Vehículos dañados en el ataque ocurrido en Cajibío, Colombia, el sábado 25 de abril de 2026. (Foto AP / Santiago Saldarriaga)
En su Carta a la Junta Militar, el periodista argentino Rodolfo Walsh aseguró que «hay una cosa que en la guerra sucia es más importante que los muertos y que los desaparecidos: los cómplices».
En la tarde del pasado sábado 25 de abril, el olor a muerte inundó el kilómetro 38 de la vía Panamericana, en el sector de El Túnel de la jurisdicción de Cajibío, al norte del departamento del Cauca, en Colombia. Fue la última pieza del rompecabezas de un asedio que busca instalar un ambiente de zozobra en pleno contexto electoral. Se trata de una guerra de posiciones conveniente a un sector del país que ha aprendido a usar el terror para garantizar su recomposición hegemónica.
En este artículo no se abordarán los despojos humanos que dejó la ola de atentados terroristas en el suroccidente colombiano. Más bien se expondrán las relaciones históricas que hacen a esta región un botín importante en medio de la actual coyuntura electoral. El eje que guía el análisis es dual: a quién conviene vender y a quién comprar seguridad, por un lado y, por otro, la forma que ha adquirido esto en las distintas prácticas de guerra sucia a lo largo de las últimas décadas: el Plan Colombia, la Seguridad Democrática y el actual Proyecto Júpiter.
La potencia del explosivo (un cilindro de gas de 40 libras cargado con metralla) abrió un cráter de 200 metros cúbicos. Al momento de redactar este informe —con los partes de Medicina Legal aún calientes—, las cifras no cesan de ascender. El gobernador del Cauca reportó inicialmente trece muertos, pero el último boletín, del 26 de abril, habla de veinte víctimas fatales y treinta y seis heridos. Entre los cadáveres amanecidos en el asfalto no hay guerrilleros ni paramilitares, no hay burócratas con las manos sucias. Pero sí una lideresa social.
Patricia Mosquera, líder afrodescendiente, integrante del Consejo Comunitario del Puro de la subregión Alto Patía Norte, fue la víctima número 48 en la lista de líderes sociales fallecidos en lo que va de 2026, de acuerdo a los seguimientos de Indepaz.
Su asesinato no se trata de un «daño colateral». Junto a su cuerpo fueron identificados doce nombres de víctimas civiles, pobres en su totalidad: Luz Dari Solarte, Libia Flor, Andrea Golondrino, Clemencia Valencia, Alirio Medina, Etelvina Valencia, Liliana Valenzuela Valencia, José Ciro Puliche, Tiodomira Salazar, Daniela Valencia y Virgellina Valencia. Todos oriundos de los corregimientos de Carpintero, La Pedregosa, La Palma y La Granja. Gente apenas dueña de su humildad.
Pero aquí no se trata de cazar a un lobo solitario. El análisis político exige preguntarse a quién sirve un atentado de esta magnitud el 25 de abril, en el corredor vial más importante del Suroccidente colombiano. Y la respuesta no es al oscurantismo guerrillero. Estos grupos, privados de su carácter político original tras los acuerdos de 2016, se han convertido en ejércitos mercenarios al servicio del narcotráfico, el capital rentista local y el ordenamiento territorial de los capitales transnacionales. Controlan el corredor del Pacífico hasta el norte del Valle del Cauca, la salida de la cocaína por el puerto de Buenaventura y la cordillera cocalera en el norte del Cauca, exactamente las zonas donde hoy ocurren los atentados.
La disputa que tuvo lugar el sábado en Cajibío no fue una emboscada política al gobierno del Pacto, aunque así se presente. La ruta de los atentados coincide con los dominios paramilitares del antaño Bloque Calima, desmovilizado en 2004. Lo que esa huella pone en evidencia es la intención de retoma y control territorial de una ruta estratégica afectada por las políticas redistributivas del gobierno que lidera Gustavo Petro, en particular las reformas agraria y laboral.
Los testimonios recogidos por el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe Bloque Calima de las AUC lo confirman. Allí se afirma que la estructura paramilitar nacida en 1999 fue financiada por los mismos ingenios azucareros que hoy aparecen en el cuestionado «Proyecto Júpiter», que busca sumar votos y posicionar a la candidata uribista Paloma Valencia por medio de la coacción.
Un dato no menor para entender la guerra de posiciones en medio de esta ola de atentados es que tanto Valencia como Aida Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, son oriundas del departamento del Cauca. La primera viene de una antigua familia colonial que amasó su riqueza con el trabajo esclavo de las minas. La segunda es su oposición diametral: una destacada lideresa indígena enfrentada al despojo y la violencia estructural que afecta su territorio.
En coherencia con el legado familiar, las políticas de su nieta, ahora también candidata a la presidencia de Colombia, son la expresión actualizada de aquel despojo. Además de exigir el retorno del fracking a gran escala, no es raro verla desfilar en los medios rasgándose las vestiduras por el Tratado de Libre Comercio con Israel y la reactivación de exportación de carbón a dicho país (las relaciones con el Estado de ocupación fueron canceladas tras la ruptura de relaciones que enarboló el presidente Petro en 2024).
Valencia también exige la cancelación de la Jurisdicción Especial para la Paz: su propuesta principal es extinguir la justicia transicional y amnistiar a los militares condenados por los 6402 falsos positivos, asesinatos extrajudiciales que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez masificó para presentar resultados en materia de seguridad.
En el pliego de propuestas antiderechos, la candidata propone una «seguridad ciudadana» que es en realidad la reedición del Estatuto de Seguridad del Plan Cóndor aplicado en Colombia durante el gobierno de Julio César Turbay, el abuelo narcotraficante del precandidato Miguel Uribe Turbay asesinado en agosto del año pasado.Valencia, además, ha votado sistemáticamente en contra de la reforma agraria y de la sustitución de cultivos, proponiendo en su lugar la militarización de los parques nacionales.
El racismo y el machismo que dominan su campaña no son factores menores. El discurso de Valencia contra las «cartillas de género» y su apoyo irrestricto a las Fuerzas Militares tienen una base excluyente. Mientras los jóvenes de los barrios populares de Cali son reclutados por la ilegalidad, sus votantes ven en la militarización la solución para no mezclarse con «los pobres violentos». En 2015, en medio de un paro indígena que bloqueaba la ruta Panamericana, Valencia propuso dividir el departamento del Cauca entre blancos e indígenas para «garantizar paz». Uno de sus tuits más célebres, que pasó a la eternidad como muestra de su mentalidad de apartheid.
La coartada perfecta para la violencia. La verborrea izquierdista de las disidencias da lugar a que se presente la situación como un conflicto entre pares mientras por abajo se garantiza la agenda securitista de los emporios locales. Al respecto, el gobierno reconoció el fracaso táctico de la negociación con el EMC: «No se puede dialogar con quien usa la violencia para pedir asiento en la mesa», admitió el alto comisionado para la paz Otty Patiño.
La crisis de la Paz Total es real, eso no puede negarse. Pero no se trata de una crisis de principios, sino de una crisis de métodos. Mientras el gobierno cede terreno en el plano diplomático, la ultraderecha gana terreno con su estrategia desestabilizadora. Y aunque el candidato oficialista Iván Cepeda ha intentado sortear la trampa securitista para instalar una agenda de debate centrada en los aciertos del gobierno —como el acceso a la educación, la salud preventiva y la tierra—, con esta coyuntura la derecha ha logrado imponer la seguridad en todos los titulares con un éxito rotundo.
Iván Cepeda está contra las cuerdas de un debate en el que la política de Paz Total tiene escasas posibilidades de salir victoriosa. Pero la derecha tampoco cuenta con un repertorio triunfal en materia de seguridad: su repertorio al respecto, lejos de apuntar a resolver el conflicto, gira en torno al sostenimiento y la exacerbación del clima de guerra.
Entre los años del Plan Colombia y el ascenso de la Seguridad Democrática de Álvaro Uribe (1999-2002) se presentaron 3400 hechos de desplazamiento forzado —individuales y colectivos— en departamentos del suroccidente como Valle del Cauca, Cauca, Huila y Quindío. Cali, capital del Valle, fue una de las principales ciudades receptoras de personas desplazadas a nivel nacional. A nivel país se registró un pico crítico de desplazamiento en 2002, con más de 15.000 personas desplazadas según la Comisión de la Verdad. Las cifras descendieron entre 2003 y 2005. Es decir que, si bien el punto más crítico se dio en el alba del gobierno Uribe, fue su administración la que pacificó el clima de guerra.
Se trató —y se trata— de vender guerra a compradores de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? El Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), responsable de los peores hechos de violencia en el territorio, era solo el Ejército privado de un arco corporativo mucho más fuerte económica y políticamente. Los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica demuestran que el Bloque Calima (1999-2004) perpetró 119 masacres y fue financiado por algunos ingenios azucareros y ganaderos que hoy respaldan a Valencia.
Abelardo de la Espriella, fenómeno local de la ultraderecha trumpista, fue el primero en declarar «objetivo militar» a las disidencias en un video en el que prometía «cazar a esas alimañas». Paloma Valencia, candidata oficial del partido de uribista Centro Democrático, canceló su gira en Antioquia y viajó al Valle. Lejos de ofrecer condolencias, atizó un juicio político sin pruebas. La candidata declaró que «la seguridad se recupera acabando con la Paz Total de Iván Cepeda». Para ella, la masacre fue una oportunidad política en dos vías: proponer el retorno de Uribe como ministro de Defensa y asegurar la militarización total de la vía Panamericana, respaldada por los gremios económicos que 20 años atrás usaron al Bloque Calima para someter esa misma ruta estratégica.
La postura de Cepeda es valiente pero arriesgada. En un país donde el dolor pide justicia inmediata, pedir razón de Estado es un acto de fe. Sin embargo, la historia le da la razón, pues la (para)militarización de la vía Panamericana en el pasado solo trajo fosas comunes y desplazamiento forzado.
Para entender el sangriento 25 de abril hay que leer los cables de la historia. La violencia electoral en Colombia no es un accidente; es un método empleado durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) para demoler sistemáticamente a la oposición y tercerizar el control territorial en manos de corporaciones y paramilitares. Por contradictorio que parezca, no es la primera vez que expresiones insurgentes son útiles a ese propósito. El mismo guion se puso en marcha en 2002, cuando el ELN secuestró a 180 feligreses en la iglesia La María de Cali y la derecha utilizó el miedo para justificar la llegada del paramilitarismo al Valle, justo en el ascenso del primer gobierno de Uribe.
Los precedentes que ligan al expresidente Uribe con autoatentados mortales son inquietantes. En 2006, un mes antes de su segunda toma de posesión, seis miembros de la XIII Brigada planearon siete atentados terroristas en Bogotá. El capítulo más oscuro de la construcción de escenarios de falsa bandera en su gobierno responde a los llamados «falsos positivos». La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) documentó 6402 jóvenes asesinados por el Ejército y presentados como bajas en combate. Se trató de una política de Estado para inflar resultados militares y presentarlos a los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia y la Seguridad Democrática. La Jurisdicción que sacó a la luz esta maniobra nefasta es la que Paloma Valencia hoy propone cerrar.
El 25 de febrero de 2006, el Alto Comisionado Luis Carlos Restrepo, conocido como «Doctor Ternura», presentó la desmovilización de una compañía de las FARC, «Cacica La Gaitana». Pero se trató de un montaje con indigentes pagados. El propio Restrepo está siendo investigado por orquestar falsos positivos y tráfico de armas, aunque al día de hoy se encuentra prófugo con el auspicio directo de Álvaro Uribe.
El expresidente no solo fue aliado circunstancial de los bloques de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia (tal como revelan los testimonios de comandantes empresarios como Salvatore Mancuso, quien ha llegado a afirmar que su estructura militar constriñó el voto de los electores durante las primer elecciones que le dieron por ganador en 2002): su gobierno fue el heredero político del paramilitarismo. Esas relaciones siniestras del hacendado expresidente lo llevaron en 2018 a juicio en la Corte Suprema por fraude procesal y soborno a testigos en su contra. Durante el proceso, la defensa de Uribe intentó comprar a desmovilizados paramilitares (como Juan Guillermo Monsalve) para que mintieran sobre el senador Iván Cepeda.
Según los audios filtrados, el objetivo es generar zozobra entre la población para inclinar la balanza hacia la derecha. Júpiter opera en dos vías: dicta «talleres democráticos» dentro de grandes empresas del universo uribista (Postobón, Carvajal, Constructora Capital, Incauca) para constreñir a los trabajadores usando el miedo, la indignación y la incertidumbre y utiliza los medios de comunicación para difundir la narrativa de que el peligro es Cepeda. El propósito de Júpiter es restarle credibilidad a las amenazas contra la izquierda e instaurar una posición derechista en entornos laborales precarios, como en el pasado lo hizo Salvatore Mancuso para llevar a Uribe al poder.
En el espectro de las redes sociales se han visto las consecuencias del diseño editorial de Júpiter. Valga recordar que Bermúdez, además de canciller, fue un importante estratega de comunicación en la era de la Seguridad Democrática. Como revela la investigación de la revista Raya, Bermúdez editorializó la línea de medios durante los bombarderos a los campamentos de las FARC, buscando instalar en la discusión pública una relación directa entre las extintas guerrillas y opositores al gobierno Uribe como Piedad Córdoba y el mismo Iván Cepeda.
Al saturar el ecosistema digital con mentiras sobre Cepeda, acusándolo de amigo de las FARC, el uribismo busca que la alerta de un atentado fatal contra su vida suene a «paranoia oficialista». En teoría de juegos esta es la táctica del ruido. Cuando la víctima grita, los victimarios tocan una campana más fuerte. Lo que busca generar esta técnica de saturación, en definitiva, es una nebulosa en la que la verdad se diluya. En última instancia, si todo es una amenaza, nada lo es.
Así, la historia se repite como farsa. En 2008, el bombardeo al campamento de Raúl Reyes en Ecuador resultó en la filtración de supuestos correos que vinculaban a la oposición con las FARC. Aquella fue una operación de inteligencia mediática liderada por Bermúdez, con apoyo de los canales RCN y Caracol.
Hoy, el Proyecto Júpiter es la nueva versión de Cambridge Analytica a la colombiana. Bermúdez, el cerebro de la campaña de Uribe en 2002, está construyendo un relato donde Iván Cepeda es, otra vez, el «candidato del odio y el terror». Los ataques del 25 de abril caen como anillo al dedo para activar ese plan. No es una conspiración: es un método de inteligencia política conocido como false flag [bandera falsa], aunque esta vez la bandera la enarbolen las disidencias de FARC.
El foco del atentado de 2026 fue el norte del Cauca y el Valle, y esto no es casualidad. Esa es la zona de influencia de los ingenios azucareros: Incauca, Manuelita, Providencia, San Carlos. Según un informe del CNMH de 2018, y de acuerdo a los testimonios de desmovilizados recogidos en la justicia transicional, estos empresarios —hoy vinculados al Proyecto Júpiter— financiaron al Bloque Calima para «limpiar» la zona de la guerrilla y controlar el territorio y la fuerza de trabajo. Para ello se perpetraron abusos graves a los derechos humanos, como la masacre de El Naya en abril de 2001, donde murieron veinticuatro personas y fueron desplazadas más de seis mil, en su mayoría afrocolombianas e indígenas.
Mientras Uribe estuvo al frente del gobierno colombiano, el Valle del Cauca fue el cementerio de los trabajadores. Los datos de la Escuela Nacional Sindical y el CINEP señalan que entre 2001 y 2010, el Valle concentró 93 de los 173 hechos de violencia contra sindicalistas, que incluyen homicidios, tortura y desplazamiento. Sintraemcali, Sinaltrainal y Sintracatorce fueron los sindicatos más golpeados. El pico de terror fue en 2004, con 24 eventos, justo en el momento de desmovilización del Bloque Calima.
La «estabilidad» actual de la que se ufanan las patronales uribistas es, en realidad, la desaparición del sindicalismo azucarero. Un ejemplo puntual es el del Ingenio San Carlos. En las versiones de HH (Hébert Veloza, jefe del Bloque Calima), quedó registrado que la gerente María Clara Naranjo asistió a reuniones de financiación paramilitar y que el jefe de seguridad del ingenio, alias RR (Ramiro Rengifo), fue condenado por su participación en la desaparición de líderes sindicales, tal como está documentado en un fallo de 2011 proferido por el Juzgado 11 Penal del Circuito Especializado.
Finalmente, el Bloque Calima tomó el control de las rutas del narcotráfico hacia la costa pacífica. Hoy las disidencias luchan por ese mismo corredor, ya que por ahí circula más del 70% del polvo blanco que se mueve hacia los Estados Unidos, según informes presentados por el presidente Petro.
El «Plan Colombia 2.0» que propone hoy la derecha no es más que la restauración de un modelo de seguridad que entregó el país a los paramilitares y a Estados Unidos. En oposición a esto, el Pacto ha intentado demostrar que la verdadera paz territorial no se construye con más bases militares en el Cauca, sino con la implementación de la reforma agraria en esos territorios y el respeto a los Acuerdos de Paz con la insurgencia en 2016.
Ahora bien, la crisis con las disidencias es real y es un punto débil del gobierno de Petro. Desde el Plan Colombia la derecha colombiana no ha cesado de buscar en el fratricidio su capacidad de control temporal y político. El triunfo del Pacto Histórico se tradujo, entre otras cosas en que, por primera vez en la historia nacional, un gobierno de izquierda logró avances significativos en la democratización de la tierra como vía para solucionar la mayor constante del conflicto. Y esa es una verdad inapelable.
Varias cifras de la Agencia Nacional de Tierras muestran que en 2025 se entregaron más de 500.000 hectáreas de tierra a campesinos y comunidades negras e indígenas, muchas de ellas en el Valle y Cauca. La reforma agraria sí ha llegado, y esa es la verdadera amenaza para los ingenios de la región. Además, la reforma laboral, aunque diluida en el Congreso, ha mejorado las condiciones de la contratación sindical, una espina clavada en el zapato de los empresarios del Proyecto Júpiter.
Un eslogan de la militancia del Pacto reza: «no se deje engañar por el humo del cilindro bomba». El 25 de abril de 2026, las disidencias pusieron el explosivo pero los detonadores los tienen las élites del Valle. La zozobra es el producto que venden los Bermúdez y las Valencias. Mientras el cadáver de lideresas como Patricia Mosquera yacen en el frío mármol de la morgue, los votos para cancelar la JEP y enterrar la verdad se calientan en las urnas. Estos atentados ponen de manifiesto que el paramilitarismo no se desmovilizó en 2004: se trajeó de verde olivo. Los muertos de la Panamericana son un negocio redondo para la ultraderecha.
El 31 de mayo Colombia decide. Decide si la historia de violencia fratricida se repite como tragedia o si, finalmente, la Paz Total tiene una segunda oportunidad sobre la tierra. El Pacto Histórico lo sabe, y buena parte del país también. De acuerdo a la última encuesta, publicada por CELAG, el 45,6% del electorado tiene una imagen positiva de Cepeda y un 48,1% podría llegar a votarlo. La distancia con sus contendientes es abismal. De acuerdo al mismo sondeo, Paloma Valencia cuenta con una aprobación del 23,2%, seguida por Abelardo, con un 20,4%.
Las cartas están sobre la mesa, tanto de un lado como del otro. Solo el tiempo decidirá el resultado de la contienda entre las campañas de terror y las políticas de memoria colectiva y de paz. El tiempo y el pueblo colombiano.
En una época de resurgimiento imperialista, vuelve a plantearse la cuestión de cómo resistir. Los…
Cada vez que abrimos una red social, alguien está decidiendo qué vamos a ver, durante…
En la aldea de Umm al-Kheir, una cancha de fútbol lleva el nombre de Awdah…
Las luchas contra la opresión comienzan cuando las personas reflexionan críticamente sobre sus experiencias. ¿Qué…
Milei fue a Davos a intentar enterrar a Maquiavelo frente a una sala casi vacía,…
El reciente caso húngaro revela algo que la izquierda suele procesar tarde y mal. Aún…