Crisis y utopía en el siglo XXI

Ante la pregunta de si las futuras generaciones vivirán mejor o peor que las actuales, una proporción significativa de personas cree que vivirán peor. Esta percepción no solo se ha vuelto más extendida con el paso del tiempo, sino que es especialmente marcada entre las generaciones más jóvenes. El pesimismo es aún mayor entre quienes comparten valores igualitarios, ecologistas y favorables a Estados sociales robustos. Distintos estudios comparados muestran que quienes adhieren a este tipo de valores no solo anticipan un futuro más adverso, sino que además reportan mayores niveles de frustración política. Más allá de las encuestas, basta abrir una conversación cotidiana sobre el futuro para constatar que, por razones diversas, una mayoría intuye que en un horizonte no demasiado lejano las condiciones de vida en el planeta serán considerablemente peores que las actuales.

En este contexto, desde las izquierdas muchas veces hemos respondido con políticas y discursos orientados más a administrar el pesimismo que a transformar las condiciones que lo producen. La disputa se ha desplazado hacia cómo retrasar la llegada de escenarios distópicos y cómo distribuir de manera menos injusta los costos de un futuro que se asume, implícitamente, como inevitablemente peor.

Las derechas radicales han ocupado ese vacío ofreciendo una promesa de futuro. No un futuro colectivo, sino un futuro de desbloqueo individual: cada quien podría construir una vida mejor siempre que deje de cargar con el peso de lo común. En este relato, el problema no sería la estructura económica, sino el exceso de regulaciones, derechos y mediaciones políticas que frenarían el desarrollo individual y darían espacio a una «clase política» presentada como parasitaria. La solución aparece, entonces, como una operación de poda: menos Estado, menos normas, menos política.

Allí donde la izquierda parece resignarse a administrar un deterioro inevitable, la ultraderecha promete que, desregulando, el futuro puede volver a ser mejor, al menos para quienes se esfuercen y «lo merezcan». Esa promesa, aunque empíricamente débil, resulta políticamente potente porque devuelve una sensación de agencia allí donde la política democrática aparece impotente. En términos simples, mientras las derechas ofrecen un horizonte de salvación individual —el viejo «sálvese quien pueda»—, buena parte de las respuestas progresistas han terminado transmitiendo que no hay salvación posible, sino apenas una administración más justa del daño.

Esta parálisis de la imaginación política desde las izquierdas resulta particularmente paradójica cuando se la contrasta con nuestras condiciones materiales. Nunca antes en la historia humana habíamos contado con una capacidad técnica tan amplia para coordinar la producción, optimizar el uso de recursos y reducir drásticamente el tiempo de trabajo necesario para sostener la vida. Mientras la política democrática se percibe impotente, las fuerzas productivas han alcanzado un nivel de desarrollo que comienza a volver obsoleto el viejo mecanismo del mercado, basado en la escasez y el sistema de precios.

El problema no es que falten recursos para construir un futuro mejor; el problema es que el capitalismo, en su fase actual, se ha convertido en un cuello de botella que impide que el avance tecnológico se traduzca en bienestar colectivo.

Este pesimismo y esta dificultad para imaginar un futuro distinto no son casuales, sino el síntoma de un matrimonio que ha dejado de funcionar: el de la democracia liberal y el capitalismo. En esta alianza histórica, la democracia debía expresar la voluntad colectiva y definir las reglas del juego, mientras el capitalismo dinamizaba la producción. Sin embargo, si el capitalismo pierde su capacidad de generar bienestar y progreso, se hace visible también el fracaso de la política para subordinar el interés privado al bien común.

Las instituciones democráticas, vaciadas de su capacidad de intervención real en la economía, han terminado por instalar la idea de que no es posible, desde la acción colectiva, poner fin a la explotación y la desigualdad. Ante una democracia que aparece impotente para transformar las condiciones materiales de vida, el sentido de lo común se erosiona. En ese contexto, el repliegue hacia el individualismo radical y el «sálvese quien pueda» no es una opción moral, sino una estrategia de supervivencia frente a la ausencia de alternativas colectivas creíbles.

Frente a la crisis del capitalismo y su creciente incapacidad para garantizar bienestar, las instituciones actuales de la democracia liberal se muestran insuficientes para ofrecer una respuesta. Ante este escenario, en las derechas ganan terreno quienes llaman a desechar cualquier noción de bien común y proponen un camino de salvación individual. Al mismo tiempo, amplios sectores de la izquierda, anclados en los márgenes de estas mismas instituciones, no logran articular un horizonte colectivo de futuro.

Esbozar otros horizontes posibles, horizontes que apunten, desde lo colectivo, a vivir mejor, sigue siendo posible. Pero formularlos eficazmente requiere que comprendamos la crisis del capitalismo y de la democracia liberal como un problema conjunto. En este ensayo busco adentrarme en la descripción de la crisis en sus dimensiones económicas e institucionales (así como en el vínculo entre ambas) para luego esbozar algunas claves sobre cómo una profundización de la democracia —mediante diseños institucionales acordes al mundo actual y a las posibilidades que abre el avance tecnológico— puede permitirnos reorganizar la producción y recuperar un horizonte de vida compartido.

La anunciada crisis del capitalismo como sistema económico

Sin emitir un juicio de valor al respecto, el capitalismo, como sistema de ordenamiento económico, ha logrado imponerse como el modelo predominante a escala global. De tal magnitud fue su expansión que, tras la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética, Francis Fukuyama llegó a proclamar el «fin de la historia», tesis que por un tiempo encontró amplia aceptación social e intelectual. Sin embargo, también diversos autores han advertido posibles límites históricos, muchas veces vinculando ese diagnóstico no a su fracaso, sino precisamente a su éxito arrollador en el desarrollo de las fuerzas productivas.

Una limitación relevante del capitalismo fue descrita tempranamente por Karl Marx en El capital, a partir de lo que denominó la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. En términos simples, Marx sostenía que, a medida que el capital incorpora avances tecnológicos y se vuelve más productivo, requiere una menor cantidad de trabajo humano para producir la misma cantidad de bienes. Dado que la renta que puede obtener el capital proviene del trabajo —lo que Marx denominó plusvalor—, la ganancia por unidad producida tiende a disminuir, presionando a la baja la tasa de ganancia. Para contrarrestar esta tendencia y sostener su rentabilidad, el capital se ve obligado a expandir continuamente la escala de producción, entrando así en tensión tanto con los límites de la demanda como con los límites ecológicos del planeta. Así, la tesis de Marx señala que el capitalismo lleva en su ADN una contradicción estructural donde, al automatizar la producción, se erosiona la base misma de lo que le da valor a sus mercancías.

Con el fin de ilustrar el punto, propongo un par de ejemplos en los que se puede apreciar concretamente la dinámica anteriormente descrita. En el caso de la energía solar, mientras la capacidad instalada mundial se multiplicó por más de cincuenta desde 2010, el costo por unidad de energía producida cayó cerca de un 90%. Se produce mucha más electricidad, pero cada unidad vale cada vez menos. Algo similar ocurre con el almacenamiento digital: la capacidad disponible se expande de forma exponencial, mientras el precio por gigabyte se aproxima a cero. En ambos casos, el aumento de productividad reduce drásticamente el trabajo necesario por unidad producida y, con ello, el valor que puede ser extraído como ganancia por unidad. Para evitar la caída de la rentabilidad, el capital se ve obligado a expandir indefinidamente la escala de producción.

Los ejemplos anteriores existen como casos reales porque se trata de industrias que aún no han entrado en tensión con los límites de la demanda, lo que ha permitido una expansión sostenida de la producción física. Sin embargo, esta dinámica no es extrapolable al conjunto de los sectores productivos. A medida que la productividad aumenta gracias a la tecnología en industrias donde la demanda es relativamente estable, la crisis de valorización comienza a manifestarse con mayor claridad.

Para ilustrar este punto resulta útil un ejemplo hipotético. Es razonable suponer que la tecnología actual permitiría fabricar neumáticos cuya durabilidad cubriera toda la vida útil de un automóvil. A un costo similar al actual, ello implicaría una provisión mucho mayor del bien realmente requerido, que en este caso no es el neumático como objeto, sino las «horas-neumático» necesarias para el uso del vehículo. Sin embargo, si una innovación de este tipo se implementara de manera generalizada, la industria de neumáticos enfrentaría rápidamente una crisis: salvo que la producción de automóviles creciera de forma exponencial, la demanda de neumáticos colapsaría y una parte significativa de los productores quebraría.

En estas condiciones, los incentivos para desarrollar e implementar masivamente una tecnología de mayor durabilidad simplemente no existen. El resultado es una industria que produce más desechos, impone mayores costos a los usuarios y ejerce una presión innecesaria sobre el medioambiente, no por limitaciones técnicas, sino porque una mayor eficiencia material haría inviable la obtención de las rentas necesarias para la reproducción del capital. La paradoja es evidente: lo que sería socialmente deseable se vuelve económicamente inviable dentro del marco de incentivos que entrega el capitalismo.

Otro ejemplo particularmente ilustrativo es el de los bienes de información, cuyo costo marginal de reproducción tiende a cero. Una vez producidos, no existe prácticamente ningún costo adicional asociado a su copia y distribución, por lo que, desde el punto de vista técnico, nada impediría su reproducción abundante y su acceso masivo. Sin embargo, precisamente porque esa abundancia no permite extraer renta adicional, el sistema económico introduce mecanismos de escasez artificial —patentes, derechos de propiedad intelectual, licencias y cercamientos tecnológicos— con el fin de sostener la valorización del capital y así generar incentivos para la generación de estos bienes.

Esta contradicción es especialmente relevante porque los bienes de información ocupan un lugar cada vez más central en las economías contemporáneas. Son estos bienes los que permiten aumentar la productividad en múltiples sectores sin requerir un incremento proporcional del trabajo humano. No obstante, en lugar de socializar ese potencial productivo, el sistema tiende a restringirlo, limitando su difusión para preservar rentas privadas.

El momento actual no puede entenderse como una crisis de producción. Las capacidades técnicas para sostener y ampliar la producción existen, incluso considerando los límites ecológicos, y contamos además con niveles inéditos de información para coordinarla de manera eficiente en función de necesidades reales. Pero sí existe una crisis de valorización y de generación de trabajo dentro de las coordenadas del capitalismo contemporáneo. Así, sectores que producen cada año más pueden aparecer como «estancados» desde un punto de vista económico si no generan una mayor valorización ni un aumento en la cantidad de puestos de trabajo.

De este modo, algo que es socialmente positivo —producir lo mismo o más con menos trabajo y a menor costo marginal— es leído como estancamiento dentro de las métricas dominantes. Un sistema que emerge principalmente para administrar la escasez y generar incentivos a partir de ella, muestra crecientes dificultades para operar en un contexto donde la abundancia —material e informacional— es cada vez más posible.

Estamos, en suma, ante un sistema que se vuelve disfuncional frente a su propio éxito. Lo que para la sociedad es un triunfo (producir más con menos esfuerzo) para el capital es una amenaza existencial que debe ser contenida.

De la crisis económica a la crisis de lo colectivo: los límites de la democracia liberal

Aunque la crisis se origina en el ordenamiento económico, sus efectos se trasladan rápidamente al campo de la representatividad y de las instituciones democráticas. El desarrollo del capitalismo a escala global no puede entenderse sin su despliegue en paralelo con la democracia liberal como forma política dominante. En ese sentido, el «fin de la historia» proclamado por Fukuyama no aludía únicamente a un modelo económico, sino también a la consolidación de una forma específica de organización política que parecía no tener alternativas viables.

Precisamente por ello, quienes creemos en los valores que fundan la democracia debemos reconocer que la crisis institucional que atraviesan hoy las democracias liberales está íntimamente ligada a la crisis del modelo económico que las sostiene. Las respuestas, por tanto, no pueden pensarse de manera fragmentada: ni la economía puede reformarse al margen de la política, ni la democracia puede revitalizarse sin abordar sus condicionamientos materiales. El fin de la historia, en consecuencia, no era tal, ni en lo económico ni en lo político.

El desarrollo del ordenamiento económico y político se sustenta en una matriz de valores compartidos. Ambos sistemas parten del individuo como unidad básica, de modo que lo colectivo aparece como una agregación de voluntades individuales. En este marco no existe una idea sustantiva de bien común que deba ser perseguida, sino más bien un conjunto de normas procedimentales orientadas a permitir una adecuada agregación de prioridades individuales.

Ambos sistemas comparten, además, la igualdad formal de todos sus participantes: actores económicos y ciudadanos, respectivamente. En el ámbito económico, todos pueden participar del mercado vendiendo aquello sobre lo que tienen propiedad y comprando lo que otros ofrezcan; en el ámbito político, todos pueden participar de las decisiones colectivas, ya sea mediante el voto o a través de la iniciativa política. Esta igualdad no se concibe como igualdad de resultados —los cuales dependen de cómo los actores se despliegan libremente—, sino como igualdad en las posibilidades de participación.

La libertad se entiende fundamentalmente en su acepción negativa, es decir, como no interferencia. En consecuencia, las instituciones económicas y democráticas están diseñadas para regular con el fin de resguardar esa no interferencia, dejando escaso espacio institucional para la planificación consciente. El progreso y el bienestar aparecen así como resultados emergentes, y no como objetivos deliberadamente organizados.

Dada esta matriz compartida, resulta comprensible que las instituciones de la democracia liberal, tal como las conocemos hoy, encuentren serias dificultades para enfrentar la crisis del capitalismo descrita en la sección anterior. Las posibilidades materiales de sostener y ampliar el bienestar colectivo existen, incluso reduciendo la cantidad de trabajo necesario para producir más. Sin embargo, aprovechar ese potencial supone formas de coordinación, planificación y orientación deliberada de los procesos económicos que no se desprenden automáticamente de la mera agregación de preferencias individuales.

A pesar de compartir una misma matriz de valores, capitalismo y democracia liberal también se han desarrollado en conjunto porque expresan racionalidades distintas. Mientras en el capitalismo es la competencia entre actores individuales el principal motor que impulsa la producción y la asignación de recursos, en la democracia liberal —con el individuo igualmente como unidad básica— se construye un espacio de toma de decisiones comunes, orientado a la deliberación sobre lo colectivo. La democracia se concibe así como el ámbito en el que todos valemos por igual y en el que las decisiones se adoptan bajo el principio de igualdad política.

En ese marco, se espera además que las instituciones políticas regulen y encaucen el funcionamiento de las instituciones económicas: que establezcan reglas, márgenes y límites a la competencia, y que orienten el desarrollo económico hacia niveles aceptables de bienestar para las mayorías. Allí donde la dinámica competitiva del capitalismo deja a grupos significativos de la población en condiciones de desventaja, son las instituciones de la democracia liberal las llamadas a intervenir mediante normas y mecanismos redistributivos, con el objetivo de evitar que esas desigualdades pongan en riesgo los derechos individuales básicos y la cohesión social.

En su función de poner márgenes al capitalismo y de redistribuir para evitar la fractura social, la democracia liberal ha sido históricamente exitosa. Ello fue posible, en buena medida, porque el sistema económico logró sostener durante décadas una expansión del bienestar material que permitió compensar y corregir sus propias desigualdades. Sin embargo, cuando esa promesa comienza a erosionarse y el capitalismo entra en crisis, la democracia liberal entra también en tensión. Sus propios límites institucionales le impiden realizar el giro que el nuevo contexto exige.

Así, cuando pese a los avances tecnológicos y a la ausencia de problemas de producción no se abren caminos efectivos para que el bienestar alcance a las mayorías, se quiebra la promesa democrática de ser un espacio real de decisión colectiva orientado al interés común. La crisis económica se transforma entonces en crisis política, no por un déficit de valores democráticos, sino por la incapacidad estructural de las instituciones existentes para traducir la abundancia potencial en bienestar compartido.

Uno de los límites más evidentes de las instituciones democráticas actuales es que la promesa de que «todos valemos por igual» se ve claramente distorsionada frente a la influencia del poder económico. El financiamiento directo o indirecto de campañas, el control o manejo de grandes medios de comunicación, la capacidad de condicionar decisiones de inversión y de incidir sobre variables clave como el crecimiento, la producción o el empleo, otorgan al capital un poder de veto permanente sobre proyectos que buscan transformaciones profundas dentro de los márgenes institucionales vigentes. A diferencia de las fuerzas políticas, cuya legitimidad depende del respaldo ciudadano, el poder económico no necesita validarse democráticamente: simplemente se ejerce.

Esta asimetría se ve agravada por un desajuste de escala. Mientras las instituciones democráticas operan fundamentalmente en marcos nacionales, el poder económico se ha vuelto crecientemente transnacional. Grandes corporaciones concentran hoy una capacidad de decisión e influencia superior a la de muchos Estados, desplazando aún más la soberanía efectiva de los espacios donde se expresa la voluntad popular. La democracia liberal queda así constreñida a administrar lo posible dentro de márgenes cada vez más estrechos, reduciendo su capacidad de incidir sobre los centros reales de poder económico.

Esta combinación de desigualdad de poder y desajuste institucional vuelve a la democracia liberal estructuralmente impotente frente a la magnitud de los cambios que la crisis actual exige. El resultado no es solo un problema de gobernabilidad, sino una experiencia social de frustración, desencanto y desapego respecto de las instituciones. Cuando la acción colectiva aparece sistemáticamente bloqueada, el repliegue hacia estrategias individuales se convierte en una respuesta racional. De este modo, la crisis económica e institucional termina por incubar una subjetividad individualista que erosiona aún más las bases de lo común.

El auge de la subjetividad individualista

Seguramente todos hayamos escuchado más de una vez esta frase, reflejo del malestar extendido: «da lo mismo por quién vote, total mañana tengo que trabajar igual». Desde las izquierdas solemos responder recordando que en cada elección se juegan derechos, políticas públicas y orientaciones de gobierno.

Sin embargo, la frase encierra una intuición más profunda, que conviene tomar en serio. Leída a la luz de los límites estructurales antes descritos, expresa la percepción de que la democracia liberal no logra modificar las bases materiales que organizan la vida económica. Si, con independencia de quién gobierne, la relación entre capital y trabajo —que condiciona de manera estructural las condiciones materiales de vida— permanece sustancialmente inalterada, la promesa de que el voto permite orientar el rumbo colectivo pierde fuerza. No se trata necesariamente de apatía, sino de una experiencia de impotencia institucional que erosiona progresivamente la confianza en la acción democrática.

De este modo, en la experiencia cotidiana muchos ciudadanos perciben los límites de las instituciones actuales y constatan que su posición en la estructura económica difícilmente puede modificarse a través del ordenamiento colectivo existente. Parece cada vez más claro que existen condiciones materiales para producir mayor bienestar y abundancia —incluso con igual o menor cantidad de trabajo—, pero que los incentivos y reglas del sistema económico bloquean esa posibilidad. Al mismo tiempo, las instituciones llamadas a representar el interés general y a orientar ese potencial hacia las mayorías muestran una capacidad limitada para hacerlo. Lo que se erosiona entonces no es solo la expectativa de mejora material, sino la confianza en la democracia como herramienta efectiva de transformación. Frente a esa percepción, el repliegue hacia estrategias individuales aparece como una respuesta comprensible.

La constatación de que las instituciones actuales no logran transformar el ordenamiento económico —sumada a la ausencia de formas alternativas capaces de representar efectivamente lo colectivo— hace que el repliegue hacia estrategias individuales termine cristalizando en una subjetividad individualista y en la proyección de futuros crecientemente distópicos. Dado que la acción colectiva cada vez parece ser más ineficaz, el horizonte común se reduce.

La crisis climática es un ejemplo claro. Pese al amplio consenso científico acumulado durante décadas, nuestras instituciones no han logrado impulsar los cambios estructurales en el modelo productivo necesarios para enfrentarla con la magnitud y rapidez requeridas. La percepción de que los intereses económicos inmediatos pesan más que la supervivencia a largo plazo refuerza la idea de que el futuro será inevitablemente peor.

Algo similar ocurre en ámbitos que podrían ser oportunidades, como el acelerado desarrollo tecnológico. En ausencia de mecanismos institucionales capaces de orientar sus beneficios hacia las mayorías, los avances técnicos dejan de ser percibidos como promesa de liberación del trabajo y pasan a ser vistos como amenaza de mayor precarización y desempleo. En ambos casos, no es la falta de capacidad técnica lo que alimenta el pesimismo, sino la percepción de que esa capacidad no puede ser gobernada colectivamente.

Ante este escenario, en el que las instituciones aparecen incapaces de gobernar colectivamente tanto las crisis como las oportunidades, el fracaso de lo común comienza a percibirse como un dato estructural que anticipa un futuro peor. En ese contexto, para una parte significativa de la población la respuesta racional es reducir expectativas colectivas y procurar, al menos, que no existan trabas que impidan intentar, individualmente o junto al núcleo más cercano, enfrentar ese horizonte incierto.

Así, las instituciones democráticas dejan de ser vistas únicamente como impotentes para gestionar el cambio y comienzan a percibirse también como una carga adicional: estructuras que no solo no transforman la realidad, sino que pueden dificultar la capacidad de cada quien para valerse por sí mismo, mientras parecen reproducir sus propias élites y beneficios internos. La idea de que la política funciona como un circuito donde los únicos favorecidos parecen ser quienes participan de él —la narrativa de la «casta»— encuentra terreno fértil cuando la promesa de transformación colectiva se debilita.

Ahora bien, si esta subjetividad individualista y distópica es el resultado de un determinado ordenamiento económico e institucional, no constituye un destino inevitable. No nos encontramos ante un cambio de subjetividad irreversible, sino ante la forma en que muchas personas reaccionan cuando lo colectivo aparece bloqueado y el futuro común se vuelve inverosímil. La tarea política, entonces, consiste en no moralizar ese repliegue ni en apelar abstractamente a la solidaridad, sino en transformar las condiciones estructurales que lo producen. Es ahí donde comienzan los desafíos para las izquierdas contemporáneas.

Revalorizar lo colectivo ante la impotencia de las instituciones

Si algo ha caracterizado históricamente a las izquierdas progresistas es la convicción de que la mejor forma de ampliar las condiciones materiales de vida y las oportunidades para que cada persona desarrolle su proyecto de vida es a través de la organización colectiva de la vida en común. Esto supone una estructura social en la que los riesgos se comparten, de modo que quienes enfrentan dificultades encuentran apoyos efectivos y quienes cuentan con mayores recursos contribuyen en mayor medida a sostener el conjunto. En esa lógica, cada cual aporta según sus capacidades y recibe según sus necesidades.

En un escenario marcado por la frustración con las instituciones que representan lo colectivo y por la incubación de una creciente subjetividad individualista, el primer desafío de las izquierdas consiste en sostener la convicción y no ceder a la resignación frente a los límites de las instituciones actuales. Sin embargo, hacerlo hoy exige algo más que reafirmar principios: requiere demostrar que lo colectivo no solo es deseable en términos normativos, sino también viable en términos materiales.

Para ello, un primer paso es no negar el descrédito que pesa sobre las instituciones existentes ni las causas estructurales que lo explican. Defender los principios de lo colectivo no puede confundirse con una defensa conservadora de las instituciones actuales, muchas veces incapaces de representar adecuadamente esos principios. Pero tampoco resulta suficiente una crítica superficial que atribuya el problema únicamente a las «formas» de quienes ejercen la política o al comportamiento individual de los dirigentes. Cuando el diagnóstico se limita a señalar que el problema es que «los políticos son malos» o que bastaría con reemplazarlos por otros más virtuosos, se pierde de vista que el descrédito institucional responde también a límites estructurales del propio ordenamiento político y económico.

El problema no es simplemente quién gobierna, sino qué es lo que las instituciones permiten gobernar. Debemos distinguir con claridad entre los principios que defendemos y las instituciones que hoy deberían encarnarlos. Cuando confundimos ambas cosas en la defensa, terminamos apareciendo como guardianes de un status quo claramente insuficiente. Cuando la confusión se produce en la crítica, contribuimos —muchas veces sin quererlo— a fortalecer la subjetividad individualista y el descrédito de cualquier forma de organización colectiva.

Por otra parte, también hay que evitar el repliegue defensivo de las izquierdas: nuestra respuesta no puede limitarse al abordaje de agendas fragmentadas o al impulso de medidas para una «mejor administración del daño» en el marco de un futuro inevitablemente peor. Si no somos capaces de revertir el pesimismo sobre el futuro, buscando nuevos caminos emancipadores que  permitan soñar y pensar una sociedad mejor, terminaremos reforzando la idea de que la acción colectiva carece de sentido.

En este contexto, una tarea central para las izquierdas consiste en reconstruir las condiciones para que apostar por lo colectivo vuelva a ser una decisión racional. No basta con resistir el avance del individualismo apelando únicamente a valores morales como la empatía o la solidaridad. Debemos demostrar en la práctica que solo a través de la acción colectiva será posible enfrentar los desafíos actuales y evitar el horizonte distópico que muchos comienzan a dar por inevitable.

Recuperar el horizonte utópico

En el contexto anteriormente descrito, imaginar que en cincuenta o cien años podríamos vivir considerablemente mejor y avanzar en un camino de emancipación que ponga fin a la explotación suele aparecer como una ingenuidad o como el sueño de unos pocos optimistas. Sin embargo, reconstruir ese horizonte es hoy una tarea ineludible para las izquierdas. Si renunciamos a la posibilidad de un futuro mejor, terminaremos cediendo terreno ante las olas reaccionarias que buscan instalar la respuesta individualista como el único camino posible.

Pero en un mundo lleno de incertidumbre, donde todo parece avanzar hacia un futuro peor, ¿desde dónde reconstruir ese horizonte utópico? Esta tarea no puede convertirse en un ejercicio de voluntarismo ni de nostalgia. Debe partir del análisis de las condiciones materiales e históricas actuales y de las posibilidades que abre el propio desarrollo tecnológico.

El avance tecnológico permite vislumbrar la posibilidad de producir lo mismo o incluso más con una menor cantidad de trabajo humano, aumentando así el tiempo disponible para el ocio y la vida fuera del trabajo sin sacrificar la producción de bienes y servicios. Sin embargo, la incapacidad actual de gobernar colectivamente este cambio tecnológico hace que dicho avance aparezca más como una amenaza que como una posibilidad de emancipación. Aun así, las condiciones materiales para una mayor abundancia existen, y es desde ese punto que puede reconstruirse la idea de un futuro mejor.

Mientras más evidente se vuelve el potencial emancipador del avance tecnológico, más profunda se vuelve también la crisis de legitimidad del capitalismo y de la democracia liberal, incapaces de aprovechar ese potencial. La necesidad de generar incentivos a través de la escasez artificial, la paradoja de contar con mayores capacidades tecnológicas pero trabajos cada vez más precarios, y las recurrentes crisis económicas de valorización y generación de empleo —pero no de producción— muestran los límites del ordenamiento actual. Al mismo tiempo, abren una ventana para plantear una alternativa distinta: un proyecto que, haciéndose cargo de la realidad presente y de la impotencia institucional para aprovechar en beneficio colectivo las crecientes capacidades productivas, permita dar un salto histórico. Un salto que ya no busca simplemente administrar la escasez, sino hacer posible la abundancia.

Una condición indispensable para que ese horizonte de abundancia sea viable es hacernos cargo de la crisis climática. Solo mediante una reducción drástica de las emisiones, el abandono progresivo de los combustibles fósiles y un uso mucho más eficiente de los recursos naturales podremos sostener un planeta habitable. Y es precisamente aquí donde vuelve a aparecer con fuerza la necesidad de revalorizar los proyectos colectivos.

La crisis climática es, por definición, un problema que no puede resolverse a través de decisiones individuales aisladas. En un escenario donde cada actor enfrenta incentivos para mantener conductas que perpetúan el problema, las transformaciones necesarias difícilmente emergerán de manera espontánea. Solo mediante decisiones colectivas y formas de planificación capaces de orientar el desarrollo tecnológico y reorganizar las formas de producción será posible enfrentar esta crisis sin deteriorar las condiciones materiales de vida de las mayorías.

En ese sentido, lejos de contradecir la posibilidad de un horizonte de abundancia, la crisis climática refuerza la necesidad de construir instituciones que permitan gobernar colectivamente nuestras capacidades productivas y tecnológicas.

Por último, la reconstrucción de caminos donde lo colectivo vuelva a emerger como la vía para alcanzar mejores condiciones de vida debe hacerse teniendo en cuenta la historia. La respuesta no puede ser una nostalgia por los mal llamados «socialismos reales» ni por las formas de economía centralmente planificada que marcaron buena parte del siglo XX.

Es cierto que hoy el desarrollo tecnológico —especialmente en el ámbito de las comunicaciones y el procesamiento de información— permitiría contar con niveles de información mucho más detallados y en tiempo real para coordinar la producción y la distribución de recursos. No es casual que muchos de los proyectos tecnológicos impulsados por esas experiencias, como el Proyecto Synco en Chile, buscaran precisamente resolver ese problema: cómo contar con más y mejor información para orientar la economía. Aquello que entonces era apenas una aspiración tecnológica hoy es, en gran medida, una realidad.

Sin embargo, reconstruir nuevos horizontes emancipatorios no será posible replicando las formas institucionales que fracasaron durante el siglo XX. Ese fracaso no respondió únicamente a limitaciones tecnológicas o materiales, sino también al hecho de que, en la práctica, muchas de esas experiencias terminaron vulnerando valores y principios relevantes para la izquierda, además de no lograr consolidar sistemas políticos capaces de acompañar adecuadamente las transformaciones económicas que impulsaban.

Las fuerzas e instituciones que permitan reconstruir un horizonte colectivo no se parecerán necesariamente a aquellas que representaron las utopías del siglo pasado. Deberán ser formas nuevas, capaces de combinar el potencial tecnológico actual con principios democráticos más profundos y con formas de coordinación colectiva más abiertas y flexibles. De esas instituciones hoy solo podemos entrever algunas manifestaciones incipientes, pero su desarrollo será una de las tareas centrales de quienes buscan imaginar y construir un futuro distinto.

Nuevas formas para lo colectivo

Un primer paso para revalorizar lo colectivo consiste en revisar las formas en que hoy se organiza y se expresa la acción común para rescatar aquellas más efectivas. De esta forma podremos identificar, crear y fortalecer aquellas instituciones y prácticas que permitan coordinar esfuerzos colectivos de buena manera.

A partir de estas experiencias es posible mostrar, en los hechos, que la organización colectiva es posible y también deseable. Al mismo tiempo, ellas pueden servir como punto de partida para reconstruir horizontes utópicos realistas, imaginando caminos que permitan ampliar y masificar estas formas de cooperación y coordinación social. En distintos ámbitos comienzan a aparecer experiencias que anticipan estas formas emergentes de organización colectiva.

Uno de los espacios donde comienzan a observarse nuevas formas de organización colectiva es el de la producción colaborativa de bienes comunes digitales. Proyectos como Wikipedia, el software libre o las comunidades de desarrollo abierto muestran que es posible coordinar el trabajo de miles de personas distribuidas en todo el mundo sin recurrir a jerarquías empresariales, a incentivos de mercado tradicionales en la producción ni a la apropiación privada de lo producido.

En estos casos, la producción se organiza a partir de reglas colectivas, mecanismos abiertos de participación y sistemas de gobernanza distribuidos que permiten coordinar esfuerzos complejos a gran escala. El conocimiento generado no es apropiado de manera exclusiva por un actor privado, sino que se mantiene como un bien común al que cualquiera puede acceder, utilizar y mejorar. Estas experiencias no constituyen por sí mismas un modelo completo de organización económica. Sin embargo, permiten vislumbrar algo fundamental: que, en determinadas condiciones tecnológicas y culturales, la coordinación colectiva puede organizar procesos productivos complejos de manera eficiente.

Y aunque estos ejemplos pueden parecer todavía fenómenos de nicho, su relevancia crece rápidamente en un mundo donde los bienes de información ocupan un lugar cada vez más central en los procesos productivos. A medida que el conocimiento, los datos y los diseños digitales se vuelven componentes clave de la producción material, las formas de producción colaborativa en red comienzan a tener la capacidad de influir no solo en la esfera digital, sino también en la organización de la producción de bienes físicos.

Si estas dinámicas logran extenderse desde los bienes puramente informacionales hacia el desarrollo abierto de tecnologías que transforman procesos productivos concretos, podríamos comenzar a observar una expansión de estas formas de cooperación hacia sectores donde hoy el mercado y la empresa jerárquica siguen siendo predominantes.

Como decíamos al comienzo, el sistema actual no tiene incentivos para que quienes poseen capital invertido en la industria de neumáticos desarrollen un neumático de duración prácticamente indefinida. Una innovación de ese tipo reduciría drásticamente la demanda futura del producto, poniendo en riesgo la rentabilidad del sector. El resultado es una estructura productiva que termina siendo ineficiente desde el punto de vista social: mayores costos para los usuarios, más desechos para el planeta y una utilización subóptima de las capacidades tecnológicas disponibles.

Pero si una tecnología de ese tipo fuese desarrollada en espacios de producción abierta y puesta a disposición de manera libre, la lógica podría cambiar. En ese escenario, las empresas del sector se verían presionadas a adoptarla para mantener su competitividad en el corto plazo, incluso si en el largo plazo ello implica que la necesidad social quede rápidamente satisfecha y que la industria pierda parte de su capacidad de extraer renta de ese producto.

Una de las características que permite imaginar la expansión de estas formas de producción es que la reproducción de los bienes informacionales tiene un costo marginal cercano a cero. Una vez creado un bien de este tipo —un software, un diseño o una base de conocimiento— puede ponerse a disposición de cualquier persona sin incurrir prácticamente en costos adicionales. Sin embargo, cuando estos bienes se producen dentro de la estructura económica actual, el sistema tiende a generar escasez artificial mediante mecanismos como patentes, licencias o derechos de propiedad intelectual, con el fin de preservar rentas privadas asociadas a su uso.

Si, en cambio, estos bienes se producen en espacios de colaboración abierta —como ocurre en casos como Wikipedia o el software libre— es posible que sus beneficios se difundan ampliamente y que el potencial del cambio tecnológico contribuya a mejorar las condiciones de vida de la sociedad en su conjunto, en lugar de quedar concentrado en quienes controlan su propiedad. Si bien estas nuevas formas de organización y coordinación descentralizada muestran un potencial importante para transformar el ordenamiento económico, sigue pendiente una pregunta fundamental: cómo revalorizar la planificación y la acción colectiva en el plano de las instituciones democráticas.

Si el diagnóstico desarrollado en las secciones anteriores es correcto —esto es, que las instituciones llamadas a representar lo colectivo están siendo incapaces de ofrecer una gobernanza orientada al bien común—, resulta difícil esperar que el propio sistema económico adopte espontáneamente transformaciones que, en muchos casos, entran en tensión directa con los intereses del capital.

Por ello, la expansión de estas nuevas formas de cooperación y producción no puede pensarse al margen de una transformación política más profunda. La pregunta central pasa a ser, entonces, desde qué tipo de instituciones democráticas podríamos orientar las capacidades tecnológicas y productivas de nuestras sociedades hacia objetivos colectivos, en lugar de quedar subordinadas exclusivamente a la lógica de la rentabilidad privada.

Esta pregunta no tiene hoy una respuesta completamente clara, porque supone imaginar y construir formas de organización que aún no existen plenamente. En ese sentido, un primer paso consiste en recuperar la creatividad política y el arrojo para experimentar con nuevas formas de participación y organización desde los espacios institucionales que las izquierdas logren ocupar. Esto implica explorar mecanismos de planificación y coordinación más descentralizados, que permitan involucrar directamente a las personas en las decisiones colectivas y ampliar las capacidades de las instituciones democráticas para orientar el desarrollo económico hacia objetivos compartidos.

Por otra parte, desde los gobiernos —tanto a nivel central como local— es posible impulsar políticas orientadas a fomentar la producción de conocimiento no apropiable y a ponerlo a disposición pública. Liberar ese conocimiento puede contribuir a acelerar transformaciones productivas en sectores estratégicos, al mismo tiempo que permite la creación de ecosistemas colaborativos capaces de mejorar y ampliar continuamente esas innovaciones. El rol de las instituciones públicas no sería entonces sustituir a la sociedad en la producción de conocimiento, sino crear las condiciones para que ese conocimiento circule, se comparta y se mejore colectivamente.

Comentarios finales

La paradoja de nuestro tiempo es que vivimos en sociedades que nunca han tenido tantas capacidades tecnológicas y productivas para sostener una vida digna para todos y, sin embargo, la imaginación política parece cada vez más incapaz de proyectar un futuro mejor. Mientras las fuerzas productivas alcanzan niveles inéditos de desarrollo, las instituciones económicas y políticas que organizan nuestras sociedades muestran crecientes dificultades para traducir ese potencial en bienestar colectivo. La crisis del capitalismo y de la democracia liberal aparece así no como una crisis de producción, sino como una crisis de organización social frente a la posibilidad de la abundancia.

En ese contexto, no resulta extraño que distintas corrientes políticas estén intentando capitalizar el malestar que emerge de esta crisis. Las derechas radicales han logrado ofrecer una respuesta aparentemente simple: si las instituciones colectivas no funcionan, entonces deben ser debilitadas aún más para que no se conviertan en un obstáculo para que cada individuo busque su propio camino de salvación. El resultado es una narrativa que promete libertad individual frente a un sistema percibido como ineficaz, pero que en la práctica termina reforzando las mismas estructuras económicas que generan la crisis.

La tarea de las izquierdas no puede limitarse a defender instituciones que han demostrado límites evidentes, ni a administrar de mejor manera los costos de un futuro que se percibe como inevitablemente peor. El desafío consiste en reconstruir las condiciones que permitan volver a pensar lo colectivo como una respuesta racional frente a los problemas de nuestro tiempo y desde ahí imaginar y crear un futuro mejor. Ello implica explorar nuevas formas de cooperación, producción y gobernanza capaces de aprovechar el potencial emancipador del desarrollo tecnológico.

El futuro no está determinado. Dependerá de nuestra capacidad de imaginar y construir instituciones capaces de gobernar colectivamente las posibilidades que nuestra propia historia ha puesto por primera vez al alcance. Si el capitalismo fue un sistema que emergió como una forma de administrar la escasez y generar incentivos para combatirla, el desafío actual está en construir las instituciones que permitan transformar las crecientes capacidades productivas de nuestras sociedades en abundancia compartida.