En un hemisferio donde los gobiernos de derecha se alinean cada vez más con las prioridades estadounidenses, Colombia, bajo el giro a la izquierda de Petro, aparece como la pieza faltante. (Joaquín Sarmiento / AFP vía Getty Images)
Para muchos observadores externos, Colombia sigue atrapada en la estética de Narcos de Netflix: un país suspendido entre carteles y guerra de guerrillas, con agentes de la DEA y la CIA merodeando como fatigados custodios del orden, salvando a los colombianos de sí mismos… tal es el guion. Este encuadre reduce la violencia política a patología criminal, y la intervención imperial, a gestión benévola de la seguridad. Como la mayoría de los estereotipos duraderos, sin embargo, alberga una pizca de verdad: durante largo tiempo, Colombia ha sido tanto teatro de conflicto interno como puesto estratégico dentro del radio hemisférico de Washington.
En los últimos años, no obstante, Colombia comenzó a proyectar una presencia marcadamente diferente en el escenario global. Considérese la escena: un presidente en ejercicio, Gustavo Petro, de pie en Central Park junto a Roger Waters, llamando a desobedecer las directrices militares de Estados Unidos; organizando en Bogotá la Internacional Progresista y el Grupo de La Haya; rompiendo de manera decisiva los lazos diplomáticos y comerciales con Israel; y posicionando a su gobierno entre los críticos estatales más abiertos al genocidio contra el pueblo palestino.
La tensión entre estas dos representaciones —cada una destilando un significado distinto de los conflictos políticos y las aspiraciones de Colombia— existe hace mucho tiempo, pero rara vez con una visibilidad tan cruda. Mientras la administración Trump redefine su expansión militarizada por las Américas como una cruzada antinarcóticos —que ha visto caer misiles indiscriminadamente sobre modestas embarcaciones a lo largo de las costas sudamericanas—, el gobierno de Gustavo Petro ofrece un relato marcadamente disonante. Como declaró el presidente colombiano ante Naciones Unidas en septiembre de 2025: «Los narcotraficantes viven en Miami, Nueva York, París, Madrid y Dubái. Muchos tienen ojos azules y pelo rubio, y no viven en las lanchas donde caen los misiles. Los narcotraficantes viven al lado de la casa de Trump».
La dinámica de estos vectores opuestos define el presente de Colombia y, de hecho, buena parte de su futuro democrático. Al tiempo que Estados Unidos afina su mirada estratégica sobre América Latina, buscando reafirmar el control hemisférico bajo lo que se ha dado en llamar la «Doctrina Donroe», Colombia (durante largo tiempo uno de los aliados más fiables de Washington) se encuentra en medio de una reconfiguración política que aspira a expandir los límites de su propia soberanía. En toda la región, sin embargo, la deriva predominante va en dirección opuesta. El ánimo político se ha endurecido decididamente hacia la derecha: desde el autoritarismo libertario de Javier Milei en Argentina hasta el atractivo punitivo de Nayib Bukele en El Salvador, pasando por el resurgimiento reaccionario encarnado por José Antonio Kast en Chile.
Con las elecciones presidenciales de mayo de 2026 acercándose cada vez más, Colombia se halla en una encrucijada decisiva. De un lado, un bloque reaccionario resurgente busca reimpulsar un paradigma de seguridad reminiscente del Plan Colombia (2000-2015), abogando por el regreso de las botas estadounidenses sobre el terreno como garantes del orden. Del otro, un proyecto progresista —cristalizado ahora en torno a la candidatura de Iván Cepeda— aspira a profundizar la transformación nacional iniciada bajo Petro, mientras favorece, en el plano internacional, un orden más multipolar y un proyecto de integración latinoamericana renovado y asertivo, en un clima regional excepcionalmente hostil.
Sin embargo, tal estabilidad ocultaba un paisaje menos fecundo. La vida pública transcurría bajo las sombras superpuestas de una profunda desigualdad social, insurgencia guerrillera, violencia paramilitar, narcotráfico y el alcance desigual de la autoridad estatal. En vastas extensiones del país, la democracia existía menos como una experiencia vivida que como una reivindicación formal, mientras la coerción y la violencia estrechaban los horizontes de la participación y consolidaban el dominio perdurable de las élites políticas y económicas tradicionales.
Los esfuerzos por poner fin al largo ciclo de violencia colombiano mediante una salida política surgieron en diferentes momentos (desde La Uribe en los años ochenta hasta El Caguán a principios del milenio). Cada uno de ellos planteó brevemente la posibilidad de una solución negociada. Sin embargo, todos fracasaron, deshechos por la desconfianza y la obstinada presencia de actores con interés en la continuación de la guerra. Particularmente, el fracaso de Caguán marcó un punto de inflexión decisivo.
Encabezada por Álvaro Uribe, la política colombiana se endureció en torno a un proyecto de ley y orden que dominó la escena nacional durante casi una década. Un poderoso movimiento de extrema derecha se cohesionó en torno a promesas de seguridad, relegando a las fuerzas progresistas a los márgenes. Bajo su égida, el Estado expandió el control militar y paramilitar, mientras los movimientos sociales se vieron cada vez más expuestos a la vigilancia, persecución y violencia. La democracia colombiana perduró en su forma, pero su vida política adquirió matices inequívocamente restrictivos y punitivos.
Y sin embargo, este modelo también generó su propio agotamiento. El peso acumulado de la desigualdad y la participación restringida revivió gradualmente el atractivo de la paz negociada. El acuerdo de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC, por desigual que fuera su implementación, ayudó a reconfigurar el campo político. Al desplazar parcialmente la confrontación armada del debate nacional, hizo visible una pluralidad política que había permanecido largamente sumergida bajo los imperativos de la guerra.
Esa reconfiguración encontró expresión en un poderoso ciclo de movilización social. Las protestas nacionales de 2019 y 2021 sacaron a millones de personas a las calles, articulando un amplio malestar social contra la desigualdad, la corrupción y la violencia policial. Los efectos de esta apertura se hicieron visibles en el ámbito electoral. Durante décadas, la política colombiana había estado dominada por una constelación de centroderecha y derecha cuyas rivalidades internas rara vez perturbaban el dominio de las élites.
Pero ese equilibrio se rompió en 2022. La victoria de Gustavo Petro, al frente del Pacto Histórico, fue un verdadero hito. Por primera vez en la trayectoria democrática moderna del país, un candidato de izquierda alcanzó la presidencia a través de las urnas. La victoria de Petro abrió el Estado a nuevos actores y nuevas demandas. No desmanteló, sin embargo, las densas estructuras de privilegio, coerción y veto institucional a través de las cuales opera el poder tradicional.
La coalición progresista aseguró el ejecutivo en 2022 sin contar con una mayoría estable en el Congreso. Con apenas una cuarta parte del Senado y solo alianzas frágiles y cambiantes, la agenda gubernamental encontró inmediata resistencia. Los intentos iniciales de estabilizar este terreno asignando ministerios clave a partidos de centroderecha —un esfuerzo por asegurar respaldo legislativo mediante la construcción de coaliciones— resultaron en gran medida ineficaces. En lugar de consolidar apoyo, la estrategia expuso los límites de la política transaccional en un entorno cada vez más confrontativo, con sectores aliados que se retiraban u obstruían las reformas en momentos decisivos.
Esta confrontación se hizo más visible a través de las reformas emblemáticas del gobierno, cada una trazando, mediante el éxito, la dilución o el colapso, los límites exteriores de lo que podía lograrse sin control legislativo. La reforma de la salud, quizás la más ambiciosa de las iniciativas gubernamentales, fue finalmente paralizada y archivada. Diseñada para reducir el papel de los aseguradores privados y fortalecer la coordinación pública, enfrentó una oposición sostenida por parte de intereses sectoriales arraigados y una legislatura reacia a ceder terreno en un sistema profundamente incrustado en intereses económicos privados y redes políticas.
La reforma pensional siguió una trayectoria diferente. A pesar de la feroz oposición, el gobierno aseguró la aprobación legislativa para una reestructuración que fortaleció el pilar público, amplió la cobertura y abordó desigualdades de larga data. Pese a aquello, los desafíos legales de la Corte Constitucional subrayaron la naturaleza condicionada del éxito legislativo: las victorias gubernamentales siguen sujetas a un arbitraje judicial continuo.
La reforma laboral reveló las dinámicas del compromiso bajo presión. Concebida inicialmente como un esfuerzo de gran alcance para expandir las protecciones a los trabajadores y abordar la precariedad en la economía de plataformas, la reforma fue sustancialmente diluida. Una versión más modesta se aprobó en 2025, introduciendo mayores pagos por horas extra y ampliando las contribuciones a la seguridad social para los trabajadores de plataformas. Limitada como fue, la reforma demostró la viabilidad del cambio redistributivo.
Más allá del ámbito legislativo, el gobierno avanzó una agenda de reforma agraria históricamente significativa. La Agencia Nacional de Tierras ha adquirido más de 700.000 hectáreas para redistribuir —aproximadamente diez veces más que las adquisiciones combinadas de las dos administraciones anteriores. Cerca de dos millones de hectáreas se han formalizado mediante titulación, y se han establecido veinte nuevas Zonas de Reserva Campesina. Para las comunidades indígenas y afrocolombianas, el gobierno ha constituido 133 nuevos resguardos y titulado 105 territorios colectivos. No son logros marginales: atacan el corazón de la estructura de desigualdad más arraigada de Colombia.
En el frente económico y social, el historial del gobierno supera sus luchas legislativas. El crecimiento se estabilizó después de la desaceleración pospandemia, con un PIB que se proyecta a una recuperación del 2,5 o 2,6% en 2025. La tasa de desempleo cayó a un promedio anual de alrededor del 8,9% en 2025, uno de los niveles más bajos en los últimos años, mientras que la pobreza disminuyó al 31,8% en 2024, el nivel más bajo desde que se tienen registros comparables. Solo en 2024, 1,27 millones de colombianos salieron de la pobreza; en los dos años hasta 2024, la tasa cayó casi cinco puntos porcentuales. La pobreza extrema también retrocedió, del 12,6% al 11,7%. A su vez, la clase media se expandió 2,5 puntos porcentuales en 2024, alcanzando el 34,4% de la población. El aumento sostenido del salario mínimo, incluido un incremento del 23,7% decretado para 2026 y actualmente bajo revisión judicial, ha contribuido a fortalecer la demanda interna entre los sectores de menores ingresos, haciéndose eco de dinámicas observadas en México.
Políticamente, el gobierno ha navegado estas restricciones con un grado de resiliencia que sus reveses legislativos podrían ocultar. Los niveles de aprobación se han mantenido relativamente estables a medida que la administración se acerca al final de su mandato, y el campo progresista entra al ciclo electoral de 2026 con el bloque legislativo más grande y un candidato presidencial líder, lo que sugiere su capacidad de continuidad. Sin embargo, los obstáculos a la gobernabilidad no han retrocedido. Si acaso, se han vuelto más nítidos, resaltando la seguridad como principal falencia del progresismo en Colombia.
Las primarias revelaron un campo político endureciéndose en polos. A la izquierda, Iván Cepeda emergió como el abanderado de facto del campo progresista. Veterano defensor de derechos humanos e hijo de Manuel Cepeda Vargas (senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994 por agentes del Estado colombiano en colaboración con grupos paramilitares), Cepeda ha pasado décadas investigando los vínculos paramilitares con políticos, particularmente centrados en la figura de Álvaro Uribe. Cuando facciones conservadoras del Consejo Nacional Electoral intentaron descalificarlo de la papeleta de las primarias, la decisión fue ampliamente interpretada como un intento de fracturar a la izquierda antes de que pudiera cohesionarse. En cambio, desmovilizó la participación en las primarias de izquierda, debilitó a los candidatos alternativos y dejó a Cepeda como la figura indiscutible del bloque progresista.
A la derecha, Paloma Valencia aseguró una victoria decisiva en la Gran Consulta bajo la bandera de Uribe. No obstante, su ambición se extiende mucho más allá de la base tradicional de extrema derecha. Valencia está cortejando activamente a sectores de centroderecha, presentándose como la candidata unificadora capaz de absorber a la derecha moderada antes de la primera vuelta. Su estrategia es clara: consolidar el espectro conservador mientras neutraliza la insurgencia de extrema derecha de Abelardo de la Espriella, una turbia figura al estilo Bukele que permaneció fuera de la coalición primarista.
Lo que fue el centro ha implosionado, dejando tras de sí una formación hueca con una coherencia ideológica disminuida. El Partido Verde y sus aliados, durante mucho tiempo autoproclamados árbitros de la moderación, ofrecieron un desempeño presidencial débil y sufrieron fuertes pérdidas legislativas. Figuras de todo el espectro interno del partido —ya sea alineadas con el gobierno o más cercanas a la oposición— perdieron sus escaños.
Si el campo presidencial se ha simplificado, el terreno legislativo no. El Pacto Histórico aumentó su representación en el Senado de veinte a veinticinco escaños, el mejor desempeño parlamentario jamás logrado por la izquierda colombiana. Sin embargo, estas ganancias fueron compensadas por pérdidas entre los aliados potenciales, particularmente dentro de los partidos Verde y Liberal. A la derecha, el Centro Democrático expandió su presencia, convirtiéndose en la segunda fuerza legislativa, absorbiendo en gran medida escaños del Partido Conservador y Cambio Radical. A nivel agregado, el equilibrio de fuerzas se asemeja al de 2022.
Para Cepeda, esto significa heredar las mismas restricciones que obstaculizaron a Petro pero dentro de un Congreso donde incluso los aliados potenciales se han debilitado. Para Valencia —o, si ella flaquea, De la Espriella— significa heredar un bloque derechista más unificado, pero consolidado a expensas de las redes clientelistas que históricamente facilitaron la gestión legislativa.
En su punto máximo, esta cooperación se extendió a través de una red de instalaciones colombianas a las que se concedió acceso a las fuerzas estadounidenses. Acuerdos a finales de los años 2000 abrieron al menos siete bases militares, incluidos los centros aéreos estratégicos de Palanquero y Apiay. A través de esta arquitectura, las agencias estadounidenses se entretejieron en el tejido operativo del estado colombiano, moldeando tanto la capacidad militar como la doctrina estratégica a través de la cual se entendía la seguridad.
Las consecuencias han sido ampliamente documentadas. La expansión de la capacidad militar coincidió con la proliferación de redes paramilitares, la intensificación del control territorial y graves violaciones de derechos humanos. Entre 2002 y 2008, más de 6402 civiles fueron asesinados en las llamadas operaciones de «falsos positivos»: jóvenes ejecutados y presentados como guerrilleros para inflar las estadísticas de combate, a menudo en un contexto donde la supervisión estadounidense resultó permisiva.
En el mismo período, más de cuatro millones de colombianos fueron desplazados internamente, mientras que los grupos paramilitares fueron responsables de la mayoría de las muertes de civiles. En muchas regiones, esta violencia se desarrolló junto a la expansión de proyectos agroindustriales y extractivos, con actores paramilitares operando de manera alineada con los intereses tanto de empresas nacionales como extranjeras. El reciente fallo contra Chiquita Brands por financiar a paramilitares es solo una gota en el océano.
Con el respaldo estadounidense, además, las redes militares y paramilitares colombianas también se proyectaron hacia el exterior, enredando al país en operaciones mercenarias, desde el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moïse hasta la presencia de colombianos entre los contingentes más grandes de combatientes extranjeros en Ucrania. Recientemente, se han identificado más de 10.000 mercenarios colombianos operando en todo el mundo.
Estas dinámicas tuvieron efectos políticos de gran alcance a nivel nacional. Reconfiguraron los términos a través de los cuales los problemas políticos se volvían inteligibles. La desigualdad, el despojo rural y la exclusión política —cuestiones que en otros lugares podrían enmarcarse como asuntos de justicia social— llegaron a abordarse a través de un lente de seguridad, estrechando el espacio para soluciones políticas y reforzando la centralidad de las respuestas coercitivas.
El acuerdo de paz de 2016 logró, al menos en parte, desplazar este paradigma. Al poner en primer plano el desarrollo territorial y la solución negociada, intentó reorientar al estado lejos de una lógica puramente militarizada. Sin embargo, las infraestructuras de seguridad no se desmantelan fácilmente. En muchas regiones, la retirada de las fuerzas guerrilleras no produjo desmilitarización, sino una reconfiguración de los actores armados que disputaban el control sobre el territorio recientemente disponible.
Es en este contexto que los recientes desarrollos geopolíticos adquieren una importancia particular. Bajo la renovada estrategia hemisférica de Trump, América Latina vuelve a ser concebida como un teatro privilegiado de intervención en materia de seguridad. El lenguaje ha cambiado, de contrainsurgencia a guerra anticártel, pero el impulso subyacente sigue siendo familiar: asegurar el hemisferio mediante la integración de inteligencia, el apalancamiento militar y la construcción selectiva de alianzas en torno a proyectos macroextractivistas liderados por empresas estadounidenses.
Este renovado interés no es casual. La posición geopolítica de Colombia la ha hecho durante mucho tiempo indispensable: un pivote territorial entre Centro y Sudamérica, con acceso privilegiado tanto al Pacífico como al Caribe, y un pilar fundador de la Alianza del Pacífico (un bloque a través del cual Washington ha proyectado históricamente sus intereses económicos y estratégicos en toda la región). En un hemisferio donde los gobiernos de derecha se alinean cada vez más con las prioridades estadounidenses, Colombia, bajo el giro a la izquierda de Petro, aparece como la pieza faltante.
Si la próxima elección presidencial es ganada por la derecha, ya sea a través de Valencia o De la Espriella, Colombia probablemente será testigo de una revitalización de su alineación militar con Estados Unidos. Un ejecutivo de derecha reabriría la puerta para que las agencias de seguridad nacional estadounidenses restablezcan una presencia permanente en suelo colombiano. Lo que seguiría es familiar: la expansión de los derechos de base, la reactivación de operaciones conjuntas antinarcóticos y la progresiva securitización del conflicto social. El espacio democrático se contraería a medida que los movimientos opositores, líderes comunitarios y sectores progresistas enfrenten una renovada vigilancia, criminalización y el aparato represivo de un estado cada vez más orientado al control territorial. Bajo esta arquitectura de seguridad, los intereses económicos estratégicos de Estados Unidos encontrarían condiciones favorables para su expansión, replicando un modelo ya visible en Ecuador, donde la militarización y la consolidación corporativa avanzan de la mano.
Por el contrario, si Cepeda asegura la presidencia, heredaría un panorama político definido por una contestación implacable tanto a nivel nacional como regional. La experiencia del gobierno de Petro ya ha demostrado la capacidad de las élites arraigadas —empleando obstrucción legislativa, intervención judicial y guerra mediática— para restringir a cualquier administración percibida como una amenaza para los intereses establecidos. Para Cepeda, es probable que estas dinámicas se intensifiquen.
Petro ha estado envuelto en procesos judiciales en Estados Unidos que buscan vincular su proyecto político con redes de narcotráfico. Dada la larga trayectoria de Cepeda en negociaciones de paz y su compromiso con excombatientes de las FARC, es probable que surjan acusaciones similares. Alegatos enmarcados como «narcoterrorismo» podrían ser fácilmente utilizados por actores judiciales y fiscales afines, siguiendo un libreto familiar utilizado contra otros líderes de izquierda. Las elecciones de octubre en Brasil añaden una camada de incertidumbre: una derrota de Lula privaría a Colombia de un aliado clave, profundizando el aislamiento de Cepeda y amplificando tanto las presiones domésticas como las externas.
En ambos escenarios, el terreno decisivo se encuentra más allá del palacio presidencial. El futuro de la democracia colombiana dependerá de la sociedad civil y la movilización popular. Ya sea resistiendo la contracción del espacio democrático bajo una administración de derecha o sosteniendo un gobierno progresista bajo asedio institucional, la capacidad de los movimientos sociales, el trabajo organizado y los actores de base para mantener la acción colectiva determinará en última instancia el horizonte democrático del país. La batalla por Colombia ha llegado a una coyuntura crítica, en un país donde la izquierda ha aprendido a ganar elecciones pero aún no ha quebrado el poder de quienes se niegan a aceptar la derrota.
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