José Antonio Kast, presidente electo de Chile, junto a Javier Milei en la Casa Rosada, Buenos Aires. (Presidencia de Argentina / EFE)
El resultado de las elecciones chilenas era previsible. Aunque Jeannette Jara, la candidata comunista, despertó la esperanza de revertir un pronóstico que se mostraba desfavorable hace más de un año, parecía claro que las preferencias electorales favorecerían a la derecha. ¿Por qué un país que hace solo seis años se movilizaba para convertirse en la tumba del neoliberalismo —enterrando de paso la Constitución política auspiciada por la dictadura— hoy le ha dado una victoria aplastante a un candidato abiertamente pinochetista?
El triunfo de Kast es una victoria del pinochetismo. No porque los chilenos se hayan vuelto más admiradores del dictador sino porque, siendo el principal atributo político de Kast, esa identificación no fue un impedimento para votar por él.
En la primera vuelta, tres candidaturas de derecha pinochetista, incluida la tradicional, sumaron más del 50% de los votos. Ante este panorama, parecía imposible que la candidata comunista Jeannette Jara, que lideraba la coalición progresista más amplia de la historia del país, pudiera cambiar esta situación adversa. La única posibilidad de revertirla era que Jara lograra atraer los votos del tercer candidato más votado, Franco Parisi, un candidato populista neoliberal, y gran parte de los votos de Evelyn Matthei, la candidata de la derecha tradicional.
El origen popular de Jara, su carisma político y sus logros como ministra del Trabajo del Gobierno de Boric impidieron que el resultado fuera incluso más desastroso para el mundo progresista. Obtuvo casi el 42% de los votos, ampliando en cuatro puntos lo que se consideraba el «techo» electoral del sector en este nuevo contexto electoral: el 38% que aprobó el texto constitucional de la Convención en 2022, un borrador marcadamente social, feminista y ecologista.
Pero ni siquiera eso fue suficiente, y Kast se convirtió en el presidente más votado de la historia en términos absolutos, en la primera elección con voto obligatorio. Una parte de los analistas ha señalado como principal explicación del resultado la consolidación del péndulo electoral que ha prevalecido mayoritariamente en la región y que es un hecho en Chile hace cinco elecciones presidenciales. Sin embargo, aunque el péndulo es un buen descriptor de la situación chilena, no es ni una regla ni un destino.
En mi opinión, el resultado se explica por una multiplicidad de factores. En primer lugar, por la incapacidad de la izquierda para atraer al nuevo electorado que hizo su debut en el plebiscito de 2022, cuando el voto voluntario pasó a ser obligatorio. En segundo lugar, por el exitoso esfuerzo de la derecha por convertir estas elecciones en un plebiscito sobre el Gobierno de Gabriel Boric, quien a lo largo de sus cuatro años de mandato se estancó en el 30% de apoyo popular.
Por último, el triunfo del pinochetismo se explica por el fin de la capacidad operativa del principal clivaje en el país desde la transición (democracia versus autoritarismo) como ordenador de las preferencias electorales de los chilenos. Me detendré a continuación en el modo en que estos factores interactuaron y haré un perfil del futuro presidente de Chile a partir de un contraste con la figura de Jair Bolsonaro, cerrando el artículo con una proyección sobre los posibles riesgos de su gobierno.
Desde entonces, mucha agua corrió debajo del puente. El sistema de registro electoral cambió dos veces. En 2012 pasó a ser automático y de voto voluntario. Más recientemente, en 2022, se sancionó el voto obligatorio para todos. Con ello, el registro electoral tendió a rejuvenecer y crecer. La pregunta que se plantea es: ¿sobrevivió a estos cambios la división entre democracia y dictadura?
Este diferenciador siguió funcionando y solo fue superado por la derecha cuando Sebastián Piñera derrotó a Eduardo Frei Ruiz-Tagle en 2009 y luego a Alejandro Guillier en 2017. Aunque cada elección tiene sus propias características, el hecho de ser un votante declarado del «No» en el plebiscito de 1988 permitió al fallecido expresidente Piñera inmunizarse contra la asociación de la derecha con la dictadura.
Sin embargo, la disputa entre Michelle Bachelet y Evelyn Matthei en 2013 se encuadra perfectamente en esta división. Tener a la hija de un general de la Fuerza Aérea constitucionalista que fue torturado durante la dictadura (Bachelet) enfrentándose en las urnas a la hija de otro general de la misma fuerza que formó parte de la Junta Militar liderada por Pinochet (Matthei) reavivó este marco.
Las elecciones presidenciales de 2021, que opusieron a José Antonio Kast con el actual presidente Gabriel Boric, quien salió victorioso, fueron testigo de cierto empuje de esa fractura. Kast fue acusado de ser la «versión pinochetista» de Sebastián Piñera, quien en ese momento tenía altísimos niveles de rechazo. El fallecimiento de Lucía Hiriart, esposa de Pinochet, el día del cierre de la campaña de la segunda vuelta, mantuvo la centralidad del tema de la dictadura en vísperas de la votación. El proyecto de Kast podría enmarcarse como un retroceso a lo peor del pasado nacional.
Así, de una forma u otra, el viejo clivaje siguió operando, hasta que se produjo un cambio sustancial en el panorama electoral. La incorporación de más de cinco millones de votantes «obligados» fue la principal novedad de la última elección presidencial. Además, varias encuestas, como las de Latinobarómetro, el PNUD y el Centro de Estudios Públicos, han mostrado de manera consistente que el apoyo a la definición churchiliana de democracia —siempre mejor que cualquier otra forma de gobierno— se encuentra en su punto más bajo en el país, haciéndose eco de una tendencia cada vez más global.
La indiferencia hacia el régimen de gobierno va consistentemente en aumento. Todo parece indicar que los votantes «obligados» tienden a ser más insensibles que el resto de la población al debate sobre la dictadura y la democracia. Por otra parte, diferentes mediciones —especialmente las del Faro de la Universidad del Desarrollo de Chile— mostraban un escenario altamente competitivo, casi un empate, entre Kast y Jara cuando sondeaban a los votantes habituales, aquellos que votaban cuando era voluntario. La diferencia se producía a la hora de incluir a los votantes «obligados».
Este grupo es particularmente volátil en sus preferencias, menos ideologizado y más concreto y materialista en sus exigencias. Las coordenadas clásicas de izquierda-derecha sirven poco para explicar sus opciones. El discurso de Jara en la segunda vuelta, fuertemente centrado en los salarios y en «llegar a fin de mes», contribuyó a ampliar el apoyo a la izquierda, superando la marca del plebiscito de 2022 cuando estos votantes hicieron su debut (y provocaron la hasta ahora mayor derrota electoral de la izquierda desde el retorno de la democracia, al rechazar la propuesta de Constitución de la Convención).
Sin embargo, una primera vuelta más centrada en mensajes dirigidos a los sectores más politizados y de centro probablemente contribuyó a alejar a estos votantes «obligados» de la candidata del progresismo. El carácter socialdemócrata o de centroizquierda de la candidatura, la continuidad o no de la militancia comunista de la candidata en caso de ser elegida y la constante referencia a cuestiones internacionales (condenas a Venezuela y Cuba) —sin entrar a los cuestionamientos de fondo que abren para la izquierda—, podrían haber hecho efecto en el contexto de voto voluntario, con un centro político claramente definido y más relevante, pero resultaban ajenas a este nuevo electorado y hacían correr el riesgo de afectar el atributo de consistencia de la candidata, cuestión especialmente valorada por estos electores.
Con todo, no se puede afirmar que estos nuevos votantes sean de derecha ni que hayan votado por Kast por sus posiciones ideológicas. Su mirada es más pragmática y, en este caso, era más receptiva a la oferta reaccionara, pues estaba en sintonía con las principales preocupaciones de la población: la seguridad pública y la crisis migratoria. Aunque hay autores que ya muestran evidencia empírica coherente para señalar que el ciclo político reciente (estallido, plebiscitos constitucionales) estaría creando una nueva división entre refundación (cambio) y restauración (orden) (Altman, 2025), aún es pronto para afirmar la estructuración de una tendencia estable que reconfigure la política chilena.
La derecha ha logrado presentar la victoria del rechazo al texto constitucional de 2022 como una derrota ideológica de todo el progresismo y su agenda transformadora. Sin embargo, las evidencias disponibles en base a diversas encuestas (UDP, Nodo XXI, PNUD) muestran que la demanda de cambios sigue presente.
El problema es que, o bien los votantes no identifican a la izquierda con el cambio, o bien la izquierda no logró mostrarse como transformadora. La derecha, por su parte, tuvo éxito al reducir este anhelo de transformaciones a un mero cambio de gobierno que restaure el orden perdido tras la revuelta y la pandemia, conciliando cambio y orden.
Así, lo que pareció ponerse en juego en la campaña electoral era la continuidad o no del gobierno de Gabriel Boric. Kast llegó a convertirse en un personaje caricaturesco al responder obsesivamente a cualquier pregunta en los debates aludiendo al Presidente en ejercicio, lo que era una señal de coherencia comunicativa pero también de la incapacidad de la izquierda para ofrecer una alternativa discursiva a lo que se definía como central en estas elecciones. La mayoría de los chilenos evalúa negativamente al gobierno, algo que se acentúa precisamente entre los votantes «obligados».
Paradójicamente, para Jeannette Jara, responsable de las reformas más valoradas de la gestión de Boric (reducción de la jornada laboral a 40 horas, salario mínimo de 500 dólares y reforma previsional), el hecho de formar parte de este gobierno se convirtió en una carga electoral aún mayor que su militancia comunista.
Sin duda, la experiencia del gobierno de Gabriel Boric debe ser objeto de un proceso de autocrítica profunda. ¿Por qué un gobierno de izquierda amplia, que prometía convertir la indignación que estalló en 2019 en cambios estructurales, se convirtió tan rápido en la fuente de nuevos malestares, perdiendo la sintonía con el pueblo al que pretendía representar? En uno de los textos más sugerentes publicados tras el resultado, la revista Heterodoxia señaló en su editorial:
Desde esta perspectiva, el gobierno de Boric navegó en un mar de impotencia política, perdiendo el horizonte transformador y convirtiéndose en un gestor de limitaciones. Vale recordar que seis meses después de su toma de posesión, el gobierno se enfrentó al plebiscito del nuevo texto constitucional, quedando su suerte ligada a aquel resultado. El devastador desenlace —38% a favor del texto, 62% en contra— clausuró anticipadamente el margen de acción político de un mandato que apenas había comenzado. La profundidad del impacto se hizo evidente cuando la derrota de un nuevo texto constitucional, propuesto esta vez por la derecha, en 2023, no supuso una recuperación de la iniciativa política para el mundo progresista ni fue mínimamente incorporado al debate electoral.
En momentos de aceleración política, y en parte a consecuencia de la pandemia, las preocupaciones principales del país cambiaron y favorecieron una agenda de seguridad y control migratorio que concentró las energías del gobierno, desviando la atención de las reformas estructurales, las que dependían del curso del proceso constituyente y de una mayoría parlamentaria que no se poseía. Aunque el gobierno logró mostrar resultados con buenas estadísticas en estas materias (seguridad y migración), esto nunca se tradujo en un discurso que no sonara a impostura. La confianza de la sociedad en estos temas nunca pudo ser recuperada.
Pero existió una serie de errores propios del Gobierno que contribuyeron a esa desvalorización. Entre ellos, una incursión improvisada en territorio mapuche (donde la recién asumida ministra del Interior fue recibida con disparos), indultos desprolijos a presos de la revuelta de 2019 y la acusación del principal responsable de la seguridad pública por violación de una asesora. Todo esto, acompañado de una pésima gestión de la crisis que comprometió incluso a la figura presidencial, terminaron por decidir el destino del Gobierno. El cuadro era perfecto para que alguien como Kast lo capitalizara.
Este grupo desempeñó un papel hegemónico durante la dictadura, y su principal ideólogo y fundador, Jaime Guzmán, fue capaz de amalgamar el gremialismo inspirado en el corporativismo franquista (del que fue, junto con el hermano mayor de Kast, uno de sus máximos exponentes) y el neoliberalismo de los «Chicago Boys». La Universidad Católica fue la incubadora de este proyecto que renovó a la derecha chilena y anticipó, en varias décadas, la combinación de conservadurismo valórico, liberalismo económico y autoritarismo político que hoy caracteriza lo que denomino como «pinochetismo global».
¿Es Kast el Bolsonaro chileno? Si comparamos a uno y otro, el político de derecha chileno destaca por sus habilidades comunicativas: es elocuente, transmite tranquilidad y autocontrol. En Bolsonaro, por su parte, la rudeza de su discurso, su irascibilidad y sus incoherencias lógicas eran notables. La diferencia es tal que Bolsonaro afrontó con éxito su campaña presidencial ausentándose de los debates públicos —primero debido al ataque que sufrió al inicio de la campaña y luego por conveniencia—, mientras que Kast comenzó a subir en las encuestas hace cuatro años precisamente por su buen desempeño en los debates televisivos, donde transmitió ideas chocantes con un tono sereno y educado.
En ese sentido, Bolsonaro es más coherente en forma y contenido que su homólogo andino. Sin embargo, en estas elecciones presidenciales, Kast hizo exactamente lo contrario de lo que le llevó a ser una figura central del crecimiento de la extrema derecha global y adoptó una política de evasión de cuestiones de valores y autoritarias, centrándose únicamente en la seguridad y la migración (aunque no hay que confundir este movimiento como un giro de moderación, ya que se trata más bien de un disfraz; él mismo ha afirmado que sigue pensando igual sobre esas cuestiones).
En cuanto a sus trayectorias políticas, ambos tienen un historial parlamentario más o menos irrelevante, sin iniciativas legislativas significativas aprobadas en sus legislaturas. Sin embargo, mientras Bolsonaro pertenecía a lo que en Brasil se conocía como baixo clero (bajo clero), un grupo de diputados de diversos partidos muy móviles en cuanto a sus posiciones en la Cámara debido a su sensibilidad a los incentivos de quien estuviera gobernando, Kast formaba parte de la poderosa bancada de la Unión Democrática Independiente, partido del que emigró cuando este comenzó a intentar distanciarse de la herencia dictatorial.
Es precisamente este punto el que acerca más a estos dos políticos de extrema derecha: su pinochetismo. Bolsonaro elogió en varias ocasiones al antiguo dictador chileno, entre otras cosas por su mano dura en la lucha contra el comunismo. Por su parte, Kast no solo fue uno de los rostros visibles de la campaña del «Sí» en el plebiscito que decidía la continuidad de la dictadura, sino que no tuvo problema alguno en declarar sin rodeos que, de estar vivo, Pinochet optaría por su proyecto.
El conservadurismo extremo que representan estos políticos puede interpretarse como una reacción al avance de las agendas feministas y LGBTIQ+ que han permitido avanzar en la igualación de derechos, el reconocimiento de identidades y mayores grados de autonomía para las mujeres y las diversidades sexuales. Para ellos, esta agenda no es más que «ideología de género» y debe prohibirse, según Bolsonaro, porque «corrompe a los niños», como afirmaba Kast. En ambos casos, las mujeres han sido el primer muro de contención de sus ofensivas.
Existe claramente una matriz común entre los dos políticos de derecha. Sin embargo, Kast no es Bolsonaro: las debilidades de este último son puntos fuertes del primero, lo que podría convertir al chileno en un peligro incluso mayor. Como escribió Pablo Stefanoni cuando el excapitán ganó las elecciones presidenciales en Brasil, la cuestión no era si surgirían «otros bolsonaros» en la región, sino hasta qué punto los discursos políticos se bolsonarizarían. No hay duda de que Kast avanza con paso firme en esa dirección y puede llegar a tener un impacto más fuerte que el encarcelado exmandatario brasileño.
Un reconocimiento del que parece derivarse una desactivación de las posibles alarmas provocadas por el hecho de que un abierto partidario de la dictadura chilena llegue al poder. De hecho, parte de la futura oposición se proyecta a sí misma como «constructiva» y condena el llamado del Partido Comunista a fortalecer la movilización. Al mismo tiempo, el estilo sobrio y contenido de José Antonio Kast lo distancia de la agresiva grosería de algunos de sus referentes internacionales, como Bolsonaro o Milei. Algunos analistas destacaron que, en su discurso triunfal, la promesa pareció ser que Chile «volvería a ser aburrido (fome)».
¿Señales de moderación? El pulcro cumplimiento de los formalismos no es sinónimo de convicción democrática ni de un distanciamiento estructural respecto de amenazas similares a las que provocó Bolsonaro en Brasil durante su gobierno. La fotografía del presidente electo con el actual mandatario de Argentina, Javier Milei, sosteniendo la famosa motosierra para reducir el Estado no transmiten mesura, por más que Kast no comparta la estridencia del trasandino. Por otra parte, la calculada omisión de creencias morales conservadoras no equivale a la tolerancia.
La legitimidad del triunfo de Kast no debería significar, por tanto, ausencia de preocupación ni una minimización de sus posibles consecuencias. El temprano anuncio del próximo gabinete anticipa un equipo fuertemente cargado de cuadros de la alta jerarquía de los grandes grupos económicos, de trayectorias asociadas a la defensa en tribunales de Pinochet, al conservadurismo religioso y al tecnicismo radicalmente neoliberal. La posible presencia de dos exministros de Michelle Bachelet no es suficiente para blanquear tal elenco, aunque es síntoma de la descomposición y desorientación de parte de lo que fue el progresismo chileno.
Es cierto que Chile cuenta con instituciones que se han estabilizado en sus procedimientos. La democratización chilena fue de la mano con el incremento de limitaciones a las capacidades administrativas del Estado, en buena medida por la desconfianza de la derecha a las funciones ejecutivas del poder público, sobre todo porque ese periodo contó con una clara primacía electoral de la centroizquierda. ¿Será acaso ese mismo Estado neoliberal un freno al propio neoliberalismo de Kast?
Algunos personeros del círculo del presidente electo ya señalaron que podrán recurrir a medidas administrativas para implementar su agenda de gobierno, considerando el equilibrio de fuerzas en el Congreso. De persistir en el cumplimiento de sus promesas de campaña, Kast enfrentará una encrucijada no menor: deberá torcer una dinámica de funcionamiento que la propia derecha chilena performó respecto del Estado. Por otra parte, si opta por no cumplirlas, verá rápidamente debilitado el apoyo que lo llevó a La Moneda en primer lugar. Pero cuidado: la narrativa de un gobierno de emergencia es funcional para justificar medidas extraordinarias y de shock, por lo que esa noción puede ser interpretada también como una amenaza.
Tal como ha observado la socióloga Pierina Ferreti, Chile es un país que ha vivido más tiempo bajo el neoliberalismo que bajo cualquier otro modelo de desarrollo. Por lo mismo, se podría pensar que, en esas condiciones, es poco lo que Kast puede hacer para profundizar más su dinámica. Sin embargo, bien vale recordar que en el proceso constitucional 2023, conducido principalmente por el Partido Republicano, hubo un claro ejemplo de cómo el neoliberalismo y el conservadurismo pueden radicalizarse mucho más. Esa propuesta constitucional y la forma de conducción de los republicanos pueden considerarse un anticipo del futuro gobierno.
En las últimas décadas, Chile ha vivido una profunda transformación societaria y normativa en materia valórica y de derechos sexuales y reproductivos. Esos avances legislativos cuentan con un elevado apoyo ciudadano y, por lo mismo, es posible que las amenazas en esa materia no se expresen directamente, sino mediante medidas administrativas de omisión, reglamentos o recortes presupuestarios que dificulten la implementación de esas cuestiones.
Es probable, además, que se inicie una contrarreforma en materia educacional (sobre todo escolar) para que, tal como lo hicieron en el proceso 2023, los proyectos educativos privados tengan mayores posibilidades de acceso a recursos públicos, sin ningún tipo de mediación regulatoria curricular. No sería sorprendente que seamos testigos de una ofensiva a favor del homeschooling financiado por el Estado. El traspaso de recursos públicos a entidades privadas debería tender a fortalecerse, algo que puede ser especialmente agudo en materia de salud, considerando la persistencia de listas de espera con tiempos por sobre lo tolerable.
Por otra parte, los avances que se han producido en materia de protección del medio ambiente estarán también en riesgo, no solo porque el propio Partido Republicano ha demostrado una concepción evidentemente economicista del medio ambiente, sino porque en la discusión pública ha habido un sistemático ejercicio de descrédito de la normativa ambiental. Así lo demuestra el despectivo uso de la noción de «permisología» y la atribución narrativa que la convierte en el principal obstáculo para la inversión privada y el crecimiento del país.
Normalmente, cuando se anuncian políticas de austeridad y recortes presupuestarios, uno de los ámbitos que primero se ven afectados son el financiamiento público de la ciencia y la investigación —particularmente en ciencias sociales y humanidades—, así como las políticas culturales definidas como «no prioritarias» o incluso como instrumentos de una supuesta «guerra cultural» del progresismo. El anuncio como posible ministro de cultura de un exdiputado del sector más liberal de la derecha ha desatado una ola de críticas de la ultraderecha por una supuesta concesión en esa batalla.
La lenta recuperación de derechos laborales es otro aspecto que podría verse afectado, por ejemplo, a través del papel que pueda jugar una Dirección del Trabajo favorable a intereses empresariales o a través de la implementación restringida de leyes ya aprobadas. Asimismo, ya se han multiplicado las declaraciones que buscan criminalizar eventuales manifestaciones por el malestar provocado por medidas impopulares. En este punto ha sido particularmente explícita la amenaza «con graves consecuencias» al rol que pueda jugar el Partido Comunista en esas movilizaciones. Desde hace años, las declaraciones de personeros de ultraderecha cuestionando la compatibilidad de la democracia con la misma existencia de ese partido han sido más o menos directas. La posibilidad de reedición de algo parecido a una «ley maldita» no resulta descabellado y es, por lo mismo, sumamente preocupante.
Referencias
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Equipo Editorial. (2025, December 17). Breve interpretación de una ventana de oportunidad desaprovechada por las izquierdas chilenas. HETEROD↺XIA.
Muñoz, V. (2025, July 31). José Antonio Kast, el líder de la extrema derecha chilena que sueña con llegar a la Moneda. Nueva Sociedad | Democracia y Política En América Latina.
Stefanoni, P. (2018). Biblia, buey y bala… Recargados. Jair Bolsonaro, la ola conservadora en Brasil y América Latina. Nueva Sociedad, 278, 4–11.
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