Javier Milei junto a Donald Trump, en septiembre de 2025. (Foto vía X)
Pese a que ya venía acumulando malos resultados en varias elecciones provinciales, hasta la debacle bonaerense Milei había logrado mantener la percepción generalizada de una suerte de inmunidad política, que le permitía aplicar un ajuste brutal sin pagar los costos políticos esperables, que lo habilitaba a cargar sin consecuencias contra el resto de los poderes del Estado o a torcer toda institucionalidad a su gusto y beneficio. Pero esa «suspensión» de las reglas políticas previas parece haberse quebrado en la votación de provincia de Buenos Aires. Desde entonces, el mileísmo se enfrenta a un paisaje más terrenal, donde la conflictividad social crece, la economía tambalea, las encuestas marcan un desgaste progresivo y los escándalos de corrupción agravan esa percepción de un gobierno cada vez más vulnerable.
El dato novedoso es que el fenómeno de Milei como «estrella pop» (tal como lo definió recientemente César González), que en 2023 había sido capaz de penetrar en franjas de trabajadores y clases medias bajas, perdió claramente su apoyo en esos sectores, mientras lo reforzó, previsiblemente, entre los sectores más acomodados, en parte por la captación de un histórico sector de votantes del PRO. Así, el fenómeno de una «derecha popular» que podía interpelar a los de abajo se está pareciendo cada vez más a una derecha clásica, anclada en los más ricos y en los votantes de barrios acaudalados.
Ese corrimiento social es clave para comprender la nueva dinámica política. La derrota en Buenos Aires fue la expresión electoral de un malestar que ya venía acumulándose en la calle: conflictos universitarios, reclamos por salud y discapacidad, protestas contra el deterioro salarial y jubilatorio. La promesa mileísta de que «lo peor ya pasó» no encuentra correlato alguno en la experiencia cotidiana de millones que sufren la recesión, el desempleo creciente y la inflación.
En ese contexto, la Cadena Nacional posterior a la derrota electoral en la que presentó el proyecto de Presupuesto 2026 tuvo un tono inédito. Milei intentó mostrarse medido, casi sobrio, y reconoció implícitamente que el ajuste no se entiende ni se acepta de manera automática. Aplicando la contabilidad creativa que caracteriza al oficialismo, anticipó refuerzos de partidas para universidades, jubilaciones, salud y discapacidad (que un análisis serio demostró luego que en realidad implicaban nuevos recortes). Pero lo más significativo fue el cambio de tono político: en lugar de denostar a la «casta inmunda», habló de trabajar codo a codo con legisladores y gobernadores (el día anterior había rehabilitado al degradado Ministerio del Interior, nombrando como titular a Lisandro Catalán). Fue una admisión indirecta de que sus pretensiones de autócrata que no negocia con nadie ya no tenían sustento. La retórica de la excepcionalidad dio paso a un forzado intento de normalización política.
En ese momento dramático, como si se tratara de una película de suspenso, apareció la intervención decisiva del gobierno de Estados Unidos. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Donald Trump, declaró que la Argentina es un «aliado de importancia sistémica» y que Washington está dispuesto a hacer «lo que sea necesario» para sostenerla, con líneas de swap, compras de deuda o apoyo directo. El mensaje tuvo efectos inmediatos: baja parcial del dólar paralelo y del riesgo país, repunte de bonos y acciones. Más allá de su eficacia en el mercado, la noticia reveló algo más profundo: el salvataje de Milei no será conducido por el FMI sino directamente por el Tesoro norteamericano, con un respaldo político explícito de Trump.
Los precedentes son escasos y reveladores. En 1994, Bill Clinton destinó 20.000 millones de dólares a rescatar a México durante la crisis del «tequila» —cuando el país era el principal socio comercial de Estados Unidos en el marco del NAFTA y en medio de una crisis financiera global—, y en 2002 hubo una asistencia menor a Uruguay. Hoy, Trump se dispone a rescatar a Milei, uno de los pocos gobiernos alineados incondicionalmente con Washington (y con Israel) en una región estratégica, mayoritariamente gobernada por fuerzas progresistas.
El gesto tiene un sentido estratégico evidente. Desde la óptica de Trump, América Latina aparece dominada por gobiernos considerados hostiles a Washington: Sheinbaum en México, Lula en Brasil, Petro en Colombia, Boric en Chile. En ese mapa, la Argentina se vuelve una excepción: un país de peso gobernado por un presidente que no dudó en alinearse con Trump desde los inicios de su carrera, incluso cuando era opositor. El respaldo financiero persigue dos objetivos centrales para Estados Unidos: evitar una crisis cambiaria que erosione a Milei antes de las elecciones de octubre, y bloquear un eventual regreso del kirchnerismo en 2027, leído en clave de un mayor acercamiento a China. De allí proviene también la obsesión norteamericana por el control de sectores estratégicos como la minería de tierras raras, insumos decisivos para la industria tecnológica y militar en la disputa hegemónica con Pekín.
Este martes, el presidente argentino se reunirá con Trump, en una situación que no podría ser más desigual. Uno llega al encuentro a rogar un préstamo de emergencia que le permita llegar con algo de aire a las cruciales elecciones intermedias de octubre y el otro sabe que puede pedir lo que quiera como contrapartida y que nada le será negado: se habla de imposiciones económicas aún más duras, de entregas de patrimonio nacional, de la instalación de una base militar estadounidense en Tierra del Fuego. Las condiciones del rescate se conocerán en los próximos días, pero no hay dudas de que no serán baratas.
En ese marco, las elecciones de octubre aparecen hoy como una moneda girando en el aire. No es imposible que el gobierno recupere coyunturalmente algunas posibilidades gracias al oxígeno que le provee Washington y a una serie de maniobras fiscales de corto plazo. Pero la situación económica general no va a mejorar en un mes, la percepción popular de la degradación vital sigue creciendo mientras las esperanzas de una recuperación en el corto plazo se desvanecen. Además, los escándalos de corrupción en torno a la pareja presidencial, que también jugaron su parte en la debacle electoral bonaerense, siguen multiplicándose e impactando bajo su línea de flotación a uno de los ejes retóricos del Gobierno: su autoproclamada diferencia respecto de la «casta» política tradicional.
Pero lo que está en juego va más allá del resultado inmediato. La derrota bonaerense ya mostró que la sociedad argentina no está dispuesta a aceptar sin resistencia un ajuste ilimitado y el posible salvataje de Trump dejó claro hasta qué punto el proyecto de Milei depende de una tutela imperial que no busca solo estabilizar a un aliado, sino evitar el retorno de cualquier opción vinculada a un horizonte progresista o de moderada autonomía. En ese cruce se define el futuro próximo: está por verse si el mileísmo logra superar su peor momento político y recomponerse temporalmente con ayuda externa in extremis para seguir intentando imponer un disciplinamiento social duradero, o si la derrota bonaerense fue el inicio de una recomposición popular para abrir una nueva alternativa. En cualquier caso, lo que se juega es mucho más que una elección: es la posibilidad de que un experimento reaccionario, debilitado a nivel local, se prolongue como engranaje de la estrategia imperial en la región. Tenemos tiempos interesantes por delante.
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