A 50 años del golpe, una disputa por la memoria y por el futuro

Cada aniversario del criminal golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-militar en Argentina trae consigo algunas preguntas implícitas: ¿qué estamos conmemorando exactamente? ¿A las víctimas, a los caídos que marcaban un camino, a los sueños setentistas, a una época clausurada? Y, sobre todo, ¿para qué? Durante décadas, la respuesta mayoritaria a este último interrogante fue construida con paciencia y dolor por el movimiento de derechos humanos de nuestro país (que se transformó en ejemplo mundial): se conmemora para que el horror no se repita, para que los crímenes no prescriban en la conciencia colectiva, para que el Estado reconozca sus múltiples responsabilidades. Ese consenso, frágil pero real, fue durante cerca de cuarenta años un piso mínimo de la democracia argentina.

Pero hoy ese piso está siendo destruido. El gobierno de Javier Milei no se limita a ignorar la efeméride ni a reducirla a un acto protocolar: la impugna activamente. Desde la desfinanciación de organismos de DDHH y archivos y la destrucción de espacios para la memoria hasta la reivindicación pública de figuras vinculadas al terrorismo de Estado, pasando por la reiterada narrativa de los «dos demonios» que se busca reinstalar, reclamando una «memoria completa» (discurso cuya representante más conspicua es la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien lleva años perfeccionándolo), el actual gobierno convirtió al negacionismo en política de Estado. Este 24 de marzo de 2026, cuando se cumplen exactamente cincuenta años del golpe, no es entonces solo un aniversario redondo: es uno que transcurre bajo un gobierno que disputa abiertamente el sentido de lo sucedido.

Esto exige ir más allá del recuento y las reivindicaciones habituales. Sin relativizar ni por un segundo el horror —absolutamente real, documentado y sistemático, más allá de cualquier propaganda oficial—, necesitamos trascender ese debate para intentar comprender por qué la extrema derecha necesita negarlo, y qué es lo que se busca enterrar con la negación del terrorismo de Estado.

El negacionismo como tecnología política

El negacionismo no es simplemente ignorancia histórica, provocación electoral o estrategia poshegemónica para galvanizar a una minoría intensa tras las políticas oficiales. Cumple una función política precisa: deslegitimar la resistencia colectiva cortándole el linaje, sembrando la duda, instalando que detrás de los reclamos de «memoria, verdad y justicia» se escondió y se esconde la búsqueda de algún beneficio económico y/o político. Si los treinta mil detenidos-desaparecidos son una cifra falaz y fabricada, si las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de DDHH operan para beneficiarse de un «curro» financiado por el Estado, si la dictadura fue una respuesta simétrica y legítima contra la violencia guerrillera, entonces el movimiento popular argentino se queda sin toda esa riquísima historia de resistencia, sin caídos que honrar, sin orgullo de combate. Sin mártires reconocidos no hay tradición de lucha; sin tradición de lucha, cada nueva generación debe empezar desde cero, sin historia que la respalde y sin enemigos claramente identificados.

Este mecanismo no es exclusivo de Argentina. Bolsonaro reivindicó la dictadura brasileña de 1964 con una lógica análoga, Vox en España combate la memoria histórica republicana con argumentos estructuralmente idénticos. En todos los casos, el negacionismo opera menos como revisión historiográfica rigurosa que como intento de romper el hilo que conecta las luchas pasadas con las presentes, de «cortar el nervio de la mejor fuerza» de la clase trabajadora, al decir de Walter Benjamin. Se trata construir la farsa de un presente «reconciliado», es decir, sin historia, sin antecedentes y sin cuentas que saldar, una política sin memoria de clase.

En Argentina, sin embargo, el negacionismo tiene un objeto específico que lo vuelve especialmente funcional para el proyecto de Milei: lo que la dictadura destruyó no fue solo un conjunto de personas sino un mundo político y social determinado. Y ese mundo —sus organizaciones, sus prácticas, sus luchas, sus horizontes— es precisamente lo que el actual gobierno necesita declarar definitivamente no sólo como derrotado sino especialmente como falso y mercenario, como un proyecto que no fue asesinado por la brutalidad represiva del Estado sino que ya nació muerto.

Lo que fue destruido, lo que sobrevivió

El golpe de marzo de 1976 se desplegó sobre un movimiento obrero y popular que había alcanzado niveles de organización y radicalización inusuales en América Latina. Las coordinadoras interfabriles, las comisiones internas con poder real de negociación, las experiencias de control obrero en algunas plantas, las redes de base de la izquierda revolucionaria y del peronismo combativo y muchos otros factores que hicieron masivo a ese movimiento masivo, tan diverso y contradictorio como vivo y poderoso, fue lo que deliberadamente se intentó liquidar. Se apuntó a desarticular ese entramado político-social no como efecto colateral de la represión sino como su objetivo central. Los propios militares lo dijeron con claridad al insistir en la necesidad de extirpar a la «subversión» de raíz. Esa raíz era, claro, la politización y organización de los trabajadores y trabajadoras.

Lo notable es que parte, pese a la inaudita criminalidad y sadismo de los militares argentinos (inspirados en la escuela antisubversiva francesa, nunca está de más recordarlo), buena parte de todo aquello que intentaron eliminar sobrevivió, sin dudas mutado y debilitado, pero indiscutiblemente presente. Pero las primeras décadas del proceso de recuperación democrática que siguió a la caída del gobierno militar tras la debacle de Malvinas fueron parte de un largo proceso de derrota paulatina: el menemismo de los noventa completó por vía electoral lo que la dictadura había iniciado por vía del terror, desarticulando el tejido sindical combativo, privatizando las empresas donde esa cultura obrera se había sedimentado y produciendo una nueva hegemonía cultural neoliberal en la que el mercado reemplazó a la solidaridad de clase como principio organizador de la vida social. Aún así, a la salida de ese proceso que continuó el Gobierno de la Alianza, la Argentina del 2001 mostró que algo de ese poder político y social seguía estando allí: las asambleas barriales, las fábricas recuperadas, los piquetes, la organización del movimiento de desocupados. Se trataba ya de una energía social a la que le costaba reconocer su propio linaje, deslizándose en muchos casos hacia la «antipolítica», pero de alguna manera todavía las conexiones existían, la memoria resistía. De alguna manera, el kirchnerismo fue la fuerza política que mejor supo entender y capitalizar ese proceso, para luego mostrar, a lo largo de sus doce años en el poder, sus límites profundos para avanzar con cambios estructurales. Estas limitaciones le abrieron la puerta al macrismo como primer intento de quebrar el histórico «empate hegemónico» nacional y luego el nefasto mandato de Alberto Fernández terminó de consolidar la desconfianza en la política y en sus instituciones, la desesperanza y la apuesta al ultraindividualismo como única estrategia posible de salvación.

Milei gobierna en ese contexto y su proyecto no puede entenderse sin él. El ajuste brutal que lleva adelante desde diciembre de 2023 no se apoya sólo en una política económica sino que también constituye una operación sobre la memoria popular, sobre el alcance de lo posible. Cuando se destruye el Estado como garante de derechos, cuando se pulveriza el salario real y cuando se criminaliza la protesta, no sólo se está operando sobre el presente sino  que también se están afirmando muchas cosas sobre el pasado. En este sentido no es casual la retórica «refundacional» del Gobierno, su constante apelación a una ruptura histórica que termine con los supuestos cien años de populismo previos. En el fondo, lo que se intenta instalar es que aquello que existió —la organización, la solidaridad, la idea de que el trabajo podía tener poder— no solo fue derrotado sino que nunca mereció existir.

El negacionismo sobre la dictadura es, en ese marco, coherente con el resto del proyecto. No se puede reivindicar el programa económico del 76 —la apertura financiera, la desindustrialización, el disciplinamiento salarial por medio del terror— sin relativizar los métodos que lo hicieron posible. El negacionismo explícito y el militarismo de Villarruel no constituyen una anomalía del gobierno de Milei, sino su memoria más honesta.

Cincuenta años: el aniversario como síntoma

Hay algo revelador en el hecho de que el aniversario más redondo del golpe coincida con el gobierno más abiertamente revisionista desde el retorno de la democracia (este 24 de marzo el aparato de propaganda oficial anticipó la liberación de un spot institucional en el que se reivindica abiertamente la llamada «memoria completa», con la participación de una nieta recuperada y de algunos voceros tradicionales de la «teoría de los dos demonios»). El dato temporal es significativo porque da cuenta del tiempo que hizo falta para que, en este territorio fertilizado por un movimiento de derechos humanos que es ejemplo en el mundo, pudiera aparecer y consolidarse como alternativa una fuerza política capaz de disputar abiertamente el sentido del terrorismo de Estado. La masiva respuesta social y política a los horrores de la dictadura, con todos sus límites, hizo que durante décadas Argentina fuera un país sin derechas o con una derecha absolutamente marginal. Le costó medio siglo pero, montada sobre un fenómeno mundial y sobre toda una dolorosa serie de golpes autoinfligidos a nivel local, hoy las derechas volvieron al poder en Argentina.

Por eso, lo que está en juego este 24 de marzo no pasa sólo por nuestro sostenido compromiso con la memoria ni por la necesaria defensa del honor de nuestros caídos, sino por algo más difícil de nombrar: la posibilidad de que las generaciones actuales reconozcan la historia de los derrotados de los setenta como algo propio, como una herramienta política que les pertenece y que es necesaria para la lucha por la transformación social. Eso es lo que el negacionismo quiere impedir. No el recuerdo del horror —que puede coexistir con la derecha en el poder como monumento vacío— sino la recuperación y actualización de lo que el horror buscó eliminar, el reconocimiento de la existencia de un proyecto colectivo, que tenía nombre e ideas, y que se buscó destruir precisamente porque era poderoso y peligroso, y porque que sus preguntas centrales —sobre el trabajo, la propiedad, la distribución, el poder— no podían responderse dentro del orden capitalista. Y esas preguntas hoy siguen sin respuesta. La memoria verdaderamente incómoda y peligrosa no es la de nuestros muertos sino la de lo que soñaban.