Gustavo Petro estrechando la mano de la ministra neerlandesa de Clima y Crecimiento Verde, Stientje van Veldhoven (Raul Arboleda / AFP vía Getty Images)
La ciudad portuaria caribeña de Santa Marta se asienta al pie de las montañas de la Sierra Nevada, en el departamento colombiano del Magdalena. A lo largo de su costa se extiende el terminal Drummond, que lleva el nombre de la multinacional carbonífera que lo opera, donde una vía férrea se adentra en el mar para cargar buques de exportación con el carbón extraído de las vastas minas a cielo abierto de la vecina región del Cesar, cerca de La Loma. Del 24 al 29 de abril, delegados de cincuenta y ocho países se reunieron aquí para la primera conferencia internacional sobre la eliminación gradual de los combustibles fósiles, en una región donde las realidades de la extracción son imposibles de ignorar.
Coorganizada por Colombia y los Países Bajos, la cumbre reunió a gobiernos, sindicatos, pueblos indígenas, comunidades de primera línea, científicos y activistas que buscan ir más allá de los límites de las negociaciones climáticas internacionales y trazar una transición justa. La conferencia se dividió en tres capítulos: un espacio académico, una cumbre de los pueblos y una serie de conversaciones interministeriales de «alto nivel», eventos que convergieron al final de la semana a través de representantes designados y en sesiones de trabajo conjuntas.
Pero lo que significa una «transición justa» no tiene el mismo significado ni el mismo peso para todos los participantes. Si la cumbre de Santa Marta puso de manifiesto los costos de la dependencia de los combustibles fósiles, también expuso las divisiones que persisten sobre la magnitud de la transformación económica y política necesaria para liberarse del dominio del capitalismo fósil.
«Durante los últimos treinta años, los combustibles fósiles ni siquiera se mencionaban en las COP», dijo Tzeporah Berman, fundadora del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, una iniciativa de la sociedad civil respaldada actualmente por dieciocho Estados-nación, incluida Colombia y cientos de gobiernos subnacionales. La mayoría de ellos son pequeños estados insulares de la región del Pacífico, particularmente vulnerables al aumento del nivel del mar, como Vanuatu, Fiyi o Samoa.
Varios de estos países, entre ellos Tuvalu, declararon emergencias energéticas el mes pasado debido a una grave escasez en el suministro de combustible y al vertiginoso aumento de los precios, dinámica agravada por los conflictos globales. «El gobierno tiene que cerrar a las 3 de la tarde todos los días para ahorrar energía. Estamos haciendo lo que podemos, pero no podemos resolver este problema solos», dijo el ministro tuvaluano Maina Vakufua Talia en la reunión plenaria introductoria.
Si bien la conferencia de Santa Marta se construyó sobre las propuestas impulsadas por el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, su alcance se expandió más allá de esa iniciativa, para incluir a grandes potencias hidrocarburíferas como Francia, Canadá, el Reino Unido y Alemania. Sin embargo, no incluye a Estados Unidos, China, India ni Arabia Saudita.
La relativa ausencia de los países del Norte Global en la iniciativa del tratado plantea interrogantes sobre el compromiso real dentro de la autodefinida como «coalición de los dispuestos» de Santa Marta. Esas contradicciones quedaron quizás mejor encarnadas por los Países Bajos: el gobierno neerlandés aprobó nuevos proyectos de extracción de gas en el Mar del Norte precisamente la misma semana en la que coorganizaba la conferencia en Santa Marta. También fue blanco de críticas por parte de los activistas de la Climate Justice Flotilla por apelar un fallo judicial en La Haya que determinó que el Estado neerlandés no había protegido adecuadamente a los residentes de Bonaire, un territorio caribeño neerlandés, de los impactos de la crisis climática.
Según Berman, sin embargo, históricamente fueron las coaliciones minoritarias las que impulsaron el cambio global (tomando como precedentes la no proliferación nuclear y las prohibiciones de minas antipersonales). «Santa Marta es nuestro Porto Alegre, y así debe ser», sostuvo Joel Wainwright, en referencia al intento del Foro Social Mundial de construir alternativas a los modelos económicos dominantes. Coautor de Climate Leviathan, Wainwright asistió a la cumbre como «orgulloso partidario del movimiento por la justicia climática». Esos momentos de convergencia importan, no para resolver la crisis energética en una sola conferencia, sino para restaurar el impulso, la solidaridad y la energía política de un movimiento marcado con frecuencia por la fragmentación y el agotamiento.
En los últimos meses, Colombia avanzó para detener más de trescientos proyectos de combustibles fósiles en perspectiva, incluidos cuarenta y tres bloques petroleros y más de 286 solicitudes mineras, en particular mediante la prohibición de la extracción en la región amazónica. En marzo, Petro también anunció la retirada del país del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI, por sus siglas en inglés, que forma parte del sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS) y le permite a las corporaciones multinacionales demandar a los gobiernos por políticas que afecten sus inversiones. En la última década, Colombia enfrentó veinticuatro de esas demandas por un total de más de 13.000 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente el 11 por ciento de su presupuesto anual.
La decisión de detener la expansión extractiva adicional es significativa para un país clasificado como el quinto exportador mundial de carbón. Los combustibles fósiles representan más del 50 por ciento de todas las exportaciones colombianas, lo que hace que la economía dependa en gran medida del extractivismo y sea, por tanto, también vulnerable. Con el 99 por ciento de la producción destinada a la exportación, este cambio de rumbo demuestra que la voluntad política puede contribuir en gran medida al avance de la transición energética.
Sin embargo, ese enfoque sigue siendo frágil. Con las elecciones a la vuelta de la esquina el 31 de mayo (y con Petro inhabilitado para la reelección), una eventual victoria de la oposición podría suponer un retorno a las políticas extractivistas. Mientras que los seguidores de izquierda de Petro depositan sus esperanzas en el candidato Iván Cepeda, sus oponentes conservadores ya anticiparon su intención de apostar decididamente por el fracking y el petróleo si son elegidos.
Si bien la agenda de Petro hizo de esta cuestión una prioridad máxima desde el comienzo de su mandato, el impulso para diversificar la economía y la dependencia energética solo se intensificó con la guerra contra Irán liderada por Estados Unidos e Israel.
«Seguridad» y «soberanía energética» fueron términos recurrentes en los discursos oficiales, enfatizando la urgencia de desarrollar las energías renovables y depender más de ellas.
Global Witness, junto con The Guardian, revelaron recientemente que las cien principales empresas petroleras y gasíferas del mundo acumularon más de 30 millones de dólares por hora de ganancias perdidas durante el primer mes del ataque estadounidense-israelí contra Irán, que se suman a los miles de millones acumulados desde el inicio de la guerra en Ucrania.
Para Irene Vélez Torres, ministra de Medio Ambiente de Colombia, «los combustibles fósiles siempre han sido utilizados como arma de dominación geopolítica». Aunque el gobierno de Petro tomó medidas en 2024 para detener las exportaciones de carbón a Israel, la cuestión de regular las exportaciones hacia países que violan el derecho internacional estuvo en gran medida ausente de los debates diplomáticos de alto nivel.
El contraste fue marcado con la sociedad civil, donde sindicatos, ONG y activistas abordaron el tema extensamente en el marco de la cumbre de los pueblos. En su declaración colectiva, el Instituto Palestino de Estrategia Climática subrayó que «los combustibles fósiles están siendo canalizados, comercializados, asegurados y utilizados como armas a través de sistemas de guerra, ocupación y poder colonial. Todo marco de transición que no pueda confrontar con esa realidad fracasará en su prueba más básica».
El hidrógeno, la expansión nuclear, la captura de carbono, el precio del carbono y el comercio de carbono fueron mencionados entre las soluciones por responsables políticos, académicos y ministros de países como Singapur, Suecia y los Países Bajos.
Para Wim Carton, ecologista político cuyo trabajo con Andreas Malm examina cómo la compensación de carbono desplaza la responsabilidad en lugar de reducir las emisiones de manera significativa, esto refleja un problema más profundo. «Con frecuencia se asume que los mercados resolverán la crisis si se los incentiva adecuadamente», dijo. «Pero eso pasa por alto las relaciones de poder, los intereses creados y las formas en que la demanda es activamente construida por las empresas de combustibles fósiles», añadió.
Las comunidades presentes en la Cumbre de los Pueblos enfatizaron sistemáticamente que la transición debe entenderse ante todo como una transformación social y política, y no meramente tecnológica.
Por su parte, Johan Rockström, al frente del panel científico, esbozó una visión centrada en el diseño de políticas, los mecanismos financieros y la innovación tecnológica —incluida la inteligencia artificial— para sortear los condicionamientos políticos y socioeconómicos.
¿Se han perdido entonces en la traducción los mensajes de la cumbre de los pueblos?
María Reyes, activista de clima y derechos humanos de la Alianza de Jóvenes Radicales No Gubernamentales (ANGRY), participó en sesiones de alto nivel como representante juvenil. Describió que las discusiones en estas sesiones privadas estaban centradas en colaboraciones como los acuerdos JETP (Just Energy Transition Partnership, o Asociación para una Transición Energética Justa), que criticó como «una estrategia de control colonial».
Los JETP son acuerdos en los que los gobiernos del Norte financian transiciones energéticas en países del Sur, principalmente a través de préstamos. Sus críticos argumentan que profundizan la dependencia de la deuda —que hoy ya constituye un condicionante importante de la política climática en el Sur Global— al tiempo que refuerzan las relaciones financieras y políticas desiguales bajo el pretexto de la cooperación climática.
«Un país del Norte Global invierte en un país del Sur Global a cambio de mayor influencia sobre regulaciones, leyes e infraestructura», explicó. Y añadió: «Todavía hay mucha confusión entre reducir las emisiones y eliminar gradualmente los combustibles fósiles. Y para nosotros, como niños y jóvenes, es importante insistir: el problema no son solo las emisiones, sino la lógica extractiva que está en la raíz del sistema».
Aun así, la reunión marcó un esperanzador punto de inflexión: no porque haya resuelto la pregunta sobre cómo eliminar gradualmente los combustibles fósiles, sino porque forzó que el tema saliera a la luz. También se discutieron cuestiones como la cancelación de la deuda y la eliminación de los subsidios a los combustibles fósiles (que actualmente ascienden a 1,2 billones de dólares anuales), y los participantes acordaron presentar hojas de ruta para su eliminación progresiva. Si estas hojas de ruta resultarán eficaces sigue siendo una pregunta abierta.
La próxima conferencia, prevista para 2027 en Tuvalu y coorganizada por Irlanda, se construirá sobre esta primera reunión y tiene como objetivo complementar el proceso de la ONU en lugar de reemplazarlo.
El intento de Santa Marta de confrontar la economía de los combustibles fósiles marca un paso significativo hacia lo que Torres ha denominado una nueva «democracia climática global». Sin embargo, la continua dilución de los debates clave puede muy bien ralentizar un proceso que ya se encuentra retrasado. En particular, cuestiones como la militarización y las violaciones de los derechos humanos corren el riesgo de quedar relegadas en favor de las «finanzas verdes» y las oportunidades de inversión.
Los científicos ya advierten que un «super El Niño» podría intensificar aún más los fenómenos meteorológicos extremos y llevar las temperaturas globales a niveles récord en el próximo año. En un mundo cada vez más marcado por la guerra, la rivalidad geopolítica y la impunidad, las aperturas para la cooperación siguen siendo vitales. Pero deberían hacer más para integrar las perspectivas del Sur Global y de los pueblos indígenas, junto con las demandas más radicales que son necesarias para confrontar con la expansión del autoritarismo impulsado por los combustibles fósiles.
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