Bukele, el peón centroamericano de Trump

El artículo que sigue es resultado del trabajo de la cohorte 2025 del Diploma Superior en Mutaciones de la dominación en el capitalismo contemporáneo organizado por CLACSO y Revista Jacobin. Ya está abierta la inscripción a la edición 2026 del Diploma, ¡no te la pierdas!

 

Dentro del contexto más amplio de ascenso de la extrema derecha global, el de Nayib Bukele constituye un caso particular, en el que un gobierno de extrema derecha logra consolidarse ensayando métodos de disciplinamiento social, estructurando a su manera el régimen político salvadoreño e incluso modificando, según sus fines electorales, la división administrativa-territorial del país. Este éxito puede seguir atrayendo admiradores que, sin saber las razones reales de sus logros aparentes, intenten infructuosamente replicar estos resultados.

El bukelismo, detrás de una propaganda millonaria, muestra los riesgos de no derrotar políticamente a la extrema derecha y las profundas consecuencias negativas que el avance de un proceso de radicalización autoritaria puede tener para las clases trabajadoras y sus condiciones materiales de vida. Aunque la administración Bukele usa ropaje democrático para legitimarse ante la opinión pública, no debe quedar ninguna duda de que hoy El Salvador se encuentra en un proceso gradual de consolidación dictatorial, en el que hay elecciones, pero no son ni competitivas ni mucho menos libres. El vaciamiento de las instituciones democráticas y la colocación de personas leales al partido Nuevas Ideas en instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y la Corte Suprema de Justicia aseguran una impunidad total para perseguir a voces críticas y movimientos sociales, cambiar las reglas electorales y reformar la Constitución de acuerdo a sus necesidades.

La extrema derecha como fenómeno global

Diversos analistas clasifican el ascenso de la extrema derecha como el fenómeno político más importante de la última década. Tanto el bukelismo, como otras expresiones de la extrema derecha alrededor del mundo, no pueden considerarse casos aislados o anomalías, sino partes de una oleada conservadora-reacccionaria con cierto grado de articulación regional y continental, que surgen bajo condiciones históricas concretas. Lejos de los tiempos en los que eran agrupaciones minoritarias, ahora se configuran como un fenómeno planetario mayor, consiguiendo normalizarse a nivel global y adquirir una fuerte presencia partidaria en distintos sistemas políticos. Gobiernan en Hungría, Chile, Argentina, Italia, El Salvador, India y Turquía; mientras que en países como España, Bélgica, Francia, Brasil y Alemania constituyen una seria amenaza política y electoral.

El eje de este auge reaccionario es Donald Trump, que en su segundo mandato viene desplegando plenamente un autoritarismo imperialista contra sus enemigos internos y externos y sirve de inspiración para líderes europeos y latinoamericanos, que ven en él un aliado, no solo a nivel discursivo-ideológico, sino también como fuente de apoyo para mantenerse en el poder y, en algunos casos, como garantía de impunidad (como en el caso del indulto a Juan Orlando Hernández y los pactos secretos con Bukele). Además, Trump aumentó su intervencionismo en América Latina con actos de terrorismo imperial en Venezuela y una injerencia flagrante en las elecciones de Argentina y Honduras; en simultáneo, le impuso a los miembros de la OTAN un modelo belicista que requiere aumentar su gasto militar para enfrentar a Rusia y dejó claro su interés por Groenlandia. 

Sin dejar de lado las importantes diferencias entre las extremas derechas, para Claudio Katz, la sintonía de estos personajes se verifica en sus vínculos concretos, ya que han sostenido múltiples encuentros, tanto en foros, conferencias, eventos o visitas oficiales mutuas. Javier Milei, Viktor Orban y Giorgia Meloni y el propio Bukele han asistido a distintos encuentros de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) para pronunciar discursos antiglobalistas o contra la «ideología de género» y resaltar los supuestos logros obtenidos en sus propios países. Hay intentos de articulación que van desde instancias más formales, como el Grupo de Lima, hasta las frecuentes referencias y menciones mútuas. Milei habló en Davos sobre sus «compañeros de lucha» (agregando a Benjamin Netanyahu y Narendra Modi a la lista previa), mientras que Trump felicita a sus «aliados» y periódicamente los invita a la Casa Blanca como señal de apadrinamiento. Aunque no se puede hablar de una «Internacional Reaccionaria» formal, lo cierto es que existen numerosos contactos, guiños, relaciones y proyectos en común. 

En un escenario donde la hegemonía global está en crisis, la potencia en declive busca mantener su posición de primacía en el sistema imperial con una estrategia que subordina a sus aliados y somete a sus enemigos, queriendo lograr militarmente lo que no pudo por la vía económica. Estados Unidos compensa su declive productivo y comercial con más militarismo y dominación. La extrema derecha norteamericana, amenazada por la creciente multipolaridad, contribuye al clima de radicalización autoritaria en el mundo y «la era del garrote» destruye cualquier ilusión sobre el derecho internacional basado en reglas, en una época de genocidio abierto en la que la fuerza se impone con menor necesidad de algún tipo de envoltorio justificador. 

En los últimos años experimentamos una propensión generalizada hacia el autoritarismo como respuesta a diversos problemas, desde emergencias sanitarias hasta conflictos regionales, pasando por crisis de inseguridad internas. Varios gobiernos, ya sean progresistas (Xiomara Castro en Honduras y Bernardo Árevalo en Guatemala) o de extrema derecha (Trump, Netanyahu, Bukele, Modi, Noboa, Milei u Orbán) buscan resolver sus problemas limitando libertades, concentrando el poder en el Ejecutivo y aumentando el aparato policial-militar. No es una cuestión coyuntural, sino una tendencia global hacia proyectos autoritarios, donde la extrema derecha está jugando un rol protagonista y plantea una amenaza real que no podemos subestimar. Como plantea Martín Mosquera, a pesar de que el autoritarismo excede a la extrema derecha, es esta la parece imponer agenda, proponiendo el camino a seguir para el resto de las formaciones políticas. 

Esta tendencia de extrema derecha constituye un proceso no lineal que sigue en desarrollo y que no está todavía cristalizado, por lo que es difícil describir con precisión cuál será su desenlace. Se trata entonces de una constelación heterogénea de expresiones autoritarias que han ganado legitimidad, lo que les permite formar alianzas con las élites que al principio las miraban con desconfianza. Estos vínculos, ya sea con las élites o con otras expresiones de (extrema) derecha, no están exentos de contradicciones, por lo que parecen ser más convergencias basadas en intereses comunes que la conformación de un bloque sólido (pero esto podría cambiar en el futuro, como advierte Enzo Traverso).

Las extremas derechas en América Latina

En América Latina particularmente, las extremas derechas expresan una reacción de grupos dominantes contra las políticas sociales en beneficio de la clase trabajadora, establecidas durante el previo ciclo progresista. En este sentido, la canalización de un descontento contra el neoliberalismo que alimentó a los gobiernos progresistas de la región, ahora se vuelve contra toda la izquierda. La extrema derecha supo movilizar el descontento y la desilusión para revertir conquistas democráticas y derechos conseguidos a través de la lucha popular, cuya neutralización constituye otro de los objetivos centrales de las nuevas derechas. Esto les imprime un carácter reactivo y revanchista, principalmente contra la izquierda y los movimientos sociales.

Esta repolitización autoritaria puede tomar forma discursiva en las menciones contra «la casta» o «los mismos de siempre», que se presentan como ataques contra las élites en general, pero que convenientemente dejan intacto al gran capital. Más que enemigos directos, las élites económicas suelen ser aliados tardíos de la extrema derecha. Esta repolitización autoritaria es útil para redirigir las frustraciones sociales hacia «enemigos» que suelen ser secundarios para las clases populares. Es decir, se culpa de todos los males de la sociedad a la izquierda, a los migrantes o a otros sectores organizados de la sociedad, mientras los factores estructurales del sistema capitalista siguen funcionando sin mayor problema. Se intenta «cambiar todo para que lo esencial no cambie», es decir, se trata de un cambio de régimen para que siga la acumulación capitalista. 

En América Latina, en tanto el discurso antiinmigrante no tiene tanto peso, la agenda reaccionaria toma la forma de antiprogresismo y demagogia punitiva, instrumentalizando el discurso de la «seguridad nacional» para militarizar a las sociedades y expandir el estado policial, aumentando el uso de múltiples tecnologías de vigilancia y monitoreo de personas. Este punitivismo carcelario militarizado se invoca como respuesta a los altísimos niveles de violencia social en la región, que empeoraron en las décadas de neoliberalismo. Así, los Estados ponen en funcionamiento sus máquinas de guerra para utilizarlas tanto contra criminales como contra personas inocentes de las clases populares (cuyos sectores más empobrecidos siempre son los que ponen las víctimas). 

Con medidas extraordinarias o estados de excepción que son cada vez más permanentes, se suspenden garantías judiciales (como la presunción de inocencia) y derechos constitucionales; mientras que se beneficia a las fuerzas represivas del Estado con inmunidad casi total para convertirlos en «jueces de la calle» que pueden usar su criterio subjetivo para realizar detenciones arbitrarias (que en muchos casos se concretan solamente para cumplir con ciertas cuotas requeridas). A través de estos mecanismos demagógicos punitivos normalizan la criminalización de voces críticas y líderes de movimientos sociales, donde el calificativo de «terrorista» o «sospechoso» se vuelve cada vez más amplio. 

Las medidas de «seguridad nacional» y «guerra contra el crimen» no solo se usan para perseguir a personas críticas e integrantes de los movimientos sociales que le resulten incómodos al capital, sino que también son usadas para aumentar la concentración de poder en el Ejecutivo. El punitivismo y los regímenes autoritarios se encadenan para el desmantelamiento del Estado de Derecho y, rompiendo con los principios básicos de la democracia, controlan las instituciones que sirven de frenos y contrapesos al poder. Garantizando la presencia de personas leales en el sistema judicial, el Poder Ejecutivo actúa sin límites y usa el derecho para encauzar sus acciones represivas, asegurándose de tener un marco legal como fundamento. En ese contexto, no importa la inexistente legitimidad de algunas leyes antidemocráticas e inconsultas, creadas gracias al control de mayorías en los parlamentos y, en última instancia, con la connivencia de las fuerzas de seguridad y de los ejércitos.

Se configura así toda una arquitectura de dominación que busca restarurar un control completo del capital, del privilegio blanco y de las subjetividades patriarcales para garantizar la exclusión de grandes sectores de la sociedad. Se trata de formaciones autoritarias aliadas con un bloque conformado por fracciones del capital (financiero, comercial, tecnológico), élites políticas, estructuras militares y otros grupos de poder cercanos al crimen organizado. El autoritarismo constituido dentro de las democracias formales, vuelve montado sobre nostalgias autoritarias que rememoran supuestos pasados más tranquilos, usufructuando las frustraciones, miedos y la pulsión del castigo de las sociedades, que son movilizados para la naturalización de la opresión de unos, en beneficio de la «libertad» de otros, principalmente minorías privilegiadas y clases dominantes. Ante esto, las clases populares quedan más desprotegidas y excluidas de derechos, pues la atomización de comportamientos y la desmovilización social profundizan la indefensión y la ausencia de alternativas de emancipación. 

La extrema derecha actual aprendió de los errores de las dictaduras cívico militares del pasado y adopta nuevas tácticas para imponer, con el padrinazgo de Trump, una restauración conservadora. Ante los repetidos fracasos de estas tiranías del siglo XX, que se vieron enfrentadas a una oposición democrática popular, quedó demostrado que estas formas no constituyen caminos viables para garantizar los privilegios de las clases dominantes. Por eso la oleada reaccionaria actual desdibuja la frontera que dividía democracia de libre mercado y autoritarismo. 

Las nuevas experiencias de las extremas derechas o del «posfascismo», adoptan la retórica democrática y se presentan como los defensores de la «verdadera democracia» contra la hipocresía de los partidos tradicionales (entrando entonces en una narrativa contradictoria que puede justificar el asalto al Capitolio en nombre de la democracia). Aunque actualmente no parece haber espacio para totalitarismos corporativos o de partido único como en los fascismos del siglo XX, los regímenes políticos a los que aspira la nueva extrema derecha, determinados por las épocas históricas y las relaciones de fuerza, se desarrollan estirando los límites de un Estado de Derecho o, en una tendencia cada vez más mayoritaria, dentro de lo que se ha llamado «regímenes híbridos» (este concepto, a pesar de su ambigüedad, intenta hacer referencia a una mezcla de autoritarismo con aspectos institucionales de la democracia procedimental, representativa, liberal). 

Eventos históricos como la crisis del 2008, la guerra en Ucrania, la pandemia y el genocidio en Palestina también erosionan el relato de la democracia de libre mercado. Lo que empezamos a ver en América Latina, una estrategia ya aplicada en la Colombia de los años 90, es una forma de dominación que activa estados anímicos (sobre todo miedo y odio) para legitimar y autorizar la idea de que algún sujeto responsable de la crisis tiene que ser eliminado para recomponer la sociedad o para que esta pueda desarrollarse. Así se plantea que el sacrificio, «por el bien de la mayoría», de algunos (generalmente parte de los sectores más empobrecidos) es una idea aceptable, pero con la diferencia de que ahora se hace en el marco de regímenes que guardan formas institucionales asociadas con la democracia o que, mientras aparentan tener elecciones competitivas, gradualmente vacían a estas instituciones de su contenido democrático sustancial. Es decir, canibalizan la democracia desde dentro para dejar solo los huesos.

La utilización de la narrativa democrática sirve entonces como dispositivo de legitimación para una serie de acciones autoritarias. Por una parte, es utilizada para la creación de la figura de un enemigo interno a exterminar simbólica, política y corporalmente, pero generalmente de forma más efectiva y sutil por medio de mecanismos punitivos jurídicos (y supuestamente democráticos) puestos al servicio de la neutralización y desaparición de opositores y disidentes, que son deshumanizados junto a los criminales. Por otra parte, también permiten la reestructuración de sistemas políticos para la concentración del poder en manos del Ejecutivo, con la desarticulación de la separación de poderes, pero manteniendo en vigencia los mecanismos electorales, lo que le permitió a Orbán reivindicar con orgullo su proyecto de «democracia iliberal» y a Bukele a inventar el disparate de una «democracia plena de partido único».

Como dijimos, uno de los objetivos de las extremas derechas, particularmente en América Latina, es anular el pluralismo, que toma la forma de resistencias populares. Se intenta neutralizar a las voces críticas y se aterroriza a cualquier descontento por la creciente desigualdad. Es una respuesta reaccionaria ante el aumento de la protesta social y los triunfos electorales de los gobiernos progresistas de los últimos años. Para controlar las movilizaciones no sólo reprimen abiertamente, sino que construyen consensos contingentes a través de la repolitización del conflicto social y desarrollan formas más sutiles de represión, como la instrumentalización del sistema judicial para perseguir y encarcelar a defensores de derechos, opositores y disidentes. En otros casos usan la intimidación mediante cuerpos policiales y el ejército, la vigilancia, creación de registro fotográfico de personas organizadas o el sabotaje de transporte hacia las concentraciones de protesta, mediante el uso de retenes policiales. Esto no descarta el uso de la violencia directa, sino que la reserva para momentos decisivos en los que pueda tener réditos simbólicos para aumentar la agitación de las bases.

Otra particularidad de América Latina pasa por la crisis del capitalismo dependiente, que opera a través de la transferencia de valor hacia los países desarrollados mediante un intercambio comercial desigual. El neoliberalismo agravó la situación económica durante décadas, presionando hacia la primarización extractiva o la tercerización de la economía, lo que profundizó una inserción dependiente en el mercado internacional. La extrema derecha no plantea soluciones reales para los problemas del estancamiento económico y, mucho menos, para el endeudamiento externo que estrangula a las economías débiles. Las extremas derechas latinoamericanas no tienen proyecto económico propio. Lo único que ofrecen es sumisión a un Estados Unido que quiere retomar el control de su «patio trasero» como parte de un reacomodamiento geopolítico enmarcado en la disputa hegemónica mundial con China. Para lograrlo, Trump ofrece «alianza subordinada o barbarie» y con sus aliados emplea estrategias bilaterales que implican un alto grado de subordinación. Los liderazgos de extrema derecha que dirigen países económicamente dependientes de EE. UU. buscan amoldarse a la estrategia imperialista para tener cierta estabilidad. Uno de los ejemplos más recientes es el «acuerdo comercial recíproco» por el que El Salvador se compromete a favorecer al gran capital estadounidense abriendo su mercado interno para que empresas transnacionales operen sin restricciones. Esto significa apertura comercial profundizada, protección a empresas del sector digital-tecnológico y agrícola y aceptación de las regulaciones estadounidenses, a cambio de que Trump suspenda los aranceles del 10% que había impuesto previamente.

Además de integrar  una alianza internacional, estas nuevas derechas comparten rasgos como la presencia en escena de un «líder fuerte», la intención de revertir conquistas democráticas y una tendencia al acrecentamiento de sus patrimonios personales y familiares, usando mecanismos similares de corrupción. Uno de los lacayos de Trump es el presidente argentino Javier Milei, quien se ha mostrado subordinado a los intereses de Estados Unidos en múltiples ocasiones, logrando un apoyo financiero y electoral clave en 2025. Otro es Bukele, quien se ofreció como carcelero migratorio, en una operación de outsourcing necropolítico del disciplinamiento y el castigo, a cambio de una tarifa millonaria y de protección jurídica en las cortes de Nueva York. También podríamos agregar al listado de líderes apoyados por Trump al brasileño Jair Bolsonaro y al ecuatoriano Daniel Noboa. Todos funcionan como los cuidadores de la finca patronal, para mantener a raya a los trabajadores, como señala Claudio Katz. 

Bukele y el punitivismo autoritario

En este marco se teje la alianza entre Trump y Bukele, apoyándose en una afinidad pragmática en la que comparten el uso de una política punitiva-represiva como dispositivo de control social, movilización afectiva y cohesión de bases. El salvadoreño funciona como una extensión de la frontera migratoria estadounidense, ofreciendo servicios de castigo y tortura carcelaria como forma de disciplinamiento y disuación de la migración (incluso en algún momento se consideró alojar a ciudadanos estadounidenses en el Centro de Confinamiento por Terrorismo salvadoreño, abriendo la posibilidad de encarcelar a disidentes del trumpismo). Ambos personajes encarnan al «líder fuerte» que traspasa los límites de la separación de poderes y el Estado de derecho para la neutralización de enemigos internos y externos construidos ideológicamente, siempre bajo apariencias democraticas.

En este contexto de creciente protagonismo de la extrema derecha y con el aumento de distintas formas de autoritarismo en el mundo, Nayib Bukele ha ganado notoriedad por sus políticas de mano dura y los logros obtenidos en materia de seguridad. Pese a que se habla de un «modelo» salvadoreño que atrae a varios admiradores en la región, principalmente de América del Sur, en los países en los que se ha intentado implementar algo parecido, los resultados han sido mixtos (como detalla el trabajo de Lucía Damnert), lo que plantea dudas sobre la replicabilidad de las estrategias de Bukele en otros contextos nacionales. Pero, más allá de los resultados o la ausencia de estos, lo que le interesa a las extremas derechas es la legitimidad y el apoyo popular que traen las medidas de mano dura, así como el efecto disciplinante que tienen sobre la sociedad y la posibilidad de hacer crecer el autoritarismo desde dentro de las democracias. 

El punitivismo y la mano dura han demostrado tener la capacidad de unificar a  diversos sectores de la sociedad que comparten una demanda de orden y estabilidad, permitiendo cohesionar a una base social electoral mediante actos simbólicos y la activación afectiva de amplios sectores de la sociedad. La propaganda de la mega-cárcel sirve para satisfacer la pulsión social de castigo, escenificando la coerción vengativa como prueba de la eficacia gubernamental (una forma perversa de «rendir cuentas»), pero también funciona como amenaza contra otros supuestos enemigos: los defensores de derechos humanos, la izquierda, los movimientos sociales o los migrantes.

La demanda social de orden es materialmente producida por una experiencia histórica colectiva marcada por la violencia estructural, la precarización de la vida y la incapacidad estatal para garantizar condiciones mínimas de seguridad y reproducción social. En este sentido, el punitivismo y las políticas de mano dura se vuelven un elemento que legitima al autoritarismo. Las crisis sistémicas no solo erosionan a los regímenes políticos previos, sino que generan una necesidad de coerción, de un gobierno capaz de imponer orden mediante el uso de la violencia. En El Salvador, décadas de violencia armada, de control territorial de las pandillas y de victimización cotidiana produjeron un trauma psicosocial colectivo que reconfiguró ampliamente las subjetividades, principalmente las de sectores populares y medios, que eran quienes sufrían en mayor medida las consecuencias de las crisis estructurales históricas.

El trauma se inscribe así en el tejido social, como resultado de crisis reiteradas que no encuentran resolución. Desde la guerra civil, la sociedad salvadoreña viene sufriendo de un trauma que ha sido congelado por las políticas de desmemoria y de revisionismo histórico que la derecha instaló en la posguerra. La ley de impunidad llamada amnistía y la narrativa de perdón y olvido provocó el congelamiento de un trauma, que no ha podido ser elaborado. Este efecto psicosocial de la violencia se vino a juntar con nuevas situaciones que profundizaron heridas previas que nunca fueron atendidas.

El tema de la seguridad se volvió un diferenciador de clase que Bukele ha sabido repolitizar: mientras las élites políticas, y los sujetos asociados a estas, se encontraban seguros, las clases populares percibieron que eran ellas quienes sufrían desproporcionadamente los costos de la violencia: extorsión, desplazamiento forzado, pérdida de ingresos y restricción de la movilidad cotidiana. La exigencia de mano dura emerge así como una respuesta social frente a una experiencia prolongada de abandono, injusticia y miedo. El autoritarismo y la represión estatal se presentan como una solución de protección para una vida precarizada por la inseguridad y la violencia aparece como una amenaza tolerable gracias a narrativas implantadas con éxito (como, por ejemplo, la idea de que «el que nada debe nada teme», aun cuando se ha comprobado el encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte de numerosas personas inocentes en las cárceles de Bukele). Pero las vivencias traumáticas llegan a deshumanizar mediante relaciones sociales alientantes y el «daño colateral» de inocentes se vuelve aceptable según una estrategia utilitaria de autopreservación.

Bukele logró articular el punitivismo con legitimidad democrática al presentarse como el único actor capaz de ejecutar sin obstáculos lo que la población exigiera. La suspensión del Estado de derecho, la militarización del espacio público y el encarcelamiento masivo son percibidos por amplias mayorías no como formas de represión, sino como el cumplimiento de un mandato popular. El autoritarismo del siglo XXI se legitima por su capacidad de responder eficazmente a demandas sociales inmediatas, especialmente aquellas vinculadas al miedo y la seguridad. 

Así, el punitivismo no se vive como proyecto totalitario ni como ruptura radical del orden democrático, sino como una respuesta pragmática y desideologizada a una crisis percibida como existencial. El enemigo interno (las pandillas) se construyó como una figura absoluta de amenaza, despojada de toda dimensión histórica, y su deshumanización facilitó el consenso en torno a prácticas extremas de castigo y exclusión, permitiendo que la violencia estatal sea celebrada como justicia. Bukele ha sabido repolitizar este conflicto, asociando con las pandillas a todo actor que se oponga al autoritarismo, estableciendo una frontera política que ubica de un lado a las Pandillas-Oposición y del otro al Pueblo-Bukele.

El apoyo al autoritarismo, o al menos su aceptación pasiva, opera en los menos entusiastas bajo la percepción que cualquier retroceso en la política de mano dura implicaría el retorno del caos. El miedo a perder la frágil estabilidad alcanzada refuerza la adhesión al gobierno y desincentiva la movilización crítica, incluso frente a abusos evidentes. De este modo llega a considerarse como un «mal menor» el mantenimiento del régimen de excepción que restringe derechos judiciales y libertades constitucionales.

En este sentido, el punitivismo no es un efecto colateral del autoritarismo de Bukele, sino uno de sus fundamentos sociales. La violencia estatal se legitima porque responde a una demanda social producida por la crisis y el trauma, mientras que el respaldo popular habilita al Ejecutivo a profundizar la concentración del poder. Se establece un círculo vicioso en el que la represión genera apoyo popular y el apoyo autoriza más represión, por lo que mientras que amplios sectores de la población sigan percibiendo al régimen de Bukele como necesario y a sus acciones como representativas de los intereses de estos sectores, el autoritarismo se seguirá viviendo como si fuera democracia. 

La exigencia de mano dura no puede entenderse al margen de las condiciones materiales y psicosociales que la producen. El autoritarismo con fachada electoral de Bukele se sostiene porque por el momento logra articular punitivismo, miedo y promesa de orden junto con la esperanza falsa en un futuro próspero, dentro de un contexto donde la vida cotidiana fue durante décadas extremamente insegura y sin posibilidades de construir un proyecto de vida para las clases populares. Lejos de ser una anomalía, este fenómeno revela cómo, en sociedades atravesadas por crisis profundas, la demanda popular de orden y justicia puede convertirse en una base activa de legitimación autoritaria, incluso aunque erosione las formas democráticas que dice representar.