El 11 de abril de 2021, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, derrotó a Andrés Arauz, el candidato apoyado por Rafael Correa y parte de la izquierda. Lasso fue elegido gracias a la división de la izquierda, ya que una gran parte de ésta, que había perdido toda la confianza en Rafael Correa, pidió el voto nulo. Los votos del campo popular, que tuvo una clara mayoría en la primera vuelta de las elecciones de febrero de 2021, se dividieron y esto permitió que un exbanquero fuera elegido presidente. La situación es grave porque se ha perdido una oportunidad de romper con la política de Lenín Moreno. Lasso, aunque crítico con las posiciones de Lenín Moreno, va a continuar con la política neoliberal, la sumisión a los intereses privados, especialmente a la poderosa banca ecuatoriana, y a la superpotencia norteamericana. ¿Cómo es posible que una parte importante de los votos del campo popular no haya ido a Andrés Arauz para evitar la elección de Guillermo Lasso? Esto se explica por el rechazo a las políticas de Rafael Correa, sobre todo a partir de 2011, por una parte de la izquierda, especialmente en la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el FUT, Frente Unitario de Trabajadores.
La elección de Lasso como presidente abre una nueva etapa en la aplicación de una política aún más favorable al gran capital ecuatoriano, a las multinacionales extranjeras, a la alianza entre los presidentes de derecha en América Latina y a la continuación e incluso el fortalecimiento del dominio estadounidense en el continente. El resultado electoral del 11 de abril de 2021 es un día oscuro para el campo popular. Para entender cómo una parte importante del campo popular se negó a pedir el voto a favor de Arauz para derrotar a Lasso, es necesario analizar las políticas seguidas por Rafael Correa tras ser reelecto presidente en 2010.
Y prosigue:
En agosto de 2013, Rafael Correa, quien había sido reelegido en febrero por tercera vez presidente de Ecuador, con más del 57 % de los votos en primera vuelta, anunció el fin del proyecto. Justificó su decisión por la falta de firmeza, completamente real, de los compromisos tomados por los diferentes países para financiar la no-explotación del petróleo del Yasuní-ITT.
Fundamentalmente, durante la presidencia de Rafael Correa no hubo un inicio de abandono del modelo extractivista-exportador. Éste consiste en un conjunto de políticas que tiene por objeto extraer del subsuelo, o de la superficie del suelo, el máximo posible de bienes primarios (combustibles fósiles, minerales, maderas…) o de producir el máximo de productos agrícolas con el objetivo de exportarlos hacia el mercado mundial (en el caso de Ecuador, se trata de bananas, azúcar, palma africana, flores, brócoli). En lo correspondiente a la producción de brócoli en Ecuador, François Houtart escribió:
A eso, hay que agregar la exportación de camarones de piscifactoría y de atún (pescado de forma industrial).
Este modelo origina numerosos efectos nefastos: destrucción del medio ambiente (minas a cielo abierto, deforestación, contaminación de los cursos de agua, salinización/envenenamiento/erosión de los suelos, reducción de la biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero…), destrucción de los medios naturales de vida de poblaciones completas (pueblos originarios y otros); agotamiento de los recursos naturales no renovables; dependencia con respecto a los mercados mundiales (bolsas de materias primas o de productos agrícolas) donde se determinan los precios de los productos de exportación; mantenimiento de salarios muy bajos para mantener competitividad; dependencia con respecto de las tecnologías desarrolladas por los países más industrializados; dependencia de los insumos (pesticidas, herbicidas, semillas transgénicas o no, abonos químicos…) producidos por algunas grandes compañías transnacionales (la mayor parte proveniente de los países más desarrollados); dependencia con respecto a la coyuntura económica y financiera internacional.
François Houtart que siguió de cerca el proceso ecuatoriano y que apoyaba la política de Rafael Correa, no dejó de expresar sus críticas, que había comunicado al gobierno. Un poco antes de su fallecimiento en Quito, escribió a propósito de la política agrícola:
Y precisaba:
Entre los contenciosos más graves, que opusieron el poder ejecutivo a las organizaciones sociales ecuatorianas, está en primer lugar el proyecto de Ley sobre el agua, por una parte, y la política de apertura de Rafael Correa a las inversiones privadas extranjeras en la industria minera y del petróleo, por la otra. La economía ecuatoriana se basa, principalmente, en la renta del petróleo. No hay que olvidar que el petróleo representaba en el año 2008, el 22,2 % del PIB, el 63,1 % de las exportaciones y el 46 % del presupuesto general del Estado. Durante una asamblea extraordinaria celebrada los días 8 y 9 de septiembre de 2009, en Quito, la CONAIE criticó fuertemente la política de Correa, a la que denunció como neoliberal y capitalista. La declaración de la CONAIE decía: «(se) exige al Estado y al gobierno que se nacionalicen los recursos naturales y que se ponga en marcha la auditoría de las concesiones petroleras, mineras, acuíferas, hidráulicas, telefónicas, radiofónicas, televisivas y de los servicios para el medio ambiente, la deuda exterior, la recaudación de impuestos y los recursos de la seguridad social», así como «la suspensión de todas las concesiones (extractivas, petroleras, forestales, acuíferas, hidroeléctricas y aquellas ligadas a la biodiversidad)».
Después del 30 de septiembre de 2009, la CONAIE pasó a la acción, organizando concentraciones y bloqueos de carreteras contra el proyecto de Ley sobre el agua. El presidente Correa reaccionó oponiéndose a las movilizaciones contra el gobierno y, en principio, a cualquier negociación, para luego levantar la sospecha sobre el movimiento indígena, afirmando que en su interior se había activado la derecha, y en particular el expresidente Lucio Gutiérrez. Finalmente, la CONAIE obtuvo una negociación pública al más alto nivel: de ese modo, 130 delegados indígenas fueron recibidos en la sede del gobierno por el presidente Correa y varios ministros y obtuvieron que el gobierno retrocediera en varios puntos, especialmente con la instauración de un diálogo permanente entre la CONAIE y el Ejecutivo, y con enmiendas en los proyectos de Ley sobre el agua y sobre las industrias extractivas.
Otro conflicto social también estalló cuando se produjo la movilización de los maestros contra el gobierno, bajo la égida de la UNE, el principal sindicato de la profesión (en el que el partido MPD – Movimiento popular democrático, brazo electoral del Partido comunista marxista-leninista de Ecuador – ejerce una influencia importante). En esa cuestión también, el conflicto finalmente terminó en un diálogo. En noviembre y diciembre de 2009 se desarrolló un tercer frente social con el movimiento de protesta en las universidades, contra un proyecto de reforma que tenía por fin, principalmente, reducir la autonomía universitaria, que es considerada en América Latina como un avance social irreversible y una garantía de independencia con respecto a los poderes políticos.
Globalmente el gobierno de Rafael Correa rápidamente mostró sus serios límites cuando se trataba de definir una política que tuviera en cuenta el punto de vista de los movimientos sociales, sin enfrentamientos.
En 2010 y 2014, hubo importantes movilizaciones sociales contra la política del gobierno de Correa. Las reivindicaciones levantadas por las organizaciones que, en torno a la CONAIE, llamaron a la lucha en junio de 2014, explican mucho sobre la orientación del gobierno: resistencia a la extracción minera y petrolera, a la criminalización de la protesta social, un nuevo código de trabajo, otra política de energía y de agua, rechazo a la reforma de la Constitución que permitiría una reelección indefinida, rechazo de la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, derechos de las comunidades indígenas y, en particular, el rechazo al cierre de las escuelas comunitarias. A propósito de la voluntad del gobierno de Correa de cerrar las escuelas comunitarias, François Houtart escribió en 2017:
En diciembre de 2014, Rafael Correa quiso expulsar a la CONAIE de sus locales, lo que llevó a numerosas organizaciones ecuatorianas y extranjeras a exigir al gobierno la renuncia a esa decisión. También aquí, el gobierno se echó atrás. A fines de 2017, el gobierno de Correa quiso retirar la personería jurídica a una organización ecologista de izquierda llamada Acción Ecológica. Igualmente fue necesaria una ola de protestas nacionales e internacionales para que finalmente las autoridades renunciaran a ese atentado a la libertad.
A pesar de una retórica favorable al cambio del modelo productivo y al «socialismo del siglo XXI», en diez años de presidencia Correa no inició ninguna modificación profunda de la estructura económica del país, de las relaciones de propiedad y de las relaciones entre las clases sociales. Alberto Acosta, exministro de Energía en 2007, expresidente de la Asamblea Constituyente en 2008 y oponente de Rafael Correa desde 2010, escribió con su colega John Cajas Guijarro que:
También hay que recordar que el gobierno de Rafael Correa había ofrecido a Julian Assange asilo en la embajada ecuatoriana en Londres desde junio de 2012. Correa se resistió a las presiones de Gran Bretaña y Washington para que lo entregara. Lenín Moreno, que sucedió a Rafael Correa en 2017, cayó en la ignominia al entregar a Assange a la Justicia británica en abril de 2019 y despojarlo de la nacionalidad ecuatoriana que el gobierno de Correa le había concedido en 2017.
En 2019, Lenín Moreno reconoció a Juan Guaidó como presidente de Venezuela al tiempo que Guaidó pedía una intervención armada de Estados Unidos para derrocar al gobierno del presidente electo Nicolas Maduro.
En 2020 Lenín Moreno hizo un nuevo acuerdo humillante para Ecuador con el FMI y en 2021 pretende aprobar una ley para que el Banco Central sea completamente independiente del gobierno y por lo tanto aún más servil a los intereses de la banca privada.
Su popularidad se redujo a la nada: en las últimas encuestas, Lenín Moreno tenía una aprobación de apenas el 4,8%. Los resultados de los candidatos apoyados por Moreno en las elecciones parlamentarias y en la primera vuelta de las presidenciales de febrero de 2021 no superaron el 3%.
Una vez más, serán las movilizaciones sociales las que podrán acabar con esas políticas y poner nuevamente en el orden del día las medidas de cambio estructural anticapitalista indispensables para la emancipación. La CONAIE y una serie de organizaciones sindicales, de asociaciones feministas, organizaciones políticas de izquierda, y de colectivos ecologistas elaboraron en octubre de 2019 una excelente propuesta alternativa a las políticas capitalistas, patriarcales y neoliberales, y debería constituir la base de un amplio programa de gobierno, llamado Programa del Parlamento de los Pueblos. La cuestión del rechazo de las políticas del FMI, del Banco Mundial y de las deudas ilegítimas volverá al centro de las batallas sociales y políticas. En un documento hecho público en julio de 2020 por más de 180 organizaciones populares ecuatorianas, encontramos la siguiente reivindicación: «-suspensión del pago de la deuda externa y realización de una auditoría de la deuda externa acumulada desde 2014 hasta este día, así como un control ciudadano sobre la utilización de las deudas contraídas.»
Con el 98.84 % escrutado:
Arauz: 47.59%, que corresponde a: 4.100.283 votos.
Lasso: 52.4% que corresponde a 4.533.275 votos.
Votos nulos: 16.33% que corresponde a 1.715.279 votos.
Total de sufragantes: 10.501.517 votantes.
Ausentismo: 2.193.896 personas.
El voto nulo alcanzó en la primera vuelta el 9.5%, creció en un 6.83%.
En términos de votos:
Voto nulo febrero 2021: 1.013.395 votos
Voto nulo abril 2021: 1.715.279 votos.
Diferencia: +701.884 votos.
En términos generales, se puede atribuir una gran parte de esta diferencia del voto nulo a la campaña de Pachakutik, CONAIE, los movimientos sociales y las organizaciones de izquierda. Esto quiere decir que menos de la mitad de sus votantes optaron por el voto nulo. Hay que recordar que Yaku Pérez obtuvo en la primera vuelta el 19.39%, que equivale a 1.798.057 votos. Si suponemos que la mayoría de este voto corresponde a la votación de Pachakutik significa que el 39% de su votación optó por el voto nulo. En el caso de que, como es lo más probable, que haya otros sectores que votaron nulo, no sería aventurado señalar que el voto nulo que le corresponde a Pachakutik debe estar alrededor del 30% de su votación. Esto es, uno de cada tres votantes de Pachakutik optó por el voto nulo, que puede considerar su voto duro.
Desgraciadamente el 70% restante mayoritariamente fue a parar a Lasso, probablemente en rechazo al correísmo, por la larga historia de agresiones al movimiento popular, pero no deja de significar un voto a la derecha. También muestra la fragilidad de la votación por una nueva alternativa que escape de la polarización entre el correismo y la derecha tradicional.
Esto también demuestra que si la CONAIE, Pachakutik y las demás organizaciones de izquierda que llamaron al voto nulo hubieran llamado a votar en contra de Lasso o hubieran llamado a votar a favor de Arauz, era muy posible derrotar a Lasso y presionar a Arauz para que tome en cuenta las demandas expresadas tanto en el texto de la CONAIE de octubre de 2019 así como en la propuesta del parlamento de los pueblos de julio 2020. Documentos excelentes que se ubican a la izquierda del contenido de la campaña electoral de Yaku Pérez en el primer turno, así como del programa de Andrés Arauz.
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