Yamandú Orsi en un acto de campaña de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2024. (Foto: AP / Natacha Pisarenko).
Nuestro tiempo histórico está impregnado por la sensación compartida de que estamos viviendo una profunda crisis. La palabra «crisis» parece incluso definir nuestra época, es la protagonista infaltable de todas sus caracterizaciones: crisis civilizatoria, planetaria, sistémica, multidimensional. Algunos autores utilizan el término «policrisis» para alertar sobre su carácter múltiple y ubicuo. Y es que, donde sea que miremos, los signos de estancamiento económico, agotamiento psíquico y colapso ecológico abundan.
Existe una sensación generalizada de que todo se acaba, se desmorona o está a punto de estallar. Una sensación de que los frágiles soportes que todavía daban un mínimo de estabilidad están saltando por los aires, a punto de hacer realidad las distopías futuristas de violencia, autoritarismo, depredación ambiental, vigilancia tecnológica y guerra por la supervivencia que abundan en las plataformas de series y películas.
Resulta muy difícil subestimar los factores objetivos que sostienen esta sensación compartida. Pensemos en cómo era el mundo hace unos diez o quince años: sin dudas, era un mundo injusto y desigual, sostenido por estructuras de dominación y explotación, que además ya incubaba muchas de las tensiones actuales. Pero también es cierto que era un mundo menos oscuro y apocalíptico que este. Si nos guiamos por cómo se han ido dando los acontecimientos en los últimos años, es razonable suponer —con una mezcla de miedo y resignación— que las cosas se pondrán cada vez más difíciles, más hostiles, más violentas.
Así, nuestras coordenadas históricas son la crisis civilizatoria, el agotamiento, el malestar generalizado y el futuro percibido como amenaza, todo ello agravado por una gran desorientación e impotencia política acerca de cómo revertir esta situación. En otras palabras, la crisis sistémica del capitalismo coincide con una profunda crisis programática de la izquierda, que está muy lejos de ofrecer alternativas sociales realistas frente a la autodestrucción capitalista. Es una situación en gran medida desesperante: todos sabemos que esto no funciona, pero no existe una alternativa que permita desafiar el poder suicida de las élites ni imaginar un cambio de dirección.
En el centro de esta crisis multidimensional está la lenta y conflictiva descomposición del modelo de acumulación económica y dominación política asumido por el capitalismo global desde la década de 1980, que simplificadamente hemos conocido con el nombre de neoliberalismo. La crisis financiera global de 2008 fue el primer aviso contundente acerca de la insostenibilidad del régimen neoliberal. Luego comenzaron a aparecer las extremas derechas nacionalistas, que reaccionaron contra la globalización, el multiculturalismo y la disolución identitaria. Más tarde, la pandemia desnudó la fragilidad de las infraestructuras públicas nacionales para hacer frente a la emergencia, tras cuarenta años de ajuste del gasto y ofensiva contra lo público.
Los sucesos de los últimos años, desde la guerra en Ucrania hasta la de Irán, pasando por el ataque a Venezuela, el genocidio en Palestina o el endurecimiento de la política exterior de Trump sobre América Latina, muestran que las potencias pueden ver con buenos ojos un nuevo escenario geopolítico que compartimente el mapa y permita a cada una concentrarse en sus áreas de influencia, aplicar políticas proteccionistas y dar marcha atrás con la globalización neoliberal.
Si hoy seguimos diciendo que nuestro mundo es «neoliberal», es porque el nuevo ciclo histórico que se está abriendo aún no tiene nombre ni forma definida. El mundo de hoy se parece muy poco al de los ochenta, los noventa o los primeros dos mil. Como proyecto hegemónico capaz de generar adhesión social, el neoliberalismo es hoy un muerto viviente, que solo sobrevive intensificando el autoritarismo y la represión sin que exista aún un nuevo patrón de acumulación y estabilización capitalista. Así las cosas, no debería sorprender que en los análisis de coyuntura abunden las referencias a la crisis, a la inestabilidad sistémica y a la idea de que estamos atravesando un período de transición, el ya famoso «interregno» en el que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, según la archicitada frase de Gramsci.
En este interregno, en muchos países de Occidente, mientras el régimen neoliberal sigue descomponiéndose, el escenario político-electoral es protagonizado por las dos expresiones que surgieron como respuestas a la crisis y el fracaso del neoliberalismo: el progresismo (primero) y la extrema derecha (después). Ambos bloques confrontan en escenarios cambiantes, alternando triunfos y derrotas electorales, generando oleadas y contraoleadas breves, sin que se afirme una tendencia clara. En otras palabras, ni se vislumbra un nuevo ciclo progresista, ni la reacción de ultraderecha logra consolidar todavía un ciclo hegemónico propio.
No obstante, la perspectiva de mediano plazo muestra un cuadro de polarización asimétrica, es decir, una situación en la que el campo de la extrema derecha aparece desinhibido y radicalizado y el campo progresista, moderado e impotente. Es evidente que la iniciativa política la tiene la ultraderecha, mientras el progresismo sobrevive en una posición defensiva, inercial y cada vez más deslegitimada, siendo incapaz de interpelar a las mayorías sociales (una forma elegante de decir que —salvo chispazos aún inciertos, como el de Zohran Mamdani en Nueva York— ya no entusiasma mucho a nadie).
Al mismo tiempo, la crisis del régimen neoliberal está produciendo una mutación en los modos de dominación política capitalista en la que el Estado exhibe un rol cada vez más prominente. Sumado al ascenso de la extrema derecha, el resultado es una tendencia hacia la «repolitización autoritaria de la lucha de clases». Dicho de otra manera, si la dominación neoliberal consiste en la imposición de la «disciplina de mercado» —es decir, en hacer de la competencia la norma disciplinaria a la que deben ajustarse todos los actores económicos—, los fenómenos políticos comandados por la ultraderecha muestran una intensa intervención estatal orientada a la gestión autoritaria del conflicto social y el control de la población, recurriendo con frecuencia a la represión y la exclusión de amplias capas de las clases populares.
La política de encarcelamiento masivo promocionada por Bukele en El Salvador, la reivindicación de la vigilancia y la represión de la protesta social en la Argentina de Milei y Bullrich, y, más recientemente, los operativos de captura de migrantes llevados a cabo por el ICE de Trump en Minnesota son ejemplos de esta tendencia a la repolitización autoritaria de la lucha de clases ejecutada desde el Estado. Pero dicha tendencia va más allá del autoritarismo estatal: la reacción ultraderechista ha producido, además, una repolitización agresiva de la discusión política y el debate público, con el objetivo explícito de disputar el sentido común y correrlo tan a la derecha como sea posible.
Para ello se vale de una estrategia de guerras culturales permanentes. La apuesta es contar con núcleos duros de agitadores digitales, ideológicamente cohesionados y organizados, que movilizan los flujos de opinión a través de fake news, de un lenguaje extremadamente agresivo, de operativos periódicos de humillación y de cierto goce en el ejercicio de la crueldad. Su objetivo es no dejar ningún tema sin una interpretación conservadora o reaccionaria disponible. Cambio climático, género, feminismo, diversidad sexual, aborto, migraciones, inseguridad, el rol del estado y los trabajadores públicos, tecnología, impuestos, desigualdad social, conflictos internacionales… todo ello es abordado desde posiciones abiertamente reaccionarias, cargadas de racismo, misoginia, homofobia, culto al dinero y a los ricos, y fascinación por la violencia.
Así, la extrema derecha se propone producir y propagar posiciones ideológicas fuertes sobre todos los temas, cuyo alto nivel de circulación las va normalizando. La tan diagnosticada «derechización del sentido común» (abierta pero innegable) es, en parte, la consecuencia buscada de este trabajo ideológico. Si hoy comprobamos que las discusiones políticas son más tensas, que las redes sociales son un lugar cada vez más tóxico, que el progresismo es objeto de burla y que asistimos a un verdadero brote de libertarianismo y conservadurismo juvenil, es justamente porque la extrema derecha está llevando a cabo un intenso trabajo de repolitización reaccionaria de la vida cotidiana.
A su vez, la radicalización ideológica y el discurso inflamado de la extrema derecha tienen una relación paradójica pero coherente con la crisis hegemónica del neoliberalismo. Es evidente que neoliberales y ultraderechistas tienen muchas más afinidades de las que suelen admitir (en varios países incluso forman alianzas político-electorales duraderas). Las zonas de superposición quedan al descubierto si miramos el ascenso de la ultraderecha: en la mayoría de los casos, su avance no representa una ruptura con las políticas neoliberales, sino que encarna un neoliberalismo extremo, oscuro y enojado, del que Milei es la versión caricaturesca.
Pero esto no tiene nada de raro. La crisis hegemónica del neoliberalismo no implica la desaparición del modelo, sino la suspensión de su capacidad de concitar un consenso posideológico global, de constituir el fondo invisible y «neutro» sobre el que discurrían la política y la economía. Es precisamente por esa razón, ante ese terreno perdido, que el neoliberalismo se vuelve más explícito, beligerante y agresivo. Adopta la forma de un partisano combativo, un troll de redes sociales, un multimillonario haciendo el saludo fascista. Así, la radicalización y la beligerancia de estas nuevas cepas de neoliberalismo, que encuentran en las formaciones de extrema derecha portavoces renovados y desinhibidos, son en realidad un síntoma de su crisis hegemónica.
Sin embargo, tras esta aparente estabilidad política asoman signos de crisis social, reflejados en la lenta y sostenida degradación de las condiciones materiales de vida de amplios sectores de la población. Aunque relativamente bajas en comparación con otros países de América Latina, la desigualdad socioeconómica, la pobreza infantil y la fragmentación socioterritorial ya son una parte sólida del paisaje social uruguayo.
En Montevideo hay mucha gente viviendo en la calle, una escena urbana que choca de frente con el relato del país progresista e igualitario. Además, las condiciones laborales son cada vez más hostiles y precarias: más del 30% de los asalariados en Uruguay gana menos de $25.000 mensuales (unos 650 dólares), en uno de los países con costos de vida más altos del mundo. Los precios de los alquileres se llevan la mayor parte de los ingresos mensuales, y la vivienda propia es un lujo crecientemente inaccesible. En definitiva, la posibilidad de sostener una vida mínimamente estable y digna es cada vez menos una aspiración general y cada vez más un privilegio de clase.
Pero quizá más que en los indicadores duros, la crisis se percibe en la textura de la vida cotidiana. Otra vez, la cantidad de personas en situación de calle es la imagen más impactante; pero, en un sentido menos visible, también los espacios públicos y la convivencia en la ciudad están erosionados. Las plataformas digitales profundizan el aislamiento y la ansiedad mientras atrofian las capacidades de sociabilidad y drenan la energía necesaria para los encuentros presenciales. El «mejor me quedo en casa», lejos de terminar junto con la pandemia, se instaló como modo de vida. Las compras por internet, las aplicaciones de delivery, la violencia en las calles y la presencia del narco en algunos barrios empobrecen la experiencia de la ciudad y la van vaciando. Salir cuesta cada vez más. Es que la vida afuera está difícil.
Mientras tanto, la crisis de la salud mental, cuyo vínculo con la degradación de la vida material y social es evidente, ya no refiere solo a la altísima tasa de suicidio de Uruguay, que duplica el promedio de los demás países latinoamericanos. La ansiedad, la depresión y los nombres de los psicofármacos ya son parte del lenguaje popular de esta época. Nos vamos acostumbrando al hecho de que, para mucha gente, la vida está siendo muy difícil de aguantar.
En esta situación de precarización social, no sorprende que se registre cierto aumento de la desafección política, expresado en estados de descreimiento, apatía y proliferación de discursos antipolítica. Aunque probablemente sigue siendo valorada en su institucionalidad formal (partidos, elecciones, alternancia pacífica, etc.), la democracia aparece cada vez más como una palabra vacía que se autoelogia mucho más de lo que efectivamente garantiza o resuelve. En medio de este estado de ánimo colectivo, y de profundizarse esta tendencia, muchas personas probablemente terminen llegando a la conclusión de que ni los rituales democráticos, ni los políticos, ni el Estado, sirven para resolver sus problemas y mejorar sus condiciones de vida.
Esto debería ser un motivo de preocupación, porque la decepción y el enojo ante las promesas incumplidas de la democracia han demostrado ser el caldo de cultivo para que las soluciones autoritarias prometidas por la extrema derecha se vuelvan una opción razonable. En otras palabras, cuando la retórica autocomplaciente de la democracia, el estado y los derechos convive con una experiencia cotidiana de desprotección y desigualdad, se vuelve un gesto hipócrita, una tomadura de pelo. La extrema derecha toca una verdad cuando denuncia la hipocresía y el vaciamiento de la democracia liberal. A fin de cuentas, el razonamiento que habilita es: si la democracia no sirve para vivir bien, ¿qué sentido tiene sostenerla?
A un año de haber asumido, el nuevo gobierno del FA está mostrando ser el más centrista y conservador de todo el ciclo progresista uruguayo. Y nadie puede darse por sorprendido: el FA basó su campaña electoral en el valor de la transparencia, en el eslogan de «la revolución de las cosas simples», que ya disipaba cualquier expectativa de cambio estructural, y en la confirmación del propio candidato Yamandú Orsi de que no había intención de cambiar demasiado el rumbo económico impuesto por el anterior gobierno neoliberal de Luis Lacalle Pou.
Hace años que la estrategia político-electoral de la dirigencia del FA es despolitizar y desideologizar la discusión pública, evitando los temas que puedan generar conflicto y ofreciendo sus capacidades de gestión adquiridas durante sus experiencias de gobierno. Esto implica bajar al mínimo las expectativas de transformación social entre los votantes de izquierda y presentarse como una opción razonable y confiable para el electorado despolitizado, preocupado por la gestión y reticente a las discusiones ideológicas.
El actual presidente, Yamandú Orsi, es la versión extrema de este corrimiento al centro del Frente Amplio. Impulsado como candidato presidencial por su capacidad de mediación en las diferencias y su buen relacionamiento con todo el arco político, Orsi proyecta la imagen de un dirigente campechano, inofensivo, que no le puede caer mal a nadie. Al punto de que su alergia a la confrontación, sus declaraciones vacías de contenido y su tendencia a la complacencia extrema ya son un chiste habitual en los asados. Mientras tanto, esa imagen inofensiva le permite amortiguar las posiciones conservadoras adoptadas por el gobierno frenteamplista (como su negativa a definir como «genocidio» lo que hizo Israel en Gaza o su rechazo inmediato a la propuesta del movimiento sindical de gravar con un impuesto del 1% de su patrimonio al 1% más rico del país para combatir la pobreza infantil).
Además, la presidencia de Orsi expresa otra de las corrientes subterráneas que explican el largo proceso de corrimiento al centro del FA: una alianza de hecho entre el nacionalismo popular del Movimiento de Participación Popular (MPP), bendecido por la mística de Mujica, y los sectores históricamente más moderados del FA, identificados con la figura de Danilo Astori. Se trata de una alianza muy desbalanceada en favor del MPP, que es mucho más grande, y que, en los hechos, prácticamente ha absorbido al astorismo. Este acercamiento, que produce grandes confusiones ideológicas, está quedando de manifiesto en el gobierno actual.
Pese a que en los últimos años el MPP ha sostenido posiciones moderadas o conservadoras en las discusiones internas del FA, todavía conserva una asociación con la épica tupamara y cultiva una política de cercanía territorial. De este modo, Orsi aprovecha ese capital político de épica y cercanía con lo popular, heredado de Mujica y el MPP, al tiempo que profundiza la orientación centrista y pragmática del progresismo (por ejemplo, conformando un gabinete de perfil técnico, cuya principal figura es el ministro de Economía Gabriel Oddone, un economista neoclásico defensor de la economía de mercado y las reformas pro competitividad).
A grandes rasgos, esta fue la receta que siguió el Frente Amplio durante los últimos diez años, marcados por la larga crisis del progresismo latinoamericano. Llegados a este punto, alguien podría decir: «bueno, tan mal no le ha ido…». Y, en parte, tendría razón. Hay buenas razones para pensar que, gracias a esta estrategia, el FA ha logrado estirar el ciclo progresista en Uruguay, en tiempos en los que la crisis capitalista global y la descomposición del orden liberal propician el desembarco de líderes mesiánicos de extrema derecha. Desde un punto de vista histórico, este es, sin dudas, un logro admirable.
Sin embargo, es igualmente cierto que el proyecto progresista uruguayo está agotado hace demasiado tiempo. Y muchos de quienes lo defienden, lo votan o incluso lo integran, en el fondo, lo saben. Se mantiene en una condición inercial, sin dudas preferible a opciones neoliberales o de ultraderecha, pero sin la mínima capacidad ni intención de liderar una ofensiva de transformaciones estructurales. Es un problema de difícil solución, porque la permanencia del FA en el gobierno bloquea el regreso de la derecha, pero al mismo tiempo produce un vago espejismo de que todo sigue en pie, bloqueando la necesidad de procesar el agotamiento del progresismo y superarlo.
Hablando de superarlo, en Uruguay la sobrevida del progresismo no se debe solamente a la capacidad adaptativa y la cohesión política del FA, sino también a la impotencia política y la debilidad organizativa de la izquierda no progresista. Hasta ahora, la izquierda no progresista ha preferido o bien ocupar el lugar de la conciencia crítica del progresismo, señalando con desencanto y amargura su moderación ideológica y sus concesiones al capital, o bien el de un radicalismo cínico que mira con superioridad la ingenuidad o la hipocresía de quienes «siguen creyendo». Ambas son formas de disimular el mismo problema: la falta de un horizonte político propio, la incapacidad de crear una alternativa posible y deseable que invite a una vida mejor. La crítica al progresismo protege a la izquierda de quedar frente a su propia intemperie.
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