de una voluntad de gobierno por asalto institucional. Esta mutación tensiona los límites mismos de la categoría de O’Donnell y obliga a interrogar sus alcances explicativos frente a configuraciones del poder que utilizan la legalidad para vaciar la democracia desde sus cimientos.

Claro que el análisis de O’Donnell se situaba en la década de 1990 y hacía eje en la primera ola de democracias delegativas. Pero, pese a las distancias, aquella lectura sigue siendo de utilidad para pensar nuestro presente. El gobierno de Javier Milei presenta afinidades sustanciales con aquel modelo noventista marcado por el alineamiento automático a la potencia dominante y la instauración de la «urgencia» como método de gobierno. Sin embargo, emerge asimismo una distancia ontológica fundamental: mientras el menemismo buscaba ignorar o saltear las instituciones para acelerar reformas neoliberales bajo un pacto de gobernabilidad sistémica, el proyecto de La Libertad Avanza manifiesta directamente una voluntad de demolición institucional.

En este nuevo escenario, el Ejecutivo no solo elude las mediaciones partidarias, sino que las impugna moralmente catalogándolas de «casta parasitaria». De este modo, la supresión de los controles horizontales mediante el «decretismo» permanente ya no representa una herramienta táctica excepcional, sino que deviene en una estrategia de vaciamiento democrático que busca sustituir el pacto republicano por una autoridad directa y punitiva.

La semejanza más nítida del mileísmo con el proyecto menemista radica en la alineación geopolítica vertical. Ambos proyectos comparten una subordinación explícita a la agenda exterior de las potencias hegemónicas y a los organismos internacionales de crédito, recurriendo a la figura de la democracia delegativa como mecanismo para neutralizar resistencias internas y erosionar márgenes de soberanía estatal. En este esquema, la democracia delegativa es el vehículo necesario para garantizar la seguridad jurídica del capital extractivista (litio, energía, tierras) por encima de los derechos sociales y ambientales de la población.

La distinción fundamental, sin embargo, gira en torno a la relación de estos procesos con el modelo de acumulación. Mientras que en los años noventa la lógica delegativa fue el vehículo para la implementación del programa neoliberal, en la actualidad dicha lógica se articula con el avance de prácticas autoritarias que emergen ante la crisis de legitimidad del neoliberalismo en su fase tardía. De este modo, la delegación del poder ya no es solo una herramienta de mercado, sino un mecanismo de contrainsurgencia administrativa destinado a gestionar la conflictividad social derivada del agotamiento del modelo. Asistimos, así, a la emergencia de una democracia delegativa que busca administrar el caos de un capitalismo que ha perdido su capacidad de generar consenso y que, en su desesperación, recurre al vaciamiento de su propia cáscara liberal.

Como bien advirtió Ruy Mauro Marini al analizar las crisis del capitalismo dependiente, cuando la burguesía no puede disciplinar a las mayorías mediante el consumo o la integración social, recurre a la fuerza y a la superexplotación. En esta línea, el vaciamiento de la institucionalidad liberal que opera el gobierno de La Libertad Avanza no es un estadio final de desidia, sino el umbral de una matriz autoritaria donde la violencia —simbólica y material— deja de ser una disfunción del sistema para convertirse en su mecanismo disciplinario central.

Este escenario obliga a reconocer que la especificidad de este liderazgo desborda las deficiencias de una «democracia incompleta»; nos encontramos ante una lógica de ruptura en la que la anulación de la otredad constituye el núcleo de un proyecto que utiliza la legitimidad de las urnas para demoler los cimientos de lo común.

Ahora bien, para que la delegación del poder y el vaciamiento institucional sean efectivos, el régimen despliega al mismo tiempo un dispositivo de legitimación que desplaza el conflicto del terreno de los derechos al de la identidad hostil. En este sentido, la distinción «amigo / enemigo» de Carl Schmitt puede ser una herramienta útil para explicar la «pedagogía de la crueldad» y la institucionalización del odio como tecnología de gobierno. Al reactivar este antagonismo existencial, la política abandona el espacio del consenso y la mediación parlamentaria —deslegitimados sistemáticamente— para transformarse en un campo de batalla moral. Es precisamente en esta transición de adversario a enemigo donde el régimen trasciende la anomalía democrática para configurarse como un proceso de fascistización.

La reconfiguración de la «grieta»

Para Carl Schmitt, la esencia de lo político no reside en el debate parlamentario ni en la búsqueda de consensos —a los que considera formas de despolitización liberal—, sino en la capacidad de distinguir entre el amigo y el enemigo. En el esquema de Javier Milei, esta distinción deja de ser una categoría teórica para transformarse en una estrategia de supervivencia política. El «otro» ya no es un adversario legítimo con quien se negocian cuotas de poder en el Congreso, sino un enemigo existencial (la «casta», los «zurdos», el «Estado criminal») cuya sola presencia amenaza la supervivencia de la libertad.

Esta construcción del enemigo permite que la pedagogía de la crueldad actúe como un pegamento social para su base electoral. Al deshumanizar al oponente y categorizarlo como un ente parasitario, el régimen justifica la supresión de sus derechos y el desmantelamiento de las instituciones que lo protegen. Aquí, el discurso de odio no es un exabrupto emocional, sino una tecnología política planificada: una forma de mantener la movilización permanente a través del conflicto identitario, compensando así la falta de resultados materiales inmediatos mediante la satisfacción simbólica de la derrota del enemigo.

La arquitectura política de La Libertad Avanza demuestra una asimilación estratégica de la dicotomía schmittiana como dispositivo de viabilidad para su proyecto de poder. No obstante, la construcción de un «chivo expiatorio» no constituye una anomalía local, sino que se inscribe en una tecnología de poder transnacional compartida por las nuevas extremas derechas. Esta gramática del conflicto se manifiesta globalmente a través de diversas figuras de exclusión: desde la estigmatización del inmigrante en el trumpismo y las derechas europeas, hasta la categoría de «enemigo interno» o «terrorista» en el modelo de Bukele. En este sentido, la externalización de la culpa y la construcción de identidades hostiles emergen como el rasgo dominante de las ultraderechas contemporáneas. La movilización afectiva del odio es la herramienta por medio de la cual gestionan sus contradicciones internas, acceden al poder y garantizan su sostenibilidad.

Un aspecto distintivo del caso argentino reside en su innovación estratégica de la polarización. Si bien el movimiento de Javier Milei capitaliza la «grieta» preexistente y el apoyo de los sectores conservadores tradicionales para confrontar al peronismo como enemigo histórico, su eficacia radica en haber trascendido el binarismo partidario convencional. La Libertad Avanza operó una reconfiguración semántica sin precedentes: mediante un movimiento de sustracción y reetiquetamiento, desplazó a los actores que históricamente representaban la alternancia —como el macrismo y la derecha orgánica— para subsumirlos, junto a sus adversarios, en una categoría ontológicamente degradada: «la casta».

Esta maniobra le permitió a Milei ocupar una posición de alteridad radical. Su ascenso no se limitó a una victoria electoral, sino que se consolidó a través de una campaña sistemática de hostigamiento contra la alteridad en todas sus formas. Dicha narrativa de odio trasciende la esfera institucional; no se agota en la crítica a la dirigencia, sino que se proyecta de manera punitiva sobre el cuerpo social. Así, todo disenso es despojado de su legitimidad democrática y reclasificado bajo una categoría de enemistad moral. El ciudadano que cuestiona el dogma oficial es señalado y ridiculizado desde la cúspide del Poder Ejecutivo, convirtiéndose en blanco de una violencia digital institucionalizada. 

Ejemplos paradigmáticos de esta «pedagogía de la crueldad» son el hostigamiento sistemático hacia figuras de la cultura, como la artista Lali Espósito, y la utilización de la discapacidad como herramienta de escarnio político, como ocurrió con la interacción presidencial que vulneró la dignidad de las personas con síndrome de Down y en el espectro autista. Estas acciones, lejos de constituir exabruptos individuales, representan mecanismos de disciplinamiento social que operan a través del cyberbullying estatal con el fin de inhibir la crítica y consolidar una hegemonía basada en la humillación del otro.

Esa voluntad de desmantelamiento se traduce, además, en una praxis de asfixia institucional que trasciende el plano discursivo. La desarticulación de organismos clave de protección de derechos y la política de desfinanciamiento sistemático de las universidades públicas y el sistema científico nacional son ejemplos claros de ello. Estas medidas no responden únicamente a una búsqueda de equilibrio fiscal, sino que operan como dispositivos de castigo hacia los sectores encargados de producir pensamiento crítico y mediación social, buscando silenciar a quienes pueden nombrar y denunciar la crueldad.

Al dejar a la población desprovista de los medios de asistencia y control estatal, el régimen consolida la delegación absoluta: la vulnerabilidad del ciudadano funciona como el reverso necesario del poder omnímodo del líder. Bajo esta premisa, la fractura ya no divide dos proyectos de nación, sino que escinde la estructura social entre la «gente de bien» —un colectivo abstracto definido por la adhesión ciega al liderazgo carismático— y un bloque «contaminado» que engloba la totalidad del pasado político y social. Esta dinámica fomenta un movimiento de masas de carácter mesiánico que sustituye la deliberación por la eliminación simbólica del otro, inscribiéndose en las mutaciones más peligrosas del fascismo del siglo XXI.

La virulencia con la que se señala y demarca al otro como enemigo encuentra sustento en aquello que Carl Schmitt definía como el sentido existencial de la distinción «amigo / enemigo». En este marco, el adversario no es concebido como un oponente legítimo, sino como una amenaza a erradicar. Esta lógica se manifiesta de manera recurrente en el discurso de Milei, cuando identifica a quienes no integran «la gente de bien» no solo como responsables del colapso social y económico, sino también como obstructores activos de la construcción del nuevo orden. En el caso argentino, la dicotomía actúa como un potente proceso de subjetivación: el individuo ya no se reconoce como ciudadano en un marco de derechos, sino como combatiente en una guerra cultural, en la que su identidad se construye a partir del aniquilamiento simbólico del adversario.

La lógica «amigo / enemigo» trasciende el plano doméstico para proyectarse, además, como principio ordenador de la inserción argentina en el sistema internacional. El gobierno de Javier Milei legitima un alineamiento irrestricto con el capital financiero global y con un Estados Unidos en fase de declive hegemónico, no a partir de criterios de pragmatismo diplomático, sino como un imperativo moral y civilizatorio. En este marco, la construcción de un enemigo externo —encarnado en el «colectivismo», el «globalismo» o las potencias no occidentales— no solo refuerza la narrativa de la «guerra cultural» interna sino que funciona como el dispositivo ideológico indispensable para profundizar una nueva etapa de subordinación económica. La dicotomía schmittiana se reactualiza así en clave geopolítica, habilitando una lectura del orden mundial en términos de lealtad absoluta y enemistad existencial.

Bajo este esquema, la cesión de autonomía estatal y la erosión de la soberanía nacional se presentan como actos necesarios dentro de una cruzada por la «libertad global». La democracia delegativa, lejos de operar como una anomalía transitoria, se convierte en una forma política funcional a la arquitectura financiera transnacional que exige el sacrificio de los derechos sociales y las capacidades estatales en nombre de la acumulación global.

Hacia una caracterización de la fascistización delegada

El fenómeno político encabezado por Javier Milei no representa una mera alternancia de signo ideológico, sino que constituye una mutación cualitativa del sistema democrático argentino. La convergencia entre la estructura de una democracia delegativa y la lógica de confrontación schmittiana configura un escenario que excede las categorías tradicionales de la ciencia política para situarse en las coordenadas de un proceso de fascistización contemporáneo. Dicho proceso se manifiesta en la intersección de tres vectores fundamentales:

1. La concentración del poder decisorio. El Ejecutivo instrumentaliza la legitimidad de las urnas para vaciar de contenido a las instituciones intermedias, transformando la delegación en una forma de autoritarismo hiper-presidencialista.
2. La deshumanización del disenso. El adversario político es reclasificado como un «enemigo existencial» o un «obstáculo moral», justificando la violencia simbólica y digital como mecanismos de disciplinamiento social.
3. La subordinación geopolítica y económica. El desmantelamiento del Estado nacional y el alineamiento irrestricto con el capital financiero internacional se presentan como la única vía de «salvación» ante la amenaza construida del «enemigo interno».

En definitiva, la fascistización del siglo XXI en Argentina no requiere necesariamente de la ruptura del orden constitucional formal, sino que opera mediante su vaciamiento desde adentro de las fronteras de lo democrático. Al sustituir el contrato social basado en derechos por una pedagogía de la crueldad y el odio, el régimen erosiona los cimientos de la convivencia democrática. El desafío para el pensamiento crítico y la praxis política reside, por tanto, en reconstruir las mediaciones institucionales y sociales capaces de neutralizar esta deriva autoritaria, restituyendo a la política su dimensión de espacio común frente a la pulsión de aniquilamiento del otro.

 

Referencias 

Marini, R. M. (2015). Dialéctica de la dependencia. Era. (Original publicado en 1973). 

O’Donnell, G. (1994). Delegative Democracy. Journal of Democracy, 5(1), 55-69. 

O’Donnell, G. (1997). Contrapuntos: Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Paidós. 

Schmitt, C. (2009). El concepto de lo político. Alianza Editorial. (Original publicado en 1932). 

Arrighi, G., y Silver, B. J. (2001). Caos y orden en el sistema-mundo moderno. Akal. 

Segato, R. L. (2018). Contra-pedagogías de la crueldad. Siglo XXI Editores. 

Módulo 2 (2024). Geopolítica, fascismo y extrema derecha en América Latina. Diploma Superior en Mutaciones de la dominación en el capitalismo contemporáneo. Estudios sobre la extrema derecha y la crisis del neoliberalismo. (CLACSO + Jacobin).