Donald Trump tiene objetivos contradictorios: resolver los problemas de «asequibilidad» bajando el precio de la gasolina y, al mismo tiempo, su deseo de seguir incrementando la perforación y extracción de gas y petróleo. (Jim Watson / AFP vía Getty Images)
Tras la descarada invasión estadounidense de Venezuela y la destitución de Nicolás Maduro, muchos en la izquierda se inclinaron por una explicación básica: todo se reduce al petróleo. Esa explicación se apoya en una conocida teoría marxista «instrumentalista» del Estado capitalista, según la cual su función principal es obedecer los intereses de la clase dominante.
Desde luego, la extrema desregulación de la industria del petróleo y el gas durante la primera y la segunda administración Trump no hizo más que reforzar este tipo de interpretación. Y, por supuesto, en la conferencia de prensa posterior a la invasión, el propio Donald Trump afirmó que la operación tenía que ver, efectivamente, con el petróleo. El caso parecería cerrado. Sin embargo, cuando se examina la economía política de la industria petrolera, la explicación empieza a perder cada vez más sentido.
Dado que el crudo bituminoso «pesado» de Venezuela es muy difícil y costoso de extraer, sospecho que ni siquiera resulta rentable producirlo con precios por debajo de los 60 dólares por barril. El precio de equilibrio del petróleo venezolano es difícil de establecer, probablemente por problemas de datos, pero vale la pena señalar que una estimación de la industria para las arenas bituminosas canadienses, muy similares, lo sitúa en 65 dólares por barril.
Seguramente escuchaste que Venezuela tiene las mayores «reservas probadas» del mundo, pero conviene recordar que esa categoría depende de si esas «reservas» son o no económicamente explotables, algo que no está claro.
Por lo tanto, más allá de Chevron, que ya tiene un capital considerable instalado en Venezuela, no habrá demasiado interés entre las grandes petroleras estadounidenses en invertir en nuevas perforaciones. De hecho, a medida que esto se volvió más evidente, Trump incluso deslizó la idea de que las compañías petroleras estadounidenses podrían recibir un «reembolso» por sus inversiones. Cabe preguntarse cómo reaccionará el Congreso de Estados Unidos ante la idea de que los contribuyentes financien la reconstrucción del deteriorado sector petrolero venezolano. Más inquietante aún es el impacto que la jugada «imperialista gangsteril» de Trump pueda tener sobre las empresas chinas, que ya invirtieron alrededor de 2.100 millones de dólares desde 2016.
Dicho esto, existen algunas fracciones de capital, más allá de las grandes petroleras, que podrían tener cierto interés en obtener ganancias a partir de esta invasión. Es cierto que las acciones de muchas empresas petroleras subieron, pero mi lectura es que eso se basa en la expectativa de que ahora puedan recibir compensaciones por propiedades e inversiones expropiadas durante las oleadas de nacionalizaciones de la década de 1970 y, nuevamente, bajo Hugo Chávez en los años 2000.
También hay interés por parte de algunas firmas financieras, como los fondos de cobertura, sobre todo debido a la situación de deuda en dificultades de Venezuela. Pero estas empresas buscan beneficiarse de activos y deudas existentes, no embarcarse en grandes inversiones nuevas en producción petrolera.
También está claro que algunos refinadores estadounidenses pueden utilizar el crudo pesado venezolano. Sin embargo, esos refinadores ya contaban con abundante suministro de ese tipo de petróleo procedente de las arenas bituminosas canadienses. La entrada del crudo pesado venezolano en este mercado podría reducir en unos pocos dólares el precio que pagan esos refinadores, pero eso no cambia sustancialmente su rentabilidad.
En otras palabras, si la producción venezolana aumentara, podría deprimir aún más el precio global del petróleo y perjudicar al capital petrolero estadounidense, así como a los trabajadores que forman parte del núcleo de la coalición MAGA. Aun así, vuelvo a expresar mi escepticismo respecto de que la producción petrolera venezolana aumente en el corto plazo.
Una de las observaciones más agudas sobre la economía política del petróleo proviene del colectivo de izquierda Retort y su libro de 2005 Afflicted Powers [Poderes afligidos]: «La historia del petróleo en el siglo XX no es la historia de la escasez y la inflación, sino de la amenaza constante… de la capacidad excedente y la caída de los precios, del superávit y la sobreoferta».
En un primer momento, esa amenaza fue contenida por un cártel capitalista, las compañías petroleras conocidas como las «Siete Hermanas», que se dividían cuidadosamente la producción y los mercados a escala global. Más tarde, ese papel fue asumido por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), interesados en mantener precios altos que se traduzcan en rentas e impuestos elevados. En cualquier caso, pese a los relatos populares, la industria petrolera no siempre está ansiosa por extraer todo el petróleo posible.
Como sostiene Timothy Mitchell, el interés principal de las compañías petroleras es mantener y reproducir la escasez necesaria para que los precios se mantengan lo suficientemente altos como para permitir una acumulación rentable. En el contexto actual de precios deprimidos, les interesa mucho más bombear el petróleo que ya tienen y recuperar inversiones previas, antes que perforar nuevos pozos.
En Sovereignty at Bay: The Multinational Spread of U.S. Enterprises [Soberanía en juego: La expansión multinacional de las empresas estadounidenses] (1971), Raymond Vernon formula una poderosa teoría del «acuerdo que se vuelve obsoleto»: cuando los precios son bajos, las empresas extractivas tienen poder de negociación y pueden cerrar acuerdos favorables con bajos niveles de regalías e impuestos en los países anfitriones. Sin embargo, cuando los precios suben, como inevitablemente ocurre, ese «acuerdo» pierde vigencia, y los países anfitriones pueden incumplir los pactos previos, aumentar las regalías y los impuestos o incluso expropiar directamente. Eso es, en efecto, lo que podría decirse que ocurrió con Chávez en los años 2000, en un contexto de gobierno socialista de izquierda combinado con un boom del precio del petróleo.
En cualquier caso, si las petroleras fueran a invertir hoy en Venezuela en términos favorables, haría falta mucha más certidumbre sobre la situación política. Por ahora, habrá que esperar y ver. Una salvedad a este análisis es la posibilidad de que el propio Trump «aceite» los mecanismos de inversión, dejando claro a determinadas empresas que invertir en el petróleo venezolano podría traducirse en otros favores políticos. Es posible, pero el historial de cautela del capital petrolero durante períodos de precios bajos será difícil de revertir, sobre todo en el contexto de una infraestructura venezolana tan deteriorada.
Si bien parece claro que esta invasión se inscribe en una estrategia coherente de la administración Trump para afirmar su dominación sobre América del Norte y del Sur, con Cuba y Groenlandia quizá como próximos objetivos, el Departamento de Estado también publicó un meme amenazante que decía: «Este es nuestro hemisferio». Lo que no está claro es cómo encajan en esta agenda neoimperialista los intereses del capital en general, y mucho menos los del capital petrolero.
Si tuviera que arriesgar una hipótesis, no me sorprendería que ningún ejecutivo ni inversor petrolero haya presionado directamente a favor de esta invasión. Los teóricos marxistas del Estado hablan mucho de la «autonomía relativa» del Estado, pero la forma de gobierno de Trump, basada en el narcisismo, realmente plantea la pregunta de si no estamos ante una autonomía absoluta del Estado. No es la primera vez que esta administración parece actuar de maneras que no se alinean con lo que uno imaginaría como el comité ejecutivo de la burguesía. Lo que esto implica para el capitalismo global en su conjunto, y para la centralidad del imperio estadounidense en su supervisión, sigue siendo profundamente incierto y está completamente abierto.
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